TENSIONES POLÍTICAS Y DISPUTAS DE PODER EN TORNO A LA
CAMPAÑA MILITAR DE ANTONIO DE ULLOA Y CHAVES (GOBERNACIÓN DEL TUCUMÁN, S.
XVII): UNA LECTURA ETNOGRÁFICA DEL ARCHIVO COLONIAL
POLITICAL TENSIONS AND POWER DISPUTES SURROUNDING THE
MILITARY CAMPAIGN OF ANTONIO DE ULLOA Y CHAVES (GOVERNORSHIP OF TUCUMÁN, 17TH
CENTURY): AN ETHNOGRAPHIC READING OF THE COLONIAL ARCHIVE
Natalia
Ferrari Bisceglia
Universidad
de Buenos Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y
Letras. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. E-mail: naty_bisceglia@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7941-4980
ARK:
https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s16688090/tuii1o5ru
FECHA DE
INGRESO: 18/02/2025.
FECHA DE
ACEPTACIÓN: 18/03/2026.
Resumen
En
el año 1632 el fiscal de la Real Audiencia de Charcas don Antonio de Ulloa y
Chaves fue enviado al Tucumán encabezando una campaña militar que tenía por
objetivo pacificar a los indígenas rebeldes del valle Calchaquí. La escasa
atención otorgada a esta fracasada campaña en la bibliografía sobre el tema,
invita a examinar las fuentes disponibles y a problematizar a los archivos
coloniales como parte del enfoque del problema de investigación. Por
consiguiente, en continuidad con trabajos anteriores, este artículo aborda la
intervención de Ulloa en el conflicto Calchaquí, utilizándola a modo de prisma
para visualizar otros aspectos. Por un lado, se indaga acerca de las tensiones
políticas entre instituciones y autoridades coloniales con diferentes alcances
jurisdiccionales. Por otro, se analiza cómo las tramas de poder incidieron en
la organización material y reclutamiento de un “ejército de Calchaquí”
destinado a finalizar con la experiencia rebelde.
Palabras
clave: guerra Calchaquí, gobernación del
Tucumán, campaña del fiscal de Charcas, archivos coloniales
Abstract
In
1632, Antonio de Ulloa y Chaves, the prosecutor of the Royal Audiencia of
Charcas, was sent to Tucumán to lead a military campaign aimed at pacifying the
rebellious indigenous populations of the Calchaquí Valley. The scant attention
given to this unsuccessful campaign in the existing literature on the subject
invites us to examine the available sources and problematize colonial archives
as part of the approach to the research problem. Therefore, continuing previous
work, this article addresses Ulloa's intervention in the Calchaquí conflict,
using it as a prism through which to observe other aspects. On the one hand, it
explores the political tensions between colonial institutions and authorities
with different jurisdictional reach. On the other, it analyzes how power
networks influenced the material organization and recruitment of a
"Calchaquí army" intended to end the rebel experience.
Keywords:
Calchaquí war, government of
Tucumán, campaign of the Charcas prosecutor, colonial archives
Introducción
Luego del estallido del alzamiento de los
diaguitas-calchaquíes[1] en
el año 1630 y en medio de un contexto de gran inestabilidad política, una
comitiva militar liderada por un fiscal de la Real Audiencia de Charcas, fue
enviada al Tucumán a fines del año 1632, por orden del Virrey del Perú –conde
de Chinchón-, con el objetivo de pacificar a los indígenas rebeldes[2]. En
consecuencia, el gobernador don Felipe de Albornoz –que se estaba ocupando de
resolver el conflicto, aunque con escasos resultados-, fue desplazado de su
cargo[3].
Esta coyuntura generó tensiones políticas entre distintas autoridades
coloniales que persistirían por algunos años.
Si bien existen numerosas investigaciones que, producidas en
distintos contextos académicos y desde variadas perspectivas han abordado el
conflicto Calchaquí[4], la
intervención del fiscal Ulloa y su jornada militar al valle homónimo carece aún
de un examen exhaustivo[5]. Montes
(1961) quien se ocupó de revalorizar y narrar lo acontecido durante el Gran
Alzamiento sólo reparó en ella para comentar su ingreso al valle y retirada
prematura, pero sin analizar demasiado las implicancias que tuvo su
participación; más bien abordó otras operaciones de conquista, guerras y
fundaciones españolas en suelo Diaguita entre los siglos XVI y XVII. Tampoco
Lorandi, quien dedicó gran parte de su producción académica tanto al análisis
etnohistórico de las poblaciones que habitaron el Tucumán colonial –destacando
la perspectiva y agencia indígena- como a los procesos de resistencias y
rebeliones (Lorandi, 1988; 1997; entre otros). Por su parte, Quiroga
recientemente abordó la etapa inicial de la rebelión calchaquí de 1630 desde la
perspectiva de la antropología política, postulando que la lucha facciosa del
estamento encomendero y las huestes conquistadoras (quienes se disputaban el
acceso a la mano de obra indígena) dejaban entrever la inestabilidad del
dominio colonial. Por lo tanto, la ruptura en el equilibrio político interno
habría propiciado la rebelión indígena, a través de la cual se dirimían las
tensiones estructurales de la sociedad colonial (Quiroga, 2021b). Si bien la
autora menciona las tensiones entre Albornoz, la Audiencia de Charcas y el
fiscal Ulloa, tampoco profundiza en la participación de éste último.
Por nuestra parte, venimos analizando la intervención del
fiscal en este conflictivo proceso en el marco de una investigación de mayor
alcance[6];
abordamos por un lado el corpus completo de las misivas que el gobernador don
Felipe de Albornoz envió al rey Felipe IV durante su mandato, lo que nos
permitió analizar nuevos aspectos políticos, económicos y sociales sobre la
guerra Calchaquí. Y por otro, comenzamos a examinar de qué manera las tramas de
relaciones políticas entre distintos actores coloniales incidieron en la
disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo la guerra (Ferrari
Bisceglia y Boixadós, 2021b). Sin embargo, algunos aspectos quedaron sin
trabajar y aquí proponemos retomarlos. En efecto, uno de los objetivos de este
trabajo es recuperar y problematizar las tensiones de poder referidas para una
mejor comprensión del “segundo alzamiento”. En relación con esto, es preciso
señalar que fue el Padre Antonio Larrouy quien primero ofreció pistas acerca de
las disputas y conflictos que, durante la guerra Calchaquí, habían cruzado las
relaciones entre Albornoz y la Audiencia de Charcas. En una de sus obras
reparamos en la carta XII, titulada como “El Gran Alzamiento y la Audiencia de
Charcas”; se trata de una misiva firmada por Albornoz dirigida al rey, cuyo
contenido refiere a varias tensiones políticas entre las que resalta la
mantenida con el fiscal Ulloa y Chaves (Larrouy, 1923). De ahí que la relectura
de este tipo de obras clásicas no sólo nos alertó sobre la importancia de las
relaciones políticas entre las distintas autoridades coloniales y su incidencia
en la resolución del conflicto calchaquí, sino también nos motivó a indagar en
otros repositorios para abordar este tema: el Archivo y Biblioteca Nacionales
de Bolivia (en adelante ABNB), que aloja documentación relativa a la Real
Audiencia de Charcas. En tal sentido, inspiradas en Stoler ([2002] 2010)
proponemos problematizar tanto al archivo como a las fuentes coloniales a
partir de una lectura etnográfica. Esto nos permitirá entender al archivo no
sólo como lugar de recuperación de información sino de producción de
conocimientos, y reflexionar sobre la elaboración y utilización de los
documentos, identificando también las condiciones que posibilitaron la
escritura de ciertas “historias” en detrimento de otras (Stoler, [2002] 2010).
Estos postulados de Stoler también dialogan con otros trabajos, como los de
Trouillot (2017) quien argumenta que el proceso de producción histórica se
caracteriza por la generación de silencios en cuatro momentos clave: 1) la
creación de los hechos (fuentes); 2) la creación de archivos; 3) la
recuperación de los hechos (elaboración de narrativas); y 4) el significado
retrospectivo. Estas capas entrelazadas de silencios no sólo permiten
identificar y discutir cuestiones metodológicas en nuestra investigación sino
también las condiciones que posibilitaron determinada producción de narrativas.
