CARTOGRAFÍA DE UN
CONFLICTO: JURISDICCIONES, DISTANCIAS Y AUTORIDAD RELIGIOSA EN BUENOS AIRES
1769-1775
CARTOGRAPHY OF A CONFLICT: JURISDICTIONS, DISTANCES AND RELIGIOUS
AUTHORITY IN BUENOS AIRES 1769-1775
María Elena Barral
Universidad
Nacional de Luján
Instituto
de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas /
Universidad
de Buenos Aires)
Universidad
de San Martín/Escuela de Altos Estudios
en
Ciencias Sociales. Argentina
magnebarral@gmail.com
Facundo
Roca
Universidad
Nacional de La Plata
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina
facundo.roca@yahoo.com.ar
Camilo
Zarza Valencia
Universidad
Nacional de Luján
Instituto
de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas /
Universidad
de Buenos Aires). Argentina.
camilozarzavalencia@gmail.com
Fecha de ingreso: 10/03/2025
Fecha de aceptación:27/05/2024
Resumen
El trabajo analiza una de las repetidas disputas que
tuvieron lugar en la jerarquía eclesiástica porteña durante las últimas décadas
del siglo XVIII. En este caso se trata de un conflicto que involucra al obispo
de Buenos Aires (Manuel Antonio De la Torre), su provisor (Juan Baltasar
Maciel) y los curas de la catedral (José Antonio de Oro y Juan Cayetano
Fernández de Agüero). Situado en el escenario abierto por la creación de las
parroquias de 1769, el artículo explora las tensiones jurisdiccionales y
materiales, destacando el uso estratégico de un plano de la ciudad presentado
por Oro al Consejo de Indias como prueba judicial. En este trabajo buscamos
recrear la historia de este plano, situar su confección, pero sobre todo su
utilización en el marco de un conflicto que anticipa varios procesos de
singular importancia para la historia de la ciudad, del obispado y de la región
rioplatense. A través de un enfoque que combina cartografía histórica y
análisis de otros registros documentales, se reconstruyen las escalas
espaciales y las alternativas políticas del conflicto que involucra a algunas
de las principales figuras del alto clero porteño.
Palabras clave: Territorios
eclesiásticos, Jurisdicciones coloniales, Cartografía histórica, Buenos Aires
siglo XVIII, Poder secular y religioso
Abstract
The article analyzes one of the recurring disputes
that unfolded within the Buenos Aires ecclesiastical hierarchy during the late
18th century. This
conflict involve the Bishop of Buenos Aires (Manuel Antonio De la Torre), his Provisor (Juan Baltasar Maciel), and the
cathedral priests (José Antonio de Oro and Juan Cayetano Fernández de Agüero). Located in the scenario opened by the creation of the parishes of 1769,
the study explores jurisdictional and material tensions, highlighting the
strategic use of a city map presented by Oro to the Consejo de Indias as judicial evidence. The work reconstructs the
history of the map, situating its creation and, crucially, its deployment
within a conflict that anticipated key processes critical to the history of
Buenos Aires, its bishopric, and the Río de la Plata region. Through an
approach combining historical cartography with the analysis of documentary
records, the article traces the spatial scales and political dynamics of the
dispute, which involved prominent figures of the city’s high clergy.
Keywords: Ecclesiastical territories, Colonial jurisdictions, Historical
cartography, 18th-century Buenos Aires, Secular and religious power
Introducción
Hacia
finales del siglo XVIII, una serie de eventos críticos (Visacovsky, 2011)
expusieron tensiones, e incluso fracturas, en el núcleo de las jerarquías
religiosas porteñas, entrelazadas de forma más o menos manifiesta con las
autoridades políticas seculares. Algunos de estos acontecimientos —que
condensaban procesos históricos de mayor amplitud— como la expulsión de los
jesuitas (1767) o la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776),
alteraron el delicado equilibrio entre los poderes seculares y religiosos y
pusieron de manifiesto una multiplicidad de posturas y proyectos que, lejos de
articularse, derivaron en enfrentamientos abiertos por el control de recursos,
influencias y espacios de autoridad. Estos procesos, que involucraron a actores
como el virrey, el Consejo de Indias e incluso la Corona, delinearon un
escenario donde lo religioso y lo político se imbricaban en disputas
institucionales y políticas de alcance transatlántico.
En
este contexto, el crecimiento económico y demográfico del litoral rioplatense y
-de la ciudad de Buenos Aires, en particular[1]
impulsó transformaciones institucionales clave para la Iglesia porteña. Por un
lado, la “parroquialización” de Buenos Aires en 1769 —bajo el obispado de
Manuel Antonio de la Torre— reconfiguró el mapa eclesiástico al suprimir el
curato de naturales y expandir la red parroquial hacia los arrabales de la
ciudad, cada vez más poblados. Por otro, el cabildo catedralicio, cuya
estructura inicial (deán, arcediano y dos canónigos) había sido diseñada en
1622, experimentó un cambio significativo hacia 1760 con la creación de nuevas
dignidades (chantre y maestrescuela), en cumplimiento del acta de erección que
vinculaba el aumento de rentas con la ampliación capitular (Actis, 1943b, p. 12).
Estos
cambios que fortalecían institucionalmente a la Iglesia porteña en una región
en ascenso no estuvieron exentos de conflictos. La creación de parroquias, la
provisión de curatos, la cobertura de cargos en el cabildo catedralicio, la
muerte de un obispo o las distintas maneras de concebir y ejercer el sacerdocio
podrían desencadenar disputas que afectaban la vida política de la ciudad y
bastante más allá de ella[2].
Entre finales de la década de 1760 y el cierre de la siguiente[3]
se concentraron en Buenos Aires —sede episcopal desde 1620 y virreinal desde
1776— una serie de acontecimientos que enfrentaron a autoridades políticas
civiles y religiosas. En los extremos de ese período resaltan la
“parroquialización” de la ciudad de Buenos Aires en 1769, dos años después de
la expulsión de los jesuitas, y la muerte del obispo Manuel Antonio de la Torre
en 1776[4],
el mismo año de la creación del virreinato y del ascenso de su primera
autoridad, Pedro de Cevallos.
Así,
la creación de parroquias de 1769, varias veces aplazada desde 1730, implicaba
además de la supresión del curato de naturales, el ascenso de dos
viceparroquias (La Concepción y San Nicolás) y la erección de las de Montserrat
y La Piedad. Esta ampliación de la red parroquial urbana fue acompañada por una
reestructuración en los aranceles, así como una readecuación en las pautas de
la fiscalidad eclesiástica (reducción de los derechos parroquiales y
condonación parcial de las “cuartas episcopales”). La muerte del obispo De la
Torre en Charcas, adonde había arribado para asistir al Concilio Provincial,
robusteció —sólo por unos años— la figura de Juan Baltasar Maciel, uno de los
letrados más importantes de aquel momento (Pisano, 2022).
