Revista Andes, Antropología e Historia
Vol. 34, Nº 2, Julio – Diciembre 2023
Esta obra está bajo licencia de Creative
Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
El diálogo de
saberes en una
política de relocalización: reflexiones a partir de una
experiencia colaborativa entre la antropología y el Estado
KNOWLEDGE EXCHANGE IN A POLICY OF RELOCATION: INSIGHTS FROM A
COLLABORATIVE EXPERIENCE BETWEEN ANTHROPOLOGY AND THE STATE
María Carman
Instituto
Gino Germani, Universidad de Buenos Aires,
Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
mariacarman1971@gmail.com
Romina
Olejarczyk
Instituto
Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
romiolejar@gmail.com
Fecha de ingreso: 15/03/2023 Fecha de aceptación: 24/08/2023.
Resumen
El propósito de este
trabajo es reflexionar, desde una perspectiva etnográfica, sobre una experiencia
intersubjetiva de producción de conocimiento e intervención territorial en el
marco de la política de relocalizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo para, a
partir de esa experiencia, repensar en forma situada las diferencias entre un
diálogo de saberes en sentido fuerte y un diálogo de saberes en sentido débil.
Luego de reponer los aspectos que caracterizaron a las primeras
relocalizaciones porteñas en el marco de la causa de la cuenca
Matanza-Riachuelo, caracterizaremos el período de profesionalización de las
relocalizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Seguidamente, recuperaremos las
diversas líneas de trabajo colaborativo que desarrollamos entre los años 2013 y
2016, que incluyeron la elaboración de un Protocolo de relocalizaciones.
Si un intercambio de
saberes en sentido débil involucra –desde la posición de los “expertos” – una
reproducción de las asimetrías entre profesionales y destinatarios/as de la
política, un intercambio de saberes en sentido fuerte pone en juego una
reflexividad intensiva que habilita ajustes en los repertorios de acción, con
consecuencias tangibles en los asuntos la vida que importan a los sectores
subalternos.
Palabras clave: relocalizaciones, protocolos, cuenca Matanza-Riachuelo, villas, carreros.
Abstract
The purpose of this paper is to
reflect, from an ethnographic perspective, on an intersubjective experience of
knowledge production and territorial intervention in the framework of the
relocation policy of the Matanza-Riachuelo basin in order to rethink, from this
experience, the differences between a dialogue of knowledge in a strong sense
and a dialogue of knowledge in a weak sense. After reviewing the aspects that
characterized the first relocations in Buenos Aires in the context of the
Matanza-Riachuelo basin cause, we will characterize the period of
professionalization of relocations in the city of Buenos Aires. Next, we will
recover the various lines of collaborative work that we developed between 2013
and 2016, which included the elaboration of a Relocation Protocol. If an
exchange of knowledge in a weak sense involves - from the position of the
"experts" - a reproduction of asymmetries between professionals and
policy recipients, an exchange of knowledge in a strong sense brings into play
an intensive reflexivity that enables adjustments in the repertoires of action,
with tangible consequences on the issues of life that matter to the subaltern
sectors.
Key words: Protocols, Matanza-RiachuelobBasin, villas, carreros
Introducción
El
propósito de este trabajo es reflexionar sobre una experiencia intersubjetiva
de producción de conocimiento e intervención territorial en el marco de la
política de relocalizaciones de la cuenca Matanza-Riachuelo para, a
partir de esa experiencia, reconstruir diferencias entre un diálogo de saberes
en sentido fuerte y un diálogo de saberes en sentido débil.
Las intervenciones públicas que hemos
de relatar fueron concebidas como parte de un intercambio permanente entre
cinco colegas amigas, nucleadas en un equipo de investigación de la Universidad
de Buenos Aires –en nuestra jerga, el equipo UBACyT–.
A lo largo del trabajo reconstruiremos esa experiencia de trabajo colectivo:
tres de nuestras compañeras se desempeñaban como trabajadoras de base[1]
en el Instituto de Vivienda (de aquí en adelante, IVC) y posteriormente en la
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar); y las dos restantes –autoras
de este artículo– nos dedicamos exclusivamente a la investigación de la
problemática de las relocalizaciones.
En el célebre “fallo Mendoza” del año
2008, la Corte Suprema de Justicia Argentina responsabiliza al Estado Nacional,
al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al de la provincia homónima por el
daño ambiental generado en la cuenca Matanza-Riachuelo. El fallo en cuestión
ordena mejorar la calidad de vida de la población, recomponer el ambiente y
prevenir futuros perjuicios. Como consecuencia de ese fallo, los/las habitantes
de villas y asentamientos ubicados dentro de los 35 metros del borde de ese cauce
contaminado debían ser relocalizados/as: ellos fueron conocidos/as como los/as afectados/as.
Partiendo de un diagnóstico crítico del modus
operandi[2]
estatal hasta ese momento y con la participación de organizaciones sociales y
habitantes de diversos barrios afectados por la causa judicial, procuramos
incidir en esta política pública a partir de un set de acciones intensivas
entre los años 2013 y 2016. Este set de acciones estuvo conformado por el
diseño y la puesta en práctica de nuevos dispositivos de intervención
territorial; la producción y la puesta en circulación, entre los decisores de
la política pública, de documentos que trazaban los lineamientos básicos de las
relocalizaciones; el dictado de desayunos de trabajo destinado a funcionarios/as
y empleados/as del Instituto de Vivienda; la redacción y aprobación oficial de
un protocolo de relocalizaciones; y por último, el desarrollo de convenios entre
el Instituto de Vivienda de la Ciudad y nuestro Instituto de Investigaciones
(Gino Germani) con el doble propósito de asesorar al IVC y evaluar el impacto
de las relocalizaciones en un barrio específico.
En un
trabajo anterior[3]
reconstruimos el producto “estrella” de esa intervención pública: el protocolo de
relocalizaciones que redactamos contrarreloj mientras trabajábamos con –o investigábamos sobre– los/as vecinos/as afectados/as. La aprobación de este
innovador protocolo
por parte del Instituto de Vivienda supuso establecer los
lineamientos básicos del modo en que deberían llevarse a cabo los procesos de
relocalización.
En este
trabajo nos proponemos reconstruir las articulaciones entre investigación e
intervención territorial en el marco de esta política pública[4]. Una de
las particularidades de este campo fue nuestra presencia simultánea en
distintos territorios, ya sea como trabajadoras estatales o como etnógrafas,
que pudo ser capitalizada por el hecho de formar parte de un mismo equipo de
investigación. A partir de esos intercambios entre nosotras en los barrios, las
reuniones con funcionarios/as o en las discusiones del equipo UBACyT, pudimos
generar intervenciones públicas disruptivas, en tanto trabajadoras de un organismo
de gestión estatal –el IVC, y luego Acumar– o como productoras de materiales
propositivos puestos a circular entre los organismos encargados de implementar
o monitorear la política de relocalizaciones.
Luego de la descripción de las
distintas prácticas de intervención,
señalaremos las diferencias entre un diálogo de saberes en sentido fuerte y un
diálogo de saberes en sentido débil, identificando los horizontes de sentido
que dan forma a uno y
otro, así como los efectos diferenciales que producen. Si un
intercambio de saberes en sentido débil involucra –desde la posición de los/as
“expertos/as”– una reproducción de las asimetrías entre profesionales y
destinatarios/as de la política, un intercambio de saberes en sentido fuerte
pone en juego una reflexividad intensiva que habilita ajustes en los
repertorios de acción, con consecuencias tangibles en los asuntos de la vida
que importan a los sectores subalternos. Lejos de impartir recetas o pontificar
diálogos “ideales”, nos moviliza otro propósito: desenmascarar aquellas circunstancias en las
que, en nombre de la participación, se perpetúan prácticas de subalternización,
desestimando las demandas de los sectores más desfavorecidos.
Sobre la (nunca confesada)
superioridad moral del cientista social
Antes de
adentrarnos en nuestro caso, queremos reflexionar sobre algunas producciones
académicas contemporáneas que realizan una denuncia tan magnánima como
perentoria del accionar estatal destinado a sectores populares urbanos. No se
trata de un desvío respecto de la problemática a abordar, sino lo contrario:
nuestra disidencia ética respecto de este habitus
académico inspiró y forjó la necesidad de escribir este trabajo.
Cuando el/la
investigador/a carece de un trato directo con los/as funcionarios/as de
escritorio y trabajadores/ras de base que, en diversas arenas, operacionalizan
una política, esta suele reconstruirse penosamente a partir de fuentes
indirectas: la letra escrita de un programa estatal; los números “duros” de la
intervención territorial; las apreciaciones que algunos/as agentes estatales o
habitantes afectados/as por esa política verbalizan frente a un medio de
comunicación o, en el mejor de los casos, frente a ese extraño por excelencia
que es el propio cientista social.
La autoridad nativa provista por esas entrevistas disimula un
hecho fundamental: el/la investigador/a no ha participado de carne y hueso en
los intercambios verbales y no verbales entre agentes estatales, villeros/as y
otros actores. El/la investigador/a tampoco se ha visto afectado/a por las
tensiones que supone la práctica de la micropolítica a lo largo de los años:
negociaciones, complicidades, traiciones, pequeños triunfos y derrotas en ambos
“bandos”, giros y reposicionamientos que son el corazón de esa larga conversación
entre los/as agentes estatales, los/as habitantes populares y otros/as
protagonistas clave del conflicto en cuestión.
No
resulta extraño, entonces, que estos/as investigadores/as
contrarreloj apliquen un doble estándar: si las puertas al aparato
estatal se encuentran más o menos vedadas, alcanzará con entrevistar a los/as
beneficiarios/as de las políticas para deducir, de esas enunciaciones, el
entramado de interacciones en las que no hubo chance –o tiempo, o capital
social, o voluntad– de ser partícipe.
