Revista Andes, Antropología e Historia
Vol. 2, Nº 32, Julio - Diciembre de 2021
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En la punta de San luis: un
espacio de exclusión entre el Rio de la Plata yChile (1750-1819)
AT
LA PUNTA DE SAN LUIS: A SPACE OF EXCLUSION BETWEEN THE RIVER PLATE AND CHILE
(1750-1819)
Marcela V. Tejerina
Departamento
de Humanidades Universidad Nacional del Sur
Bahía
Blanca, Argentina
tejerina@criba.edu.ar
Fecha de ingreso:
07/09/2020
Fecha de
aceptación: 02/03/2021
Resumen
La
propuesta se origina en la particular condición que adquirieron diversos
pueblos de frontera, ciudades o villas a lo largo del proceso revolucionario,
la mayoría muy distantes de los centros de decisión o del conflicto armado, que
funcionaron como jalones de un itinerario al que debieron someterse no sólo los
confinados por razones políticas, sino también los prisioneros realistas de las
guerras de independencia, en su derrota de internación. Considerados en este
sentido como espacios de exclusión, el análisis se centra en la ciudad de San
Luis de Loyola, preguntándose por el modo en que el arribo de esos hombres
influyó en el desenvolvimiento político de la comunidad política local y en su
relación con el centro de poder revolucionario. Al entender que un espacio de
esa naturaleza se estructura en forma inextricablemente unida a la práctica
social de los hombres y a las relaciones que establecen entre sí y con su
entorno, se recorren las diferentes circunstancias que condujeron a su
utilización como espacio de exclusión, atravesado
por la participación de múltiples actores que, a través de sus alianzas o de
sus conflictos, insertaron a la jurisdicción en procesos más amplios, cuya
articulación aun resta mucho por profundizar.
Palabras clave: Revolución, San Luis,
Espacio, Exclusión, Política
Abstract
The proposal originates
from the particular condition that prevailed in various border towns, cities or
towns throughout the revolutionary process.
Most of them were very distant from the decision-making centers or the
armed conflict. Therefore, they operated as milestones in an itinerary which
had to be followed not only by those confined for political reasons, but also
by the royalist prisoners of the wars of independence in their defeat of
internment. Considered in this sense as spaces of exclusion, the analysis
focuses on the city of San Luis de Loyola and explores the way in which the
arrival of these men influenced the political development of the local
political community and its relationship with the center of the revolutionary
power. Understanding that the structure of a space of this nature is
inextricably linked to the social practice of men and the relationships they
determine with each other and with their environment, the different
circumstances that led to its use as a space of exclusion are reviewed. This
space was crossed by the participation of multiple actors who, through their
alliances or conflicts, connected the jurisdiction to more complex processes.
Further research needs to be carried out on the articulation of such processes.
Keywords: Revolution; San Luis;
Space; Exclusion; Politics
Introducción
Desde
un enfoque transnacional, los procesos de expulsión territorial de principios
de siglo XIX han dado cuenta de la circulación de hombres e ideas en torno del
espacio atlántico, en general, e hispanoamericano, en particular, y su
influencia sobre el proceso revolucionario.
A una menor escala, se ha evidenciado que, tal como ocurría con los exiliados
en diversas ciudades de América y Europa, los revolucionarios confinados al interior
del ex virreinato, o los contrarrevolucionarios internados como prisioneros de
guerra, podían alcanzar considerable influencia en las ciudades, pueblos o
villas a las que arribaban. En algunos casos, participando en grupos de acción
política, que operaron como verdaderos focos de resistencia al movimiento
revolucionario; en otros, influyendo en forma decidida en la construcción
política local y regional, en articulación con alguna de las facciones que
pretendían dominar el proceso revolucionario desde el centro porteño.
El
confinamiento de los disidentes, adversarios o enemigos políticos, tanto así
como la internación de prisioneros de guerra en lugares alejados de los
escenarios de batalla, constituían prácticas ya utilizadas por los Borbones.
El confinamiento aludía a una de las formas que asumió la
práctica de expulsar del territorio a delincuentes, enemigos u opositores, tanto
así como el destierro, la deportación, el extrañamiento o la expatriación. De
acuerdo al Diccionario de Autoridades de 1726-1739, se hablaba de confinamiento
cuando en la decisión del destierro se estipulaba el lugar en el cual éste se
debía cumplir, de modo tal que refería al acto de destierro acompañado de una
asignación y prefijación «del lugar o paraje donde ha de ir, y estar
precisamente». El destierro en sí mismo era entendido como la expulsión o
privación de permanecer en su tierra o en otro lugar donde tuviera su
domicilio, por tiempo limitado o en forma perpetua. En algunas pocas ocasiones
las penas también referían al exilio, vocablo que era lo mismo que destierro,
pero de raro uso por aquella época.