De
la Torre, Cevallos, Maciel, a quienes se sumarán otros individuos, como José
Antonio de Oro y Juan Cayetano Fernández de Agüero, intervinieron, cada uno a
su manera, en el conflicto que analizamos en este trabajo. En este caso se
trata de una disputa que involucró de manera directa al obispo, a su provisor y
a los curas de la catedral. Una de sus peculiaridades resultó ser la
presentación al Consejo de Indias de un plano de la ciudad —con referencias
evidentes al conflicto— por parte del cura Oro (Figura 1), quien se había
trasladado a la península para su defensa ante las adversas decisiones del
prelado.
Figura 1. Plano de la ciudad
de Buenos Aires, 1773.
Fuente: Actis, 1943a
Este
tipo de conflictos han sido analizados, con frecuencia, privilegiando los
gestos ejecutados en escenarios ceremoniales e interpretados como formas de
exhibición de las tensiones en sociedades de Antiguo Régimen (Di Stefano, 1999;
Garavaglia, 1996 y Urquiza 1993). Inspirados en Norbert Elías, tales estudios
subrayan cómo la ‘etiqueta’ revelaba jerarquías políticas y sociales. Sin
embargo, este trabajo propone un enfoque complementario que, sin negar el
registro simbólico, recupera sus dimensiones materiales y jurisdiccionales. Por
ejemplo, se sugiere explorar sus repercusiones en el entramado político
secular, así como reconstituir las escalas espaciales y temporales en las que
se desarrollaron, lo que permitiría reconstruir cómo se reorganizaban las
posiciones en el alto clero porteño y cuál era el rol desempeñado por el
Cabildo Eclesiástico. En particular, nuestro objetivo es reconstruir la historia
de este plano, ubicar su creación y, principalmente, contextualizar su
elaboración y uso dentro de un conflicto en el que se anticipan diversos
procesos de gran relevancia para la historia de la ciudad, sede del obispado, y
de la región rioplatense.
El
“Plano de la ciudad de Buenos Aires” presentado por Oro (Actis, 1943a) formó
parte de su conjunto de evidencias durante las disputas que lo enfrentaron al
prelado y a su provisor. Generalmente, se atribuye la autoría de este documento
al propio eclesiástico. Francisco Actis, además de señalar a Oro como el
posible creador de la pieza, resaltó su valor histórico, teniendo en cuenta que
el plano original de división de curatos —enviado por De la Torre al Consejo de
Indias— nunca había sido encontrado. Así, es probable que el plano de la
división parroquial de 1769, enviado por el obispo a España en febrero del año
siguiente, haya servido de base a Oro para confeccionar el suyo. Sin embargo,
no se trata del mismo. En la carta, De la Torre escribía:
Habiendo acabado hoy, a toda priesa, una copia de el Mappa,
que se formó de esta Ciudad y sus arrabales, y trazar las nuevas parroquias,
que desde el año 1730 se premeditaron, tengo el gusto de remitirla a V.S.I.
para que logre su Comprehension esta corta idea de la Populosa Ciudad de Buenos
Ayres, en el estado que hoy se halla, con sus Arrabales y Parroquias, que
además de la Iglesia catedral se han erigido en el año próximo de 69, cuios
territorios se distinguen por los diferentes colores, es a saber[5]
En
esta paleta de colores —que solo conocemos a partir de la descripción escrita
por De la Torre— es donde radica la diferencia entre uno y otro plano o
“mappa”. El obispo anotó en el margen izquierdo de su misiva el nombre de cada
parroquia junto al color en que “se demuestra” su territorio: el de la Catedral
con el color encarnado, San Nicolás con un verde oscuro, La Concepción y La
Piedad de morado y Monserrat y el Socorro de color amarillo[6]. La
carta también contenía otro tipo de información para cada territorio parroquial
—no necesariamente uniforme— como su extensión, el mayor o menor número de
“almas”, la presencia de sedes conventuales o de hospitales, los patronos
laicos y las devociones destacadas (como el caso de Monserrat y los catalanes).
Además, la descripción del diocesano incluía referencias sobre las zonas más o
menos pobladas (por ejemplo, sobre la catedral, expresa que se trata de “lo más principal y pingüe de la ciudad según
se ve en el lleno de sus quadras”) y las características del relieve[7]
que podían justificar la creación de las nuevas sedes religiosas. Para la
década de 1760, la ciudad se organizaba en unas 700 cuadras con distintos
grados de ocupación: un núcleo central de alta densidad (100 cuadras), una zona
de transición (300 cuadras) con áreas construidas intercaladas con espacios
vacíos, y las quintas suburbanas (Figura 3a y 3b)[8].
Figura 3a. Buenos Aires en 1778
Fuente: Johnson y Socolow, 1980, p. 341
Figura
3b. Densidad
de población en Buenos Aires (por manzana), 1810
Fuente:
Johnson y Socolow,
1980, p. 343
En
el plano de Oro los territorios parroquiales también están coloreados aunque el
único de ellos que coincide con la descripción del obispo es el de la Catedral,
la cual, como veremos, tiene evidentes motivos para destacar. Algunas de las
nuevas parroquias, como La Piedad, apenas se representan. En cuanto a los
colores, en el extremo inferior izquierdo del diseño se puede leer una ‘Nota’
donde se especifican las tintas utilizadas para cada parroquia: colorada,
rosada, negra, amarilla y verde. Pueden observarse otras similitudes, como la
forma en que se ilustra la mayor o menor concentración de la población a través
de las áreas edificadas o despejadas, o la similitud en la caligrafía de las
representaciones de Oro con los textos incluidos en el plano. Sin embargo,
quizás el rastro más evidente de la intervención del sacerdote sea la
información que añade sobre la ubicación de las residencias de los curas de la
Catedral y el cálculo de ciertas distancias, aspectos que retomaremos más
adelante.