Así pues, en
la serie Expedientes Coloniales del ABNB hemos localizado varios de los
documentos que aquí proponemos abordar. En especial retomamos para
profundizar su análisis un documento presentado por el fiscal Ulloa y Chaves
donde se detallan los gastos que se hicieron para la organización de su campaña
militar al valle Calchaquí entre los años 1632 y 1633[7]. Este
informe fue remitido ante la Real Audiencia de Charcas en el año 1641, lo que
concita a preguntarnos: ¿en qué contexto y por qué se ordenó la elaboración de
ese informe? ¿por qué fue presentado casi una década después de finalizado el
conflicto al que refiere? Y ¿quiénes colaboraron en su presentación? De manera
complementaria se aborda el estudio de otras piezas documentales que desafían
las narrativas oficiales y revelan nuevos aspectos dentro del escenario de
conflicto permitiéndonos entrever la complejidad de la trama política
subyacente.
Algunos
desafíos en torno al archivo, las fuentes coloniales y las narraciones
construidas en base a ellas
Al revisar la exhaustiva bibliografía sobre el segundo
alzamiento hemos identificado algunos cronistas y autores clásicos cuyos
aportes sentaron las bases de las numerosas investigaciones sobre el tema a lo
largo del siglo XX y en especial de las últimas décadas.
Comencemos por mencionar la obra de Lozano Historia de la
conquista del Paraguay, Río de La Plata y Tucumán cuyo manuscrito fue
escrito y corregido por el autor hasta 1745 –unos años antes de su muerte- y
publicado por Lamas entre 1873 y 1875. La obra original posee un formato en dos
extensos tomos en los que el jesuita narró los hechos que consideró más
importantes de la conquista de las provincias del Paraguay, Río de la Plata y
Tucumán (Cargnel, 2009a). Como cronista de la Compañía de Jesús residió largo
tiempo en Córdoba y allí accedió tanto a la biblioteca como a los documentos
que nutrieron sus investigaciones (Cargnel, 2009b; Rosso y Cargnel, 2012). La
importancia de su trabajo radica en dos aspectos: por un lado, exceptuando la
obra del padre Nicolás del Techo escrita a mediados del siglo XVII[8],
Lozano no contó con trabajos anteriores en los cuales basarse por lo que su
obra se convirtió en un valioso material de consulta y referencia ineludible
sobre la historia de dichas provincias. Por otro lado, tras el afán por
describir el contexto donde se desarrollaron las actividades de los jesuitas en
esas provincias, aporta detallada información acerca de la historia del Tucumán
centrándose en los principales sucesos de los gobernadores (Cargnel, 2009b),
entre ellos de Albornoz y, por ende, lo referido al segundo alzamiento.
Años más tarde, entre fines del siglo XIX y comienzos del
siglo XX, en especial en el contexto de las conmemoraciones por el primer
Centenario de la Independencia Argentina, surgió un renovado interés por el
pasado de la patria proliferando las investigaciones históricas que retomaron
esta obra de Lozano, como quedara reflejado en las publicaciones de Adán
Quiroga ([1897] 1923) y Samuel Lafone Quevedo (1888), entre otros. Estos
autores analizaron la historia de la antigua Gobernación del Tucumán y el
escenario de las guerras en Calchaquí apoyándose en
distintas crónicas de la época y en documentos de los archivos de
Catamarca y Tucumán, aportando a la construcción de representaciones sobre los
grupos calchaquíes desde una perspectiva evolutiva que ejercería una gran
influencia como modelo interpretativo (Ferrari Bisceglia, 2024).
En ese mismo contexto, en el año 1910 el copista Gaspar
García Viñas por comisión de Paul Groussac –director de la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno (en adelante BNMM)-, encabezó una misión en el Archivo General
de Indias (en adelante AGI) que tenía por objetivo transcribir documentos
referidos a la Historia del Río de la Plata y regiones contiguas en los siglos
XVI y XVII; constituyendo lo que hoy conocemos como Colección Gaspar García
Viñas (en adelante CGGV) ubicada en la BNMM (Rey, 2013). Entre los documentos
que componen esta obra inédita pueden encontrarse numerosas cartas dirigidas al
rey firmadas por el gobernador Albornoz durante su gestión, en las que da
cuenta de sus vicisitudes durante la guerra Calchaquí. Las misivas del
gobernador son referencias esenciales que han estructurado buena parte de las
reconstrucciones sobre la guerra, por lo que aquí nuevamente citamos algunas de
ellas, así como también otras que exceden al conflicto.
Ahora bien, García Viñas no fue el único en explorar el AGI;
tal como señalamos, por esos mismos años el Padre Larrouy (1923) examinaba un
catálogo del mismo archivo –publicado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Argentina[9]- a
partir del cual escogió y solicitó una serie de documentos de diversa naturaleza –especialmente del
siglo XVII- que daban cuenta de los levantamientos indígenas durante ese
período. Como ya fuera mencionado en párrafos anteriores, efectivamente fue el
primero en advertir y exponer las tensiones políticas entre el gobernador don
Felipe de Albornoz y la Real Audiencia de Charcas.
Unas décadas más tarde, Montes (1961) abordó el segundo
alzamiento retomando las investigaciones de principio de siglo al mismo tiempo
que señalaba la utilidad de la documentación disponible en el Archivo Histórico
de la Provincia de Córdoba (en adelante AHPC). Este autor se interesó por las
probanzas de méritos y certificaciones de servicios de españoles, fuentes que
le permitieron abordar el inicio y desarrollo del “Gran Alzamiento Diaguita”.
Tiempo después, tras la vuelta a la democracia en Argentina,
un nuevo enfoque acerca de la conquista y colonización del Tucumán tomó impulso
a partir de la creación de la Sección de Etnohistoria de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, bajo la dirección de Ana María Lorandi. Desde
este entorno se propiciaba tanto la investigación en archivos como la revisión
bibliográfica, lo que permitió renovar la diversificación y problematización de
temas, en especial desde la perspectiva indígena[10]. Desde
aquel entonces, otros centros académicos generaron aportes que enriquecieron la
agenda de temas y problemas, tendiendo puentes entre diversos espacios y
perspectivas disciplinarias (historia colonial, antropología, etnohistoria,
arqueología)[11].
La relectura de las investigaciones hasta aquí mencionadas
nos permite situar nuestro propio trabajo y adoptar nuevos enfoques
metodológicos para problematizar al archivo, las fuentes coloniales y las
narraciones construidas en base a ellas. En tal sentido, retomando a Swiderski
(2024), hemos puesto atención en la selección e interpretación de los
documentos coloniales que se utilizaron de manera recurrente en las principales
investigaciones sobre el tema y que constituyeron la base de sustentación y de
veracidad de las interpretaciones consagradas. En tal sentido, notamos que, en
líneas generales, dichas interpretaciones descansan principalmente en la
documentación resguardada en el AGI[12], mientras
que, en el ámbito nacional los repositorios más consultados son el AHPC y el
Archivo Histórico de Tucumán. De estos, mayormente se han privilegiado aquellas
fuentes producidas a partir del contexto de guerra; por ejemplo,
certificaciones militares de los españoles que participaron en el conflicto –y
que suelen encontrarse en los expedientes relativos a los títulos de
encomiendas-, cartas de gobernadores del Tucumán y presidentes de la Real
Audiencia de Charcas enviadas al rey.
Por consiguiente, nos enfocamos en el ABNB y siguiendo a
Stoler ([2002] 2010: 480) comenzamos con una lectura “siguiendo la corriente
del archivo”; es decir, sin perder de vista las relaciones de poder,
dominación, manipulación e intereses que giraron en su entorno, indagamos
acerca de los materiales que guarda y cuáles son sus lógicas de clasificación y
ordenamiento. Luego realizamos una segunda lectura “a contracorriente”
para comprender su conformación, su organización, detectar sus regularidades,
así como también las omisiones y pérdidas de documentación. Así fue como, por
ejemplo, averiguamos que en función de los contextos sociopolíticos y los
intereses particulares que tuvieron los distintos directores de este archivo,
la documentación fue tratada, conservada y catalogada con distintas
preferencias resultando en la pérdida de una importante cantidad de fuentes. En
particular, en lo referido a la documentación de la Audiencia de La Plata se
estima que se perdió un 85%[13].