El doble
estándar consiste en practicar una injustificada asimetría en el campo:
reconstrucción de primera mano del punto de vista de los/las destinatarios/as
de la política versus reconstrucción indirecta de las intervenciones
territoriales de los/as agentes estatales ¿Qué resultados obtiene una
investigación cuya principal “fuente de verdad” es aquello que los/as
informantes clave responden a pedido del outsider, en
una suerte de metonimia apresurada en la que las voces cantantes de un
territorio transmutan en sentido común? A casi cuarenta años de la publicación de los textos
emblemáticos de la antropología posmoderna y su crítica de los mecanismos de
producción de la autoridad etnográfica en obras clásicas, cuesta creer que aún
se practique una ciencia social a tal grado ingenua.
Como hemos
comprobado en más de una ocasión, un involucramiento tenue del investigador en
el campo suele ser directamente proporcional a la vehemencia de sus juicios o lo
taxativo de sus veredictos. La denuncia efectista de un Estado indiferente o
perverso frente a vecinos/as víctimas o empoderados/as –o bien una combinatoria
de ambas– es un atajo atractivo para nuestro investigador/a, en la medida en que las
vivencias de los/as habitantes populares, apenas vislumbradas a partir de un número acotado de entrevistas, no puede ser
matizada por su experiencia directa.
¿En qué corpus de experiencias se basan estos/as investigadores/as,
cuál es el plazo temporal en que acompañan estas vivencias y en qué medida se ven afectados/as
por el campo? Y más importante aún:
¿cómo podemos ofrecer alternativas de análisis de más largo aliento?
La
ciencia social de sesgo discursivista otorga, como señala con acierto Julieta
Quirós, un privilegio empírico y
analítico a la palabra dicha por sobre
las perspectivas de carácter vivencial y las materias concretas con las cuales
las personas actúan a diario. Se trata de una actitud evasiva por parte del/de
la investigador/a, afirma Quirós: “una forma
de decir algo manteniéndonos por fuera[5]”. La
autora explora las distancias entre esa obsesión por la palabra dicha –la
política que es explicada, enunciada– y la política vivida, que consiste en
acompañar distintas instancias de la vida ordinaria de los sujetos.
Si nos contentamos con reponer aquellos
términos en los cuales una política es comentada por algunos de sus
destinatarios/as –por lo general, los más locuaces–, deberíamos al menos ser
conscientes de la escasa afinidad electiva entre nuestro objeto de estudio y la
metodología de intervención utilizada. La política implementada, interrumpida y
mil veces transformada solo logrará ser avizorada en su formulación inicial o,
en el mejor de los casos, en sus resultados finales. El día a día de un campo de difícil acceso, como suele ser una política
destinada a habitantes de villas, no formará parte del análisis y,
simétricamente, el/la investigador/a jamás logrará una interpelación profunda
de su rol como cientista social o corresidente de la misma ciudad
por no haber compartido un acervo de experiencias capaces de conmover sus
puntos de partida.
No
resulta inusual entonces, que el/la investigador/a oscile entre una lectura
miserabilista de los hechos –los sectores populares vistos como víctimas
inertes de un Estado “malvado”– y una lectura demagógico-populista[6]: ellos/ellas conforman un
colectivo homogéneo que logra cambiar el rumbo de las políticas y torcer el
brazo del aparato estatal.
Ambas
explicaciones, sintomáticas de un vacío de campo,
olvidan dar cuenta de las contradictorias experiencias que los sectores
populares suelen tener con los/as agentes estatales en su vida cotidiana,
reafirmando en el mismo gesto la posición magnánima del/ de la cientista
social. Como señalamos en
otra etnografía, los/as habitantes de barrios populares suelen defender y
denostar, simultáneamente, a los/as representantes estatales con los/as cuales
intercambian en la vida de todos los días: una “impureza” crucial de ese
vínculo que varios/as colegas prefieren eludir de su análisis[7].
¿Qué
alternativas tenemos entonces frente a las posiciones de superioridad moral del
cientista social, o bien de exterioridad –esa “forma
de decir algo manteniéndonos por fuera” que señalaba Quirós–[8]?
En
abierta confrontación con este habitus
académico, narraremos a continuación una experiencia de producción de
conocimiento que estuvo signada por la mutua afectación. En la literatura sobre afección, el énfasis suele estar puesto en las
transformaciones que sufre el/la etnógrafo/a en relación a su interacción con
un determinado grupo humano. En este artículo abordaremos un aspecto menos
explorado de la afección: aquello que acontece en el entre-nos de un grupo de
colegas de un equipo de investigación, desenvolviéndose ya sea como etnógrafas
o bien trabajadoras de base de una institución estatal. Las colegas que actuaban como trabajadoras de base en la implementación de la política pública de relocalización
vieron acompañada su intervención desde otra “trinchera”: la investigación, y el trabajo de campo
en el mismo territorio.
Los comienzos de las relocalizaciones porteñas
(2010-2012)
La cuenca hídrica de los ríos Matanza y
Riachuelo abarca 64 kilómetros a lo largo de la provincia de Buenos Aires y
vierte sus aguas en el Río de la Plata, a la altura del barrio de La Boca. A
partir de un reclamo por daño ambiental colectivo presentado por un grupo de
vecinos/as de la cuenca, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta el
“fallo Mendoza” en el año 2008. Dicha sentencia dispone líneas de acción y un
ordenamiento territorial para la refuncionalización de la cuenca; define los
municipios involucrados y el plazo en que las obras deben ser ejecutadas. Dos
años antes del fallo se dispuso la creación de la Acumar: un ente tripartito
compuesto por el Estado Nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuya misión es llevar adelante el Plan Integral de Saneamiento
Ambiental (PISA) que incluye obras de infraestructura, limpieza de basurales,
control de las condiciones ambientales y de la actividad industrial.
En el año 2008, la ejecución de la
causa Mendoza fue delegada por la Corte Suprema en Luis Armella, juez federal
de Quilmes. Una resolución de este juez dictaminó la remoción de cualquier
construcción que estuviera en los 35 metros que bordean el río
Matanza-Riachuelo. Se dispuso además la relocalización de villas y
asentamientos con el objeto de producir un reordenamiento territorial y
ambiental que permitiera generar un corredor verde en la franja ribereña[9].
El cumplimiento de la disposición
judicial en la Ciudad de Buenos Aires estuvo a cargo de la gestión del partido
Propuesta Republicana (PRO), una coalición neoliberal de centroderecha que
gobierna la ciudad desde el año 2007[10].
La tarea de relocalización fue encomendada al Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, el cual creó en 2011 la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) para tal fin. Este organismo debía relocalizar a 1837 familias[11]
de diversos barrios.
Las primeras acciones emprendidas por
el Gobierno de la Ciudad fueron los desalojos de familias que vivían en
terrenos dispersos sobre las orillas del Riachuelo, a las que no se les ofreció
ninguna alternativa de vivienda. Durante 2010 y a partir de órdenes impartidas
por el juez a cargo de la causa, diversos/as agentes del Ministerio de
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Defensa Civil,
de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana implementaron los primeros
desalojos y la demolición inmediata de las viviendas de pequeños asentamientos
ubicados a orillas del Riachuelo en los barrios de La Boca, Barracas y Pompeya.
Sus habitantes fueron conocidos como los sueltitos,
ya que sus viviendas se encontraban dispersas en la ribera.
Los organismos defensores denunciaron oportunamente
el caso emblemático de “Los Juanes”, dos hombres que vivían desde hacía
veintidós años en una casa cedida por Prefectura en el barrio de La Boca y que
ganaban alrededor de 20 pesos al día. Uno de Los Juanes sufría ataques de
epilepsia y no se realizaba controles desde hacía meses. A pesar de la
intermediación de un organismo tutelar, el juez dispuso el desalojo compulsivo
y la casa fue derribada. El Gobierno de la Ciudad no les brindó ningún
seguimiento ni asistencia terapéutica y, luego de un par de días en un hotel,
fueron a vivir a los peldaños de una escalera, en el mismo sitio donde antes
había estado su vivienda. Además de Los Juanes, hubo al menos diecisiete casos
de habitantes de ocultas villas ribereñas que fueron desalojados/as sin habérseles
asignado previamente una vivienda. En los casos más extremos hubo una orden de
allanamiento penal a personas indeterminadas y uso de la fuerza pública, y las
pertenencias de los/as expulsados/as fueron destruidas[12].
Incluso se los/as obligó a firmar un comprobante de que esa relocalización
verdaderamente existió, o bien se los/as conminó a aceptar –luego de la
demolición de sus casas– un subsidio de 750 pesos[13].
Durante 2011, el IVC relocalizó villas
de tamaño intermedio: Villa Luján, El Pueblito y Magaldi. Estas acciones se
caracterizaron por su compulsividad y por la negación sistemática del derecho
de acceso a la información y a la participación de las familias afectadas. Los/as
funcionarios/as del IVC proferían ultimátums de
mudanza y reprochaban a los/as vecinos/as el haber elegido construir su chaperío a orillas del río. Las familias debían trasladarse
a viviendas que no conocían, de tamaños no siempre adecuados a su conformación,
y dificultades para acceder a los servicios de salud y educación en su nuevo
entorno.
Los/as habitantes de estos barrios
fueron obligados/as a trasladarse a conjuntos habitacionales alejados de sus
barrios de origen. A esto se sumaban las precarias condiciones edilicias de sus
nuevos domicilios: se derrumbaban cielorrasos; filtraba agua por las aberturas
y los techos; colapsaban los desagües cloacales o las viviendas carecían de
agua durante semanas debido a fallas de planificación en el tendido de
servicios y en la ejecución de las obras. Además, el diseño de los conjuntos
habitacionales no respondía a las necesidades y prácticas cotidianas: contaban
con escaso espacio verde para el esparcimiento, no había locaciones específicas
para usos comunitarios ni para actividades comerciales o productivas que las
familias desarrollaban en su villa de origen.