De
algún modo, el mapa de Oro puede interpretarse como una huella de su estrategia
de defensa y como una evidencia en el sentido que Carla Lois (2010) plantea:
por su valor como prueba en un proceso judicial y por su asociación con la idea
de “certeza clara y manifiesta de la que
no se puede dudar”. Sin embargo, esa transparencia del mapa (o del objeto
cartográfico), que lo presenta como una “copia
fiel de la realidad territorial”, es sólo aparente. Detrás de ella se
ocultan acciones o, más precisamente, operaciones[9]. En
convergencia con estas nociones, Wilde y Takeda (2021) han examinado diversos
mapas de las misiones guaraníes del Paraguay, destacando su función como
herramientas eficaces para preservar la memoria territorial. Además, y este
sería el punto de intersección con nuestro trabajo, algunos de estos mapas
fueron presentados como pruebas en disputas legales por tierras y por los
cacicazgos indígenas. Incluso, como en nuestro caso, es probable que estos
mapas hayan sido creados con anterioridad, sin una conexión directa con el
conflicto. Por su parte, Norberto Levinton (2010) describe estos mapas como
"libretas" en la que se añaden comentarios para el reconocimiento y
la reafirmación de los derechos territoriales. Estas "anotaciones",
al parecer, fueron incorporadas en distintos momentos y funcionaron como
elementos probatorios circunstanciales y complementarios de los usos indígenas
del espacio. De este modo, el mapa se adjunta a otros documentos, formando
parte de un conjunto de tecnologías adoptadas por los jesuitas para administrar
las poblaciones y los territorios de las misiones.
Guiados
por un mapa poco conocido, nuestro trabajo busca explorar las distintas capas
de conflictos, significados y procesos a los cuales estuvo vinculado. Buscamos
restituir su “espesor” (Besse y Tiberghien, 2017), reconstruyendo algunos de
los gestos que los conformaron y atravesaron. Para lograrlo, resulta clave
situar su diseño y su uso en el contexto de las transformaciones que tuvieron
lugar en el Río de la Plata en las décadas de 1760 y 1770, del conflicto que lo
convierte en “prueba” de una estrategia judicial y del papel desempeñado por
algunas figuras clave de la vida política de la sede episcopal y luego
virreinal.
Cadena
de conflictos de una coyuntura crítica
El
29 de agosto de 1774, el rey Carlos III suscribió una extensa y pormenorizada
real cédula, por medio de la cual ordenaba la inmediata restitución a su curato
del párroco de la catedral de Buenos Aires José Antonio de Oro, al tiempo que
reprendía gravemente al obispo de la Torre y a su provisor, Juan Baltasar
Maciel. Sin embargo, este pronunciamiento real sería apenas un eslabón más
dentro de una extensa controversia que se había iniciado por lo menos cinco
años antes y habría de extenderse hasta fines de la década de 1770. En rigor,
el conflicto —o, más bien, la sucesión o encadenamientos de conflictos— que
traman las alternativas de esta historia se inscriben en un momento
particularmente crítico para la diócesis de Buenos Aires. Como veremos, una
combinación de capas superpuestas de conflictividad permite explicar los
motivos y el inusual alcance de esta controversia: las divisiones dentro de la
propia élite local, las disputas entre filo-jesuitas y anti-jesuitas, los
conflictos jurisdiccionales entre autoridades eclesiásticas y seculares, así
como el enfrentamiento entre los curas y el prelado en torno a la división de
curatos y a la percepción de las rentas parroquiales. En el centro de la
controversia se encontraba el mencionado cura de la catedral, quien hasta su
muerte habría de clamar justicia ante los tribunales civiles y eclesiásticos.
José
Antonio de Oro había nacido en la ciudad de Buenos Aires el 5 de febrero de
1733, siendo el primer hijo del matrimonio compuesto por Don Bernardino de Oro
y Bustamante y Doña Josefa de Cossio y Terán[10].
Aunque su padre era natural de la ciudad de San Juan, por línea materna José
Antonio se encontraba vinculado con algunas de las principales familias de
Buenos Aires. Su tío-abuelo había sido nada menos que el arcediano Marcos
Rodríguez de Figueroa, en tanto que su tío materno, el doctor Francisco de
Cossio y Terán sería el primero de una suerte de linaje de párrocos rurales,
que se sucederían ininterrumpidamente al frente del curato de San Nicolás de
los Arroyos entre 1740 y 1812 (Barral, 2007, p. 36). En atención a estos
antecedentes, no resulta sorprendente que el joven José Antonio se decantara
también por la carrera eclesiástica[11].
Luego de cursar sus estudios de Teología y Derecho en las universidades de
Córdoba y de Charcas, Oro había retornado a su “patria”, donde habría de
desempeñarse como teniente de cura de la parroquia de naturales y luego como
capellán del hospital real, a cargo de los padres betlemitas.
Sin
embargo, el joven clérigo retornaba a la ciudad en un momento en que las
tensiones que conducirían a la expulsión de los jesuitas y el nombramiento al
frente de la diócesis del antiguo obispo del Paraguay, De la Torre —declarado
enemigo de los ignacianos—, tendían a agudizar la conflictividad subyacente,
tanto hacia el interior del clero como dentro de la propia élite local. Oro no
tardaría en sacar provecho de estas divisiones, alineándose con el bando
anti-jesuita, que nucleaba al obispo y a buena parte de la élite capitular.
Este juego político también le habría de costar la antipatía del gobernador
Cevallos, declarado admirador de los ignacianos[12]. En
efecto, poco antes de dejar su cargo, en 1766, Cevallos había solicitado al
secretario de Indias —Fray Julián de Arriaga— que alejara de la ciudad a los
clérigos Oro y Maciel, por ser ambos sujetos “inquietos y perniciosos” e “intrumentos
propios para los enrredos del obispo”[13].
En
efecto, Juan Baltasar Maciel, quien habría de convertirse en otro de los
protagonistas de este conflicto, había recorrido una trayectoria no muy
distinta a la de Oro. Nacido apenas seis años antes —en 1727— en la ciudad de
Santa Fe, Maciel compartía con este último su formación en los claustros del
Colegio de Nuestra Señora de Monserrat, en Córdoba. Aunque el santafesino siguió
sus estudios en Santiago de Chile y el porteño lo hizo en Charcas, se volvieron
a encontrar en Buenos Aires al frente de sus primeros cargos eclesiásticos, que
también se dieron casi en simultáneo. Maciel ingresó como examinador sinodal
hacia 1758, mientras que Oro de Cossio y Terán hizo lo propio, como fiscal
eclesiástico, en 1761, durante la sede vacante. Como dijimos, su ingreso al
cabildo de la catedral también se dio al mismo tiempo: primero Maciel le ganó a
Oro la canonjía magistral en 1768, y luego este logró ingresar como chantre en
1769 (Avellá Cháfer, 1983; Bruno, 1969; Probst, 1946). Además de estas
trayectorias casi paralelas y del lejano parentesco que los unía[14],
también tenían en común su pertenencia al partido anti-jesuita, en el cual
habrían de alinearse desde su regreso a la ciudad.
