LA VIVIENDA ESTATAL DEL PRIMER PERONISMO
EN MENDOZA (1946-55).
ACERCAMIENTO A SUS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
THE STATE HOUSING OF THE FIRST PERONISM
IN MENDOZA (1946-55).
APPROACH TO ITS BUILDING CHARACTERISTICS.
Verónica
Cremaschi*
Becaria
postdoctoral de CONICET. CCT- Mendoza
vcremaschi@mendoza-conicet.gob.ar
Fecha de ingreso: 25/02/17
Fecha de
aceptación: 26/12/17
Resumen
La problemática
de la vivienda popular fue muy atendida durante el primer peronismo. Los
planteos teóricos de gobiernos anteriores decantaron en la concreción de una
gran cantidad de unidades que permitió el acceso masivo de amplios sectores de
la población a los bienes inmuebles. Siguiendo esta tendencia generalizada a
nivel nacional, la provincia de Mendoza fue testigo de la materialización de
grandes barriadas. Sin embargo, a pesar de que la totalidad del período se
caracterizó por estas intervenciones, notamos sutiles diferencias en las
viviendas populares durante las tres gobernaciones que se sucedieron en la
provincia en los años peronistas. Además consideramos que existió un
condicionamiento financiero que afectó las decisiones en esta materia. Esto dio
por resultado que se emplearan prototipos distintos en la construcción de los
barrios peronistas de la etapa. Para evidenciar los cambios nos centraremos en
planos, plantas y dibujos de proyectos habitacionales materializados en esta
época. Nutrimos este trabajo del análisis de documentos escritos y visuales
recabados de distintos acervos provinciales. Así es que el presente escrito
tiene por objetivo primordial evidenciar las diferencias existentes en las
viviendas de los gobiernos con el fin último de dar un primer paso hacia la
comprensión de un período que muchas veces se ha presentado como homogéneo por
la historiografía de la arquitectura local.
Palabras clave: Vivienda, primer peronismo, Mendoza, materialidad.
Abstract
The problem of popular housing was attended during the first Peronist
government. Theoretical discussions occurred before turned on the concretion of
an enormous amount of houses that allowed the massive access of different
social sectors at housing plans. The theoretical proposals of previous governments
contribute to carry out a large number of units that allowed the massive access
of large sectors of the population to real estate. In line with these national
policies, in Mendoza the government built an important number of neighborhoods.
However, despite the fact that it characterized the whole period, we notice subtle
differences in popular housing between the three governments that followed each
other in the province in the Peronist years. We also consider that there was a
financial conditioning that affected the decisions in this matter. Those
factors explain the typological differences between the houses built in this
period in Mendoza. In this work we use different visual and written documents
available in provincial archives. Thus, the main purpose of this paper is to
show the differences existing in government housing of the first Peronist
governments to understand an important history period that have been presented
in an homogeneous way by architectural historiography.
Key words: housing, first Peronism, Mendoza, materiality
Introducción
Existen numerosos trabajos que han abordado el problema de la vivienda
popular construida por los gobiernos del
primer peronismo. A pesar de que encontramos algunos que se han abocado a los
casos provinciales[1],
observamos que la mayoría de ellos se ha centrado en la situación ocurrida en
Buenos Aires[2].
Las investigaciones que analizan los casos del interior ayudan a reconstruir
una etapa edilicia muy trascendente de la historia de la arquitectura argentina
que, en su aparente homogeneidad, esconde sutiles diferencias que no hacen más
que enriquecer este período.
En Mendoza, el
tema de la vivienda ha sido encarado por distintos autores quienes, sin
embargo, no han abordado el período específico del primer peronismo (1946-55)[3].
Mayormente, se han interesado en la vivienda vernácula y en la de períodos
anteriores y, muchas de estas investigaciones, proponen una visión desde el
rescate patrimonial. Debido a esta vacancia, se hace imprescindible investigar
sobre el tema en el período que aquí nos ocupa, para establecer las
particularidades del caso de Mendoza, sin descuidar su inserción a nivel
nacional.
Es por ello que
el objetivo que guía nuestro trabajo, es analizar las características
materiales, ambientales, estilísticas y conceptuales de las viviendas durante
los tres gobiernos peronistas en la provincia de Mendoza. Este análisis se
dirige a evidenciar las diferencias y matices de un período que se ha observado
como una totalidad nacional. Consideramos que la riqueza del caso provincial,
colabora a comprender mejor este arco temporal y evidencia la relación política
entre los gobiernos provinciales y nacionales. Además, nos dará indicios acerca
de la concepción sobre la vivienda en las distintas gobernaciones provinciales,
entre otros aspectos.
La hipótesis que
guiará nuestro trabajo es que existieron diferencias tipológicas y materiales
en las viviendas encaradas por los gobiernos provinciales del primer peronismo
(1946-55).
Para ello
analizaremos las distintas características constructivas de los tres mandatos
del primer peronismo en el área geográfica del Gran Mendoza (Maipú, Ciudad,
Godoy Cruz, Las Heras, Luján de Cuyo). Desde una perspectiva comparada y apoyados
en distintos documentos, brindaremos una explicación a las diferencias y
similitudes encontradas.
Este trabajo fue
realizado en el marco de los estudios postdoctorales, en el que trabajamos
temas referidos específicamente a la vivienda durante el primer peronismo
local, lo que nos llevó a constatar las diferencias existentes en el período en
los distintos mandatos de los gobernadores locales.
Una primera
etapa de relevamiento fue llevada a cabo entre 2010 y 2015, en la hemeroteca
mayor de la biblioteca pública General San Martín, en la que se consultó el
diario Los Andes, La Libertad
y La Palabra y las revistas La Quincena Social, La Semana, Mundo Cuyano, entre otras. Luego de este primer acercamiento
y a raíz de comprobar la riqueza de las fuentes que trataban la temática del
habitar en la provincia, relevamos el archivo del Instituto Provincial de la
Vivienda (en adelante IPV).
En anteriores
trabajos hemos indagado en la vivienda de otros períodos a nivel provincial,
como es el caso de la década de 1930[4]
y, también, sobre los temas atinentes al financiamiento[5]
y las ideas y representaciones subyacentes a la tipología unifamiliar[6],
ambos relativos al primer peronismo.
La primera mitad
del siglo XX en Argentina, presentaba un contexto de movilidad social
ascendente en que “la vivienda ocupó un lugar destacado, pues fue un indicador
privilegiado de la posición social de sus habitantes”[7].
Distintos
gobiernos entre los que se destaca el peronismo, trabajaron para que distintos
sectores tuvieran acceso a este bien de consumo. Esta facción política,
implementó, a nivel nacional, viviendas individuales y colectivas que, además
de solucionar un problema práctico, evidenciaban el ascenso social de los
trabajadores, propiciado en el período, ya que el poder de consumo popular fue
mostrado como el alcance del bienestar social y se convirtió en la esencia del
justicialismo[8].
