Contadores Públicos: Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Activos. La Nueva Resolución 42/2024 de la UIF
Resumen
En el contexto actual de globalización económica y digitalización financiera, la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, se han convertido en una prioridad para los gobiernos y organismos internacionales. Recientemente, el 14 de marzo de 2024, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 27.739, la cual introduce cambios en el Código Penal y en la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Entre las modificaciones de la nueva ley se destaca la nueva definición de los Sujetos Obligados en su artículo 20, donde dejan de considerarse sujetos obligados a los contadores que actúen como Síndicos Societarios. La Unidad de Información Financiera (UIF) de cada país juega un papel crucial en esta batalla, estableciendo normativas y regulaciones que buscan prevenir y detectar actividades ilícitas en el sistema financiero. En este artículo, nos centraremos en la Resolución 42/24, que establece las obligaciones que los Contadores Públicos -cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas- deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esto en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