En
cualquier caso, la fortuna parece haberles sonreído a ambos con la designación
del nuevo gobernador, Francisco de Paula Bucarelli, fervoroso adherente del
bando anti-jesuita. Consumada la expulsión de los ignacianos, Bucarelli
destacaba que Oro había sido siempre contrario a las “doctrinas laxas que seguían los padres expulsos”, lo cual le había
valido interminables persecuciones “cuando
estos dominaban en Buenos Aires y su provincia con más despotismo que el gran
Turco en Constantinopla”[15].
Este hábil manejo político también habría de ganarle la confianza del obispo,
quien le fue asignando diferentes cargos y ministerios[16],
además de proponerlo —en concurso con el gobernador— para una canonjía en
propiedad en el cabildo eclesiástico[17].
Adicionalmente, se le había concedido el privilegio de ocupar un asiento en el
coro alto capitular, luego del último de los canónigos[18].
Ahora
bien, el rápido ascenso de Oro —casi tan rápido como el de su futuro
adversario, Maciel— no habría de pasar desapercibido. En mayo de 1769, el
doctor Miguel de Leyva[19]—
por entonces, cura rector de la catedral— hizo presente al obispo su queja ante
la presencia del recientemente ascendido presbítero en el coro alto de la
iglesia. En efecto, en carta al rey, el obispo vinculaba la litigiosidad de
Leyva y de los curas rectores con su abierta simpatía por el bando de los
ignacianos. Según De la Torre, estos actuaban como “discípulos casi todos de los padres expulsados, acérrimos propugnadores
de las costumbres, que con sus laxas doctrinas habían introducido”[20].
Las palabras del obispo permiten definir aquel alineamiento de bandos o
facciones dentro del alto clero local, en el cual se desenvuelven los
entretelones de este conflicto.
En
aquel difícil contexto, Oro se distinguió como uno de los principales
colaboradores y aliados de De la Torre, desempeñando diversos cargos y
funciones dentro del gobierno diocesano. Él mismo recordaba, tiempo más tarde,
aquellos cuatro años de laborioso servicio junto al prelado, quien solía
valerse de su “persona y estudio”
para vindicar su nombre y dignidad ante las calumnias de sus adversarios. En
aquellos tiempos -afirmaba Oro- el obispo lo colmaba de honras, “ya en su Palacio, teniendole diariamente a
su lado en la mesa, y ya en su casa donde lo visitó repetidas veces”[21].
En efecto, De la Torre no escatimaba en elogios hacia el jóven clérigo, a quien
describía como “adicto al confesionario”,
“aplicado a los estudios”, “ágil, humilde y desinteresado”[22].
Cuando en diciembre de 1769 —luego de la división del territorio parroquial de
la ciudad— debieron cubrirse las nuevas vacantes, el obispo no dudó en nominar
a su protegido para el codiciado curato de la catedral[23].
Sin embargo, como veremos más adelante, el ascenso de Oro al frente de la
principal parroquia de la ciudad marcaría el fin de la armoniosa relación entre
éste y su antiguo protector.
Ya
en posesión del curato, Oro procuró imprimirle su propia impronta a la gestión
parroquial, demostrando su celo y rigurosidad al frente de este ministerio.
Entre sus principales iniciativas se encontraba la construcción de un “magnífico coche” para la conducción del
santísimo sacramento, provisto de una rica y profusa ornamentación. En dos
largas memorias adosadas al libro de matrimonios de la catedral, en septiembre
y noviembre de 1770, Oro dejó constancia de esta piadosa empresa. Al mismo
tiempo que presumía de su celo y caridad, el cura aprovechaba para lamentarse
de su corta renta: “la congrua del curato
es hoy aun escasa para mantenerme con decencia, de la que me privaré gustoso
porque el Señor Sacramentado la tenga”[24].
Las lamentaciones de Oro no eran infundadas: la reciente desmembración y
división de curatos había desprovisto a la antigua parroquia de la catedral de
una parte considerable de sus viejas rentas. En cualquier caso, este curato
seguía siendo el más populoso y codiciado de la ciudad.
Ahora
bien, las pretensiones de Oro —descontento con la escasa renta que le aportaba
su beneficio— parecen haber entrado en colisión con las del obispo, quien se
mostraba inflexible en la recaudación de sus derechos y emolumentos. En
particular, el conflicto se centraba en la determinación de la llamada “cuarta
episcopal”, reclamada íntegramente por el prelado[25].
Amparándose en una Real Cédula expedida por el monarca en enero de 1769, el
cura pretendía pagar no más de 200 pesos de cuartas, en lugar de los 600 que
reclamaba De la Torre. El conflicto parece haber escalado con todos los curas
de la ciudad, ya que en febrero de 1771 el obispo incluyó una “advertencia” en
el libro de difuntos de la parroquia de Montserrat, en la cual reprendía al
cura y aclaraba que “las quartas
episcopales se han de sacar de el todo de la limosna, sin desfalco alguno”[26].
Al mismo tiempo, el prelado se quejaba del “encogimiento” de los fieles y
recomendaba al párroco que “saque las
brasas con mi mano, reconviniendo á los quegicosos [...] que se entiendan con
el obispo…”[27].
Apenas
unos meses más tarde, la relación entre el prelado y el cura Oro terminó de
deteriorarse, cuando este último desconoció el nombramiento del colector[28]
designado por De la Torre, quien pretendía recaudar el total de las cuartas
episcopales. Años más tarde, el propio Oro rememoraba esa acalorada disputa,
que lo había enemistado con el diocesano: “el
empeño de cobrar de mi curato las quartas por menor de todo lo que rinde en
cada un año; fue en el passado de 1772 la piedra del toque por donde el
Reverendo Obispo se indispuso conmigo”[29]. En
efecto, no pasaría mucho tiempo antes de que el prelado iniciase un proceso a
ambos curas de la catedral, los presbíteros Oro y Fernández de Agüero[30],
achacándoles numerosas faltas e irregularidades en el cumplimiento de su
ministerio. Ahora bien, ante la ausencia del obispo -quien había pasado a la
Banda Oriental para continuar con su visita-, sería el provisor Maciel quien se
haría cargo de llevar adelante la causa.