Para dimensionar la importancia de esta pérdida cabe recordar que las Reales
Audiencias estaban constituidas por un cuerpo colegiado (integrado por oidores
y un presidente) encargado de dar cumplimiento a las disposiciones regias,
garantizando tanto la administración de justicia como la optimización de los
recursos del erario real en beneficio de su monarca. La publicación de las
Leyes Nuevas (1542-1543) propició la homologación efectiva del modelo judicial
castellano a los territorios de ultramar, vertebrando la administración
colonial en torno a las jurisdicciones audienciales. En este esquema, las
Reales Audiencias no solo ejercían la representación vicaria del monarca como
juez supremo –potestad simbolizada mediante el Sello Real-, sino que actuaban
como interlocutores clave, obligadas a remitir información fidedigna sobre la
realidad indiana. Por su parte, el Consejo Real operaba como el órgano superior
de deliberación y resolución para los asuntos concernientes a las mismas
(Garriga, 2004; Diego-Fernández Sotelo, 2007 y Angeli, 2021). Además, cada
distrito de las Reales Audiencias se dividía “hacia abajo” en las demás
jurisdicciones Indianas: gobernaciones, corregimientos y alcaldías mayores
(Diego- Fernández Sotelo, 2007).
Instituida por Real Cédula de 1559, la Audiencia
de Charcas inauguró su actividad judicial en 1561, momento en que se constituyó
el tribunal en la Villa de La Plata tras el arribo de la primera magistratura
colegiada (Angeli, 2021). Unos años después (en 1563) el rey Felipe II
estableció que la gobernación del Tucumán quedara supeditada políticamente al
Virrey de Perú y en asuntos de justicia a la Audiencia de Charcas (Levillier
1926). Ahora bien, para comprender la consolidación de una región autónoma y
organizada, es preciso considerar el rol del gobierno “espiritual” como agente
cohesivo fundamental para la autonomía regional. En tal sentido, las
demarcaciones diocesanas, establecidas sobre la base de preexistencias
culturales, permitieron un ordenamiento espacial que facilitaba simultáneamente
la labor misional y el dominio político. Este aparato institucional operaba
verticalmente desde la autoridad del obispo y el cabildo catedral,
extendiéndose territorialmente a través de una red de parroquias y vicarías,
dispositivos que controlaban a todos los pueblos indígenas (Diego- Fernández
Sotelo, 2007). Por consiguiente, el Regio Patronato Indiano operó como el
mecanismo jurídico que validó el dominio colonial, amparando la ocupación del
espacio en la obligación regia de incorporar a los nuevos súbditos a la fe
católica. Dicho mecanismo se implementó en el Tucumán luego de que Felipe II
creara allí la Diócesis –mediante Bula de Pío V del 14 de mayo de 1570- y
estableciera su sede en Santiago del Estero, capital de la Gobernación
(Iglesias, 2021).
Lo expuesto hasta aquí resulta fundamental para dimensionar
las tensiones políticas entre instituciones con diferentes alcances
jurisdiccionales y actores con distintos puestos de poder y jerarquía dentro de
la sociedad colonial. Por ello, al situar la mirada en la Real Audiencia de
Charcas, se adoptó un enfoque macro-institucional, fundamental para el estudio
de las dinámicas de poder. Esta aproximación esclarece las lógicas que
determinaron que la producción del acervo documental, resultado de la gestión
de gobierno y de la burocracia colonial, permaneciera bajo custodia en las
jurisdicciones locales, aun después de la ruptura política que supusieron los
procesos independentistas. De este modo, la vasta producción escrita se integró
a la estructura estatal de las nacientes repúblicas hispanoamericanas,
constituyendo el núcleo fundacional de sus respectivos archivos nacionales[14].
De ahí que, al preguntarnos en qué lugares podrían estar
depositadas o archivadas las fuentes relativas al tema aquí propuesto, nos
pareció factible que el ABNB resguardara material que diera cuenta de las
relaciones entre la Audiencia de Charcas y lo acontecido en el Tucumán bajo la
gobernación de don Felipe de Albornoz. En tal sentido, en esta fase de
investigación principalmente se consultó documentación ubicada en la Sección
Colonia del mencionado archivo, la cual contiene seis Fondos, entre
ellos se ubica el Fondo Audiencia de La Plata (1561-1825) que comprende
16 series. En la Serie Correspondencia fueron detectadas cinco cartas
escritas por Albornoz –durante su gestión como gobernador del Tucumán-
dirigidas al Presidente de la Real Audiencia. Asimismo, se accedió a la cuenta
de los gastos realizados por el fiscal Ulloa en la campaña militar al valle
Calchaquí y a una Recusación –presentada por Albornoz- contra el fiscal Ulloa,
documentos ubicados en la Serie Expedientes Coloniales. Además, el
relevamiento de este repositorio documental propició la identificación de otras
fuentes adicionales, por ejemplo, cartas del Virrey del Perú dirigidas a la
Real Audiencia de Charcas e informes del Presidente de dicha Audiencia al rey.
No obstante, debido a la gran pérdida de documentación, cabe pensar que en
algún momento debió existir más información de la conocida hasta ahora. En tal
sentido repensar lo que constituye el archivo colonial –como objeto-, así como
también el tratamiento y ponderación desigual de la documentación que allí se
resguarda y el derrotero que siguieron sus fondos, se vuelve imprescindible
para considerarlo como “proceso” y no como un sitio inerte de almacenamiento y
conservación (Stoler [2002] 2010).
En suma, el abordaje etnográfico del archivo no solo nos
permitió problematizar su materialidad en tanto vestigio de una producción
burocrática originalmente más vasta, sino que también nos posibilitó recuperar
los registros en torno a las tensiones políticas (generadas por las guerras
calchaquíes) entre instituciones y autoridades coloniales con diferentes
alcances jurisdiccionales. Dada la prolongada temporalidad del conflicto —que
superó el decenio-, la selección de fuentes que examinaremos a continuación
resulta significativa para cruzar información y dotar de mayor densidad
analítica a la propuesta interpretativa de esta investigación. En última
instancia, el tratamiento crítico de estos documentos ofrece una visión
integral de las tramas sociopolíticas que caracterizaron al escenario calchaquí.
Tramas
políticas en torno a la campaña militar liderada por el fiscal don Antonio de
Ulloa y Chaves
Hemos planteado anteriormente que las dificultades del
gobernador Albornoz por controlar los alzamientos indígenas incitó a que el
Virrey del Perú enviara en su reemplazo al fiscal don Antonio de Ulloa y
Chaves. Albornoz sostenía que uno de los motivos de la designación de dicho
fiscal como superintendente general de guerra en Tucumán era el parentesco que
lo unía con el Presidente de la Real Audiencia –Juan de Carvajal y Sandi-,
quien buscaba acrecentar los méritos de su allegado. De hecho, luego de la
jornada, el 9 de septiembre de 1633 Ulloa regresó a La Plata y tomó posesión de
la plaza de oidor que el rey le había hecho merced. Años más tarde, obtuvo el
mismo puesto en México (1638) y alcanzó la presidencia en la Audiencia de
Guadalajara en el año 1654, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1661[15].
Otro documento revela que con anterioridad a la
participación del fiscal Ulloa, el Virrey del Perú había sido notificado por el
Presidente de la Real Audiencia de Charcas sobre la situación en Tucumán,
motivo por el cual dicho Virrey había autorizado librar en la Caja Real de
Potosí la cantidad de dinero que fuera necesaria para el socorro de la provincia[16].
Así fue que el Presidente en vez de concederle a Albornoz las partidas
solicitadas en reiteradas ocasiones para hacer frente a la guerra interna,
decidió destinar el dinero a la organización de una campaña militar a cargo de
Ulloa. Éste, tras una breve jornada obtuvo como resultado la reedificación del
fuerte Nuestra Señora de Guadalupe al que luego abandonó con numerosos soldados
sin las provisiones necesarias para su sustento. Esto determinó que unos meses
después Albornoz recibiera orden del Real Acuerdo[17] para
socorrer a los soldados que allí habían quedado[18].
Asimismo, en dicha orden el Presidente de la Real Audiencia le sugirió que,
ante la falta de dinero disponible en la Caja Real de Potosí, para concluir la
guerra debía contemplar otra forma de costear los gastos[19].