El IVC no implementó ningún tipo de
acompañamiento a las familias ni antes de la mudanza –lo que les hubiera
permitido planificar cómo se desarrollaría su vida una vez relocalizadas– ni
después de ser mudadas. Desde el momento en que estas abandonaron las márgenes
del Riachuelo, se las pasaba a considerar como familias ya atendidas,
dando por cumplida la manda judicial tras su traslado a viviendas nuevas y la
consecuente liberación del camino de sirga.
La entrega de una vivienda nueva
resultaba casi un acto de beneficencia para aquellos cuerpos que, desde la
perspectiva del juez, obstruían el
espacio público. Si bien las vulneraciones de los derechos de las familias
fueron denunciadas por actores vinculados con la causa judicial Mendoza,
pasaron varios años antes de que se reconociera en la agenda pública que las
relocalizaciones por sí solas no significaban una mejora en la calidad de vida
de la población. La compulsividad de estas acciones cesó cuando el IVC debió
abordar aquellas villas que contaban con mayor consolidación edilicia y
estructuras organizativas fortalecidas, como fue el caso de la Villa 21-24. El
IVC se enfrentó allí con un cuerpo de delegados/as que contaba con el apoyo y
asesoramiento de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asesoría Tutelar de Menores y de ONG locales. Durante 2012 se hicieron públicos
múltiples cuestionamientos al IVC por el escaso avance del proceso de
relocalización ordenado por la Corte Suprema de Justicia pero, fundamentalmente,
por la falta de participación de la población en el plan presentado. Como
consecuencia, las mesas de trabajo –espacios formales de intercambio entre
damnificados/as y funcionarios/as públicos/as encargados de la relocalización–
fueron primero obstaculizadas por el Gobierno de la Ciudad y luego suspendidas.
Los años de profesionalización de las relocalizaciones (2013-2016)
Nuestro equipo de investigación UBACyT
venía desarrollando un trabajo de campo con afectados/as de la causa Mendoza,
así como con las instituciones a cargo de la ejecución de esa política. Dos de
nosotras nos dedicábamos exclusivamente a la investigación; otra trabajaba en
la Defensoría del Pueblo; una cuarta compañera era habitante de una de las
villas afectadas y activista en la causa.
A principios de 2013, el Instituto de
Vivienda contrató nuevo personal para el abordaje territorial de las
relocalizaciones: allí se sumaron tres compañeras de nuestro equipo. Asimismo,
el IVC reanudó la participación de los actores que habían sido “vedados” de las
mesas de trabajo. No fue una conciencia humanitaria la que llevó al Instituto
de Vivienda a cambiar, al menos en parte, el rumbo de su política de relocalización,
sino el fracaso de una gestión autoritaria e impermeable al diálogo, sumado a
la ineficiencia a la hora de gestionar los terrenos y construir las viviendas.
Para las compañeras del UBACyT recién
integradas al IVC, su cotidianidad incluía el trabajo territorial con los/as
habitantes de las villas próximas a ser relocalizadas y los/as residentes de
los nuevos complejos habitacionales. Simultáneamente, participaban en las
reuniones interministeriales del gobierno porteño, en discusiones “de pasillo”
y reuniones con las autoridades del IVC, en las reuniones de trabajo que
convocaba Acumar y en la organización consorcial de los edificios entregados.
Para quienes investigábamos las
relocalizaciones desde el ámbito del CONICET, nuestro tiempo se dividió entre
el trabajo de campo en las villas y los complejos habitacionales con los/as vecinos/as ya
relocalizados/as o próximos a serlo; la participación en reuniones de delegados/as,
audiencias públicas o encuentros informales con profesionales de ONG, la
Asesoría Tutelar o las defensorías; las lecturas de literatura ad hoc y la escritura de nuestras etnografías. También
acompañábamos a nuestras compañeras del UBACyT que ahora se desempeñaban en el
IVC a encuentros con vecinos/as, caminatas por el barrio, censos, elecciones, hermoseadas[14]
y otros eventos. La intervención
territorial de nuestras compañeras era parte de nuestro campo; y nuestra
indagación conceptual y sistematización de la política era un insumo para su
propia intervención. Esa multiplicidad de lugares que ocupábamos
simultáneamente –Estado, academia, “consultoría” – aportó a la riqueza de ese
conocimiento. Estábamos situadas en diversos intersticios de esa experiencia: dentro
y fuera de la villa, de los estrados judiciales, de las agencias estatales.
Entre ambos grupos conformamos, pues,
un equipo de investigación-acción. Las compañeras actuantes en el IVC contaron
con nuestra supervisión en las dificultades que encontraron durante las
interacciones con los actores en territorio luego de extenuantes jornadas de trabajo. A la
experiencia cotidiana de trabajar en un organismo estatal bajo una gestión de
centro-derecha con la cual no había compatibilidad ideológico-política, se
sumaba la suspicacia que esto generaba en las defensorías, ONG o asesorías
sintonizadas con las demandas de los/as habitantes populares.
“¿Quiénes son las nuevas
trabajadoras sociales del IVC?”, nos preguntaban con el ceño
fruncido los/as profesionales de ONG o defensorías a nosotras, las
investigadoras del CONICET, que ocupábamos un lugar más aséptico en la
estructura de posiciones de los actores involucrados en la política de
relocalización.
Ellas
afrontaron también el rechazo inicial de los/as vecinos/as, habituados/as a
lidiar con trabajadores/as sociales del organismo que les reprochaban haber
construido su casa a orillas del río, reduciendo una compleja trayectoria vital
a un desacierto y una elección inmoral. Su rechazo también se
fundaba en las sospechas de que en operatorias anteriores se habían adjudicado
viviendas a piacere, e incluso los/as acusaban de
haberlas vendido. Para la población destinataria de la política pública, el
flamante equipo territorial conformado por nuestras compañeras representaba –al
menos en una primera etapa y hasta que no se demostrara lo contrario– la
encarnación del Estado expulsor.
El complejo escenario en el cual ellas
debían intervenir incluía la desconfianza de sus propios jefes. El núcleo duro
de los/as funcionarios/as de ese instituto consideraba que las trabajadoras
eran “zurdas”, “de armas tomar” y “estaban siempre del lado del vecino”. Si bien el accionar de las
trabajadoras en territorio era justificado como un instrumento pacificador de
los barrios y su expertise era capitalizada por
sus jefes/as inmediatos/as para aportar informes consistentes a sus superiores,
persistía una amenaza que eventualmente debía disciplinarse[15].
Ahora
bien, ¿cómo se expresó la supervisión del trabajo territorial de nuestras
compañeras del UBACyT en las villas y complejos habitacionales? En primer
lugar, elaboramos en forma conjunta un primer diagnóstico del impacto social de
las políticas del Ejecutivo hasta ese entonces: un triste inventario de
falencias, negligencias, omisiones y excesos que no hizo sino consolidar
nuestra condición de aliadas. Conformamos entonces
un bloque en disidencia con el ethos profesional
y el modus operandi de la gestión anterior. Compartíamos una ética de la
inconformidad[16]:
las cosas podían ser realizadas de otra manera. La política de relocalizaciones
implementada hasta entonces resultaba inadmisible y debía ser transformada desde adentro[17].
La
elaboración de ese diagnóstico crítico fue el punto de partida para diagramar
una metodología de intervención territorial con perspectiva de derechos. Esta perspectiva alude a la obligación del Estado de
garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecidos en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Se
trata de aquellos derechos humanos relativos a las condiciones básicas
necesarias para una vida en dignidad y libertad: al trabajo, la seguridad
social, la salud, la educación, la alimentación, el agua, la vivienda, un medio
ambiente adecuado y la cultura. No obstante, el desarrollo de esa nueva
política debía llevarse adelante desde una institución cuyos funcionarios/as
entendían las relocalizaciones como simples traslados de familias.
Como propuesta de trabajo social en el
IVC, nuestras compañeras planificaron un abordaje integral de las
relocalizaciones que considerara la complejidad del antes, el durante y el
después de la mudanza, promoviendo la participación de las familias afectadas.
Este nuevo enfoque tuvo aceptación no solo por parte de las autoridades del IVC
y del juzgado interviniente sino también por parte de los organismos defensores
que venían reclamando una mayor escucha de las demandas de los/as afectados/as.
En relación con el abordaje social
previo a la mudanza, las tres colegas que trabajaban en el IVC implementaron
una línea de intervención más participativa con la población afectada,
orientada a garantizar el derecho a la información de los/as vecinos/as. Se
crearon espacios colectivos de definición de los listados de adjudicatarios/as;
se realizaron relevamientos casa por casa para obtener información sobre la
conformación familiar y las expectativas de cada hogar sobre la mudanza; se
elaboró un manual de uso de las viviendas y se organizaron talleres con los/as
pobladores/as próximos a ser relocalizados/as para despejar sus dudas y
colaborar en la conformación de los consorcios. Junto al arquitecto a cargo de
la obra, vecinos/as y empleados/as del Instituto visitaron las nuevas viviendas
aún en construcción.
En las distintas instancias
participativas, los aportes de los/as afectados/as fueron centrales. Sus
comentarios, consultas y demandas introdujeron nuevas aristas a la dinámica del
proceso de relocalización que no habían sido contempladas por los expertos en
el proceso de planificación. En la etapa previa a la mudanza subrayaron las
dificultades transitadas por la precarización de sus condiciones de vida
durante la espera, la falta de transparencia en la adjudicación de las
viviendas y la inadecuación de las tipologías de viviendas a la conformación de
los grupos familiares a relocalizarse. En relación con la etapa post mudanza,
manifestaron el profundo abandono del Estado una vez ejecutadas las mudanzas,
la crisis atravesada por el desarraigo y la necesidad de reconstruir sus redes
de subsistencia en los nuevos entornos. También se refirieron a los problemas
técnicos de las viviendas y a las dificultades para sostener sus costos de
mantenimiento y el pago de servicios. Por último, hicieron hincapié en la
imposibilidad de reproducir actividades comerciales y productivas en las nuevas
viviendas.