La expatriación, en forma particular, se convertiría en una de las formas de
expulsión territorial más utilizada durante la década revolucionaria y uno de
los castigos más extremos, destinado a aquellos considerados responsables de
los peores delitos.
En el uso de los contemporáneos la expatriación solía ser asimilada en ciertos
casos al extrañamiento[7].
El
hecho de que, tanto la internación de prisioneros de guerra como la expulsión
del territorio por razones políticas, se siguieran utilizando a lo largo de la
etapa independiente, constituye un indicio más de la continuidad entre
el imaginario borbónico y el revolucionario,
al que han aludido algunos
historiadores en relación a la concepción de gobierno político y militar.
En el proceso de consolidación de un nuevo orden, señala
Halperín Donghi, los jefes revolucionarios
se vieron en la necesidad de establecer rápidamente nuevas vinculaciones
con la entera población subordinada y, en esas vinculaciones, “el estilo autoritario del viejo orden no había de ser abandonado; el
prestigio y los medios de coacción derivados del uso tradicional del poder era,
frente a esos sectores marginales, una ventaja cierta”.
En el caso particular de la expulsión
territorial por razones políticas, hemos podido observar el modo a través del
cual, en el Río de la Plata colonial y, sobre todo, a lo largo de las primeras
décadas del siglo XIX, diversos pueblos de frontera con el indio, también varias
ciudades o villas, la mayoría muy distantes de los centros de decisión o del
conflicto armado, funcionaron como jalones de un itinerario al que debían
someterse los expulsados, en su derrota de exclusión.
Constituían puntos de recalada de los extranjeros que se pretendía alejar de
los puertos marítimos, lugares de internación de los prisioneros de guerra que
era necesario retirar de las zonas de enfrentamiento o refugio involuntario de
quienes resultaban extrañados de escenario político. Allí confluían gobernantes
desterrados, oficiales y soldados prisioneros de guerra, o fugitivos realistas
tanto como revolucionarios que huían del poder de turno. Eran hombres que provenían de
distintos lugares,
algunos con sus familias, integrándose de este modo a las comunidades de
acogida que, definidas por la funcionalidad que
se les atribuía desde fuera, irían
adquiriendo la particular condición de espacios de exclusión, en los cuales se
irían constituyendo determinadas configuraciones de poder, a partir de la
interdependencia entre actores locales y forasteros.
Cuando hablamos de espacios de exclusión, lo
hacemos en los términos de Antonio Manuel Hespanha, entendiéndolos como
espacios con una profunda historicidad, que se estructuran en forma
inextricablemente unida a la práctica social de los hombres, a las relaciones
que establecen entre sí y con su entorno, producto de una práctica cultural o
simbólica.
Así planteados y siguiendo a de Certeau, constituyen lugares practicados, en
tanto se originan a partir de las experiencias espaciales que dan cuenta del
mismo, en las prácticas que articulan estas experiencias y en las operaciones
por medio de las cuales los sujetos históricos transforman lugares
y los especifican como espacios. De allí la riqueza de abordar ciertos procesos propios de
diversos espacios políticos, sean pueblos, villas, ciudades u otros; espacios
públicos por excelencia
que, asimismo y a lo largo del tiempo, fueron constituyéndose como espacios de
exclusión en los que la confluencia de múltiples actores tuvo un impacto
particular, no sólo sobre el desenvolvimiento local, sino también en su
articulación con otros espacios y procesos más amplios.
Proponemos, por ello, trabajar sobre el caso
de la ciudad
de San Luis de Loyola, también llamada San Luis de la Punta de los Venados, La
Punta, la Ciudad de La Punta o la Punta de San Luis.
Por su ubicación en el camino hacia Chile y su condición de territorio poco
poblado y alejado de la costa, fue desde siempre una ciudad de paso, tanto como
un destino de internación o confinamiento, no sólo durante el gobierno de los
Borbones sino, fundamentalmente, a partir de 1810, con la incorporación de la
ciudad al proceso revolucionario. La “ciudad de los confinados” - según
apelativo utilizado por un historiador local-
ofrecía, a sus ojos, condiciones inmejorables, tanto desde el punto de
vista geográfico como moral.
“Convertida en ‘Santa Elena mediterránea’ -ha
señalado otro-, San Luis ganó con los años un triste renombre, ensombrecido por
el hastío de los realistas y la impaciencia de más de un
altivo personaje”[17].