Al llegar al fuerte, la indignación de Albornoz debió crecer
al corroborar que no se había cumplido con la paga de sueldos de los soldados
que allí estaban. En consecuencia, en primer lugar, remitió una carta a la Real
Audiencia reclamando la suma de 17.000 pesos que alcanzaba el total de los
sueldos impagos[20]. En
segundo lugar, envió varias cartas al rey para informarlo acerca del estado de
la guerra, del agravio recibido por parte de la Real Audiencia al haberle
quitado el ejercicio de sus funciones y “el honor de las armas”; de los
resultados de la entrada y salida del fiscal del escenario de guerra; y muy
especialmente lo alertó acerca de las irregularidades en el manejo del dinero
de la Caja Real[21].
Con respecto a esto último, Albornoz enfatizaba el excesivo sueldo de 13.000
pesos cobrado por Ulloa con el consentimiento de la Real Audiencia.
Al parecer, el dinero destinado a la jornada se había
terminado, pero no así el conflicto con los indios, tema por el que nuevamente
el Virrey fue notificado en enero de 1634 por el Presidente de la Real
Audiencia de Charcas[22].
Ante los reclamos presupuestarios del gobernador Albornoz y la necesidad
nuevamente de socorrer a la provincia de Tucumán que se encontraba seriamente
amenazada por el alzamiento generalizado, el Virrey debió instruir a dicha
Audiencia para librar el dinero[23].
Haciéndose eco de los insistentes reclamos formulados por el
gobernador Albornoz en varias de sus misivas, el rey también tomó cartas en el
asunto redactando una Cédula Real dirigida al Presidente de la Real Audiencia
de Charcas y a sus oidores. En ella exigía explicaciones por la decisión de
enviar al licenciado Ulloa –de escasa experiencia militar y con excesivo
sueldo- al mando de la jornada de pacificación de los indios alzados:
cosa que se pudiera haber excusado mayormente pudiéndolo
encargar a persona militar que lo hiciera a menos costa y porque he extrañado
que enviando don Felipe de Albornoz a pedir socorro de gente para el dicho
efecto os resolviésedes a que fuese Don Antonio de Ulloa en la forma referida
me ha parecido advertiros que sucedieren cosas semejantes no lo hagáis y que lo
ordinario sea remitir los socorros con personas cual convengan de inteligencia
en las cosas de la guerra y con subordinación al gobernador[24]
Como puede verse, también los amonestaba por no haber
atendido los reiterados pedidos de socorro en dinero solicitados por Albornoz a
la Real Audiencia y por no haber respetado su rango de gobernador, cargo en el
que había sido nombrado por el rey mismo. Finalmente, les ordenó aclarar y
justificar en qué y cómo se había gastado el erario real y les advirtió que en
adelante se consultara con Su Majestad antes de tomar resolución en temas de
tal envergadura.
Las constantes quejas de Albornoz y las amonestaciones del
rey tuvieron sus efectos, a tal punto que, poco tiempo después el Virrey conde
de Chinchón envió una carta a la Real Audiencia de Charcas ordenando que en
adelante se le consultara antes de enviar socorros de la Real Hacienda a
cualquier provincia, sea por motivo de levantamientos de indios o cualquier
otra causa. El siguiente fragmento ilustra esta cuestión:
respeto de lo que su
Majestad me manda por cédula del 28 de diciembre de 1634 en estas materias
convendrá que de aquí en adelante para otro cualquier socorro que se haya de
remitir de gasto de la Hacienda Real me informe vuestro señor primero el
que hubiere de ser con las causas precisas e inexcusable que obligan a remitir
lo cierto que es menester ir con grande atención y recato en las relaciones
de los que los piden y fomentan porque casi siempre son interesados en su
distribución y efectos a pocos se les puede dar el crédito cabal que se
requiere en semejante materia (…) espero que vuestro señor administrando
justicia según lo acostumbra en lo que está a su cargo conforme lo que le
pertenece y en las materias militares por la comisión que le he dado para todo
su distrito y también para lo que fuere de gobierno en las inquietudes de los
naturales de la dicha provincia que es razón que tenga por estar tanto más
próxima a ella y los demás fundamentos que a eso me movieron procurará vuestro
señor ir disponiendo las cosas con los buenos y prudenciales medios que de sus
obligaciones y acierto confío para que se consiga el intento que se desea
dándome cuenta de lo que fuere de tal calidad e importancia que lo requiera[25]
Este pasaje sustantivo
del manuscrito permite vislumbrar que la autoridad del Virrey al interior de
las jurisdicciones audienciales en ocasiones era más figurada que real
(Diego-Fernández Sotelo, 2007).
Por otra parte, las disidencias políticas entre Albornoz y
Ulloa quedaron registradas en una Recusación presentada por el gobernador ante
el Consejo Real en el año 1636[26].
Este documento –de casi 100 fojas- contiene información valiosa de carácter
testimonial acerca del conflicto entre estas dos figuras. Al parecer, y
contextualizando la fuente, poco después de la participación de Ulloa en el
conflicto Calchaquí, Albornoz tuvo noticia de que el fiscal había presentado
ante la Real Audiencia de Charcas informaciones contra él en lo referido a su
gestión como gobernador. En relación a este hecho, es preciso señalar que en
reiteradas ocasiones Albornoz había alertado al rey sobre las diferencias de
poder en la jerarquía de autoridades coloniales, el gobernador dirá:
que satisfacción ni descargo puede valer tres mil leguas de
Vuestra Majestad y donde no hay otro recurso que el cielo teniendo tan distante
el de vuestro Virrey y empeñada una Real Audiencia cuya parte ha de tener
siempre el primer lugar y su crédito la inmunidad de sagrado dando estimación a
lo que mejor la estuviere para la conservación de su mayor grandeza y autoridad
en cuya comparación viene a pesar tan poco la reputación de un particular
inferior y súbdito suyo y más con lo que el dicho fiscal se sabe que ha escrito
y enderezado a sus satisfacciones y fines con mano tan poderosa y testigos tan
rendidos a su voluntad[27]
En este pasaje Albornoz reconoce, a su pesar, una posición
subordinada a la Real Audiencia. Sin embargo, basándose en su experiencia y desconfiando
de las complicidades entre Ulloa y el Presidente Carvajal y Sandi, decidió
presentar una querella directamente ante el Consejo Real. En esa Recusación el
gobernador no sólo arremetió contra Ulloa sino también contra la Real Audiencia
y algunos funcionarios de la misma (abogados y tesoreros) que despertaban sus
sospechas de complicidad, sobre todo ante la demora en la aprobación de su
causa y por la negativa ante la solicitud de ampliar los plazos para la
presentación de pruebas y testigos pertinentes. Este documento ofrece diversas
declaraciones en su defensa y múltiples “voces” que registran tensiones en las
relaciones de poder. Por ejemplo, la declaración del capitán Gómez Suarez
Cordero arroja luz sobre las intenciones que tenía Ulloa en la gobernación del
Tucumán:
me consta que [Ulloa] trajo y tuvo siempre pretensión por
quedarse por tal gobernador y en orden a ello hizo muchas diligencias por sí y por terceras personas invitando a hablar al dicho
señor gobernador sobre este intento con don Luis de Céspedes (…) y [el] capitán
Diego Iñigues de Chavarri en la ciudad de Salta y con los susodichos le
manifestó el deseo que tenía del gobierno que se le dejase y se fuese con dios
a su casa a Lima obligándole para esto con grandes promesas (…) por causa de no
habérselo dejado conocí en el dicho señor don Antonio tener muy gran enemigo
y mala voluntad al señor gobernador don Felipe de Albornoz[28]
Además, Suarez Cordero declaró que, al llegar a Jujuy Ulloa
le había ordenado adelantarse en su camino a Salta, para que una vez allí
hablase con Albornoz y lo persuadiera de lo conveniente que sería que
abandonara sus funciones. También informó que el fiscal tenía provisión para
tomar el cargo de gobernador en el caso de que Albornoz se ausentara. Esto
condice con lo que sabemos sobre unas licencias que tiempo antes había
solicitado dicho gobernador para ausentarse en sus funciones. Pero debido a que
la aprobación de las mismas le había llegado en “tiempos de guerra”,
había preferido rechazarlas para continuar desempeñándose en su cargo al
servicio de Su Majestad[29].
Posiblemente, el Presidente de la Real Audiencia habría aprobado dichas
licencias y pergeñado la entrada de Ulloa con la intención de nombrar a su
sobrino como gobernador una vez que éste dejara su cargo.