Una
de las principales acusaciones formuladas contra los curas atañía al régimen de
“alternancia”, por medio del cual se turnaban semanalmente en el ejercicio de
las labores pastorales. De acuerdo con esta costumbre, los párrocos se
distribuían la administración de los sacramentos en semanas alternas, mientras
que su compañero disfrutaba del correspondiente descanso. En una carta enviada
al rey en febrero de 1770, el propio De la Torre daba cuenta de esta práctica,
hasta entonces aceptada o cuanto menos tolerada por sus antecesores: “aunque los curas Rectores son dos, sirven
por alternativas semanas; estando reciprocamente uno siempre vacante sin
residencia a la Iglesia Cathedral, y aun en dias festivos, segun costumbre”[31]. En rigor, este sistema de rotación se
encontraba estipulado en la propia acta de erección de la catedral, sancionada
por el primer obispo de Buenos Aires, Fray Pedro de Carranza, en 1622[32].
En el marco de su disputa con los presbíteros Oro y Fernández de Agüero, el
obispo procuraría privar a ambos curas de este antiguo privilegio, del cual
habían gozado todos sus antecesores.
Además
de reprocharles este régimen de alternancia, el prelado y su provisor afirmaban
que los curas descargaban todo el “peso del ministerio parroquial” en sus
ayudantes, “no reservandose para sí en su
semana sino las bodas y bautismos de personas ricas y condecoradas”[33].
Por otro lado, se les acusaba de no asistir diariamente al confesionario, de
rehusarse a auxiliar a los fieles enfermos y moribundos y de no explicar la
doctrina durante los domingos y días de fiesta. Asimismo, el obispo reprendió
al cura Oro por residir fuera de los límites de su curato, conminándolo a que
se mudase lo más cerca posible de la catedral.
Ahora
bien, lejos de aceptar resignadamente las amonestaciones del prelado, Oro
ensayó una encendida defensa, que pronto se transformó en un abierto
cuestionamiento al obispo, al cabildo eclesiástico[34] y a
sus predecesores al frente de la parroquia de la catedral, los canónigos Leyva
y Fernández de Córdova[35].
Los curas rectores no sólo afirmaban que “cumplían
con su ministerio aún mejor que los que les habían precedido”, sino que
pretendieron hacer una “formal y jurídica
pesquisa, e inquisición” contra el obispo, achacándole su carácter
rencoroso y vengativo y su parcialidad en la administración de justicia[36].
Al mismo tiempo, el cura Oro no dudó en recurrir a las autoridades seculares,
obteniendo el favor del gobernador Vértiz, quien —por diversos motivos— se
encontraba enemistado con el prelado. En virtud de este hábil manejo político,
los curas también contaron con el apoyo del cabildo secular. En efecto, a
pedido del cura Oro, los capitulares no dudaron en elogiar la labor de ambos
clérigos en el ejercicio de su ministerio:
ambos rectores en su exercicio parroquial no han dado motivo
a que los tengan por decidiosos, negligentes, ni avandonados en el cumplimiento
de sus deveres, sino antes si muchas pruebas de lo contrario, pues es notorio
el zelo, prontitud, y actividad con que desempeñan la obligación asistiendo
continuamente a la Iglesia y en ello a las gentes que concurren, ya en el confesionario
ya en el sagrario[37]
Además
de cuestionar el accionar del prelado y de buscar la protección de las
autoridades seculares de la ciudad, Oro recurrió a su red de conocidos,
parientes y amigos, obteniendo el respaldo —por escrito— de algunos de los principales
vecinos de Buenos Aires. A juzgar por las quejas del provisor eclesiástico, el
cura también había hecho circular sus escritos entre el público, con el
objetivo de ganar el apoyo de sus fieles. En efecto, el canónigo Maciel
afirmaba que Oro había mandado leer su alegato “en los estrados de las mugeres, a fin de captarse el favor del pueblo”[38].
Las duras críticas vertidas en su contra, al igual que la publicidad dada a la
causa, parecen haber suscitado la indignación del obispo, ya que en abril de
1773 éste impuso severas sanciones a ambos párrocos. En efecto, De la Torre
resolvió suspender a los curas en el ejercicio de su ministerio, imponiéndoles
la asistencia obligatoria a la misa de vísperas y reservándoles apenas una
tercera parte de su renta en concepto de alimentos.
Indignado
ante esta resolución, el presbítero Oro solicitó licencia al obispo para pasar
a Madrid y defender su causa ante el rey. De la Torre, que se encontraba a
punto de partir para el concilio de Charcas, dilató la respuesta y puso el
asunto en manos de Maciel. A pesar de la negativa de las autoridades
eclesiásticas, el cura obtuvo la licencia del gobernador Vértiz, quien lo
autorizó a pasar a la “otra banda” con el objeto de embarcarse rumbo a la
península. El provisor intentó impedir el viaje de Oro, valiéndose de las
gestiones del vicario eclesiástico en Montevideo y amenazando con excomulgar al
capitán del navío en que se hallaba embarcado el clérigo. A la postre, la
controversia desencadenaría en un conflicto jurisdiccional entre la autoridad
eclesiástica y la secular.
Ahora
bien, a pesar de estos contratiempos, Oro pudo continuar viaje y hacer oír su
voz en la corte de Madrid. En efecto, el 18 de noviembre de 1773 el cura
presentó una extensa representación ante el Consejo de Indias, en la que —además
de referir los detalles del conflicto— procuró rebatir cada uno de los cargos
formulados en su contra. Junto con el escrito, Oro adjuntó más de una docena de
pruebas, entre las que se encontraban copias de diferentes documentos, como las
partidas parroquiales y otros testimonios. Entre ellos resalta el plano de la
división parroquial de la ciudad, que incluía información muy precisa vinculada
a quienes se encontraban involucrados en el conflicto. Como hemos señalado,
esta pieza cartográfica había sido expresamente confeccionada para respaldar
algunos de sus argumentos; los cuales analizaremos con más detalle en las
próximas páginas.
Valiéndose
de esas pruebas y testimonios, Oro se encargó de refutar las acusaciones del
prelado, ponderando su celo, rectitud y caridad al frente del ministerio
parroquial. Entre otras cosas, el cura argumentaba que nunca había dejado de
administrar los sacramentos a los fieles de su parroquia, incluso fuera de su
semana de servicio, atendiendo a la “gente
blanca, negra y parda, rica y pobre, indistintamente”[39].
También hacía referencia a sus múltiples actos de caridad, como el condonar los
derechos parroquiales a sus feligreses o repartir limosnas a los pobres, “quanto menos [de] dos reales de plata para
su puchero”[40].
Además, el cura recurría a los registros parroquiales para dar cuenta de su
puntual cumplimiento del ministerio. En efecto, Oro afirmaba que él apenas se
había valido del auxilio de su ayudante, celebrando por sí mismo la mayoría de
los bautismos y casamientos realizados durante sus semanas de servicio. Por el
contrario, sus predecesores apenas habían administrado estos sacramentos,
descargando el peso del ministerio en sus ayudantes o tenientes[41].