Esas
demandas pudieron ser validadas frente a los decisores de la política por las
condiciones de interlocución favorecidas por las trabajadoras de base. Sin esa
mediación, no todas esas demandas hubieran podido completar una trayectoria de visibilidad.
Si bien la intervención de este nuevo
equipo resultó en muchos aspectos infructífera –pues la mala calidad
constructiva y otros tantos problemas estructurales permanecieron incólumes–,
se crearon condiciones de interlocución que incluyeron respeto por las
aspiraciones de los afectados y por los modos en que ellos iban delineando su
organización[18].
Nuevos abordajes territoriales
En forma simultánea a
esta nueva modalidad de intervención territorial y capitalizando la trayectoria
de nuestro equipo de investigación[19],
fuimos elaborando una serie de producciones para lograr la institucionalización
de cada una de las herramientas de gestión e instancias participativas que
hacían a esa modalidad de intervención territorial. Nuestro propósito consistía
en que este nuevo modo de saber-hacer de los procesos de relocalización no solo
se estandarizara entre los/as profesionales a cargo de la ejecución de la
política (IVC, Acumar), sino que formara parte de la normativa que orientaba
los procesos de trabajo de esas instituciones, de manera tal que esta
metodología pudiera ser reproducida aun después del cambio de gestión[20],
así como en otras reparticiones y territorios.
Esas producciones fueron concebidas
como una coproducción intelectual no solo con los/as vecinos/as de los barrios
implicados sino también con otros aliados/as (profesionales de los organismos
defensores u ONG locales), con quienes se produjo un desplazamiento de la
sospecha a la colaboración.
En primer lugar, organizamos un ciclo
de desayunos intelectuales
en el IVC que tuvieron como finalidad difundir trabajos
académicos, habilitar instancias de reflexión sobre la política pública
ejecutada y capacitar a los/as empleados/as y funcionarios/as de esa
institución.
En segundo lugar,
desarrollamos una serie de talleres para el equipo territorial del Instituto de
Vivienda con el objeto de reflexionar sobre las tareas que realizaban en el
campo, los dispositivos que utilizaban para la toma de decisiones, los
fundamentos de su intervención y la relación con el marco legal, político y
burocrático más amplio de la causa Mendoza.
En tercer lugar, elaboramos un primer
documento que fue publicado en la Revista de la Defensa Pública y distribuido
entre los/as funcionarios/as de los Juzgados intervinientes en la causa[21].
Allí delineamos los principios básicos que debía seguir una política de
relocalización respetuosa de los derechos humanos, y que fue el antecedente
inmediato del protocolo de relocalizaciones.
En vísperas de un cambio de gestión en
el IVC (2015), los desacuerdos entre nuestro equipo social y las autoridades
del instituto fueron in crescendo. A
esto se sumó el desgaste de estar desarrollando un trabajo territorial en
alianza con los/as afectados/as, pero en el marco de una política pública
deficiente.
En forma simultánea al trabajo
territorial, elaboramos en tiempo récord un Protocolo de Relocalizaciones, condensando
los aprendizajes de los tres años de trabajo del equipo territorial. El
protocolo fue aprobado el 9 de diciembre de 2015, días antes del cambio de
autoridades en el IVC, y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en marzo de 2016[22].
A partir de entonces, el protocolo no
solo constituye parte del estatuto del organismo, incorporándose a su
normativa, sino que siguió cobrando vida en discursos oficiales o abordajes
territoriales, tal como analizamos con mayor detalle en otro trabajo[23].
Nuestro propósito fue, precisamente, redactar un documento que tuviera sentido
en distintos territorios y etapas de los procesos de intervención.
El “corazón” del
protocolo consistió en frenar políticas arbitrarias sobre la vida,
estableciendo una serie de principios a considerar en toda relocalización. En
base a la triste operatoria de las primeras relocalizaciones, trazó fronteras –esto no debería volver a ocurrir– y nuevos horizontes: a esto deberíamos aspirar como resultado de esta política pública.
En primer lugar, se parte de un enfoque integral que organiza la intervención
territorial en momentos y equipos de trabajo específicos para el pre, el
durante y el post realojo. El protocolo abarca las problemáticas de las
diversas poblaciones y territorios afectados por el proceso de relocalización:
la población que será trasladada, la que permanece en la villa sin relocalizar
y la población ya relocalizada que se siente, en ocasiones, amenazada por la
llegada de nuevos/as habitantes[24].
El protocolo no solo establece la continua divulgación de la información sino
sucesivos espacios para la participación de familias: mesas de trabajo,
talleres, visitas a la obra y asambleas de consorcio. También prevé un activo
seguimiento y evaluación del proceso para implementar los ajustes que se
consideren necesarios.
En 2016, dos compañeras
de nuestro equipo comenzaron a trabajar en Acumar, un organismo público de
mayor alcance territorial. Elaboramos entonces un segundo protocolo junto a
otros/as profesionales del organismo con trayectoria en abordaje territorial y
jurídico en la causa judicial –el Protocolo de Acumar–
cuyo alcance fue más amplio, ya que abarcó todos los procesos de relocalización
y reurbanización de barrios populares de la Cuenca Matanza-Riachuelo[25].
Tanto el protocolo del IVC como el de Acumar
fueron incorporados a algunas luchas históricas de barrios de la cuenca para
exigir un compromiso de trabajo de las instituciones involucradas en la
relocalización.
Por su parte, los/as funcionarios/as
formularon críticas más o menos veladas al protocolo por ir en contra
de la institución, poner la vara alta y
obligarlos a ser más papistas que el papa. Si el
protocolo constituye una utopía o una guía a futuro –según expresiones frecuentes de los
profesionales del Estado–, es porque interpela cierta distancia social que han
interiorizado como la distancia legítima entre ellos mismos y los habitantes
populares. En el contexto de ese habitus
profesional sedimentado en las interacciones prácticas, los/as vecinos/as no
son concebidos/as como un colectivo sino como una suma de individuos a los
cuales se les solucionan problemas puntuales, tales como la gestión de turnos
médicos, vacantes escolares, cupos en comedores, certificados de discapacidad o
reclamos técnicos.
Para la misma época firmamos convenios
de colaboración entre el IVC y nuestro Instituto de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Gino Germani) con el objeto de
formalizar las tareas de supervisión y asesoramiento del equipo UBACYT al
equipo territorial del IVC. Uno de los convenios implicó la realización de un
estudio del impacto socioeconómico de las relocalizaciones de los/as habitantes
de la villa 21-24 al Barrio Padre Carlos Mugica. La firma de estos convenios supuso
disputar sentidos también en el ámbito académico. La Facultad de Ciencias
Sociales, a la cual pertenecemos, rechazó en un primer momento la firma de
estos convenios de cooperación con el IVC, alegando que el mismo se encontraba
bajo una gestión macrista y que la misma vulneraba los derechos de las
poblaciones populares.
La intervención de
nuestras compañeras en los barrios y este conjunto de capacitaciones,
supervisiones y productos fueron la punta del iceberg de
un think tank más amplio que actuaba en las sombras[26].
En una coyuntura de suma tensión, un entramado de intercambios y cuidados
mutuos procuró que este nuevo dispositivo de intervención resultara eficaz y
contribuyera, al menos en parte, a mejorar los estándares de una política
pública. En el marco de las desiguales luchas por la definición de las
políticas de relocalización, nuestra propuesta de trabajo territorial se
transformó en un punto de vista autorizado respecto de cómo esta debía
planificarse y ejecutarse. Y esa nueva modalidad de trabajo territorial se vio
legitimada por el corpus de investigación producido
por el equipo.
La problemática de los carreros
Uno de
los puntos de tensión de la relocalización en la villa 21-24 se vinculó con las
familias cartoneras que trabajaban recolectando materiales con carros tirados a
caballo.
En la villa, los
carreros destinaban varios ambientes de sus viviendas para el acopio y la
clasificación de los materiales recolectados; en un espacio contiguo a la casa,
sus caballos eran alimentados y resguardados de la intemperie. Sin embargo, en
el barrio de destino no había espacio para ello y pronto, los materiales
recolectados y los caballos dispersos disgustaron a otros vecinos/as ya relocalizados/as
en el complejo habitacional. Luego de varios enfrentamientos que derivaron en
el robo de uno de sus caballos, los carreros construyeron una caballeriza con cartones y chapas en el espacio común del complejo
habitacional, contiguo a la plaza y los juegos infantiles. También utilizaron
el estacionamiento para acopiar los materiales recolectados y estacionar sus
carros.
El Gobierno de la
Ciudad concibió este conflicto como una usurpación del espacio
común, y buscó modificar la actividad productiva de los carreros. En
las reuniones de articulación entre ministerios, la situación de estas familias
era definida como incivilizada, ilegal y de la edad media.
Funcionarios/as de la Dirección de Reciclado se manifestaron en contra de la
construcción de los establos: el villerío
degradaba la estética del conjunto habitacional.
Las alternativas
ofrecidas por los/as funcionarios/as abarcaban desde la reconversión de los
carreros a una cuadrilla de limpieza, hasta el reemplazo de los caballos por un
motocarro eléctrico. En todos los casos, se procuraba que realizaran una
actividad más higiénica y que no violaran la normativa vigente[27].
En el dispositivo interno del entre-nos
–que incluyó la lectura de trabajos afines y el armado de una argumentación ad hoc–, emprendimos la tarea de volver audible la
problemática de los carreros frente a las autoridades. En las reuniones con la
Dirección de Reciclado, nuestras compañeras que formaban parte del equipo
territorial del IVC pusieron en juego nuevos modos de nombrar a los carreros[28]:
ellos eran recuperadores urbanos, poseedores de un oficio cuyas familias venían
desarrollando desde hacía varias generaciones. Fundamentaron además por qué resultaba
importante que esas familias se mudaran en forma conjunta y contaran con
espacio suficiente para sostener su actividad económica. Cuando una de nuestras
compañeras quiso explicar en una mesa interministerial que el retiro de la
caballeriza no iba a ser posible sin una alternativa cercana donde pudieran
acopiar materiales, uno de los funcionarios –disgustado por la demora que esto
supondría en la relocalización– superpuso su voz para impedir que ella
terminara su argumentación: “A Larreta[29] solo le interesa
hacer, hacer y hacer[30]”.