El caso era que, si Albornoz colaboraba con Ulloa, éste
estaba dispuesto a favorecerlo en el juicio de su residencia para que dejara su
cargo sin que se dañara su reputación. De lo contrario, el fiscal amenazaba con
revelar información importante contra él que supuestamente Juan de Carvajal y
Sandi “tenía en su escritorio” y por lo que podían llevarlo preso. Ante
esta extorsión, y lejos de sentirse amedrentado, Albornoz decidió quedarse en
Salta. En resumidas cuentas, la Recusación muestra que el fracaso de la campaña
de Ulloa no sólo fue en términos militares sino también políticos al no poder
obtener el cargo de gobernador. Resentido por ello, es probable que el fiscal
se ocupara de redactar acusaciones contra Albornoz para presentarlas luego ante
la Real Audiencia de Charcas, institución donde tenía apoyos políticos y
personales asegurados.
El enfrentamiento entre ambos revela que las tensiones
políticas perduraron en el tiempo involucrando a otros actores sociales de los
tradicionalmente consagrados en la bibliografía sobre el tema. En tal sentido,
una carta escrita por Albornoz dirigida al rey fechada en febrero del año 1639,
nos informa que mientras él se encontraba en Chuquisaca resolviendo cuestiones
que le habían quedado pendientes, su deudo Don Miguel Pérez de Añoa, canónigo y
camarero de un hermano suyo (el cardenal don Gil Albornoz) había recibido y abierto con su permiso “algunos pliegos
y cartas” enviadas por un tal Jhoan de Vega “agente de negocios en
vuestros reales consejos” quien lo notificaba sobre “algunas materias
graves” acerca de Ulloa y en especial sobre la próxima llegada de un nuevo
visitador –don Juan de Palacios- quien tenía por comisión del rey relevar
información sobre los hechos y procedimientos de don Antonio de Ulloa[30].
A todas luces, la noticia de la llegada del visitador don
Juan de Palacios había despertado inquietudes, sobre todo en el arzobispo de
Charcas –fray Francisco de Borja- quien había enviado a la casa del allegado de
Albornoz en Chuquisaca un provisor para quitarle (en circunstancias poco
claras) diversos papeles y cartas. Según relata el gobernador, el enviado del
arzobispo Borja retuvo en su poder esos papeles dos o tres días teniendo tiempo
de revisar toda la información. Luego, “a mucha instancia y negociación los
volvió después” quedándose con las cartas de Jhoan de Vega que daban cuenta
de “muchas cosas” (aunque Albornoz no especifica a qué “cosas” se
refería).
Nos preguntamos ¿por qué el fray Francisco de Borja mandó a
revisar esos papeles? ¿era su intención ayudar a Ulloa eliminando alguna
“evidencia” que lo comprometiera? Lo cierto es que el gobernador disgustado por
tal situación notificó al rey de lo sucedido y le sugirió que sacara sus
propias conclusiones sobre lo que ocurría en tierras tan alejadas. Tal como lo
hemos expuesto anteriormente, este episodio evidencia la dinámica de las
jerarquías del poder eclesiástico y el modo en que el arzobispo de Charcas
instrumentó su investidura. Además, ilustra el ejercicio discrecional de su
autoridad cuya actuación excedió los límites de sus prerrogativas sin enfrentar
mecanismos de control efectivos. Esta postura se ve reafirmada en otro pasaje
de la misma carta escrita por Albornoz en la que se pronunciaba en los
siguientes términos:
por el del santo oficio no se pudiera haber hecho mayor
escrutinio ni examen de papeles en caso de alguna sospecha de que fueran contra
la fe sin haber tenido atención a las exenciones y privilegios de los criados
de cardenales [se refiere a Don Miguel Pérez
de Añoa] ni a lo que se debía a mi persona y la suya y al seguro con que
todos debemos estar al amparo del Real nombre de Vuestra Majestad que por sus
reales cédulas tiene con tan graves castigos prohibido el que se abran cartas[31]
Finalmente, estas tensiones generaron que el
nuevo visitador llegara desde España con instrucciones reales para averiguar
sobre “los tratos y contratos que el dicho don Antonio de Ulloa tuvo en la
dicha jornada así de ida como de vuelta y le haga cargo de la culpa que contra
él resultare y admita sus descargos”[32].
En consecuencia, varios funcionarios de la Real audiencia de Charcas se
ocuparon de reunir los recibos y los cuadernos y cuadernillos de cuentas
presentados por Ulloa, para elaborar la rendición de todos los gastos que se
hicieron en la organización de la campaña. A continuación, analizaremos el
documento con mayor profundidad.
Recursos
y armas para la guerra
La rendición de
gastos sorprende por contener información cuanti y cualitativa que en su
conjunto develan aspectos centrales de la gestión de la guerra, así como
también las tramas de relaciones políticas, sociales y económicas que se
desplegaron tras la organización de la campaña militar. Con respecto a la
información cuantitativa, figura el número de soldados participantes, el dinero
que recibieron de sueldo, cuántas armas y pertrechos de guerra se utilizaron,
cuántas mulas se necesitaron para efectivizar los traslados de bienes e
insumos, y qué valor poseía cada uno de estos elementos. En cuanto a la
información cualitativa, pueden identificarse –con nombre y apellido- quiénes
formaron parte y colaboraron en dicha jornada.
En líneas generales identificamos que el expediente se
estructura, grosso modo, en función de tres momentos y lugares de
organización de la jornada, por lo que operativamente lo dividimos en tres
partes: 1) los preparativos iniciales en la ciudad de Potosí; 2) el camino
desde Potosí a Tucumán; y 3) las últimas instrucciones en Jujuy y Salta.
Asimismo, se diferencian tres partes en las que decidimos dividir el documento
de acuerdo con: a) el detalle del
dinero que Ulloa recibió en la Caja Real de Potosí; b) los gastos que realizó
de camino al Tucumán y durante la jornada militar; y c) el cálculo entre los recursos
recibidos y el gasto declarado, donde la mayor parte de lo informado fue
“ajustado” obteniendo un balance equilibrado de las cuentas.
Por consiguiente, el documento muestra que, la ciudad de
Potosí fue el lugar donde Ulloa recibió por parte de jueces y oficiales reales
–y bajo certificación de distintos escribanos- el primer adelanto para los
gastos iniciales. También se detalla el valor de todos los géneros comprados y
los nombres y apellidos de las personas que intervinieron en dichas
transacciones: soldados y primera plana, carpinteros, arrieros, panaderos,
médicos, artesanos, cerrajeros, mercaderes, arcabuceros, sastres, polvoristas,
tamberos, plateros, barberos, ropavejeros, indios; y también aparecen figuras
políticas: gobernadores, teniente de gobernadores y alcaldes. Como puede
notarse, la composición social de Potosí y zonas aledañas, en lo referido a los
trabajos y oficios, era muy diversa al mismo tiempo que se destacaba la
participación de los hombres en detrimento de las mujeres. De hecho, pocas son
mencionadas en la intervención de alguna de las transacciones referidas.
Esta primera parte del documento insume 60 fojas y ofrece
además un resumen de los gastos realizados hasta ese momento declarándose que
Ulloa recibió alrededor de 52.000 pesos: un poco menos de la mitad fue
destinado al pago del sueldo de los 142 soldados de infantería y primera plana
que lo acompañaron[33] y
la parte restante se destinó a la compra de pertrechos de guerra (municiones y
armas), bastimentos, ropa y elementos para los caballos[34]. En el
Anexo se describe –de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española
(RAE)- algunos de los pertrechos de guerra que figuran en la fuente.
También
es preciso señalar que en estas primeras negociaciones intervinieron cerca de
70 personas, entre ellas el propio Presidente de la Real Audiencia quien
participó procurándole al fiscal Ulloa –a través de un trajinero- varias armas:
32 arcabuces, 4 escopetas, y 20 frascos y frasquillos. Otras 31 armas de fuego (arcabuces,
mosquetes y escopetas) se compraron a distintos vendedores y se suma a la
cuenta 33 arcabuces y escopetas que había en los depósitos de la Caja Real de
Potosí. De esta manera se alcanzó un total de 100 armas de fuego con las que se
iniciaría el viaje a Tucumán. No obstante, la rendición de gastos nos informa
que se utilizaron 233 arcabuces más que estaban disponibles en el fuerte de
Calchaquí en Salta. Otros tipos de armas fueron compradas a particulares:
hachas, picas y alabardas; así como también otros pertrechos de guerra tales
como guayacas, faltriqueras, pólvora –enviada desde la ciudad de Oruro y
Lípez-, moldes para hacer balas, tachuelas utilizadas para clavar picas y
alabardas, plomo, cuerda de algodón hilado necesarias para el funcionamiento de
los arcabuces y mosquetes, frascos y frasquillos de arcabuz, entre otros. Tanto
el traslado de este tipo de armas como de otros bienes y soldados, se
efectivizó a través de un centenar de mulas adquiridas mediante diversos
vendedores.