El peronismo realizó
acciones concretas para revertir la falta de unidades habitacionales y la mala
calidad de la vivienda popular, existentes al comenzar sus gestiones. Para ello
constituyó los engranajes institucionales que permitieron la concreción de
casas de bajo costo a las que pudieran acceder los sectores sociales menos
favorecidos de una forma masiva.
En 1947, el
derecho a la vivienda se consideró como parte del derecho al bienestar,
incorporándose a la constitución en 1949[9].
Ello implicó la difusión de una “democratización” de un modelo de habitar y por
tanto uno familiar, monoparental y de clase media[10].
En este sentido el peronismo logró avances importantes, muchos autores
coinciden en que fue el primer gobierno en el que existió una política de
vivienda con acciones estatales metódicas, planificadas y mantenidas en el
tiempo[11].
Ortiz y Gutiérrez sostienen que el tema fue por primera vez abordado desde una
perspectiva sistemática[12].
Este interés quedó demostrado cuando, hacia 1952, se llegó a la cifra récord de
inversión en vivienda: 5,9 % del producto bruto interno, porcentaje que jamás
se volvió a alcanzar en el siglo XX[13].
Fundamentalmente,
esto fue posible mediante distintas estrategias: entre 1946 y 1949 se empleó de
forma masiva la construcción directa de viviendas por parte del Estado, lo que
cambió en 1950 ya que, luego de la crisis económica de 1948-49, se manejaron
mayormente créditos o la acción indirecta para concretar las unidades[14].
Evidencian
este cambio de metodología los números que indican que, en 1946, se pasó de
menos de 1.000 préstamos hipotecarios anuales a unos 54.000 en 1954[15].
La situación de ajuste generada a partir de la crisis, se vio reflejada en la
austeridad propuesta en el Segundo Plan Quinquenal. Así cobraron trascendencia
las entidades intermedias, sindicatos y cooperativas, que impulsaron estas líneas
de acción[16].
En este plan del gobierno central, se implementaron nuevas facilidades para la
financiación de las viviendas y se ampliaron los criterios hipotecarios para
los otorgamientos, lo que tendió a que el acceso se acrecentara, así es que se
tenía previsto que se construyeran 300.000 nuevas viviendas en todo el país[17].
En la esfera
nacional, además de los planes quinquenales, existió una iniciativa impulsada
por Eva Perón y el ministro Pistarini, quienes mediante la fundación “Ayuda
Social María Eva Duarte de Perón” se proponían construir y financiar 40.000
viviendas en el interior del país, sobre proyectos de la Dirección Nacional de
Arquitectura[18].
En Mendoza se aprecian propagandas que daban difusión a esta iniciativa. Esta
era una política de acción indirecta del Banco Hipotecario Nacional que dio
resultados materiales durante el gobierno de Brisoli en la provincia[19].
Sumadas a estas
acciones, se otorgaron créditos a las industrias y asociaciones profesionales
para la construcción de casas para su personal o afiliados; se reprimió la
especulación en la compra y venta de propiedades; se gravó con mayores
impuestos a los baldíos; y se legisló para que el Estado pudiera disponer de
los solares necesarios para construir viviendas y llevar a cabo sus planes urbanísticos[20].
Estas
estrategias del gobierno dieron buenos resultados. Es así que mientras el censo
de 1947 mostraba que el 63% de la población estaba constituida por inquilinos,
el censo de la vivienda de 1960 indicaba que el 57% de los habitantes era propietario[21].
Esto fue conseguido, a su vez, por algunas acciones que tendieron a que
comenzaran a desaparecer las casas de renta: el congelamiento de los alquileres
y la regulación de escalas por parte del Estado, la prohibición de desalojos y
la ley de propiedad horizontal de 1948, que posibilitaba vender los
departamentos sitos en un mismo edificio[22].
Es importante
destacar que si bien a Mendoza le afectaban estas medidas, el gobierno
provincial también procuró mecanismos que le otorgaron independencia de acción
y le dieron poder de decisión en sus políticas habitacionales.
La situación de
la vivienda mendocina era alarmante, desde inicios del siglo XX se observa en
la prensa el continuo reclamo para revertir las condiciones precarias de
existencia que proliferaban en conventillos y casas de pensión. El aluvión
inmigratorio proveniente de Europa y, luego, los movimientos internos que atrajeron
a las ciudades a miles de campesinos procurando encontrar mejores condiciones
laborales, hicieron que la situación se agravara. Según el Censo Escolar de la
Nación, realizado en 1943, en la capital de la provincia existían 6.002
familias que vivían en una sola habitación, mientras que en 3.232 casos 2 o 3
familias compartían una casa[23].
Al parecer, esta realidad empeoraba en Departamentos con actividad
vitivinícola, debido a que en éstos se concentraban grandes masas trabajadoras
que percibían bajos sueldos, lo que los llevaba a vivir en el hacinamiento[24].
Para subsanar
esta situación se tomaron medidas importantes. En este sentido resultó
trascendente la constitución del Instituto y Fondo Permanente de la Vivienda
(IFPV), creado en 1947 por decreto del gobernador Faustino Picallo, primer
gobernador del período que nos ocupa. Esta institución, cuyas autoridades eran
designadas por el Poder Ejecutivo, tenía presupuesto propio y autonomía[25].
Esta institución estudiaría y fomentaría la realización de planes de
construcción de casas de bajo costo, tenía por finalidad planificar y realizar
viviendas económicas y antisísmicas urbanas y rurales para su venta o
arrendamiento destinadas a familias de limitados recursos. Además, otorgaba
franquicias y asesoramiento a particulares, propulsaba el saneamiento y la
renovación del parque habitacional, administraba un fondo permanente destinado
a su funcionamiento y estatuía la obligación de dotar de vivienda confortable a
cuidadores o contratistas de fincas con cultivos permanentes superiores a diez
hectáreas, entre otras actividades[26].
Su composición
resulta muy interesante y nos habla de la doble conformación técnica y
representativa que tenía el equipo directivo, que estaba compuesto por un 1
presidente, 3 directores (arquitectos, ingenieros, contadores), 1 delegado
obrero, 1 delegado empleado y 1 delegado patronal (estos 3 últimos recibían
viáticos no sueldos) eran elegidos por el gobernador en base a las propuestas
de las áreas, se renovaban cada 2 años y podían ser reelegidos[27].
Esto permitía al organismo desarrollar una tarea técnica pero con aspiraciones
democráticas: “[…] con las capacidades
especializadas requeridas por su completa misión, y, también, para que ausculte
las aspiraciones y los pareceres de los sectores populares directamente
beneficiarios de la obra social a emprender”[28].
Sin embargo, la
designación gremial puede haber tenido ribetes estratégicos que ayudarían a que
el gobierno del novel gobernador proveniente de las filas del radicalismo, fuera
mejor considerado por representantes laboristas. Además de la participación en
el directorio, este sector podía proponer al Ejecutivo la formación de
comisiones consultivas o asesoras, de carácter honorario, integradas por
delegados de los gremios de empleadores, de empleados o de obreros cuando la
altura de las circunstancias lo requiriera[29].