¿Qué significaba esa interrupción? Aquí
nos enfrentamos con lo que Quirós denomina la palabra-en-la-vida social o la
palabra en acto[31]:
nuestra sensibilidad etnográfica debe ser capaz de captar este hecho sutil de
que los mensajes no discursivos de una interacción verbal pueden ser, en
ocasiones, incluso más relevantes que aquello que se está diciendo.
La brusca interrupción del turno de
habla de nuestra compañera buscó no solo reorientar la conversación hacia los
ejes de gestión que realmente importaban,
sino también moralizar a la trabajadora díscola que no se ajustaba a las
negociaciones tolerables involucradas en el proceso de relocalización. Este
gesto disciplinador responde menos a atributos singulares de tal o cual funcionario/a
que a ciertos marcos y repertorios interpretativos que, de tan naturalizados,
pueden resultar inconscientes.
El diagnóstico y la solución propuesta
por nosotras no coincidía con los imaginarios estatales de la gestión macrista
sobre los –siempre inasibles– sectores populares: los carreros estaban a años
luz de encarnar el ideal del pobre meritorio (Si al menos
los carreros no ocuparan tanto lugar…si fueran otra cosa, si pudieran
reconvertirse en otro oficio más aceptable…sería menos escandaloso).
Después de arduas negociaciones de
nuestras compañeras con las autoridades del Instituto de Vivienda y de la
Dirección de Reciclado, se consensuó trasladar la actividad de los carreros a
un galpón cerca del barrio construido para tal fin.
En forma simultánea,
las compañeras del equipo trabajaron con las familias no cartoneras que desaprobaban
la presencia de los caballos en los nuevos complejos; ya sea porque sostenían
que los cartoneros debían cambiar sus hábitos y progresar, por los problemas de
salud que traían la bosta y las moscas en las cercanías del espacio verde, o
por evaluar esa práctica como un uso indebido de los espacios comunes del
complejo habitacional. Tras un trabajo consorcial, los/as vecinos/as apoyaron
el proyecto de construir un establo en un obrador cercano para que los carreros
no perdieran su fuente de trabajo. A pesar del acuerdo, este proyecto no prosperó:
si bien se obtuvo un galpón ad hoc, los
carreros finalmente mudaron sus caballos a viviendas de familiares en
asentamientos de la provincia.
El diálogo
de saberes en sentido fuerte y en sentido débil
El propósito de este trabajo consistió
en reponer una experiencia intersubjetiva de intervención y producción de
conocimiento entre investigadoras y trabajadoras de base de una institución
pública que estuvo signada por una mutua afectación.
Los giros virtuosos en las políticas de
las relocalizaciones fueron alcanzados por una trama compuesta por las
trabajadoras de base, el apoyo en las sombras del equipo de investigación, y un
conjunto de aliados: vecinos/as, profesionales de ONG locales o defensorías,
quienes actuaron como una suerte de contralor, de vigía ética.
Por otra parte, la –por momentos–
perturbadora intimidad con funcionarios/as cuyo signo político y nociones de
justicia social se encontraban en nuestras antípodas nos brindó el privilegio
de etnografiar algunas facetas del Estado neoliberal “desde adentro”: de haber
sido entrevistados/as por un investigador externo, se habrían mostrado a sí
mismos/as con otras máscaras.
El ejemplo
etnográfico que trabajamos en el último apartado sobre la problemática de los
carreros permite repensar en forma situada el dispositivo del diálogo de
saberes, hoy día reapropiado por actores muy disímiles[32].
Los/as ejecutores de la política parten de una determinada concepción de los
sectores populares destinatarios de la política, y en base a ese imaginario se
crean las condiciones para un diálogo de saberes en sentido fuerte o en sentido
débil.
Por un
lado, identificamos un diálogo de saberes en sentido débil cuando el “otro”
requiere una “traducción”, y esa traducción de sus intereses se produce en los
términos del traductor autorizado[33]. Esa
traducción incluye certezas y una condición monológica[34],
aunque suele presentarse públicamente –y legitimarse socialmente– como una
instancia participativa.
También
nos encontramos frente a un intercambio de saberes débil
cuando se pone en juego una
atenuación de los mundos significativos que conforman la cotidianidad de esos
otros. Los sectores populares destinatarios de la política están allí presentes en la mesa de trabajo o la oficina pública, pero es como si no estuviesen
realmente allí, pues el ideal del pobre idóneo permanece vigente y la
disonancia entre el villero de carne y hueso y el pobre meritorio produce
decepción.
En el diálogo de
saberes en sentido débil o “cosmético”, la solución es urgente, perentoria y excluye una mayor
deliberación. Los
malentendidos surgidos en la comunicación son interpretados como un obstáculo
en la ejecución de la política o bien como una falla cultural de ese otro peor
posicionado. Cuando los “expertos” presumen que existe una
insalvable asimetría de valores, o bien de conocimientos, el diálogo se traba. Basta con que un bloque de
interlocutores asuma un rol hegemónico de detentador del saber para que se
incurra en una injusticia testimonial[35]
.
En
nuestro caso bajo análisis, la réplica de los/as funcionarios/as consistió, por
un lado, en accionar mecanismos de disciplinamiento
y censura; por el otro, en una aceptación restringida y demagógica
de las diferencias no solo de los sectores populares sino también de las trabajadoras
de base.
En primer lugar, las trabajadoras de base eran acusadas por sus jefes/as de ser “demasiado zurdas”. El hecho de que
nuestras compañeras actuantes en el IVC fuesen consideradas (parafraseando a
Hale[36]), como
las “zurdas permitidas” era una suerte de diversidad controlada que les era
funcional para impedir la transformación del nuevo barrio en un hervidero de
conflictos. No obstante, también había que evitar que la acción de las
trabajadoras “se saliera de control”.
En cuanto
a los/as vecinos/as, los/as funcionarios/as oscilaban entre sentimientos de
compasión ante casos individuales meritorios de los vecinos/as afectados/as que
debían ser contemplados y posiciones autoritarias frente a demandas colectivas
percibidas como caprichos y avivadas. En los
murmullos del entre-nos, los/as funcionarios/as coincidían en su evaluación
moral de los/as vecinos/as. Cuando esos murmullos se expresaban en frases,
estas remarcaban las cualidades inmutables o amenazantes de ese otro: “ellos son así…no van a cambiar…y para colmo cada vez hay más monchos[37] viviendo en la
calle”.
La concepción atomizada de los/as vecinos/as se corresponde
con una visión característica de la gestión de la política social en los
estados neoliberales: los problemas que aquejan a los sectores populares son
concebidos –puertas adentro y sin expresión pública– como una “carencia”
individual, resultado de su inadaptación a la vida en este orden social[38]. La
intervención estatal de tipo asistencialista apunta a atender los “problemas de
los pobres”: sujetos “débiles” y “perdedores” del sistema que devinieron
carentes no solo de bienes materiales sino también de “capacidades y
condiciones para presionar por sus intereses”[39].
En consecuencia, la práctica profesional de contenido asistencialista se
sustenta en una visión sotto voce de
los/as afectados/as como sujetos dotados de una mínima agencia. Aquí opera una
negación ideológica de relaciones jerárquicas[40]. Se
puede tanto idealizar como denostar a los sectores populares con quienes se
interactúa, pero se perpetúa una relación de asimetría estructural que no es
reconocida como tal.
Como ya hemos aprendido en las
lecciones prácticas del multiculturalismo neoliberal, se puede reivindicar las
capacidades o prácticas culturales de un grupo subalterno y al mismo tiempo,
tratar esas culturas como un elemento residual. Si bien los/as funcionarios/as
pueden representar la relación con los/as destinatarios/as de la política en
términos de “ayuda” o protección, el paternalismo puede obrar, al mismo tiempo,
como un mecanismo para sostener la distancia social, emocional y moral con ese
otro.
Incluso
en muchas posiciones paternalistas presentadas como progresistas, las jerarquías
no se ven conmovidas. Los “expertos” pueden asumir
una posición de superioridad frente
al sujeto de intervención bajo diferentes formas; por ejemplo,
bajo la figura de la subjetividad heroica descripta por de la Aldea y
Lewkowicz. Para estos autores, “la
subjetividad heroica es una forma de pensar y de pensarse cuando la comunidad
‘no es lo que debería ser’ (...) Y
si el tiempo apremia, no hay tiempo para pensar: se necesita un héroe”[41].
Bajo esa perspectiva, el héroe moldea al otro como una víctima que necesita ser
salvada: ya sea porque los/as afectados/as no pueden resolver sus padecimientos
por sí mismos, no saben lo que necesitan o no hay lugar para la emergencia de
sus puntos de vista.
Otra
característica emblemática del diálogo de saberes en sentido débil es la ceguera
frente a la problemática de la desigualdad estructural. En nuestro caso, este
gesto de invisibilización resulta indisociable de presentar la
vivienda social como un don, una deuda o un “regalo”. Como señala Lekerman, los/as
agentes estatales entablan relaciones de dependencia y reciprocidad con los/as
habitantes de los barrios populares en torno a la vivienda social, de tal modo
que lo que debiera ser un derecho se transforma en deuda: al recibir ese bien,
el villero contrae una deuda con el Estado que jamás podrá saldar[42].
Por
último, el diálogo de saberes en sentido débil parte de una política del puro
presente: las complejas trayectorias vitales de los destinatarios de los
programas no tienen peso en el armado de los diagnósticos ni de las soluciones.