Otros insumos que se mencionan son: telas y vestimenta
(paños de Quito, camisas, zapatos y alpargatas), cera, pabilo, cueros,
barretas, azadones, entre otros. En la jornada también participó el médico
cirujano Pedro Pinto quien portaba un cajón con más de 35 variedades de
medicinas. Además, figura un ornamento para “decir misa” que incluía: misal,
manual, casulla, vinajeras, ostiario, hábitos, manteles, paños, entre otros
elementos, al servicio de aquellos curas que participaran de la jornada.
Asimismo, en Potosí, los preparativos requirieron de los servicios de indios y
negros, quienes cobraron jornales por el trabajo textil y talabartería, por el
acarreo de fardos, por el cuidado de los caballos y por realizar otros
“despachos”.
En cuanto al camino recorrido, en función de algunos lugares
que se mencionan en la fuente podemos reconstruir someramente la ruta desde
Potosí hacia Tucumán (Ver Mapa 1). Por ejemplo, dentro de las transacciones
realizadas figura un tambero del pueblo de Santiago de Cotagaita (actual
Bolivia, Depto. de Potosí) a quien se le compró pan, bizcocho y pescado seco;
en la negociación también estuvo presente don Andrés de las Infantas corregidor
de Tarija. Aunque este no sería el único en acercarse a Cotagaita para llevar a
cabo negociaciones, hasta allí también llegó el Capitán Francisco Nuñez –dueño
de unas minas e ingenio en la provincia de los Chichas- quien colaboró con mil
pesos para gastos de la jornada[35].
Luego, al pasar por el pueblo de Talina, Don Andrés –cacique principal y segunda
persona del gobernador de dicho pueblo-, proveyó a los soldados de pan y carne.
Una vez llegados al Tucumán, Ulloa nombró como oficiales
reales a dos reconocidos encomenderos de Salta: Juan y Miguel de Lizondo
(Castro Olañeta, 2007)[36]. En
este tramo del documento nuevamente se declararon gastos ocasionados en el
camino hacia Tucumán (por lo que se reitera información presentada
anteriormente) entre los que figuran aquellos relacionados al aderezo de las
armas y cajas que se confeccionaron para el traslado de las mismas.
Mapa
1. Localidades de aprovisionamiento del Licenciado Don Antonio de Ulloa y
Chaves durante su campaña militar al Tucumán
Fuente:
Límites de Audiencias reales en 1700 según: Stangl, Werner, 2019,
"Data: Territorial gazetteerforSpanishAmerica, 1701-1808", https://doi.org/10.7910/DVN/YPEU5E,
Harvard Dataverse, V4. Elaboración cartográfica: Lic. Tomás Guzmán.
Por otra parte, entre los alimentos requeridos para el
mantenimiento de la tropa se incluyen: maíz y trigo, bizcocho, pan, ganado
vacuno, vacas lecheras y carneros, chipas de charque, botijas de vino y
vinagre, manteca y azúcar. También se registran nuevas compras de armas y una
garrucha, destacando la intervención del Capitán Diego Iñigues de Chavarri
–teniente de gobernador de Jujuy-, quien consiguió dos tipos de armas
defensivas que hasta el momento no se habían mencionado: 15 escaupiles y 25
celadas[37].
Cabe resaltar que estas dos armas defensivas –de manufactura local- requerían
grandes cantidades de algodón para su elaboración, por lo que se infiere que
productores textiles de la zona suministraron esta materia prima.
Además, se adquirieron municiones: balas, plomo bruto,
pólvora, cuerda de algodón, frascos y frasquillos. En ese momento alrededor de
60 personas intervinieron en la compra y venta de los distintos artículos.
Ahora bien, ¿quiénes eran esos vendedores, artesanos y comerciantes? ¿cuáles
eran sus áreas de procedencia y las dinámicas de movilidad espacial de estas personas?
¿dónde producían y/o conseguían los bienes que comerciaban? ¿cómo eran las
transacciones? Si bien por el momento la fuente no permite responder estos
interrogantes, sí muestra, por ejemplo, que Juan y Miguel de Lizondo
desempeñaron un importante rol en la organización de la campaña militar,
supliendo a través de sus allegados las demandas de alimentos de la tropa y
fundamentalmente el alquiler de mulas. En total se contabilizan cerca de
doscientas que fueron necesarias para el traslado de soldados y pertrechos de
guerra desde Jujuy a Salta, para traer soldados al Tucumán –que habían quedado
en Potosí- y para realizar la entrada al valle Calchaquí.
Por otro lado, las ciudades de Jujuy y Salta fueron bases de
operaciones. Allí, diversos actores sociales participaron en la organización de
la jornada aportando vacas[38] y
carneros; harinas de maíz y trigo; panes y bizcochos; ropa y zapatos; mulas;
cuerdas de algodón; costales de lana; cueros y otros artículos. Entre dichos
actores figuran: mercaderes, herreros, tamberos, arrieros, alcaldes, panaderos,
carpinteros, corregidor de naturales, tenientes de gobernador y tenientes de
capitanes, encomenderos, los mismos capitanes que conformaban las huestes
españolas e incluso los tenedores de bastimentos y algunos curas. Como ya fuera
señalado, todos eran hombres excepto tres mujeres que se mencionan en la
fuente: doña Teodora de Vadillo –viuda del tesorero Antonio Martínez de
Pastrana- a quien le compraron pabilo para elaborar cuerdas; Doña Andrea y Doña
Catalina –viudas de Alonso Gómez y de Francisco Morillo respectivamente-
quienes “fueron obligadas a dar” maíz y bizcocho[39].
También destaca la compra de lana para la fabricación de los
costales donde almacenaban dos productos básicos ya referidos con los que
alimentaron al “ejército de Calchaquí”: el trigo y el maíz –en granos o
harina-. Otra compra relevante que se hizo fue la de una fragua para el fuerte
de Calchaquí. Se trataba de un fogón en el que, mediante una corriente
horizontal de aire (producida por un fuelle o algo parecido) se avivaba el
fuego donde se caldeaban los metales que debían forjarse; por lo que podemos inferir
que para mantener el continuo abastecimiento de algunos pertrechos de guerra
éstos debieron producirse in situ.
En relación a las armas, algunos
autores han estudiado la utilización de varias de ellas durante el proceso de
conquista y colonización española, entre los que podemos mencionar a Márquez
Miranda (1943); Salas (1950); Rubio Durán (1997) y de Hoyos (2010). En líneas
generales, estos trabajos se han enfocado en el tipo y eficacia de las armas
utilizadas por ambas facciones –españoles e indígenas-, así como también en las
distintas tácticas y estrategias empleadas durante los enfrentamientos. En base
a estos textos es importante, por un lado, aclarar que, aunque la agencia
indígena no es el centro de análisis de este trabajo, sin dudas constituye un
elemento crucial en el entramado del conflicto. Por otro lado, resaltar que a
pesar de que los indígenas no contaban con armas de fuego, pusieron en jaque al
ejército español en reiteradas ocasiones ofreciendo resistencia en cada
enfrentamiento con sus propias armas.
Con respecto a los españoles –y de acuerdo con la lectura
del expediente analizado- notamos que las armas ofensivas más utilizadas fueron
los arcabuces. Sin embargo, sabemos que la humedad y lluvias estivales y las
disposiciones del terreno condicionaron su funcionamiento y eficacia, por lo
que decidimos ahondar en ellas.
Siguiendo a Labarga Álava (2000), Peche Ortiz (2006) y
Alarcón Jiménez (2024), averiguamos que los primeros registros del uso de armas
de fuego en España datan del siglo XIV. Luego, a lo largo del siglo XV sus
formas y tamaños se multiplicaron y apareció en Europa el arcabuz. Se trataba
de un arma de fuego portátil, larga –medía entre 1 y 1,5 metros- y de
avancarga, es decir: la carga se realizaba a través de la boca de su cañón. En
comparación con el mosquete –más pesado, grande, potente y costoso-, el arcabuz
permitía mayor movilidad y ligereza de la infantería que lo portaba.