La acción de
estas comisiones de observa claramente en la planificación del barrio
Ferrocarril Nacional general San Martín. En algunas resoluciones ha quedado
asentado que los empleados y obreros debían “tener
intervención directa en el estudio de dichas propuestas [llamado a
licitación], teniendo permanente fiscalización sobre sus
intereses”[30].
De hecho, tres miembros ferroviarios formaron parte de la comisión que
estudiaba las propuestas.
Siguiendo la
tendencia nacional, el plan de gobierno provincial anunciaba que emplearían
distintas estrategias para la concreción de un ambicioso programa habitacional:
1) la construcción masiva de barrios de casas individuales o colectivas (esta
última tipología no fue empleada en la provincia) que serían llevadas a cabo
mediante distintas fuentes de financiamiento proveniente de las arcas
provinciales o nacionales, esta estrategia fue empleada en distintas provincias
argentinas en que se destaca la concreción de un importante número de viviendas
en este período a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 2) Además se
brindaría apoyo técnico y económico a los gremios que se acogieran al crédito
del Banco Hipotecario Nacional. Esto se debe a que el IPV fue intermediario y
patrocinador de muchos de los interesados en adquirir créditos hipotecarios
para la realización de las viviendas. En la actuación conjunta de estas
entidades, era el Banco Hipotecario el que explicitaba las condiciones reglamentarias,
pero el Instituto tomaba a su cargo la preparación de las bases de licitación y
pliegos de especificaciones técnicas. La licitación y adjudicación se
realizaban en la sede del Instituto y estaban presentes miembros de las dos
instituciones. Este trabajo conjunto se continuaba en la fiscalización y certificación
de los acopios, obras, entre otros[31].
3) Sumado a lo anterior, se otorgaban franquicias fiscales para las
edificaciones particulares de importe poco elevado, como iniciativa provincial
se eximía del pago de derechos municipales y del agua de construcción, los que
quedaban a cargo del Instituto[32].
Como se ha
expuesto anteriormente, a nivel nacional, el peronismo implementó viviendas
individuales y colectivas. En este par de opciones opuestas, la vivienda
individual era considerada el recinto natural para el desarrollo de una familia
obrera y la vivienda colectiva se pensaba para obreros solteros, o bien como
alojamiento provisorio[33].
Sin embargo, para 1939 esta distinción no tenía el mismo significado, ya que la
densidad urbana había crecido enormemente y las viviendas colectivas eran de
uso corriente entre las familias de todos los estratos sociales[34].
A pesar de este
cambio, durante esta etapa en Mendoza se adoptó exclusivamente el chalet suburbano
como materialización representativa de la tipología unifamiliar, y este se
transformó en uno de los íconos peronistas por excelencia, símbolo del ascenso
social de las clases trabajadoras. Si bien el empleo de esta tipología se
retrotraía a períodos anteriores[35],
el peronismo lo difundió a todo el país de manera masiva. Además, su
utilización como emblema, fue reforzada por las propagandas políticas que lo
equipararon a la representación del hogar tipo. Planteado en línea californiana
fue identificado como el “chalecito peronista”[36].
El IPV, actuó
durante toda la década y lo hace hasta la actualidad. Sin embargo, detectamos
diferencias en su proceder entre un gobierno peronista provincial y otro. Éstas
estuvieron dadas por las circunstancias políticas, por la relación existente
entre los gobiernos nacionales y provinciales, y por el contexto económico,
pero impactaron directamente en la materialidad de los modelos de vivienda que
se construyeron.
El análisis que
proponemos ha sido posible a partir del material recabado en fuentes de prensa
y archivos documentales que ha permitido una reconstrucción de la historia de los
barrios del primer peronismo mediante la cual hemos podido precisar ubicación
espacio-temporal, aspectos materiales, financiamiento, principales entidades
impulsoras, entre otras acciones.
El gobierno de
Faustino Picallo (1946-1949)
Según ha
destacado Álvarez, el peronismo mendocino no se basó, en sus orígenes, en los
sectores obreros del partido Laborista ni en la experiencia previa del populismo
lencinista[37], sino que se sustentó en los sectores conversos
del radicalismo yrigoyenista[38].
La falta de representantes del partido Laborista, que luego dio origen al peronismo,
a nivel local, llevó a que Perón apoyara la candidatura a gobernador, en las
elecciones de 1946, de Faustino Picallo, que provenía de las filas del radicalismo[39].
En la fórmula lo acompañaba Rafael Tabanera como vicegobernador. Picallo era
sanrafaelino y había sido intendente de la capital durante la intervención comandada
por Vargas Belmonte en 1943 en Mendoza.
Como se ha mencionado con antelación, el gobernador electo dispuso la
creación del IPV, medida que evidencia la importancia que adquirió este tema en
su agenda de gobierno. Esta medida y la
legislación en torno a ella, fueron pioneras a nivel nacional, ya que ninguna otra
provincia había instaurado este sistema descentralizado. Si bien otras
jurisdicciones tenían secretarías o dependencias que abordaban el problema de
la vivienda, no existía otro ente autárquico que trabajara sistemáticamente
esta problemática con una legislación específica que destinaba fondos,
establecía funcionamiento, dependencia, entre otros. Como mencionaremos más
adelante, muchas de las provincias imitaron esta decisión, años más tarde. Según
Los Andes, en un artículo que difundía
las gestiones del Instituto en Buenos Aires, la creación y legislación de esta entidad:
[…] coloca a la provincia a la
cabeza del país en esta materia, y que de tal modo ha interesado esta
legislación al primer mandatario que le solicitó el envío por escrito del
sistema adoptado por el Instituto Provincial de la Vivienda, a objeto de generalizarla
a las demás provincias[40].
Este organismo administró las viviendas del barrio conocido como “4 de
Junio”, ubicado en la zona noroeste de la ciudad de Mendoza. La primera etapa
había sido planeada por los gobiernos conservadores, que habían comandado la
provincia en el período anterior[41],
pero con la creación del IPV fue puesta a su cargo y, finalmente, adjudicada
durante el gobierno de Picallo. A las primeras 144 terminadas en 1945, se sumaron
119 en una zona contigua. Su licitación fue bastante dificultosa, y en 1946,
sólo se habían entregado 10 viviendas. Esto se debió a que el barrio estaba
inicialmente destinado únicamente a obreros, quienes, muchas veces, no podía
abordar las cuotas. A partir de esta escasa ocupación, se extendió su alquiler
a empleados y obreros del Estado cuyos ingresos no excedieran los 350 pesos.
Otra condición era que se daría prioridad a las familias con mejores
antecedentes, con peores alojamientos, que estuvieran constituidas por
argentinos y que fueran empleados y obreros de la provincia[42].