Considerada, en este sentido, como espacio de exclusión, nos preguntamos de qué
modo esta particular condición pudo haber influido en el desenvolvimiento de la
comunidad política de la ciudad de La Punta y en su inserción a escala regional
e interregional. Nos proponemos, por consiguiente, un doble objetivo. Recorrer,
por un lado, las diferentes circunstancias que condujeron a la utilización de
La Punta de San Luis como tal espacio de exclusión. Por el otro, rastrear las
relaciones que se establecieron con los confinados y las configuraciones de
poder que la comunidad de origen fue estableciendo con los recién llegados. El
análisis se inicia a principios de la década de 1750, cuando la política de
internación de los Borbones comienza a profundizarse, y se desarrolla hasta fines
de la década de 1810, previo a la caída del gobierno central. Recurrimos para
ello no sólo a las actas del Cabildo de la
ciudad de San Luis que se encuentran disponibles sino, fundamentalmente, a otros
diversos documentos oficiales, prensa de la época, crónicas y material autobiográfico, tanto
éditos como inéditos.
Los antecedentes coloniales
Los primeros indicios con que
contamos acerca de la utilización de la ciudad San Luis como espacio de
exclusión por parte de los Borbones datan de mediados del siglo XVIII, con el
arribo de prisioneros de guerra de origen lusitano, fruto de los
enfrentamientos entre las coronas ibéricas en torno a Colonia del Sacramento.
La ciudad de San Luis de
Loyola había sido fundada el 25 de agosto de 1594, a cargo del teniente
corregidor de Cuyo - don Luis Jufré de Loaiza y Meneses- y por orden del
gobernador y capitán general de Chile, bajo cuya jurisdicción se hallaba el
territorio. Dado el origen de su fundación, la ciudad había pasado a formar
parte del Corregimiento de Cuyo, con cabecera en Mendoza y bajo la jurisdicción
de la Capitanía General de Chile y de la Real Audiencia con asiento en
Santiago. Contaba con la autoridad de un Teniente Corregidor que era nombrado
por el Corregidor con sede en Mendoza y la aprobación del Cabildo local.
Con su fundación se había buscado facilitar la salida hacia el Atlántico,
mediante un emplazamiento en el camino a la gobernación de Buenos Aires que
resultara una ruta más corta y rápida que la que se había establecido a través
de la ciudad de Córdoba. Había pesado, además, la necesidad de fortalecer la
defensa del Pacífico y acelerar las vías para la ayuda militar al sur de Chile,
sobre todo después de las consecuencias de la expedición de Francis Drake
(1578-1579) y la presencia de los galeones holandeses[21].
La Punta de San Luis en
las rutas comerciales del siglo XVII
Fuente:
Gascón, Margarita (2000), “Comerciantes y redes mercantiles del siglo XVII en
la frontera sur del Virreinato del Perú”, Anuario de Estudios
Americanos, vol. 57, nº 2, p. 427
No obstante su lugar
estratégico, desde un principio las autoridades debieron enfrentar el problema
de la escasa población del Corregimiento. La posibilidad de mantener poblados
que sirvieran de escala para los soldados en su ruta hacia la frontera
araucana, se dificultaba por la permanente extracción de huarpes hacia Chile[22].
A lo largo del siglo XVIII, el permanente peligro de despoblamiento del
territorio hizo que los funcionarios de la monarquía
borbónica consideraran que el circunstancial arribo de extranjeros prisioneros
en situación de guerra podía contribuir a engrosar las poblaciones e incorporar
mano de obra para los emprendimientos locales. Por ese entonces, el recurso de
internar a grupos de individuos o familias al interior del territorio había
comenzado a ser muy utilizado, generalmente en épocas de conflicto. En ocasiones,
el traslado respondió a la necesidad de alejar de los puertos a los extranjeros
que residían en forma temporaria;
en otras oportunidades, fue utilizado para retirar a los prisioneros de las
zonas de enfrentamiento o para internar a los pobladores que residían en las
zonas ocupadas al enemigo. Para las jurisdicciones receptoras, el impacto de
esta política se medía, sobre todo, en términos de radicación de los
extranjeros, con miras al poblamiento.
En un contexto bélico que, hacia mediados del
siglo XVIII, enfrentaba a las coronas ibéricas, en el espacio rioplatense la
internación de prisioneros portugueses terminó constituyendo una medida tan
frecuente como bienvenida en los lugares de acogida.
En el caso cuyano, fue durante el gobierno de Domingo Ortiz de Rozas
(1746-1755) que las autoridades santiaguinas mostraron mayor interés en
consolidar su poblamiento con el aporte de los prisioneros internados.
Estos generalmente se distribuían entre las distintas poblaciones del
corregimiento,
aprovechando la oportunidad para promover su radicación y emplearlos como mano
de obra con distintos fines.