Básicamente consistía en un largo tubo de acero, que se cerraba en el extremo
anterior que daba a la “culata” –confeccionada en madera- donde se hallaba un
pequeño agujero que atravesaba la pared del tubo, denominado “oído”, y sobre el
cual coincidía la “llave de mecha”. Esta llave permitía dar fuego a voluntad;
primero se introducía la carga de pólvora en el cañón[40], y luego
una bala que el soldado sacaba de una bolsa o de su boca[41]. Una vez
cargada el arma, una pieza en forma de “S” –el “serpentín”– sujetaba la mecha
encendida del fogón y al oprimir el gatillo este hacía coincidir la mecha
encendida con la “cazoleta”, que contenía pólvora fina y conducía al “oído”. De
esta manera, se unía la carga explosiva del interior del arma con el exterior y
tras la ignición se producía el disparo. Finalmente, la velocidad del proyectil
dependía de la cantidad de pólvora utilizada. Hacia finales del siglo XV su
fabricación podía hacerse en gran número, era fácil de transportar y se integró
perfectamente a los crecientes ejércitos. Por consiguiente, para el siglo XVI
la mayor parte de los ejércitos europeos lo habían incorporado dentro de otras
variedades de armas portátiles de fuego.
Si bien a lo largo del tiempo su diseño fue evolucionando
–fundamentalmente el mecanismo para sujetar la mecha encendida[42]-,
en el Tucumán durante el siglo XVII se utilizaron arcabuces con “llave de
mecha”. En términos generales, por su sencillez en la construcción y su bajo
costo, fue el arma de fuego preferencial de la infantería española hasta
mediados del siglo XVII. No obstante, es
preciso señalar algunas desventajas de su uso: carecía de buena precisión por
lo que era efectiva si el soldado contaba con entrenamiento previo y si se
utilizaba para hacer disparos masivos a corta distancia; su manejo implicaba
serios riesgos de accidentes[43]; el
mecanismo de carga era muy lento[44]; la luz encendida de la
mecha delataba la presencia de españoles en la oscuridad de la noche; y era
difícil mantenerla encendida cuando el tiempo estaba lluvioso. En relación con
esto último, un pasaje en la Carta XI de la obra de Larrouy (1923) ilustra este
inconveniente:
habiendo el cacique Chelemin (…) acometido la ciudad de
Londres (…) saliendo en su seguimiento el Capitán Alonso Díaz Caballero (…) le
mataron con cinco españoles por la ventaja del sitio y no haberse podido valer
de los arcabuces por ser el tiempo lluvioso[45]
En resumen, ajustándonos a lo declarado en el expediente y
de manera aproximada, el Gráfico 1 y Tabla 1 ilustran tipo y cantidad de armas
ofensivas utilizadas por el ejército español en la jornada al valle Calchaquí.
Esto nos permite, por un lado, dimensionar la materialidad puesta en juego en
esta guerra y poner en relación las unidades de armas de fuego mencionadas con
la cantidad de soldados que participaron. Por otro lado, la estratégica
combinación de pica y arcabuz utilizada por la infantería española en las
grandes batallas libradas en el viejo continente, que había mantenido la
hegemonía militar en la Europa continental durante al menos dos siglos (Alarcón
Jiménez, 2024), no fue adecuada para enfrentar a los indómitos calchaquíes
protegidos en sus cerros. De hecho, las picas apenas fueron utilizadas. Sin
embargo, a pesar de la compleja logística necesaria para su correcto
funcionamiento, podemos observar que el arcabuz fue el arma predilecta de los
españoles.
Gráfico 1.
Tipo y cantidad de armas ofensivas utilizadas en la campaña militar al valle
Calchaquí dirigida por don Antonio de Ulloa y Chaves
Fuente:
elaboración propia con datos tomados del documento ABNB. Audiencia de La Plata,
Expedientes Coloniales, N°15, La Plata, 12 de diciembre de 1641
Tabla 1.
Distribución porcentual del armamento ofensivo empleado en la campaña militar
al valle Calchaquí dirigida por don Antonio de Ulloa y Chaves
|
Tipo
de arma |
Cantidad |
Porcentajes |
|
Arcabuces,
mosquetes y escopetas (333) |
333 |
84,73% |
|
Hierros
de picas (26) |
26 |
6,62% |
|
Hierros
de alabardas (10) |
10 |
2,54% |
|
Hachas
(20) |
20 |
5,09% |
|
Astas
de picas (2) |
2 |
0,51% |
|
Astas
de alabardas (2) |
2 |
0,51% |
Fuente:
elaboración propia con datos tomados del documento ABNB. Audiencia de La Plata,
Expedientes Coloniales, N°15, La Plata, 12 de diciembre de 1641
Con respecto a los soldados españoles, nos preguntamos
cuántos efectivamente participaron en la jornada. El expediente informa que, a
los soldados llegados desde Potosí, se unieron otros 19 que se alistaron en
Salta –entre enero y abril de 1633-. Además, se menciona la participación de
otros 23 de los que no se especifica su procedencia, sumándose 70 y tantos que
el Capitán Juan Díaz Solera llevaba “por su cuenta”. También se declara
el pago del flete de 12 mulas para traer algunos soldados más desde Potosí a
Jujuy, aunque no se aclara si esos soldados (que se estima eran 12, uno por
cada mula) se contabilizaron entre los 142 que partieron desde allí o si se
trataba de otro refuerzo. En resumidas cuentas, podemos calcular la
participación de alrededor de 260 soldados de infantería y primera plana.
Es interesante mencionar aquí que, hacia el final del
documento, Ulloa aclaró que el pago a los soldados y primera plana se
efectivizó en tres momentos (enero, abril y mayo). El 8 de mayo de 1633 –al
finalizar su campaña- presentó una lista definitiva en la que figura el último
pago de medio sueldo (correspondiente al mes en curso) del “ejército
Calchaquí”. Asimismo, explicó que su “contador del sueldo” –Juan de
Lizondo- había unificado los asientos de los soldados reclutados en Potosí y
luego en Salta[46]. Lo
que llama la atención es que en dicha lista figuran un total de 95 personas.
Entonces, nos preguntamos ¿qué sucedió con el resto? ¿murieron? ¿desertaron?
¿fueron trasladados? ¿cuál fue el destino final de esos 95 soldados?
Finalmente, es preciso comentar el
desenlace de esta guerra. De acuerdo con el relato del gobernador Albornoz
coincidió con el final de su mandato en el año 1637, tras la captura del
cacique de los malfines, Chelemin; aunque sabemos que en realidad pasaron
algunos años más antes de conseguir la paz definitiva de esta etapa de la
guerra Calchaquí. Por otra parte, a partir del año 1635 –gracias a la gestión del nuevo Presidente de
la Real Audiencia de Charcas, Juan de Lizarazu[47]-,
Albornoz recibió dinero para que se ocupara de la “conclusión de la guerra”.
Sin embargo, ese dinero lo destinó al pago de los sueldos de los soldados que
Ulloa había traído del Perú y que todavía estaban en el Tucumán. Por tal motivo
en una de las últimas cartas que el gobernador remitió al rey, explicó
que había costeado de su propia hacienda los gastos ocasionados en la última
campaña llevada a cabo en el invierno del año 1636 (alrededor de diez mil
pesos); y que a pesar de no gozar de buena salud había entrado él mismo al
valle para invernar allí (estrategia nunca antes adoptada, fundamentalmente por
la rigurosidad del frío) y poder avanzar en territorio indígena desde los
fuertes[48].
Así fue que, según su relato, por la hostilidad del invierno y la perseverancia
de los españoles, los indios se rindieron y ofrecieron la paz.
Por último, lo que destaca en el
cierre de su gestión es su juicio de residencia realizado unos años más tarde
(en 1638), donde sólo fue condenado en cargos menores y sentenciado a pagar 12
pesos[49].
Finalmente, con el apoyo del Consejo de Indias, pasó de la gobernación de
Tucumán al corregimiento de Collagua (Perú) (Jaimes Freyre, 1915).
Reflexiones
finales
Señalábamos al inicio del trabajo que a partir de la
relectura de obras clásicas sobre la guerra Calchaquí encontramos indicios que
nos condujeron a indagar en el ABNB. Allí localizamos algunos documentos que no
fueron tomados en consideración en investigaciones previas, lo que llevó a
preguntarnos ¿por qué nadie reparó en ellos?