Las dos etapas del barrio fueron financiadas enteramente por las arcas
provinciales, y no se contó con el apoyo económico ni técnico de entidades
nacionales, aunque al finalizar la segunda etapa, en 1949 fue empleado el apoyo
del Banco Hipotecario Nacional como ente financiero para que los inquilinos
pudieran acceder a las viviendas, cuando las unidades fueron puestas, finalmente,
a la venta, luego de varios años de permanecer en alquiler.
Los modelos de casas empleados en la primera etapa de este barrio eran
bastante sencillos. Tenían tecnología antisísmica: cimientos de hormigón,
mampostería de ladrillos y estructura de hormigón armado. La cubierta estaba
constituida por tirantes de madera, caña, barro y grasa. Los pisos eran de mosaico
y cemento alisado en baño, lavadero y cocina. Poseían revoque interior y
contaban con una “cocina económica” que era alimentada a leña con instalaciones
que permitían gozar de agua caliente y daban calefacción[43].
Como se percibe en la planta, uno de los prototipos difundido en la
prensa, presentaba una galería cubierta por la cual se accedía a la vivienda.
Además, ésta conectaba las habitaciones con el baño y el comedor. Consideramos,
esta característica se presenta como un remanente de la casa chorizo muy
empleadas a inicios del siglo XX, que en muchos casos presentaban un patio
lateral que unía las distintas dependencias y que era paso obligado para
acceder a ellas. Función análoga encontramos en esta galería central.
En total el modelo contaba con 71 metros cuadrados y su costo rondaba
los 37.000 pesos. Observando la planta podemos constatar que la relación con el
entorno urbano no era muy fluida, el ingreso se realizaba por un costado y no
existía una puerta hacia la calle, sino que se ingresaba a partir del jardín.
Esto otorgaba intimidad a la vivienda que se presentaba retraída hacia el
jardín interior. El concepto de familia nuclear, que habitaba en una casa
independiente, fue muy reforzado a nivel de la prensa y en los estratos
oficiales durante esta etapa, en contraposición, el modelo de casa colectiva,
con espacios comunes, no arraigó en la provincia de Mendoza y si bien estaba
previsto su empleo en la creación del IPV, no se concretó ningún ejemplo[44].
El modelo de vivienda agrupada, había sido experimentado en la etapa anterior
con las casas colectivas inauguradas en 1936[45].
En su concreción se destacaban los aspectos económicos y eficientes de su
utilización, resultaba, para el gobierno conservador del gobernado Guillermo
Cano, una solución eficaz y rápida al acuciante problema de la vivienda. Sin
embargo, luego de construidas, las unidades fueron ocupadas parcial y muy
lentamente, al parecer por el retraimiento de las familias a habitarlas[46].
Luego de esta experiencia, que en la opinión pública tuvo ecos de fracaso, el
modelo preferido fue el unifamiliar. Si bien el colectivo era conveniente
económicamente, la vivienda única resguardaba el
modelo familiar tradicional, en que la mujer permanecía al cuidado de los hijos
en el hogar y la casa podía ampliarse para albergar a nuevos integrantes. Además,
como ya se ha comentado, la
tipología fue difundida ampliamente por medio de la publicidad y por el IPV,
que impulsó 2 casas- modelo para ser visitadas por el gran público en el marco
de los festejos vendimiales, de concurrencia masiva. Sumado a ello, arquitectos
locales destacaban que se adaptaba al “mendocino” y a la geografía e historia
regional, ya que acompañaba la horizontalidad de la montaña y reducía el riesgo
sísmico[47].
En este primer prototipo de vivienda impulsado por el gobierno
provincial, se observa en la planta que se tenía programada una huerta, que
ayudaría en la subsistencia familiar, esto era posible gracias a la amplitud de
los lotes, que tenían 12 metros de frente por 30 de fondo.
El arbolado estaba garantizado debido que el barrio había sido trazado
sobre una finca de frutales. En el plano del barrio se observa que se habían
previsto espacios verdes, iglesia, zona comercial y parcelas para futuras
ampliaciones. Sin embargo, estos proyectos no fueron realizados y la mayoría
del espacio libre fue ocupado para llevar a cabo nuevas viviendas cuando se
agrandó el barrio.
Figura 1. Planta de vivienda y fotos del conjunto del barrio obrero
“4 de junio”.
Fuente: Hemeroteca Mayor de
la Biblioteca pública General San Martín. Mendoza, Diario La Libertad, 3 de
septiembre de 1944.
La ampliación posterior fue concretada empleando un solo tipo de
vivienda, lo que permitió abaratar costos[48].
Vemos que, en un muy corto período de tiempo, la vivienda había abandonado las
características mencionadas anteriormente que la acercaban al prototipo rural
(cocina económica, galería abierta, retraimiento hacia el jardín interior) para
constituirse en una casa “moderna”, con los ambientes integrados en una misma
unidad, relación con el entorno urbano, instalaciones embutidas, planta
compacta.
No eran tan rústicas como las anteriores en sus detalles constructivos, eran de ladrillos sobre cimientos de hormigón con piso de granito y cubiertas
de tejas planas blancas tipo Marsella, y contaban
con instalaciones de gas y energía eléctrica por tanto ya no existían el
calefón y la cocina a leña. Los lotes eran de alrededor de 250 metros y las casas poseían 91 metros
cubiertos. Se destacaba que, por estar el barrio planificado en conjunto, el
espacio libre de cada casa configuraba un pulmón verde.
Como observamos, la planta se ha complejizado debido al agregado de
otras dependencias como despensa y lavandería, que estaban dentro de la
superficie cubierta. La galería de paso ha desaparecido y la comunicación entre
las habitaciones se producía por medio de un pasillo. Como continuidad con el
modelo anterior, persistían los entornos verdes y la importancia del jardín interior.
Sin embargo, observamos una relación más fluida con el espacio urbano circundante
mediante una verja de escasa altura y un pequeño espacio ajardinado en el
frente en el que había un hall que antecedía a la puerta principal.
Figura 2. Vista
y planta de la ampliación del barrio “4 de junio.
Fuente: Hemeroteca
Mayor de la Biblioteca pública General San Martín. Mendoza, Diario Los Andes,
22 de abril de 1948, pp. 5.
En la preparación para la licitación se aprecia la recomendación de que
las viviendas debían ser simples “[…] a objeto de abaratar su
costo, pero sin sacrificar el mínimum de estética y comodidad necesaria de
manera de no levantar una vivienda de ínfima categoría”[49].
Sin embargo se observa una mejora en la calidad constructiva y el confort en
relación a las primeras (por ejemplo en los revestimientos, en los pisos de las
zonas húmedas y en las tejas).
Consideramos que un asunto importante, que condicionó la modestia de los
ejemplos realizados en este primer gobierno peronista en la provincia, fue la
fuente del financiamiento. El funcionamiento del recientemente creado IPV
dependía de un presupuesto acotado, al momento de su creación se destinaron 30
millones de pesos que serían reforzados, además, por donaciones, legados y
subvenciones. A esto se sumaba la recepción que recibía de las rentas o reintegros
de las viviendas que eran dadas a la venta o a la locación, y el monto de la
venta de terrenos fiscales[50].