A pesar del interés de las autoridades, la
presencia de estos hombres podía generar desórdenes, provocando la queja de los
vecinos. En octubre de 1777, el cabildo de San Luis denunciaba que prisioneros
portugueses deambulaban por las calles,
armados con palos, y provocando desórdenes entre ellos.
Posiblemente, habían llegado a la jurisdicción puntana en el marco de la
campaña que un año antes había encabezado don Pedro de Cevallos, para la toma
de Santa Catalina y la ocupación definitiva de Colonia del Sacramento, lo cual
había culminado con la creación del virreinato del Río de la Plata (1776).
Posteriormente, con la firma del Tratado de San Ildefonso entre España y
Portugal (1777), la monarquía española sentó las bases materiales y jurídicas
para que todos aquellos prisioneros portugueses que hubiesen sido internados a
lo largo de los enfrentamientos con los lusitanos pudiesen radicarse en
territorio hispano, incluidos aquellos que se habían instalado en el marco de
los sucesos de 1762, tanto en el Corregimiento de Cuyo como en la Gobernación
del Tucumán.
De acuerdo a las afirmaciones de Sanjurjo de Driollet, y aun reconociendo la
importancia de otros factores relacionados con las reformas de los Borbones,
la medida respecto de los extranjeros habría contribuido al considerable
aumento de la población, evidenciado hacia la segunda mitad del siglo toda vez
que, según datos del censo de 1777-1778, sobre unos 10000 pobladores
registrados en 1752, poco más de veinte años después la población del corregimiento
había ascendido a unos 23.300 habitantes.
A poco de iniciado el siglo XIX, la ciudad de
San Luis volvió a ser utilizado como espacio de exclusión, designada como uno
de los tantos destinos a los que fueron enviados los prisioneros de guerra de
origen británico internados en el contexto de las invasiones inglesas.
Para esas alturas, con la creación del Virreinato del Río de la Plata y el establecimiento de
la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia
de 1782, el
Corregimiento de Cuyo había resultado disuelto y las ciudades de la región
habían sido incorporadas a la Intendencia de Córdoba del Tucumán, bajo la
autoridad del gobernador intendente con sede en Córdoba. Más allá del cambio de
jurisdicción, los gobiernos seguían con la línea trazada mucho
tiempo atrás, en orden a promover el poblamiento de la zona. En línea con esta
predisposición, se dispuso desde un principio que quienes jurasen fidelidad y
vasallaje quedaban libres de establecerse, en lo posible distantes unos de
otros y designándose persona que vigilase su conducta, a no ser que se
consignase relación laboral a cambio de un salario. La medida, además,
contribuiría a alivianar la erogación del erario real.
El vecindario puntano, sin embargo, no se mostraría proclive a la recepción de
estos prisioneros. A poco su arribo, se alertaba sobre posibles desórdenes
y, con la llegada de otros 40 prisioneros británicos procedentes de Mendoza, se
temía “por ser estos hombres sectarios y herejes y
nuestras gentes tan llenas de ignorancia y simplicidad”.
Ante la posibilidad de que se decidiese repartirlos por la campaña, el cabildo
consideraba la conveniencia de que, por el contrario, resultasen acuartelados,
tal como se había dispuesto en otras ciudades, a pesar de las erogaciones
necesarias para su mantenimiento.
Avanzado el año 1807, se sumaba el temor a una posible sublevación, tal como
habían sucedido en otras jurisdicciones.
El cabildo señalaba al comandante de armas, por su falta de control sobre la
soldadesca encargada de la vigilancia de los prisioneros. En respuesta, el
comandante deslizaba la posibilidad de que algunos vecinos y miembros capitulares
estuvieran asociados con los ingleses.
Las controversias finalmente acabaron cuando, luego del fracaso de la segunda
invasión en julio de 1807 se ordenó que los prisioneros fueran restituidos a la
ciudad de Buenos Aires, en carretas, caballos, mulas o “en
cualesquier otra forma que se les proporcione”.
De las experiencias narradas se desprende
que, a pesar de la conveniencia que las autoridades reales encontraban en la
radicación de los extranjeros que arribaron a la ciudad en calidad de prisioneros
de guerra y, a despecho de la provisión de mano de obra que tal medida pudo significar
para el territorio, su permanencia y circulación fue percibido por parte de la
vecindad como una amenaza al orden y a las buenas costumbres, sobre todo por
cuestiones de religión. En el caso de la valoración de la presencia de los
británicos, por otro lado, sin duda se sumaba la incertidumbre que despertaba
el particular contexto de crisis institucional que, si bien con eje en Buenos
Aires, todo el virreinato había comenzado a transitar.