Responder este interrogante implica reflexionar sobre varias
cuestiones, pero aquí señalaremos aquellas que consideramos más relevantes. En
primer lugar, las investigaciones realizadas en las décadas anteriores hicieron
hincapié en estudios desde la perspectiva y agencia indígena, lo que debió
incidir en el tipo de documentación que se buscó y analizó para reponerla. Otro
elemento significativo es que, aunque algunas de dichas investigaciones
compulsaron in situ fuentes disponibles en distintos repositorios
coloniales, buena parte de las mismas analizaron copias editadas de los
documentos del AGI. Asimismo, las nuevas posibilidades en el acceso a los
documentos (a través de internet) han modificado las actuales metodologías de
búsqueda. Por ejemplo, la consulta on-line de los catálogos y/o documentos de
distintos archivos y la disponibilidad de fuentes digitalizadas, se
convirtieron en un recurso crucial para la continuidad de las investigaciones
frente a las dificultades para solventar estancias en repositorios extranjeros[50].
Tal como fuera señalado por Moreyra y Benito Moya (2022), comprobamos que la
preservación fragmentaria de los documentos y los cambios en su accesibilidad
han generado un desarrollo dispar en las líneas de investigación a lo largo del
tiempo, propiciando sesgos temáticos y desigualdades en la profundidad de las
problemáticas históricas. Esto explicaría en cierta medida los motivos por los
cuales, aunque la bibliografía existente sobre la guerra Calchaquí menciona la
figura del fiscal Ulloa en el conflicto, persistía hasta el momento un silencio
respecto de su desempeño y la movilización de recursos derivados de la campaña.
Por consiguiente, este análisis aborda estas cuestiones como aspectos novedosos
y pertinentes para conocer los dispositivos materiales y humanos puestos en
juego en la gestión del conflicto Calchaquí y de las tensiones que su presencia
y actuaciones desataron en las tramas jurisdiccionales del poder colonial. En tal sentido, a través del
expediente sobre los gastos del licenciado don Antonio de Ulloa y Chaves en su
campaña militar, fue posible dimensionar la materialidad de la guerra y los
negocios que la misma involucró. Bajo esta perspectiva el análisis reveló activas
redes socio-económicas en la región del Perú que colaboraron en organizar el
primer abastecimiento de la comitiva que partió desde Potosí y los circuitos
que debieron intervenir para movilizar recursos humanos y bienes desde Potosí
hasta Tucumán. Finalmente, al llegar a Jujuy otras redes locales asistieron en
el aprovisionamiento de víveres requeridos para el ejército, así como también
de los insumos indispensables para la fabricación (y/o acondicionamiento) de
armas y pertrechos de guerra.
Por otra parte, la propuesta de Stoler de etnografiar los archivos, nos permitió “repensar” el ABNB y someterlo a un análisis en distintas escalas. Por lo tanto, conocer su conformación, el derrotero de sus fondos, entender sus lógicas de clasificación y organización, fue clave para identificar un conjunto de fuentes que nos permitieron analizar diferentes aspectos y dimensiones del conflicto Calchaquí. Asimismo, siguiendo los postulados de Trouillot, cruzar la información consignada en las distintas fuentes y archivos nos permitió reponer silencios inherentes a sus creaciones. En particular, la Recusación contra el fiscal Ulloa presentada por Albornoz ante el rey, puso de relieve ciertas tensiones políticas en el contexto de la guerra y en especial clarificó diversos intereses personales de dicho fiscal –entre ellos, obtener el puesto de gobernador del Tucumán-. Como hemos visto, su campaña fue un fracaso en términos militares –por no lograr la pacificación de los indios rebeldes- y económicos –por los gastos excesivos que se hicieron para llevarla a cabo-. Esto provocó el vaciamiento de la Caja Real de Potosí y que Albornoz no pudiera financiar la finalización de la guerra.
Asimismo, el gobernador sostenía que el fiscal había llegado
al Tucumán para “ganar la antigüedad de la plaza de oidor de que Vuestra
Majestad se sirvió hacerle merced”[51]. Se
refiere a la plaza de oidor en la Real Audiencia de Charcas la cual le había
llegado en el momento en que estaba entrando al valle,“(…) malográndose por
esta causa todo el gasto de la jornada
de la provincia y Hacienda Real (…)”[52]. Esto
explicaría –según Albornoz- que su campaña se extendiera apenas cuarenta días y
que abandonara el fuerte de Calchaquí.
Con
respecto a las cartas e informes elaborados por el Presidente de la Real
Audiencia de Charcas y el Virrey del Perú, revelaron algunos problemas en torno
a la decisión de liberar (o no) dinero de la Caja Real de Potosí. Asimismo,
repusieron información sobre ciertas complicidades políticas entre dichas
figuras mostrando cuáles eran las competencias de quienes ocupaban los cargos más
altos en la jerarquía del poder colonial. Por ejemplo, como lo señalara
Albornoz, debido a su posición subordinada a la Real Audiencia de Charcas, no
podía hacer frente a las decisiones allí tomadas, y debió aceptar que lo
desplazaran de su cargo ante la llegada del fiscal Ulloa al Tucumán.
En suma, los documentos analizados
fueron significativos para pensar en el entramado de alianzas, relaciones,
tensiones, conflictos, entre instituciones con distintos alcances
jurisdiccionales y representantes insertos en distintos estratos de la
jerarquía de poder, con intereses particulares y con mayor o menor proximidad
al rey, que afectaron el desarrollo de la guerra. Por consiguiente, en
continuidad con trabajos anteriores, esta investigación ofrece nuevos aportes que
complejizan la comprensión del conflicto Calchaquí desde una perspectiva
política y en escala más amplia; así como también devela cómo las intrigas
políticas incidieron en las medidas que se tomaron para controlar la rebelión
indígena.
Con seguridad, persisten líneas de
indagación que merecen ser profundizadas. Por un lado, resulta pertinente
examinar la injerencia de otras instituciones coloniales —como el Consejo de
Indias—, cuya función de representación regia es clave para ampliar aún más la
escala de análisis del entramado político. Por otro, extender la búsqueda
documental hacia archivos provinciales (como por ejemplo el Archivo Histórico
de Tucumán y el Archivo Histórico Provincial de Córdoba) permitiría obtener
mayores complementos en la información para dilucidar la complejidad del
conflicto Calchaquí. Ambas cuestiones forman parte de la agenda de
investigación que estamos desarrollando.
Anexo
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,
aquí se presentan las definiciones de las armas y municiones utilizadas en la
organización de la campaña militar al Tucumán liderada por el fiscal don
Antonio de Ulloa y Chaves (1632-1633):
1)
Alabardas: “Arma ofensiva, compuesta de un asta de madera de dos
metros aproximadamente de largo y de una moharra [punta de la lanza] con
cuchilla transversal, aguda por un lado y en forma de media luna por el otro”.
2)
Celada: “Pieza de la armadura antigua que cubría y protegía la
cabeza, generalmente provista de una visera movible delante de la cara”.
3)
Escaupil: “Sayo de armas acolchado con algodón que usaban los
antiguos mexicanos y que los conquistadores adoptaron para defenderse de las
flechas”.
4)
Faltriquera: “Bolsillo de las prendas de vestir” o “Bolsa de tela que se
ata a la cintura y se lleva colgando bajo la vestimenta”.
5)
Para imponer castigos ejemplares, los españoles se valieron de la utilización
de la garrucha, elemento de tortura con el que impartieron “tormento” a
los indios; era una polea en la que se colgaba al reo y se lo dejaba caer desde
lo alto hacia el suelo pero sin que tocara éste. Por lo tanto, la presión que
ejercía el peso de su propio cuerpo en la caída provocaba fracturas,
dislocación de huesos o incluso desmembramientos.
6)
Guayaca: “Bolsita en la que se llevan pequeños objetos personales…”.
7)
Mosquete: “Arma de fuego antigua, mucho más larga y de mayor calibre
que el fusil, que se disparaba apoyándola sobre una horquilla”.
8)
Pica: “Especie de lanza larga, compuesta de un asta con hierro
pequeño y agudo en el extremo superior, que usaban los soldados de infantería”.
Abreviaturas
ABNB:
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
AGI:
Archivo General de Indias
AHPC:
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
BNMM:
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
CGGV:
Colección Gaspar García Viñas
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