Este presupuesto contrastaba con el del gobernador que sucedió en el
mandato de Picallo. El gobernador electo, Blas Brisoli, anunciaba, al inicio de
las gestiones en 1950, que invertiría una suma de $ 150.444.492,21 en la construcción
de viviendas populares[51].
A pesar de que hacia 1951 esta ambiciosa inversión había bajado, y era cercana
a los 95 millones de pesos[52],
superaba ampliamente el monto destinado por Picallo para el mismo fin. Como se
observa, el presupuesto había sido triplicado.
Es importante destacar que durante la primera gobernación no se
recibieron subvenciones o partidas presupuestarias de entidades nacionales. Si
bien Picallo consignaba que la provincia se había adherido a “la ley nacional de la Vivienda”[53],
como se ha mencionado durante su gobierno solo se construyeron barrios
financiados por las arcas provinciales. Suponemos que ley nacional, aludida por
el gobernador, hacía referencia a los cambios producidos en la legislación
bancaria en 1946, en que se reestructuraron las funciones del Banco Central,
del Banco de la Nación Argentina, del Banco Hipotecario Nacional y del Banco
Industrial[54].
Esta suposición se basa en que, como sucedió en otras provincias, a pesar de
que, en 1943, el gobierno de la revolución había creado la Administración
Nacional de la Vivienda, que canalizaba los fondos de la Comisión Asesora de la
Vivienda Popular, como organismo vinculado al gobierno nacional[55],
el interior no recibió ayuda de esta entidad hasta que se flexibilizaron los
créditos del Banco Hipotecario. Fue luego de esta reforma, en que se activó
profundamente el área de la vivienda. Si bien el mencionado banco existía desde
1886, durante el peronismo se le imprimió una dimensión social que no tenía
anteriormente que perduró hasta el liberalismo de 1990[56]
y, partir de entonces, se percibió un incremento en la financiación de los
hogares a nivel nacional.
Además, en 1950, el Poder
Ejecutivo provincial había sometido a la consideración legislativa un proyecto
de ley por el cual se autorizaba a firmar un convenio general de
coparticipación con el Banco Hipotecario Nacional. Anteriormente, la provincia
había mantenido un convenio con la Administración Nacional de Vivienda, pero al
verse ésta absorbida por el Banco Hipotecario Nacional, se hacía necesario
firmarlo nuevamente. Sin embargo ninguna transacción con estas entidades se
concretó. El intento más cercano de intervención nacional, fue la transferencia de unos terrenos al
suroeste de la ciudad de Mendoza por parte de la provincia a la nación para que
esta construyera, mediante la financiación del Banco Hipotecario Nacional 150
viviendas[57], pero este barrio nunca llegó a concretarse. Otras provincias argentinas, sí
contaron con el apoyo nacional esto se aprecia en que, al finalizar el período
del Primer Plan Quinquenal (1946-51), el interior de la Argentina era la
jurisdicción más beneficiada por los préstamos del Banco Hipotecario Nacional.
De la totalidad de los préstamos el 55% había sido destinado a las provincias,
el 29% a la zona suburbana de Buenos Aires, el 15% a la capital y el 1% a los
territorios[58].
No podemos precisar con exactitud la
distribución de este porcentaje en las provincias, debido a la inexistencia de
literatura que aborde específicamente el tema del financiamiento en cada una de
ellas. Una excepción son los estudios de Gómez[59],
pero se circunscriben al caso bonaerense. Ortiz Bergia hace algunas precisiones
para la provincia de Córdoba. Explica que esta jurisdicción se convirtió en la
segunda sucursal en recibir préstamos nacionales, por delante de Rosario, La
Plata, Mendoza y Mar del Plata. Sin embrago las fuentes que esta autora releva
exceden el arco temporal de la gobernación de Picallo y del primer Plan Quinquenal[60],
por lo que nos da una idea de la totalidad del período estudiado y no de los
años que analizamos en este primer trayecto del trabajo.
Sumado a lo anterior, es importante destacar que en la diferencia de la
inversión del gobierno de Mendoza en relación a lo recibido de la nación en
comparación con otras provincias, puede haber tenido peso que, como se ha
comentado con anterioridad, la cuyana fue la primera provincia en tener una
institución que se ocupara específicamente del problema habitacional. Por
mencionar un caso citado, en Córdoba el IPV fue creado mediante Ley Provincial
N° 7608 recién en 1978[61].
Esto dio a Mendoza la posibilidad de contar con presupuesto provincial propio
destinado al sector, desde una etapa muy temprana.
Esta falta de apoyo y articulación con el gobierno nacional, puede haber
surgido debido al ya mencionado origen radical de Picallo, lo que condicionó
que el envío del presupuesto nacional no se dirigiera a los proyectos
impulsados a nivel provincial[62].
A pesar de los esfuerzos del gobernador, la relación parece no haber
sido fluida. Resulta interesante constatar, en los mensajes dados por Picallo,
la insistencia en asegurar que su gobierno estaba en línea con las ideas del
mandatario nacional. Así podemos leer frases como
“Sea cual fuere el resultado de su obra y las
alternativas de su suerte, mi gobierno será inquebrantablemente leal hasta sus
últimos instantes al General Juan Domingo Perón”[63],
que se repiten en muchos de sus discursos.
La simplicidad de las viviendas condicionadas por el presupuesto del
primer gobierno, se transformó con la llegada al poder del Gobernador Blas
Brisoli (1949-1952). A diferencia de lo ocurrido durante el mandato de Picallo,
en la etapa en que este coronel bonaerense fue gobernador, las relaciones en lo
atinente a la vivienda entre provincia y nación, se hicieron más fluidas. Así
es que la principal fuente de financiamiento durante su mandato provino del
Banco Hipotecario Nacional. A pesar de que el porcentaje destinado al interior
del país por el Banco Hipotecario no osciló notablemente entre los dos planes
quinquenales (55% en el primer plan y 56% en el segundo), sí se incrementaron
de forma significativa los fondos que llegaron a la provincia a partir de la
gestión Brisoli. Consideramos que la fluidez en las negociaciones pudo deberse
a que este militar provenía del círculo más íntimo de Perón[64].
Como lo evidencian las fuentes relevadas en el archivo del IPV, constatamos que
en la totalidad de las obras se recibió dinero de la nación
Otra de las diferencias que encontramos entre estos dos períodos, es las
denominaciones que recibieron los barrios. Es sugerente que durante el primer
gobierno peronista provincial, comandado por Picallo, quien como se ha dicho
provenía de las filas del radicalismo, el barrio concretado recibiera la
denominación “4 de Junio” y su segunda etapa, Ampliación 4 de Junio, que, si
bien resultaba una fecha emblemática como inicio de lo que luego se denominaría
peronismo, no aludía a las principales figuras del partido a nivel nacional.