De los confinados revolucionarios al fantasma de la
contrarrevolución
Una vez iniciado el proceso
revolucionario rioplatense, y tal como adelantáramos oportunamente, los
sucesivos gobiernos instalados en Buenos Aires no solo continuaron con la
práctica de internación de prisioneros de guerra, sino que además, adoptaron y
aun profundizaron la política de expulsar del territorio a todos aquellos que
fueran considerados una amenaza, para confinarlos en distintos puntos del ex
virreinato.
En un principio, las medidas de
expulsión alcanzaron sólo a aquellos altos funcionarios de carrera de origen
metropolitano que se mostraban explícitamente reactivos a la revolución. Pero
luego, todo
el grupo peninsular fue convertido en sospechoso y, como tal, sometido a la
alternativa de la expulsión.
Llegados a este punto, y al mismo tiempo que se intensificaban los controles
sobre los españoles europeos, la práctica de expulsar del territorio por
razones políticas comenzó a utilizarse como una herramienta más y
fundamental en la lucha facciosa al interior del grupo revolucionario, en una fase caracterizada
por la ampliación y radicalización de las expulsiones.
En este escenario, la ciudad de San Luis
continuó siendo utilizada como espacio de exclusión, no sólo por el gobierno
porteño, sino también por otras jurisdicciones. Desde un comienzo empezaron a
llegar individuos desde Buenos Aires.
Con posterioridad a las jornadas del 5 y 6 de abril de 1811, y en
el marco de los enfrentamientos entre morenistas y saveedristas, arribaron a
San Luis varios revolucionarios vinculados a la Sociedad Patriótica, expulsados
de Buenos Aires por orden de la Junta Grande.
Según las memorias del notario eclesiástico
Gervasio Antonio de Posadas,
habían sido enviados sin ningún tipo de escolta, algunos con
pasaporte a la ciudad puntana y otros como escala hacia su destino final en
Mendoza o San Juan. El arribo de estos hombres no dejó de ser un problema para
las autoridades locales. No sólo tenían que hacerse cargo de su control y
vigilanciasino
que, en ocasiones, debían responder por las confusiones o los inopinados
cambios de planes sobre el destino de los confinados.
Un
caso especial fue el del vocal de la junta, don Nicolás Rodríguez Peña. Con pasaporte a la
ciudad puntana, al cabo de un tiempo comenzó
a recibir ataques de parte del comandante de armas, quien repentinamente
lo obligo a salir “para un nuevo e inesperado
destierro al distancísimo y miserabilísimo pueblo de indios nombrado Guandacol”[49].
Si bien la orden del traslado de Rodríguez Peña había provenido de Buenos Aires,
no sería tal vez errado inferir cierta animadversión por parte del comandante
de armas, teniendo en cuenta su asociación con don Marcelino Poblet, diputado
de San Luis en la junta grande.
Recordemos que, desde su diputación, Poblet había apoyado al grupo saavedrista en
la decisión de desterrar al propio Rodríguez Peña y a todo el grupo morenista.
Se podría pensar que, tal como se ha planteado respecto de Mendoza, el conflicto
entre saavedristas y morenistas se había trasladado a la ciudad puntana.
Como haya sido, parecería que, a pesar de lo traumático de su experiencia,
Rodríguez Peña habría desarrollado cierta afición por la región, pero, fundamentalmente, múltiples relaciones
con actores locales, que redundarían en beneficio de la política porteña.
Hacia 1812 y ya en la capital porteña,
el cabildo de San Luis lo elegía para representar a la ciudad en la Asamblea
convocada por la circular del 3 de junio de dicho año. Entre los fundamentos
para su elección se hacía mención tanto a su patriotismo como a su adhesión a
la provincia.
Mientras tanto, en Buenos Aires habían
comenzado a multiplicarse los confinamientos por razones políticas. A las
medidas derivadas de los enfrentamientos entre facciones al interior del grupo
revolucionario, se sumó la expulsión de varios españoles europeos implicados en
la fallida conspiración liderada por Álzaga, en contra del triunvirato.
Para la misma época, la prensa porteña difundía las noticias sobre la
sublevación de los prisioneros realistas en Carmen de Patagones.
Los temores a la reacción contrarrevolucionaria se acrecentaban y, con ello,
los controles sobre los españoles europeos que hubieran podido mantenerse
leales o fieles a las autoridades metropolitanas.
Ya
avanzado el año 1813, el escenario se complicó con el traslado a la ciudad
puntana de varios confinados realistas provenientes de las jurisdicciones de
Salta, Famatina y la villa de Luján.