Además
de rebatir las acusaciones en su contra, Oro no se privó de hacer gala de su
antijesuitismo, que ya para entonces constituía una de sus marcas personales.
En efecto, el cura argumentaba que el motivo por el cual solía pasar poco
tiempo en el confesionario era porque los fieles preferían a otros confesores
más laxos, que —en este punto— seguían las enseñanzas de los ignacianos. Por su
parte, Oro se apresuraba a aclarar que la doctrina que él había seguido “ha sido siempre pura, y no laxa, o
probabilistica”[42].
Asimismo, el cura se quejaba también de la cortedad de su renta, criticando al
obispo por la arbitraria división del territorio parroquial y por la
sustracción de una parte de los dos novenos decimales, que De la Torre le había
asignado a los nuevos curatos de San Nicolás y La Concepción.
Por
último, el párroco concluía su escrito con un conjunto de pedidos o
pretensiones, que incluían su reposición al frente del curato y la
indemnización de los gastos ocasionados por el viaje forzoso, así como la
posibilidad de mantener el servicio alternado con el otro cura rector. En su
última petición insistía en conservar el derecho a vivir en su casa particular,
ubicada fuera de los límites geográficos de la parroquia que administraba. La
exigencia de cumplir con la norma según la cual los sacerdotes debían residir
dentro del territorio parroquial para cumplir con sus obligaciones, lo había
llevado a una situación peculiar: el cura Oro se vio obligado a alquilar una
casa cercana —a apenas unos metros de su propiedad— como solución temporal para
ajustarse a los requisitos eclesiásticos. Para respaldar su postura, el cura
adjuntó como prueba el mencionado plano, detallando que otros sacerdotes
vinculados a la Catedral —en el pasado y el presente— tampoco cumplían con ese
requisito.
Los
argumentos y las pruebas aportadas por el párroco parecen haber convencido al
Consejo de Indias, ya que el 29 de agosto de 1774 el rey Carlos III expidió una
Real Cédula por medio de la cual avalaba casi todas las pretensiones formuladas
por el cura Oro[43].
En efecto, el monarca no sólo ordenó que se restituyera al clérigo
inmediatamente a su curato, sino que condenó al obispo y a su provisor a que lo
resarcieran de los gastos ocasionados en su viaje. Asimismo, el rey accedió a
la pretensión de Oro de continuar viviendo en su casa, además de avalar el
régimen de alternancia entre ambos curas. Con este rotundo éxito, Oro emprendió
el regreso a su patria, llegando a la ciudad de Buenos Aires en enero de 1775.
Enterado
de esta Real Cédula, Maciel suscribió un extenso escrito de defensa, a nombre
del obispo y de él mismo, solicitando la revisión de la resolución
recientemente adoptada por el monarca. Luego de realizar una pormenorizada reconstrucción
de la causa, el provisor -haciendo alarde de sus conocimientos en materia de
derecho civil y canónico- justificaba detalladamente los procedimientos y resoluciones adoptadas en
cada caso. Por otro lado, en su escrito, Maciel ensayaba una encendida defensa
de la dignidad episcopal y de las prerrogativas y atributos propios de la
justicia eclesiástica:
[la potestad eclesiástica] brilla en el firmamento de la
Iglesia como el sol que es el luminar mayor, y que tiene para sí mismo la luz
con que resplandece. Los obispos son estas lumbreras de la Iglesia, que por la
institución misma de Jesu-Christo rigen y gobiernan con un poder absoluto la
porcion del rebaño que les ha tocado
Aunque en otros momentos Maciel había
enarbolado la causa regalista, que parecía concederle un mayor margen de
maniobra en sus aspiraciones intelectuales y en su apertura hacia las ideas del
siglo (Chiaramonte, 2007, p. 20; Pisano, 2022, p. 53), en este escrito parece
adoptar la posición contraria. La flexibilidad y adaptabilidad con que el
provisor tejía y destejía sus alianzas políticas se refleja también en su
cambiante posición con respecto al vínculo entre Corona e Iglesia. En cualquier
caso, es probable que, en un momento de renovado y acuciante regalismo, esta
enfática defensa de la jurisdicción eclesiástica y del origen divino de la
institución episcopal no fuera del agrado de los miembros del Consejo de
Indias. No resulta sorprendente que los argumentos de Maciel no hayan tenido el
efecto esperado, ya que la Real Cédula se mantuvo vigente en los términos en
que había sido sancionada en 1774.
Ahora
bien, tampoco el presbítero Oro había logrado cumplir con todos sus cometidos.
Aunque el párroco había retornado a la ciudad y había conseguido ser restituido
a su curato, nunca logró hacerse de la indemnización y de los resarcimientos
estipulados. Las dilaciones y estratagemas jurídicas del provisor, del
mayordomo del obispo, del colector de diezmos, del mayordomo de la catedral y
del propio cabildo eclesiástico le impidieron percibir las rentas devengadas
durante su ausencia, además de la indemnización con que debía resarcirlo el
prelado. En efecto, De la Torre había muerto en Charcas en 1776, sin que Oro
pudiese cobrar la reparación que le había sido reconocida. Para el momento de
su muerte, en 1780, el cura seguía litigando ante los tribunales civiles,
reclamando el cumplimiento de la mencionada Real Cédula[44].
La
historia del plano perdido del presbítero Oro
Así,
vista a la distancia, la defensa del cura Oro ante las cortes peninsulares tuvo
claroscuros. Su regreso al Río de la Plata en septiembre de 1774 estuvo cargado
de victorias, en apariencia, incontestables: la restitución a su curato, el
permiso para residir fuera de él, la validación del régimen de alternancia y la
promesa de indemnización por los gastos efectuados para llevar a cabo su
defensa. Incluso la reprimenda impuesta al obispo Manuel Antonio de la Torre y
a su provisor Juan Baltasar Maciel —figuras clave en la jerarquía religiosa con
proyectos políticos e ideológicos definidos— debió de ser un triunfo simbólico
para Oro. En efecto, se trataba de dos figuras con trayectorias muy destacadas
en las altas magistraturas religiosas, desde las cuales buscaron concretar
proyectos políticos y modos de pensar la comunidad, con marcas personales e
ideológicas singulares. Sin embargo, estos logros iniciales ocultaban un
panorama más complejo.