Esto cambió durante el gobierno de Blas Brisoli, en que los barrios recibieron
los nombres de: Presidente Perón, Villa Evita y María Eva Duarte de Perón. El personalismo
que implican estas denominaciones contrasta con la del citado anteriormente,
cuya la alusión a un hecho histórico suponía la participación de distintos
actores políticos.
Lo paradójico de la situación es que el 4 de junio había sido proyectado
por el gobierno conservador derrocado por la mencionada Revolución con la que
ahora era identificado. Esto
se constata en distintas notas periodísticas de los diarios del período.
Finalmente, y como si esto fuera poco, luego de la proscripción del peronismo,
su nombre fue cambiado por el neutral “Uruguay”[65].
Como en otros puntos del país, muchos otros fueron rebautizados luego de la
citada proscripción, como el barrio Presidente Perón que pasó a denominarse
Ejército de los Andes, o Villa Evita y Eva Perón que son actualmente bancarios
y ferroviarios. Estos periplos nominales nos dan la pauta del peso simbólico
que tenían los nombres de estas realizaciones en el área de las Obras Públicas,
cuya vinculación o apropiación indica que no pasaron desapercibidas de las
miradas políticas[66].
Gobierno de Blas Brisoli (1949-1952)
Aprovechando la coyuntura con el gobierno nacional, Brísoli encaró un
plan muy ambicioso con el que se proponía construir casi 2.500 viviendas[67].
Aunque no se concretaron todas las planeadas, este aumento numérico difería
significativamente con la gestión anterior: Picallo había logrado concretar 267
viviendas. Esta fuerte inversión se debe a que, como lo indicaban una serie de
libros que plasmaban sus labores gubernativas, sus energías estuvieron puestas
en solucionar lo que consideraba los tres problemas fundamentales y más urgentes:
agua, vivienda y salud[68].
El afán de Brisoli también estuvo apuntado al confort de las viviendas
proyectadas. Así este período se destacaba por las comodidades que en algunos
casos eran cercanas al lujo.
Durante su gobernación, encontramos dos calidades de viviendas bien
diferenciadas. Por un lado, los ejemplos financiados por el plan “Eva Perón” y
por otro, los realizados con el apoyo del Banco Hipotecario Nacional. En cada
una de estas modalidades existió la intervención del IPV de alguna manera, proyectando,
controlando las obras, en las licitaciones, pero no a través del
financiamiento.
Concretado con el apoyo financiero del plan “Eva Perón”, se construyó el
barrio para ferroviarios General Belgrano, constituido por viviendas muy
sencillas. Como se observa en distintas carpetas del IPV, el Plan incluía
distintas especificaciones técnicas venidas desde la nación, que incluso
variaban para las zonas con incidencia sísmica.
Las viviendas del Barrio Ferroviario General Belgrano, eran muy
sencillas, de ladrillo revocado interior y exteriormente. Tenían pisos de
mosaico calcáreo y el techo de ladrillo cerámico armado con aislación de
corcho, ruberoid, brea y grancilla. El baño y la cocina estaban revestidos con
cemento alisado y pintados con aceite. Contaban con calefón a leña y tanque de
agua comunitario. Además, el acceso se realizaba por calles peatonales de 3
metros de ancho con 4,5 de espacios verdes entre ellas y las casas estaban
ubicadas a cada lado, o sea que no se había previsto la posibilidad de que los
adquirientes pudieran comprar un vehículo[69].
Estaban proyectadas de forma individual y “encadenadas” de a 2 o 3 viviendas.
Figura 3. Vistas del barrio Ferroviario Eva
Perón. Agua, Vivienda y Salud.
Fuente: Oficina de
prensa e informaciones del poder ejecutivo. 1951. Biblioteca del Autor Local de
la Biblioteca pública General San Martín. Mendoza
Sin embargo, la sencillez del barrio de ferroviarios fue una excepción
entre los concretados bajo el gobierno de Brisoli. Los barrios financiados por el
Banco Hipotecario Nacional presentaban una realidad bien diferente. A pesar de
la intención inicial propuesta por el gobernado tendiente a “promover la experimentación y adopción de un tipo
de casa antisísimica, cuya baratura permita su fácil adquisición por las clases
más modesta”[70]
las viviendas económicas fueron las menos comunes.
Esto queda evidenciado, por ejemplo, en la cantidad de modelos de casas
que se habían planeado para cada barrio. Recordemos que la realización seriada
era una de las estrategias empleadas para abaratar costos, pero este no fue el
caso típico de los emprendimientos de esta etapa. En Villa Evita, por ejemplo,
se proyectaron 16 tipos de vivienda y en el grupo reducido “17 de octubre”, que
contaba con 17 viviendas, se proyectaron 7 tipos diferentes.
De similares características era el Presidente Perón, en cuya resolución
de llamado a licitación ya se explicitaba que las unidades debían ser diferentes
entre sí: "Que el número de viviendas y las
disposiciones sobre frentes presentadas permitirán la construcción de un barrio
sin monotonía"[71].
Por ello se realizaron 6 tipos diferentes de 2 y 3 dormitorios, ampliables.
Sumamos a la multiplicidad de modelos, la diversidad de materiales y
revestimientos interiores, lo que otorgaba variedad y textura a los hogares. En
este sentido los baños contaban con azulejos, como también parte de la cocina y
la lavandería. Los baños, cocina y pasillo tenían pisos de granito y eran
calcáreos en el living. Esta variedad de materiales demuestra el cuidado en los
detalles, que otorgaba a las viviendas confort y belleza. Estas consideraciones
se sumaban como un “plus” no estrictamente relacionado con las necesidades
biológicas. Es decir que la vivienda era considerada no
simplemente un cobijo, sino un “estímulo moral”
debido a que era un “elemento capaz de satisfacer las necesidades del
confort moderno”[72].
El acceso al confort era la evidencia de que el peronismo hacía llegar a
distintos sectores los beneficios obtenido por la buena situación financiera
del país[73].
En definitiva en estos aditivos, en la superación de las expectativas
inmediatas de lo que se entendía como vivienda popular, también residía la
compensación que exigía la justicia social.
Además de los detalles que observamos en cada una de las viviendas, como
parte del entorno urbano, se preveían en el proyecto plazas, cines,
proveedurías, iglesias, espacios para escuelas.
El costo de estas viviendas era mucho más elevado que las encaradas con
otras formas de financiamiento, mientras que las casas de Villa Evita oscilaban
entre los 42 a 65 mil pesos, excluido el terreno y costaban entre 68 y 85 mil
pesos en el Presidente Perón; las del Ferroviario Belgrano, subvencionado por
el “Plan Eva Perón”, estaban valuadas entre los 35 y 43 mil pesos, incluyendo el
terreno y la urbanización.