Para las autoridades locales, la confluencia de
prisioneros en una ciudad que no estuviera especialmente preparada para
albergarlos podía dar lugar a instancias de intranquilidad, inseguridad
política y desorden. Para esa época, algunos prisioneros habían
sido distribuidos en las pocas casas de alquiler que se hallaban disponibles;
otros en casas particulares y, aquellos que no tenían cómo sostenerse, habían
sido repartidos en la campaña “para que con su industria
ganen siquiera para sostenerse”.
Las dudas en San Luis, respecto de la conducta de los
europeos confinados, generaban tanta intranquilidad en las autoridades que, en
octubre de 1813, se resolvió que todos los sospechosos saliesen para la campaña
y que, para prevenir conspiraciones, toda correspondencia girase abierta[62].
A tres años de la revolución, la situación de San Luis como espacio de
exclusión era cada vez más compleja. Por un lado, el arribo de algunos
revolucionarios porteños desterrados de Buenos Aires en el marco del
enfrentamiento entre saavedristas y morenistas, no solo dio cabida a la
reproducción de esas luchas facciosas al interior de los grupos de poder
puntanos, sino también a la progresiva influencia de los intereses porteños
sobre los mismos. Por otro lado, la recepción de un creciente número de
españoles europeos confinados por su condición de fidelistas o leales a las
autoridades metropolitanas, aumentaba la posibilidad de una contrarrevolución
que, para las autoridades y el pueblo puntano se profundizaría luego de la
restauración de Fernando VII.
don Juan
Martín de Pueyrredón, del conflicto a la representación
El año 1813 también resultó significativo
para la ciudad de San Luis por el arribo de don Juan Martín de Pueyrredón en
calidad de confinado, quien tendría un rol central en inserción de la ciudad en
los planes sanmartinianos. En diciembre de 1812, el teniente gobernador don
José Lucas Ortiz acusaba recibo de la noticia sobre su inminente arribo.
Había sido expulsado como consecuencia del movimiento del 8 de octubre
de 1812 que, encabezado por la sociedad patriótica
y la Logia Lautaro, bajo el liderazgo de José de San Martín y Carlos de Alvear,
había culminado con la
disolución del primer triunvirato, del cual Pueyrredón formaba parte, en
reemplazo de Juan José Paso. En enero de 1813 arribaba
acompañado por su hermano, José Cipriano Andrés, y un sobrino.
Por ese entonces, Pueyrredón había pasado a
formar parte de la lista de funcionarios que debían pasar por el juicio de residencia, ordenado por la Asamblea del Año XIII.
De allí el interés del Director Supremo Posadas porque Pueyrredón no intentara
afectar la “sagrada causa” y se mantuviera en su lugar de su expulsión[68].
Según informaba el teniente gobernador a nueve meses de su llegada, no se le
había reconocido en su comportamiento el más mínimo intento de alteración; se
hallaba tan cómodo en San Luis que, finalmente, se había decidido por adquirir
una estancia “como por vía de recreo” a la cual pensaba mudarse “con el objeto de aprender trabajo de alguna consideración”.
Sin embargo, la preocupación de Posadas resultaba justificada. A poco de su
llegada, y en espera de su residencia, Pueyrredón había insistido en que se
pusiera fin a su confinamiento o, por lo menos, se mudara su asiento a un lugar
más cercano a la ciudad porteña.
A sólo un mes de su arribo, ya había solicitado su traslado a la ciudad de
Córdoba; aducía tanto problemas de salud, como el maltrato recibido por parte
de las autoridades puntanas.
Anoticiados de estas quejas, el teniente gobernador minimizaba las denuncias,
pero los miembros del cabildo cargaban las tintas contra el propio Pueyrredón,
así como también contra su hermano.
Preso de “reservados designios” – afirmaban- Pueyrredón había tergiversado las
intenciones de un cuerpo capitular que él consideraba alineado a sus enemigos
de Buenos Aires: “El pecado capital que estos magistrados han
contraído para con este Sr. es el de no haberse sometido a él en todo, porque
suponen que nuestra energía no es por adhesión a la causa, sino por facción y
partido con los actuales funcionarios públicos de esa capital”.
Con este entredicho, se infiere, volvían a resonar en territorio puntano los
conflictos propios de la elite revolucionaria del gobierno central. Recordemos
los vínculos que el ayuntamiento había entablado con Rodríguez Peña, el mismo
que, según testimonio recogido por Gammalsson, había influido en la decisión de
confinar a Pueyrredón a San Luis.
Por otro lado, para esa época los hermanos
Pueyrredón estaban muy enfrentados con el alcalde de primer voto, don Ramón
Esteban Ramos, con quien se entrecruzarían en forma pública.