Ahora
bien, ¿en qué circunstancias estamos frente a un diálogo de saberes en sentido
fuerte? ¿Cómo reconocerlo?
Desde la posición de los profesionales
que trabajan con poblaciones locales, el diálogo de saberes en sentido fuerte
implica no solo problematizar la distancia social que interiorizaron como
legítima entre ellos mismos y los/as habitantes populares, sino dejarse afectar
por el mundo que habitan estos últimos[43].
En nuestro caso, esto se expresa en una disposición de escucha que habilite una
interpelación ética, o al menos un corrimiento del sentido común en las rutinas
de trabajo, impugnando las formas de desatención[44]
hacia los sectores populares tan característica del modus
operandi de ciertas agencias estatales.
Sabemos que, en muchas instancias
participativas promovidas por el Estado, los sectores populares suelen ser
desacreditados a partir de mecanismos en apariencia contradictorios. Si
numerosas prácticas o formas de estar en el mundo de los sectores populares
pueden ser catalogadas como un exceso –ocupar un terreno ocioso, cortar una
calle–, otras son definidas por su carencia: los/as habitantes de villas
carecen de cultura o educación, no tienen conciencia ecológica, no son nuestros
conciudadanos.
En un diálogo de saberes en sentido
fuerte, no se sale indemne de esos encuentros situados: la puesta en juego de
una reflexividad intensiva habilita un campo de ajustes y reajustes en los
repertorios de acción. En el mejor de los escenarios, esto tiene consecuencias
tangibles en los asuntos de la vida que importan a las personas involucradas.
Y es que en un diálogo de saberes en
sentido fuerte no solo resultan relevantes las condiciones previas que lo hacen
posible –conocimientos, habilidades, un entrenamiento específico de la
sensibilidad–, sino también los efectos que produce. Uno de los efectos
esperados es cuando en la intervención territorial cotidiana se ven alteradas
partes de las jerarquías que habían caracterizado, hasta ese momento, el
vínculo entre los/as trabajadores/as comunitarios y los/as destinatarios/as de
una política.
Una de las vías para lograr un
desplazamiento de las posiciones autoritarias consiste en habitar los
equívocos. El equívoco alude, según Viveiros de Castro, a las disyunciones
comunicativas y desacuerdos ontológicos en los cuales los interlocutores no
están hablando de la misma cosa, aunque quizás lo ignoren[45].
En lugar de diferentes puntos de vista de un solo mundo (lo que sería el
equivalente al relativismo cultural), el equívoco pone en evidencia una visión
de mundos diferentes[46].
Las equivocaciones no solo hacen posible la pregunta antropológica, sino que
habilitan una formulación co-elaborada de proyectos políticos y programas con
espacio para diferentes mundos[47].
Para ilustrar esta cuestión, retomemos el
conflicto de los carreros que abordamos antes. Allí donde los funcionarios del
IVC veían precariedad, suciedad, bosta acumulada, los carreros veían su fuente
de ingresos, animales de compañía y un oficio que habían forjado durante tres
generaciones. En lugar de saldar velozmente los conflictos con los sectores
populares en términos morales, culturales o simbólicos (“no saben…les falta educación…”), el desafío consiste en ralentizar la
discusión involucrando a todos los actores concernidos, sin la necesidad de
contar con un horizonte final de pensar “lo mismo” o encontrar equivalencias[48].
Si tomamos como punto de partida al/a la
profesional que interviene cotidianamente en un territorio signado por la
desigualdad, el diálogo de saberes suele encarnar en dos figuras disímiles: en
su versión light, en un/a trabajador/a de base portador
de una subjetividad heroica o bien, como contrapunto de esa versión
paternalista, en un “trabajador de trinchera”[49].
Con esta última figura aludimos a
aquellos profesionales que se posicionan en los espacios de intervención
asumiendo que estos son espacios de disputa entre una diversidad de actores y
que su actividad puede modificar aquello que Rancière define como “el reparto de lo sensible”. Dicho reparto
alude a una “distribución simbólica de los
cuerpos que los divide en dos categorías: aquellos a quienes se ve y aquellos a
quienes no se ve, aquellos de quienes hay un logos (...) y aquellos de quienes no hay un logos”[50].
Como diría Stengers, la arena política está poblada por las sombras de los que
no tienen voz política[51].
Recordemos además que no todos los
saberes y haceres profanos completan una trayectoria de visibilidad. El diálogo
de saberes en sentido fuerte procura completar esas trayectorias y habilitar
nuevos cursos de negociación[52],
imponiendo límites a las arbitrariedades existentes en el diseño o ejecución de
una política.
Por otra parte, el diálogo de saberes
en sentido fuerte historiza, traza genealogías: sigue el rastro que deja el
devenir de humanos, no humanos y cosas en el habitar juntos. En un trabajo
previo abordamos la hipótesis de que el diálogo de saberes puede producirse con
actores situados del otro lado de la frontera antagónica[53].
Si el diálogo de saberes se hubiera producido exclusivamente entre los propios
afectados/as y todos aquellos actores que sintonizábamos con sus padecimientos
–integrantes de asociaciones barriales, defensorías, organismos de derechos
humanos–, habríamos “olvidado” anticipar un sinnúmero de conflictos durante la
redacción del texto del protocolo, o bien el marco de otras intervenciones
estratégicas como los desayunos de trabajo. El diálogo de saberes producido en
coyunturas de antagonismo social supone una anticipación práctica: combinar lo
ya conocido con lo que podría llegar a producirse en un contexto (aún más)
hostil. En tanto los funcionarios/as de alto rango de una gestión neoliberal
disponían de mayor fuerza para modificar el rumbo de las relocalizaciones o la
significación del protocolo, nuestro desafío consistía en prevenir posibles
cajoneos, fagocitaciones y apuestas a contrario.
Conclusiones
En ocasiones, los investigadores de
ciencias sociales creen lícito sobreactuar la empatía con los sectores
populares –o demonizar al Estado, o ambas cosas– cuando no logran reponer las
experiencias e intercambios entre vecinos, agentes estatales y ONGs que fundan
una singular red en el tejido local.
Dispensándose a sí mismo/a de observar
y poner el cuerpo en los espacios de gestión e intervención donde despliegan
sus prácticas todos los actores
relevantes de la problemática bajo estudio –y muy emblemáticamente, los actores
decisores y ejecutores de la política en cuestión–, nuestro investigador/a de
ciencias sociales toma el atajo del patchwork
pseudocientífico: un par de transcripciones de los subalternos aquí y allá,
adornadas con los leitmotif académicos de moda para
sumar, a la voz del “nativo experto”, la autoridad sociológica que “complejice”
o “contextualice” su testimonio.
La reposición de los comentarios de los/as
vecinos/as más comprometidos/as con la lucha política de un barrio popular busca
producir un efecto de verdad. Este modus operandi
no necesariamente problematiza las distancias entre el decir y el hacer, las
incongruencias entre los testimonios ofrecidos al interlocutor foráneo y al
par, y otras incontables sutilezas del campo. En un ejercicio profesional no
exento de autoindulgencia y deshonestidad intelectual, alcanza con inscribir en
el texto esa voz autorizada con la ilusión de que, cuanto más literal sea, más
“auténtica” –e iluminada– será la comprensión de los eventos en los cuales el/la
investigador/a no ha estado presente.
La perspectiva de un vasto número de
vecinos/as puede resultar inaccesible para el interlocutor foráneo, ya sea
porque son renuentes a compartir su perspectiva o porque disienten de las
posiciones de mayor circulación en el espacio local. Aunque esos actores
permanezcan en silencio, contesten con evasivas, no participen de las discusiones
públicas o se encuentren peor posicionados, no permanecen fuera de la
controversia: serán mudados/as, o se resistirán a hacerlo; participarán del
consorcio o faltarán a las reuniones. Las voces entrecortadas y los silencios de
los “vecinos anónimos” también constituyen una réplica frente a aquello que
está en juego: ya sea la falta de tacto del/de la investigador/a, o el sentido
común imperante en el espacio local con el que se encuentra en disidencia. En
ambos casos, lo no dicho puede resultar un analizador tan crucial como lo mil
veces dicho en los estrados públicos. Por otra parte, resulta imposible
desconocer que los/as vecinos/as más visibles del espacio local suelen ser los
únicos que aún tienen ganas de consagrarle unos minutos al curioso de turno.
La complejidad del día a día de una
política estatal difícilmente podrá verse repuesta por un collage
de párrafos cuyo único mérito es la transcripción –textual, eso sí– de los
testimonios de los/as delegados/as o representantes políticos de los/as
habitantes populares.
Al expropiar o sobredimensionar la
agencia de los sectores populares, el/la investigador/a express[54] da lugar a explicaciones
miserabilistas, demagógico-populistas[55],
o una combinación de ambas. En forma simultánea a esta denegación o exaltación
desmesurada de las astucias y maniobras populares, se resalta la magnificencia
del propio investigador/a.
Al comienzo del trabajo nos
preguntábamos cómo producir conocimiento e intervenir públicamente desde un
lugar alejado del pedestal del purismo intelectual. Nuestra apuesta colectiva
consistió en desarrollar una disponibilidad cognoscitiva[56]
en una doble dirección: por un lado, hacia los sectores subalternos sujetos de
nuestra intervención o indagación empírica; y que contaban con limitados
canales para hacer oír sus demandas. Por otro lado, esta disponibilidad no fue
ajena a las propias autoridades del IVC, ya que las compañeras que oficiaban
como trabajadoras de base solo podían poner en acto la desobediencia a partir
de un profundo conocimiento de las reglas, los habitus
y los sobreentendidos de la propia institución. En este sentido, el diálogo de
saberes en sentido fuerte procura ser una estrategia de incidencia política
para reparar deficiencias institucionales y allanar el camino para la
exigibilidad de los derechos[57].