En líneas generales estos barrios, por su calidad, precio y detalles
constructivos diferían de los de la etapa anterior. Como se observa, en la
figura siguiente, correspondiente al barrio de Oficiales del Ejército, ubicado
en ciudad, la planta se ha complejizado profundamente. Como en otros barrios,
observamos nuevas dependencias antes no contempladas en las casas mínimas de la
gestión Picallo, como habitación de servicio, sala de estar, escritorio y
garaje, lo que nos indica el poder adquisitivo de los trabajadores a los que
estaban destinadas. Además, estaban equipadas con roperos y armarios empotrados
en cocina y habitaciones. Estos detalles escapaban a la búsqueda de la
optimización del espacio y recursos que observamos anteriormente y que tenían
que ver con la vivienda mínima, para agregar a estas unidades comodidades antes
reservadas a las viviendas de lujo. Además observamos un aumento de los metros
cubiertos, las viviendas poseían de 75 a 103 metros cubiertos.
Figura 4. Planta de vivienda del barrio Oficiales del Ejército
Argentino.
Fuente: Archivo del IPV.
Mendoza, Carpeta 8.
Sin embargo la cooperación entre el IPV y el BHN, antes comentada, no
estuvo exenta de tensiones. Esto se vislumbra en la construcción del barrio
Ferroviario General San Martín, a pesar de que el BHN era el responsable de la
obra, el IPV imponía algunas condiciones. Según una resolución de 1949, esta
entidad provincial tenía derecho a intervenir en la prosecución de las
viviendas, se haría cargo de la preparación de proyectos, presupuestos,
controles, urbanización y licitación. El Banco debería vender los lotes
siguiendo los planos realizados por la entidad provincial y entregarlos a los beneficiarios
quienes eran presentados y patrocinados por el IPV[74].
Pero el Banco reaccionó ante estos condicionamientos que lo posicionaban solo
como entidad financiera, lo que se percibe en la ampliación a la resolución
anterior en la que reforzaba algunos de sus derechos[75].
Por medio de ésta se establecía que el BHN y no sólo el IPV tenía el poder de
actualizar los valores de acuerdo a los gastos que hiciese, podría elegir el modo
de financiamiento según lo considerara necesario y señalaba que el Instituto se
allanaría a aceptar las indicaciones, disposiciones y resoluciones que ordenara.
Además, dejaba claro que si bien el IPV tendría a su cargo la fiscalización
inmediata y permanente de las obras, podría, a través de sus propios
organismos, tener la más amplia intervención en todos los procesos
constructivos o en las irregularidades que detectara en la ejecución de los
mismos[76].
Sumado a lo anterior, los responsables del Banco solicitaban estar presentes
cuando se abrieran los sobres con las propuestas para la adjudicación de las
licitaciones de los barrios que financiarían, procedimiento en el que
anteriormente no se encontraban presentes[77].
El gobierno de Evans (1952- 55)
Carlos Evans, fue el último gobernador electo del primer peronismo en la
provincia. Era un joven abogado sin mayor significación política que fue
elegido por Eva Perón como el sucesor de Brisoli[78].
El alarde de comodidades implementado en la gestión anterior, trajo
distintas complicaciones que impactaron en el gobierno de Evans. Durante su
mandato no se realizaron muchos proyectos nuevos, sino que este gobernador
dedicó sus energías y su presupuesto a concluir los inacabados trabajos de la
gestión anterior. Esto puede haber estado condicionado por la situación
financiera, ya que la mencionada
crisis vivida en 1949, llevó a que, en 1952, se decretara un Plan de Emergencia
que limitó la producción en el sector de la construcción en 1953, sin embargo,
un nuevo impulso permitió alcanzar en 1954 el máximo de escrituración que tuvo
el siglo XX[79].
Además estaba
vigente el segundo Plan Quinquenal que, como hemos mencionado, propuso un
ajuste en relación a lo propuesto en el primero.
En distintos discursos pronunciados por Evans, ha quedado constancia de
la complicada situación financiera en que se encontraba el IPV. Según el
gobernador el organismo se había “embarcado en un vasto plan de construcciones sin la
correspondiente financiación transitoria ni definitiva”[80].
Esta circunstancia había determinado paralizar algunos barrios por espacio de
muchos meses, siendo ejemplos típicos los denominados Vialidad y de Oficiales,
citado anteriormente. Esta situación ya se vislumbraba en el gobierno de
Brisoli y quedaron manifiestas, en 1952, cuando estaban prontas a inaugurarse
trescientas viviendas del barrio Bancario[81],
en el discurso con motivo de entrega de las unidades, en que el gobernador
reconocía que en el plan de viviendas su voluntad, su deseo y su entusiasmo “ha ido mucho más lejos de lo que hemos sido capaces de hacer”[82].
La solución
propuesta por parte del gobierno fue un plan de financiación transitoria basado
en el respaldo de los créditos impagos con letras de Tesorería, en la garantía
estadual para materiales de construcción, y en liquidación de jornales con
fondos anticipados por la provincia. Estas estrategias le permitieron entregar
cerca de 900 viviendas, muchas de las cuales no habían sido finalizadas por la
gestión anterior[83].
Figura 5. Barrio Suboficiales
del Ejército.
Fuente: Archivo del IPV.
Mendoza, Carp. 19 cod. 12, 1953, fachada y planta.
Uno de los inconvenientes planteados para la terminación de viviendas,
fue que el costo de las encaradas por el anterior gobierno las tornaba
inaccesible a obreros y empleados de bajos sueldos. Esto había conducido a que
se realizaran una serie de supresiones y modificaciones a los proyectos
originales que, sin perjuicio de la capacidad, seguridad y comodidad,
permitieron el abaratamiento de 7.000 pesos, aproximadamente, por unidad de
vivienda[84].
La experiencia había sido aleccionadora y orientaba al gobierno a
planificar un nuevo tipo de organización técnico- financiera que contara con
mayor caudal de recursos provinciales independientes de los créditos hipotecarios
nacionales para construir.
Para solucionar
estos problemas el régimen de financiación de viviendas se llevaría a cabo con
el ahorro o aporte previo de los adjudicatarios, y la ayuda financiera del
Banco Hipotecario Nacional o del Instituto de Previsión Social. En el caso de
existir diferencias entre el costo de la vivienda y los aportes privados más el
crédito Hipotecario, se solventaría esa diferencia con fondos del IPV[85].
Esta estrategia estaba en concordancia con los tiempos de crisis y con lo
planteado en el Segundo Plan quinquenal en que se fomentaban las acciones de
particulares y entidades intermedias. En este sentido el presidente de la nación afirmaba que
“la consigna del pueblo debe ser que cada uno
construya su propia casa. La consigna del Gobierno es ayudar al que se decide a
realizar el esfuerzo”[86].
El Estado se planteaba como un apoyo y se enfatizaba el asesoramiento
técnico, el seguimiento de las obras, se facilitaban planos, etc. pero se
abstenía de construir directamente las unidades.
Si bien durante
el mandato de este gobernador existieron distintos tipos de financiamiento de
orden nacional y provincial, los ejemplos habitacionales encarados fueron de
tipología sencilla y de proporciones más modestas que los encarados por el
gobierno de Brisoli.