Los
enfrentamientos de la década de 1770 dejaron cicatrices duraderas. Para 1780,
Maciel era el único sobreviviente directo de aquella disputa, aunque su destino
fue amargo: desterrado a Montevideo en 1786, murió en 1788 sin alcanzar la
deseada mitra episcopal. No obstante, las tensiones continuaron en los años
siguientes bajo diferentes formas: debates sobre las corridas de toros en días
festivos, la fiscalización de juegos de azar o los conflictos de etiquetas.
Estas discusiones, aunque razonables y pertinentes en el clima intelectual y
social de la época, enmascaraban luchas más profundas: la puja por recursos
materiales -como las rentas parroquiales o episcopales- y el control
jurisdiccional sobre el espacio urbano y sus símbolos de poder.
Unas
y otras dejaron huellas, algunas de las cuales tardaron en salir a la luz. El Plano de la Ciudad de Buenos Aires de
Oro, creado en el siglo XVIII, emergió como prueba clave de estas disputas
siglos después. Este “Mappa” fue publicado por primera vez por Francisco Actis
(1943a) en el primer número de la revista Archivum.
Revista de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina junto a un breve
análisis y descripción de la pieza, cuyo original se encontraba por entonces en
poder del Dr. Enrique Ruiz Guiñazú, quien —a su vez— decía haberlo adquirido en
Europa. Unos pocos años más tarde, en 1946, Juan Probst lo reprodujo en el
marco de su estudio sobre la figura de Juan Baltasar Maciel[45]. Lo
propio haría Cayetano Bruno en su Historia
de la Iglesia en la Argentina, vinculándolo explícitamente al conflicto
original. Por otro lado, este mapa resultaba coincidente con la reconstrucción
trazada por el historiador y archivista Ricardo Trelles[46],
quien había publicado un esbozo de las jurisdicciones parroquiales urbanas en el
Registro Estadístico de la Provincia de
Buenos Aires, en 1856 (Figura 2)[47].
Figura
2. División
Eclesiástica de la Ciudad de Buenos Aires, hecha en el año 1769
Fuente:
Carbia, 1914, p. 163
Pero
no todas eran coincidencias. Vale la pena detenerse en algunas de las
particularidades del mapa de Oro, solo inteligibles a la luz del conflicto que
estamos analizando. Si en la reconstrucción de Trelles el espacio de la ciudad
se revela homogéneo y continuo, el plano de Oro, como hemos mencionado al
comienzo, muestra los “huecos” o “vacíos” y resalta el territorio de la
Catedral, donde se concentran los principales intereses y recursos en disputa.
Además de su escala y de la rosa de los vientos, contiene otros detalles
calculados: dos hexágonos al pie donde se especifica el tipo de información
colocada en su interior: en un caso los colores que corresponden a cada
parroquia y, en el otro, de las distancias que se introducen en las Notas. Estas Notas flanquean el plano. A la izquierda se listaban los edificios
emblemáticos (Fuerte, Cabildo, hospital, iglesias, conventos y colegios) junto
a las residencias o “casas” de un grupo de eclesiásticos influyentes, que
habían sido en el pasado o lo eran en ese momento curas de la catedral (Dr. Dn
José Antonio de Oro, Dr. Dn. Miguel de Leyva, Dr. Dn Juan José Fernández de
Córdoba, Dn Josef Arroyo). En el lado derecho del plano otra lista o “Notas”
donde se puede leer:
La Cathedral dista de los límites al N. 8 ½ quadras y acia
el sur solam.e 7 dichas idem. La misma Iglesia dista por el Leste 2 quadr.s
exclusive la Barranca del Rio y por el Poniente otras 2 Idem. Calle derecha de
las Torres, hasta topar con el Num.o 21 q.e es la esquina de Arroyo.
La Casa del Cura D.or Oro dista de la Cathedral 453 vs y del
Num.o 19 que es territorio de dha Iglesia, en linea paralela 75 ½ idem.
La Casa del D.r Leyva, cura que fue de dha Iglesia dista de
esta 523 varas como se ve por el Num.o 18.
La casa del D.r Cordova cura que tambien fue (y oy con el
dho Leyva son Prebendados) dista de la citada Ig.a 291 varas.
N.o. de la casa propia del D.or Oro que es la del N.o 17, se
mudó en virtud dl Orden del R.do Obispo a la del N. 19, pero el Prov. le mandó
q la dexase y se pasó a vivir a la del N.o 22 por obedecer[48]
Un
análisis detallado del plano de Oro revela marcas estratégicas, particularmente
en el uso de dos unidades de medida con fines diferenciados. Por un lado. las
cuadras precisan los límites territoriales de la Catedral en los cuatro puntos
cardinales (norte, sur, este y poniente), definiendo así su jurisdicción en el
entorno urbano. Por su parte las varas lineales miden con precisión matemática
la distancia entre la Catedral —situada cerca de la Plaza Mayor, núcleo
político y simbólico de la ciudad— y las casas de “los curas de la catedral”,
como las habitadas por Oro, como propietario (17) o inquilino (22), la de Leyva
(18) y la de Fernández de Córdoba (20). Las cuadras que componían el territorio
de la catedral, “colorado o “encarnado” (en las versiones de De la Torre y de
Oro, respectivamente), y las distancias entre la sede parroquial y las
residencias de sus curas estaban en la base de los argumentos esgrimidos para
sostener sus reclamos.
En
este punto, resulta interesante corroborar que en el plano coexisten dos formas
de entender la jurisdicción parroquial: una basada en mediciones precisas (como
varas y cuadras) y otra, más visual, que prioriza la concentración de viviendas
y población, es decir, la cantidad de feligreses, quienes, en definitiva,
determinaban la viabilidad o congruidad de un curato. Al inicio del artículo,
señalábamos cómo el obispo De la Torre, al crear nuevas parroquias, combinaba
ambos criterios: la distancia física o geométrica y el número de habitantes.
Según sus registros, las “quadras” de la Catedral medían 155 varas cada una, “aunque el numero de Almas que comprehende es
poco menos que todas las demás parroquias”[49]. No
casualmente, Oro también se permitía criticar la gestión del obispo en esta
materia, al cuestionar los criterios utilizados por De la Torre para determinar
los límites y alcances de las nuevas jurisdicciones. En efecto, en su
representación ante el Consejo de Indias, el cura afirmaba que el prelado había
actuado en este punto sin “causa urgente
y contra la voluntad del vecindario”, privilegiando la distribución
poblacional en lugar de la distancia física con respecto a la sede parroquial:
pues no distando de dicha catedral algunos [vecinos], más
que tres quadras, y otros apenas dos, los ha dejado feligreses de San Nicolás
de cuia parroquia quando menos distan siete de dichas quadras que hacen 1057
varas, y por lo mismo expuestos a perecer en una contingencia sin sacramentos
como lo deponen los mismos testigos.[50]
En
otra investigación sobre las parroquias del norte de la campaña bonaerense para
la misma época (Barral y Roca, 2024), observamos que para delimitar estas
jurisdicciones se utilizaban múltiples referencias: desde medidas en leguas o
varas hasta el tamaño de la población necesaria para mantener a un clérigo.