Agradecimientos
Una primera versión de este trabajo fue presentada en las
X Jornadas de Investigación en Antropología Social Santiago Wallace, que se
llevaron a cabo en noviembre de 2022 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires. Agradecemos los valiosos comentarios de los
coordinadores del grupo de trabajo, de los demás expositores y del público
participante.
Agradecemos especialmente los aportes de Regina Ruete,
Belén Demoy e Inés López Olaciregui, que fueron activas partícipes
Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto
UBACYT 20020170100052BA “Tensiones entre prácticas del habitar de los sectores
populares y políticas urbanas o ambientales: análisis etnográfico en diversos
espacios bajo conflicto”. Este trabajo ha recibido financiamiento de la
European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme (Proyecto
CONTESTED_TERRITORY, Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement nº 873082).
[1] Utilizamos el término trabajadores/as de base para
referirnos a los/as empleados/as estatales que, sin ser necesariamente
trabajadores/as sociales, intervienen territorialmente en los barrios.
[2] Las expresiones en bastardilla citadas a lo largo del artículo
corresponden, según el caso, a locuciones extranjeras, a categorías nativas de
nuestro equipo o expresiones textuales de otros actores vertidas en
entrevistas, reuniones, audiencias públicas, documentos y resoluciones
judiciales.
[3]Carman,
María, Olejarczyk, Romina, Ruete, Regina, Demoy, María Belén, y López
Olaciregui, Inés (2022), “Caballos de Troya en la política pública: la
producción y los usos de un protocolo de relocalizaciones”. En Trentini,
Florencia, Guiñazú, Samanta y Carenzo, Sebastian (Comps.) Más allá y más acá
del diálogo de saberes. Perspectivas situadas sobre políticas públicas y
gestión participativa del conocimiento, San
Carlos de Bariloche, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y
Procesos de Cambio, pp. 201-236.
[4] Desde una perspectiva
antropológica la política pública, como todo proceso social, congrega a una
compleja red de actores e instituciones en torno a un tema o situación
problemática en cierto tiempo y espacio. Estos actores e instituciones se
mueven a partir de los propios intereses y discuten el sentido mismo de la
política. En palabras de Shore, producen “definiciones en
conflicto”, Por lo tanto, toda política pública tendrá consecuencias
imprevistas e inesperadas. Ver Shore, Cris (2010), “La Antropología y el
estudio de la política pública: reflexiones sobre la ‘formulación’ de las políticas”, Antípoda.
Revista de Antropología y Arqueología, nº 10, pp. 21-49. Asimismo,
en el proceso de formulación e implementación de una política pública se
producen subjetividades y sujetos políticos, a la vez que también se pone en
juego una producción moral que involucra “rangos de humanidad” y mecanismos de
humanización y deshumanización. Estos mecanismos reproducen lógicas de
precariedad que pueden derivar en una potencialización de la violencia
involucrada. Ver Buttler, Judith (2006),
Deshacer el género, España, Paidós; Carman, María (2017), Las fronteras de lo humano. Cuando la vida humana pierde
valor y la vida animal se dignifica,
Buenos Aires, Siglo XXI; Fassin, Didier (2016), La razón humanitaria: una historia moral del tiempo presente, Buenos
Aires, Prometeo Libros. Finalmente, en el proceso de formulación e implementación
de una política pública, se despliegan sistemas de clasificación (que producen,
principalmente, los agentes estatales) y que se vinculan, de acuerdo con
Roseberry, con el hecho de que “el Estado nunca deja de hablar”: en un acto de
enunciación permanente, el Estado acepta ciertas actividades y enunciados
mientras descarta otros. A su vez, los repertorios de protesta adoptan estos
lenguajes oficiales a fin de ser escuchados. Se establecen, así, “marcos
discursivos comunes” que se tensionan, se disputan y, en ocasiones, logran
romperse. Ver Roseberry, William (2002), “Hegemonía y lenguaje
contencioso”, en Gilbert, Josephy Nugent, Daniel (eds.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México,
Ediciones Era, pp. 213-226.
[5] Quirós, Julieta (2019), “Por una
etnografía viva: Un llamado a des-intelectualizar el ‘punto de vista nativo’”.
En Guber, Rosana, Eckert, Cornelia, Jimeno, Myriam y Krotz, Esteban (Coords.), Trabajo de campo en América Latina. Experiencias
antropológicas regionales en etnografía, Buenos Aires, Editorial SB,
pp. 183-204.
[6] En un libro clásico, Grignon y Passeron analizan los
posicionamientos de los cientistas sociales frente a las prácticas de los
sectores populares, identificando dos posturas encontradas: las miserabilistas
y las demagógico-populistas.
El miserabilismo tiende a constituir las prácticas populares en prácticas
mínimas o deficitarias, computando “con aire
afligido, todas las diferencias como faltas, todas las alteridades como
defectos, ya adopté el tono del recitativo elitista o el tono del paternalismo”.
Grignon, Claude y Passeron, Jean-Claude (1991), Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en
literatura, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, p. 31. En las
posturas populistas, las prácticas de la cultura dominada son concebidas en
forma autónoma –en términos de opciones o gustos–, aunque en muchos casos
minimizando sus condicionamientos sociales.
[7] Carman,
María (2011), Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y segregación
en Buenos Aires,
Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica.
[8] Quirós, Julieta, 2019, Ob. Cit., pp. 183-204.
[9] Si bien el fallo de la Corte obligaba a los Estados
condenados a mejorar –entre otros objetivos– la calidad de vida de los/as
habitantes de la cuenca, la política habitacional derivada de la orden judicial
jerarquizó el requerimiento de liberación de los márgenes. En la misma línea,
el juez federal de Quilmes, aludió a los habitantes de las orillas como “obstáculos”
o “interferencias” a remover para recuperar el espacio público. Resolución
judicial del Juez Federal Luis Armella, 28 de marzo de 2011.
[10] Mauricio Macri fue el líder del PRO en sus comienzos y,
posteriormente, de la coalición Cambiemos, con la cual ganó la Presidencia de
la Nación (2015-2019). Con anterioridad, Mauricio Macri fue Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires durante dos períodos consecutivos (2007-2011 y
2011-2015). Le siguió en el cargo Horacio Rodríguez Larreta (2015-2019 y
2019-2023), quien antes se había desempeñado como Jefe de Gabinete de Ministros
de la Ciudad de Buenos Aires durante las dos jefaturas a cargo de Macri.
[11] El término familia hace alusión a
grupos que combinan diferenciadamente relaciones de afinidad, consanguinidad y
descendencia en torno a la reproducción social. Ver Durham, Eunice (1999), Familia y reproducción humana, Buenos
Aires, Eudeba. En los procesos de formulación e implementación de políticas
públicas, el Estado produce una definición particular de familia y de lo que
considera “desórdenes familiares” que justifican su intervención: “los sectores de la política estatal que caben en la
definición de ‘políticas sociales’ (...) tienen a la familia como objeto explícito de planes y programas, en
algunos casos; o como ‘el código oculto’ las más de las veces. Es decir, como
un ‘supuesto’ referido al tipo de unidad que conforman (o deberían conformar)
los destinatarios de las políticas (...) y acerca de las funciones, obligaciones y distribución de
responsabilidades en su interior”. En base a estos supuestos sobre
la familia, “los agentes institucionales
(...) producen mensajes que prescriben
comportamiento”. Grassi, Estela (1999), “La familia: un objeto
polémico: cambios en la dinámica de la vida familiar y cambios de orden
social”. En Neufeld, María Rosa (Comp.), Antropología
social y política: hegemonía y poder: el mundo en movimiento, Buenos
Aires, Eudeba. pp. 95-120.
[12] Defensoría General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (2015), Informe de
trabajo: situación habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En línea:
https://defensoria.org.ar/archivo_noticias/el-deficit-habitacional-en-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires-informe-especial-de-la-defensoria/
[Consulta: 14, marzo, 2023].
[13] Carman,
María (2017), Las fronteras de lo humano.
Cuando la vida humana pierde valor y la vida animal se dignifica,
Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
[14] La hermoseada
–tal como lo definió una vecina– refiere al proceso colectivo de
embellecimiento de los espacios comunes de un conjunto habitacional que puede
incluir la limpieza de los espacios comunes, y la colocación de plantas,
arbustos o instalaciones comunitarias como juegos de plaza.
[15] Bourdieu nos recuerda que una subversión política –en este
caso, la condición de zurdas–
presupone una subversión cognitiva, vale decir: una reconversión de la visión
hegemónica sobre el mundo. Ver Bourdieu, Pierre [1985] (2008), ¿Qué significa hablar?, Madrid, Ediciones
Akal, p. 96.
[16] Michel Foucault en Segato, Rita
(2004), Antropología y derechos humanos:
alteridad y ética en el movimiento de los derechos universales, Universidad
de Brasilia, Serie Antropología,
nº 356, p. 16.
[17] En rigor,
la supervisión tuvo un carácter recíproco, ya que las tres colegas actuantes en
el IVC también revisaron los manuscritos del libro de una de nosotras: Carman, María 2017, Ob. Cit., hasta ajustar su tono a lo efectivamente
vivido. La valiosa ayuda recibida tuvo su contraparte durante la escritura de
este artículo, cuando las tres colegas involucradas en el trabajo territorial
del IVC expresaron su dificultad de inscribir su experiencia ya que, en sus
términos, “aún les dolía”; en franco contraste con quienes podíamos emprender esa
objetivación. Así como la trabajadora de base necesita procurarse cierta distancia emocional para
subsistir en su oficio a largo plazo, la investigadora puede “darse el lujo” de
“entrar y salir” del territorio con mayor facilidad, dispensada de la
obligación de responder a las demandas de la población.
[19]Nuestro equipo UBACyT ya contaba con experiencia previa de
articulación con organismos estatales. A modo de ejemplo, en el año 2011
confeccionamos un informe sobre el Asentamiento La Veredita a partir de la solicitud de la Dra. Elena Liberatori,
titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°3 del
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2015 elaboramos y
presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia un amicus
curiae sobre la urbanización de la Villa
Rodrigo Bueno, a pedido de la Defensoría General de la Ciudad de
Buenos Aires.