Cuenta Gammalson, que el enfrentamiento remitía a un conflicto de intereses por
cuestiones vinculadas a la explotación agrícola. Pueyrredón había comenzado a
producir trigo y maíz en su finca y promocionaba la actividad entre los
chacareros de la zona, con perjuicio de los troperos que se encargaban de
introducir el cereal proveniente de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza y de todos
aquellos “que aprovechándose de sus influencias políticas hasta la llegada de
Dupuy habían usufructuado el agua de las acequias para regar sus alfalfares en
detrimento de los agricultores sin tales palancas”.
Don
Vicente Dupuy había asumido como teniente gobernador en marzo de 1814, en el
marco de la recientemente creada Intendencia de Cuyo. Amigo de la infancia de
don Juan Martín,
en el desenlace de su enfrentamiento con Ramos, sin duda había tendido a
favorecer la situación de los hermanos.
Hacia fines de 1814,
Pueyrredón no sólo contaba con el apoyo del teniente gobernador Dupuy en San
Luis, sino también con el del recientemente nombrado gobernador intendente, don
José de San Martín.
Finalmente, en febrero de 1815, el Director Supremo Carlos María de Alvear
levantaba su destierro
y, a los pocos meses, resultaría elegido por la jurisdicción de San Luis para
representarla en el nuevo congreso constituyente a reunirse en la ciudad de
Tucumán.
Habían cambiado los tiempos
y se hacía imperativo fortalecer la unidad que tanto se había visto amenazada
por la crisis de 1815, luego del avance artiguista sobre el litoral, la
disolución de la asamblea y la caída del gobierno de Alvear, el enfrentamiento
entre confederacionistas y centralistas en Buenos Aires
y la consecuente serie de reclamos de autogobierno por parte de los pueblos.En este escenario, por su parte, el
cuerpo territorial puntano se encontraba totalmente integrado al esquema de
poder ejecutado por el teniente gobernador Dupuy, pero delineado por San Martín.
No
obstante esta red de apoyos, la elección de Pueyrredón como representante de San
Luis se desarrolló en medio de una serie de irregularidades, denuncias y
solicitudes de impugnación, que volvieron a desnudar el enfrentamiento faccioso
en el que se había visto envuelto desde los inicios de su llegada.
Lo cierto es que, a pesar que
el Estatuto de 1815 incorporaba por primera vez la representación política de
la campaña, para la votación de los electores en
San Luis sólo habían sido convocados los habitantes de la ciudad y aquellos
vecinos de la campaña que se hallaban en ella, muchos de los cuales se habían
trasladado por las festividades del 25 de mayo. Las urgencias de un congreso
que, según oficio de 15 días antes, no admitía demoras, y la gran extensión de
la jurisdicción - se afirmaba- habían vuelto imposible cumplir con los términos que exigía el estatuto para la
reunión y registro de todos los ciudadanos que se encontraban en condiciones de
votar en la ciudad y la campaña.
Bajo estos criterios, y no obstante los reclamos interpuestos por el procurador
síndico y tres vecinos,
los electores don José Cipriano de Pueyrredón, el reverendo padre fray Benito Lucero y el
regidor decano Tomás Luis Osorio, eligieron como diputado a don Juan Martín de
Pueyrredón.
Si bien aceptó el encargo en forma
casi inmediata,
poco tardaría en enterarse de las denuncias por fraude que habían circulado en
forma anónima y los rumores sobre un acto eleccionario al que no había concurrido
la totalidad de la ciudadanía, y en el cual su hermano había fungido como
elector y presidente de la junta electoral. En forma inmediata, presentaría su
dimisión.
Conocida su renuncia, los vecinos de la ciudad y gran parte de los habitantes
de la campaña elevaron una representación al gobierno, en apoyo de “un hombre, que no menos ama, que conoce la índole de estos
recomendables habitantes”.
Para el ayuntamiento, las acusaciones de fraude no habían sido más que la obra
de “tres o cuatro genios inquietos y turbulentos, que
por desgracia existen en este pueblo juicioso”, “hombres ingratos a su suelo y enemigos de la tranquilidad y del bien
general, cuando no opuestos o indiferentes a la causa”, quienes con
sus acusaciones ofendían no sólo a los miembros del ayuntamiento sino también
al teniente gobernador Dupuy. No identificaban a los responsables ni proponían
castigo o pena alguna, si bien eran considerados “enemigos
implacables del orden y del bien común”.
Según Gammalsson, éste era “un pequeño grupo
federatista”, vinculado a los artiguistas y con apoyo del gobernador
de Córdoba, José Javier Días.
Calificados como “díscolos y ambiciosos”, observa
Núñez, sólo pretendían un diputado nativo de la jurisdicción.