Este es el caso
del barrio Suboficiales del ejército, que fue realizado mancomunadamente por el
Banco Hipotecario con una operatoria del Plan Eva Perón y la intervención del
IPV. Para abaratar costos, se implementó una modalidad que ya había sido
utilizada en el barrio ferroviario, en que las viviendas eran dobles. La
superficie se redujo levemente, constatamos que las viviendas contaban con entre
50 y 65 metros aproximadamente, lo que condicionó la existencia de 2 únicos
dormitorios, una cocina, un baño. También estaba proyectada una lavandería
descubierta en el patio.
Se intercalarían
viviendas con techo de tejas y de losa, lo que le quitaría monotonía al
conjunto. Esta última característica se repite en distintos barrios
provinciales en los que la Fundación Eva Perón tuvo injerencia. Como observamos
en la planta, la cochera, escritorio y habitación de servicio implementada en
casas del período anterior, habían desaparecido y se había simplificado la
distribución por la reducción de estas dependencias, sin que se hubiera ido en
desmedro de la calidad de materiales y terminaciones. También se suprimieron
los placares embutidos en habitaciones.
El costo final
de las viviendas en esta etapa era de 40.000 pesos aproximadamente, lo que
resulta una reducción notable con relación a lo observado en el mandato
anterior, en que en muchas de las operatorias las viviendas valían el doble.
En cuanto a los
destinatarios no observamos mayores cambios con respecto a las otras
gobernaciones, estas viviendas estaban destinadas a sectores gremiales o empleados
estatales.
A modo de cierre
Si bien la
preocupación de dotar de viviendas a los sectores populares fue una constante
en los gobiernos del primer peronismo a nivel provincial, hemos podido
constatar que cada uno de los gobernadores del período, empleó estrategias
diversas para conseguir llevar a cabo su plan de obras obteniendo resultados
materiales distintos, que se exponen a lo largo del presente trabajo.
Así observamos
que el gobierno de Picallo (1946-50) a pesar de no haberse visto afectado por
la crisis económica, que recién comenzó a vislumbrarse hacia 1949, no se vio
beneficiado por los créditos provenientes del Banco Hipotecario Nacional y
afrontó el problema de la vivienda con el presupuesto del IPV que era de 30 millones
de pesos, a lo que se sumaba donaciones, legados y subvenciones, el recupero de
las ventas y los alquileres. Esto dio por resultado que se implementaran
tipologías sencillas en lo que refiere a viviendas populares, debido al acotado
presupuesto. Lo que se tradujo en el empleo de cemento alisado en vez de
revestimientos aislantes en baños y cocinas, la aplicación de un solo tipo de
piso, el uso de uno o pocos modelos de vivienda, la superficie cubierta
reducida y el costo accesible de las viviendas. El resultado de sus gestiones
fue la concreción de 263 unidades con un costo promedio de $37.000 y con
superficies que oscilaban entre los 70 y 90 m2. Si bien el número de
viviendas concretadas es significativamente menor que los de los mandatos
posteriores, este gobernador dio los primeros pasos legales que auspiciaron las
futuras acciones de sus sucesores. Apoyando las decisiones de Faustino Picallo,
destacamos las figuras de los Ministros de Economía, Obras públicas y Riego. En
un primer momento este ministerio estuvo comandado por el Dr. De Paolis, quien
era señalado como el creador del proyecto de la ley 1658, traduciendo los
anhelos del gobernador. Luego fue sucedido por Jorge I. Segura, quien a partir
del 2 de julio de 1947 asumió el cargo y que finalmente figura como coautor junto
al gobernador de la ley 1658 que creaba el IPV y la legislación en torno a esta
entidad. Este último ministro se había interesado por el tema de la vivienda
con anterioridad, es de su autoría un libro denominado “La vivienda popular”,
cuya segunda edición es de 1945. Es destacable que a diferencia de los otros
dos gobiernos venideros, este ministro secunda con su firma al gobernador en
los proyectos de infraestructura que llevó a cabo Picallo. Además, a diferencia
de otros ministros, han quedado registrados sus discursos relativos al tema de
vivienda e infraestructura en las publicaciones oficiales.
Posteriormente, el
gobierno de Brisoli encontró apoyo fluido en las entidades nacionales,
destacándose los créditos del Banco Hipotecario, que habían sido promovidos
como la estrategia más frecuente por el Segundo Plan Quinquenal. La crisis
económica que indican muchos autores, no se percibe en la materialidad de las
viviendas encaradas en esta gobernación, sino más bien lo contrario. Al sector
de la vivienda fueron destinados cerca de 95 millones de pesos. Como se observa
en algunos de los ejemplos analizados, la variedad de materiales, las
dependencias de servicio, escritorios y cocheras, el confort, la amplitud de
metros cubiertos y el costo de las unidades, nos indican un cambio respecto a
las unidades de la gestión anterior. Se concretaron cerca de 1800 unidades cuyo
costo oscilaba entre los $35 a 85 mil dependiendo si el financiamiento provenía
del Plan Eva Perón o del BHN, y con superficies que oscilaban entre 70 a 160 m2.
El tema habitacional fue central en las gestiones de Brisoli, esto se percibe
en que su lema de gobierno comprendía 3 pilares: “Agua, vivienda y Salud.” Una
diferencia con las labores gubernativas del gobierno anterior, es que, como mencionábamos,
no figura en los proyectos de vivienda el Ministro de Obras públicas, solo lo
hace el gobernador, quien destaca el apoyo constante de la nación en sus
gestiones.
Finalmente el
gobierno de Evans, que heredó muchas de las obras emprendidas por el ambicioso
plan de Brisoli, llamó a un ajuste para poder finalizar y concretar su plan de
construcción de viviendas. Esto implicó un retorno a tipologías más sencillas
en que el número de metros y los detalles constructivos fueron reducidos. A
pesar de la crisis económica que se percibe, Evans destinó al rubro de la
vivienda el mayor porcentaje del presupuesto provincial, seguido por obras de
hidráulica y vialidad. El mismo era de casi 43 millones de pesos, para el
período 1954-55. Durante sus gestiones se concretaron alrededor de 900 unidades
que costaban $40.000 aproximadamente y tenían una superficie que iba de los 50
a 70 m2.
Con este
artículo hemos intentado demostrar que hubo matices en la concreción de los
proyectos habitacionales de este período que estuvieron condicionados por
aspectos económicos y políticos, y que afectaron a la materialidad de los
barrios construidos. Así pudimos establecer las diferencias que existieron
entre las diferentes gobernaciones de la provincia de Mendoza.
Consideramos que
este trabajo evidencia la complejidad que existió en las distintas
jurisdicciones provinciales, por lo que resulta necesario observar estos
procesos en las provincias argentinas y, de esta manera, poder trazar un mapa
más preciso de las políticas habitacionales en las diferentes latitudes del
país que evidencie matices y particularidades propios del momento histórico.