Incluso en un territorio reducido como la Buenos Aires de 1770, surgían
desafíos para la monarquía al gobernar territorios percibidos como homogéneos y
donde se superponen y coexisten distancias físicas, culturales y sociales
(Barriera, 2024).
Consideraciones
finales
El conflicto que hemos analizado en este
artículo ofrece nueva luz sobre algunas de las tensiones que surcaban a la
jerarquía eclesiástica porteña de la segunda mitad del siglo XVIII, en una
coyuntura de cambios y transformaciones particularmente intensos. Este momento
crítico, situado en torno a las décadas de 1760 y 1770, se encontraba signado
por las disputas entre filo-jesuitas y anti-jesuitas, la complejización y
ampliación de la estructura parroquial urbana, los crecientes enfrentamientos
entre las autoridades religiosas y seculares de la ciudad, así como por el
propio crecimiento económico y demográfico de la región, que habría de culminar
en la elevación de Buenos Aires al nuevo estatus de cabecera virreinal.
En este contexto, se enmarcan una serie
de disputas y controversias, que dan cuenta de la creciente conflictividad
dentro de la propia jerarquía eclesiástica local, así como entre ésta y las
autoridades seculares de la ciudad. Al margen de cuestiones simbólicas y de
etiqueta, se dirimían —sobre
todo— aspectos muy
concretos, relativos al ejercicio del propio ministerio parroquial, a la
recaudación y administración de recursos, a la determinación territorial y
jurisdiccional de los nuevos curatos urbanos, así como a la naturaleza del
vínculo -por
momentos, sumamente conflictivo- entre las autoridades civiles y las eclesiásticas.
Las presentaciones realizadas por el
presbítero José Antonio de Oro, al igual que las acusaciones formuladas en su
contra, nos permiten dar cuenta de algunas de las características y
especificidades que revestía el codiciado oficio de párroco rector de la
catedral. Ciertos aspectos de este conflicto, como el problema de las
ausencias, de la residencia o no en el propio curato y de las controversias en
torno a la administración y recaudación de recursos, muestran similitudes con la
experiencia de otros curas en diversos momentos o espacios (Ayrolo, 2007;
Mazzoni, 2019). Sin embargo, estos párrocos urbanos, que se desempeñaban al
frente del curato más próspero
y prominente de la diócesis, gozaban de una posición privilegiada, que -además de una generosa congrua- les concedía una singular
visibilidad y solía redituar en ascensos y promociones. Tal fue el caso de los
inmediatos predecesores de Oro al frente de este curato, los doctores Leyva y
Fernández de Córdoba, quienes serían ascendidos al rango de canónigos luego de
su paso por la catedral[51].
Asimismo, el conflicto que estudiamos revela el rol eminentemente “político” de
estos clérigos, que —como
en el caso de Oro y Maciel—sabían tejer alianzas no sólo dentro de la corporación eclesiástica,
sino también entre los diferentes bandos y facciones en que se dividía la
propia élite local. Incluso el uso del rumor y la circulación de escritos entre
los propios feligreses podía transformarse en un medio adecuado para ganarse el
favor del público.
El plano de Oro se presenta, entonces,
como una “huella material” de estos conflictos superpuestos, que tardó mucho
tiempo en ser analizado críticamente como herramienta política y no solo
geográfica. Resituado en su contexto de producción lo hemos redescubierto como
un artefacto de legitimación construido a partir de una serie de operaciones
que permiten espacializarlo y, de este modo, recuperar el espesor y los límites
de lo que se ponía en juego. Al mismo tiempo, esta representación/artefacto,
crea una memoria y fija una versión de la reconfiguración de los territorios
parroquiales y expresa las jerarquías de sus sedes de un modo singular: la
sobre-representación de la Catedral y de sus curas revela una geografía del
privilegio eclesiástico.
Asimismo, este plano muestra y selecciona
una posible “capa” de la vida política de la ciudad: algunas de las principales
sedes de poder civil y religioso, las jurisdicciones y las sedes parroquiales,
la densidad de las feligresías en cada curato y las residencias de sus curas.
Sin embargo, al mismo tiempo, oculta la pluralidad social y política que
coexistía en este territorio: otras instituciones y funcionarios civiles o
militares, las residencias de comerciantes y de otros eclesiásticos[52], o
las habitaciones de las personas esclavizadas e incluso las nuevas plazas o los
mercados, entre otras posibilidades. En línea con la reflexión crítica de Carla
Lois (2010), este plano desmonta la ilusión de transparencia cartográfica y se
presenta como un artefacto estratégico cargado de intencionalidad. Su aparente
neutralidad —vinculada a la noción de “certeza
clara y manifiesta”—
oculta operaciones políticas y jurídicas que lo transforman en prueba
legitimadora dentro de disputas políticas muy precisas. La cartografía,
entonces, no copia la realidad, sino que la disputa a partir de una cuidadosa
construcción de la evidencia.
Por último, es clave destacar que, para
entender estos conflictos, es necesario estudiar las relaciones entre los
actores religiosos y las autoridades civiles, pues tales interacciones no solo
influyeron en el desenlace de las disputas, sino que revelan la
interdependencia entre ambas esferas en la configuración del poder[53]. El
caso de José Antonio de Oro muestra cómo las alianzas estratégicas con figuras
como el virrey Vértiz -quien lo autorizó a viajar a España, desafiando al
obispo De la Torre y al provisor Maciel- o el respaldo recibido del cabildo
secular fueron herramientas clave para contrarrestar a sus adversarios dentro
de la jerarquía eclesiástica. De manera similar, cuando el virrey Loreto
desterró a Maciel a Montevideo, demostró cómo el patronato real permitía a las
autoridades civiles intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos y
alterar los equilibrios de poder. Así, el estudio de estas conexiones no solo
enriquece nuestra comprensión de las dinámicas internas de la jerarquía
eclesiástica, sino que destaca la necesidad de abordar estos conflictos desde
una perspectiva integral, donde las negociaciones o los favores de las
autoridades civiles emergen como elementos constitutivos de un sistema de
interdependencias que modeló tanto el gobierno religioso como la legitimidad
virreinal.
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