[20] En la gestión estatal resulta habitual que, una vez que se
renuevan los/as profesionales a cargo de ejecutar cierta política pública, los
modos de saber-hacer que guían la intervención territorial –en particular aquellos
que involucran un alto grado de compromiso y detalle en su ejecución–
desaparezcan o pierdan eficacia.
[21]
Carman, María, Demoy, María Belén, Gennero, Natalia, Lekerman, Valeria,
Olejarczyk, Romina y Swistun, Débora (2014), “Derechos y Cultura: un aporte
antropológico a la gestión de las relocalizaciones en la Cuenca
Matanza-Riachuelo”, Revista Institucional de la Defensoría de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
Vol. 4, N°6,
pp.113-122. En línea: https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/revista_n_6_la_causa_mendoza_-_el_derecho_a_una
_vivienda_digna.pdf [Consulta: 13, marzo, 2023].
[22] El protocolo se nutrió de los aportes de vecinos/as ya
relocalizados/das, un reconocido organismo de derechos humanos, ONGs
especializadas en trabajo territorial, integrantes de las defensorías de la
Ciudad de Buenos Aires y becarios/as e investigadores/as en temáticas urbanas. Ver
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) (2015), Protocolo base para el diseño e implementación
socialmente responsable de procesos de relocalización involuntaria de población.
En línea: http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=View&a=anexoNorma&
boletin=4833&anexo=64444. [Consulta: 13, marzo, 2023].
[23]
Carman, María, Olejarczyk, Romina, Ruete, Regina, Demoy, María Belén, y López
Olaciregui, Inés, 2022, Ob. Cit.,
pp. 201-236.
[24] La enumeración de estos/as destinatarios/as constituye una
réplica al modus operandi previo que no los
contemplaban: la institución ejecutora debe acompañar a todas esas poblaciones,
cuyas condiciones de vida son también su responsabilidad. Por otra parte, este
abordaje desde la singularidad apunta a elaborar respuestas que se ajusten a la
diversidad de problemáticas habitacionales.
[25] Si el protocolo del IVC incide sobre la población afectada
a relocalización de 7 villas en la ciudad de Buenos Aires, el protocolo de
Acumar afecta, en principio, a la población de 632 villas, asentamientos y
conjuntos habitacionales de la cuenca. Ver Acumar (2016), Protocolo para el
abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y
asentamientos precarios en la cuenta Matanza-Riachuelo. En línea: https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/protocolo.pdf
[Consulta: 13, marzo, 2023].
[26] Con esta expresión nos referimos a la producción de un
cúmulo de conocimientos en torno a los procesos de relocalización que
involucraba estudios académicos, la sistematización del abordaje social de las
trabajadoras y los resultados parciales de nuestros trabajos de campo.
[27]Al avanzar sobre el espacio común del complejo, la actividad
de los carreros incumplía con la normativa de “Propiedad Horizontal”. Por otra
parte, la tracción a sangre animal se encuentra prohibida en la Ciudad de
Buenos Aires desde el año 1963.
[28] Si toda teoría es un programa de percepción, “el trabajo político de representación en palabras o
teorías (...) eleva a la
objetividad de discurso público o de práctica ejemplar una manera de ver y de
vivir el mundo social hasta ese momento relegada el estado de disposición
práctica o de experiencia tácita y a menudo confusa (...) y permite así que los agentes descubran sus
propiedades comunes más allá de la diversidad de las situaciones particulares
que aíslan, dividen y desmovilizan”. Bourdieu, Pierre, 2008, Ob. Cit., pp. 97-98.
[29] El funcionario se refiere a Horacio Rodríguez Larreta, Jefe
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2015-2019 y 2019-2023).
[30] Reunión Interministerial. Instituto de
Vivienda de la Ciudad. 2017.
[31] Quirós, Julieta, 2019, Ob. Cit., p. 193.
[32] No trazaremos aquí, por
razones de espacio, una genealogía del concepto ni de sus múltiples usos, tarea
que además ha sido emprendida parcialmente por otros colegas. Ver Leff, Enrique
(2003), “La Ecología Política en América Latina. Un campo en construcción”, Polis. Revista de la Universidad Bolivariana,
Vol. 2, n° 5, pp. 125-145; de Sousa Santos, Boaventura (2010), Descolonizar el saber, reinventar el poder,
Montevideo, Ediciones Trilce; Soto, Oscar (2018), “Diálogo de saberes,
traducción y lucha por el territorio. Aportes para un debate epistemológico”, Cardinalis, n° 11, pp. 65–83. En línea: https://revistas.unc.edu.ar /index.php/cardi/article/view/22929 [Consulta: 13, marzo, 2023]; Carenzo,
Sebastián y Trentini, Florencia (2020), “Diálogo de saberes e (in)justicia
epistémica en la construcción colaborativa de conocimientos y tecnologías:
interpelando dicotomías desde las prácticas”, Revista
Ucronías, nº2, pp. 99-129. En línea: https://ucronias.unpaz.edu.ar/index.php
/ucronias/article/view/18
[Consulta: 13, marzo, 2023].
[33] Pálsson, Gísli (2001), “Relaciones
humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comunalismo”, en Descola,
Philippe y Pálsson, Gísli (Eds.), Naturaleza
y sociedad. Perspectivas antropológicas, México D. F., Siglo XXI, p.
84.
[34] Pálsson, Gísli, 2001, Ob. Cit.
[35] La injusticia testimonial refiere a situaciones de
interacción donde las expresiones de un/a participante resultan desacreditadas
por otro, en virtud de prejuicios que este último pone en juego para
descalificar al primero. Carenzo, Sebastián y Trentini, Florencia, 2020, Ob. Cit.
[36] Hale, Charles (2004), “El protagonismo
indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del ‘indio
permitido’”. En Paz y Democracia en
Guatemala: desafíos pendientes. Memoria del Congreso Internacional de MINUGUA “Construyendo
la paz: Guatemala desde un enfoque comparado”, Guatemala, Fundación
Propaz, pp. 51-66.
[37] Moncho
es un término despectivo para referir a los varones de las clases consideradas
inferiores, que equivale a negro o morocho.
[38] Grassi, Estela (2003), “El
asistencialismo en el Estado neoliberal. La experiencia argentina de la década
del 90”, E-l@tina. Revista Electrónica de
Estudios Latinoamericanos, Vol. 1, nº 4, pp. 29-51.
[39] Grassi, Estela, 2003, Ob. Cit., p. 32.
[40] Pálsson, Gísli, 2001, Ob. Cit., p. 89.
[41] De la Aldea, Elena y Lewkowicz,
Ignacio (2004), “La subjetividad histórica. Un obstáculo en las prácticas
comunitarias de salud”. En línea: https://es.scribd.com/document/36817459 /LaSubjetividadHeroicaElena
[Consulta: 13, marzo, 2023].
[42] Lekerman, Vanina (2021), “La vivienda
social como deuda: prácticas del don y el contradon”. En en Carman, María y
Olejarczyk, Romina (Comps.) Resistir Buenos
Aires. Cómo repensar las políticas excluyentes desde una praxis popular,
Buenos Aires, Siglo XXI, pp.139-168.
[43] Favret-Saada,
Jeanne. (2013), “Ser afectado”, Avá,
vol.23, nº 1, pp. 58-67.
[44] Despret, Vinciane (2022), Habitar como un pájaro. Modos de hacer y de pensar
los territorios, Buenos Aires, Cactus.
[45] Viveiros de
Castro, Eduardo (2010), Metafísicas
caníbales. Líneas de antropología postestructural, Buenos Aires, Katz.
[46] Eduardo Viveiros de Castro en de la
Cadena, Marisol (2020), “Cosmopolítica indígena en los Andes: reflexiones
conceptuales más allá de la ‘política’”, Tabula
Rasa, n°33, p. 294.
[47] de la Cadena, Marisol (2009),
“Política indígena: un análisis más allá de 'la política’”, WAN Journal, n° 4, p. 152.
[48] Stengers, Isabelle (2014), “La
propuesta cosmopolítica”, Revista Pléyade,
n°14, pp. 17-41.
[49] Olejarczyk,
Romina y Demoy, Belén (2017), “Habitar la trinchera: potencia y política en el
trabajo social”, Territorios. Revista de Trabajo Social, n°1,
pp. 13-28. En línea:
https://publicaciones.unpaz.edu.ar/OJS/index.php/ts/article/view/25. [Consulta:
13, marzo, 2023].
[50] Rancière, Jacques (2012), El desacuerdo. Política y filosofía,
Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 36-37.
[51] Stengers, Isabelle, 2014, Ob. Cit., p. 22.
[52] Manzano, Virginia y Moreno, Lucila
(2011), “Censar, demandar y acordar: demandas colectivas y políticas estatales
en el Gran Buenos Aires”, Revista Pilquen,
Vol. 14, N°1, pp. 133-143.
[53] Carman,
María, Olejarczyk, Romina, Ruete, Regina, Demoy, María Belén, y López
Olaciregui, Inés, 2022, Ob. Cit.,
pp. 201-23.
[54] Quirós, Julieta, 2019, Ob. Cit.
[55]
Grignon, Claude y Passeron, Jean-Claude, 1991, Ob.
Cit.
[56] Segato conceptualiza esta disponibilidad como el anhelo
ético de abrirse y exponerse voluntariamente a la perplejidad que el mundo de
los otros le impone a nuestras certezas. Ver Segato, Rita, 2004, Ob. Cit., pp. 16-17.
[57]Abramovich, Víctor y Courtis, Christian
(2005), “Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales”, Jura Gentium. En línea: https://www.juragentium.org/topics/latina
/es/courtis.htm [Consulta: 13, marzo, 2023].