Lo cierto es que, pese a la oposición de la facción representada por estos
puntanos, y con la mediación del Director Supremo Alvarez Thomas, don Juan
Martín de Pueyrredón finalmente aceptó el encargo.
Meses después, sin embargo, se vería en la necesidad de solicitar al cabildo
puntano la transmisión de sus poderes a un sustituto.
Si bien no lo aclaraba específicamente, se asumía que sus razones podrían en
efecto impedirle su permanencia como representante de la ciudad.
Poco más adelante, Pueyrredón
terminaría por asumir como Director Supremo de las Provincias Unidas del Sud, y
hasta fines del año 1817, San Luis se quedaría sin representación.
La amenaza de los prisioneros realistas
Así como el flujo de revolucionarios
confinados continuó a lo largo de toda la década,
en la medida que se profundizaban las guerras por la independencia, la
internación de prisioneros realistas también se fue incrementando. En este
escenario, la Intendencia de Córdoba resultaba
ser uno de los destinos más elegidos. Por
su lejanía respecto de los centros de combate o de los espacios controlados por los peninsulares, era
considerada uno de los lugares más seguros para la permanencia de estos hombres.
Hacia fines de 1815, el teniente gobernador
Dupuy había transmitido al Director Supremo sus prevenciones contra los “enemigos de la causa” que habían sido confinados a San Luis
por orden del Gobernador Intendente de Cuyo. Preocupaba, sobre todo, la mala
influencia que podrían ejercer sobre el “espíritu patriótico”
de los puntanos.
Tal el caso de los trece religiosos que habían arribado confinados desde Chile,
tres de los cuales habían intentado fugarse, resultando aprehendidos por una
partida del gobierno en la jurisdicción de La Rioja. La “conducta
escandalosa” de estos hombres, “no sólo atacando el
sistema abiertamente, sino asimismo, profanando a cada paso el Santo Ministerio
que les constituye”, había convencido al teniente gobernador de
terminar remitiéndolos a Buenos Aries. La decisión respondía no sólo a que
había llegado a su límite de lenidad y tolerancia, sino a los peligros que amenazaban a la
provincia y a “otras mil consideraciones” que
ponían en riesgo su responsabilidad.
La derrota patriota en Rancagua, a principios de octubre de 1814, había vuelto
imprescindible aumentar el control sobre quienes pudieran poner en peligro el
orden revolucionario. A los problemas derivados de la presencia de los
contrarrevolucionarios que habían llegado confinados desde Chile, se habían
sumado aquellos relacionados con la presencia en la ciudad de don Juan José
Carrera, a quien Dupuy se había visto obligado a iniciar sumario.
En octubre de 1814, el gobernador intendente San Martín había dado orden de confinarlos
en San Luis, junto con sus seguidores, hasta que el gobierno directorial
decidiera trasladar a los Carrera a Buenos Aires.
Con posterioridad a Rancagua, y en el marco del vasto contingente de emigrados
chilenos que había arribado a Cuyo, el creciente influjo de los Carrera y su
desafío al liderazgo del gobernador intendente habían precipitado tal decisión.
Una vez que José Miguel Carrera inició su travesía rumbo a Buenos Aires, Juan
José y su mujer permanecieron unos meses en San Luis, prestos a trasladarse a
la capital para presentarse al “justo tribunal” en el que esperaba encontrar la
“equidad” a la que se consideraba acreedor, luego de los “atropellamientos” y
“más crueles insultos”, propios de la “conducta tirana” del gobernador
intendente don José de San Martín.
A
lo largo de 1816, y como consecuencia de los preparativos de la
expedición a Chile, el gobernador intendente de Cuyo decidió el traslado a San
Luis de todos los españoles europeos, portugueses y extranjeros que se
encontraban en la ciudad de Mendoza, para alejarlos de cualquier posibilidad de
comunicación con los realistas allende los Andes.
Luego del triunfo de Chacabuco el 12 de Febrero de 1817, el Director de Estado
Juan Martín de Pueyrredón ordenó que gran parte de los prisioneros también
fueran conducidos a la ciudad puntana, entre ellos el último Capitán General y
Presidente de la Real Audiencia de Chile, Mariscal Francisco Casimiro Marcó del
Pont, máxima autoridad española de los territorios recién liberados.Para
mayo de 1817 se encontraba en San Luis un importante número de militares
realistas de alta graduación: un mariscal, dos generales, tres coroneles,
además de decenas de oficiales inferiores y varios clérigos. Los oficiales
serían alojados en casas de familia y la tropa en general en el Cuartel de las Milicias.
El grueso de la tropa que había resultado prisionera seguiría camino hacia el
presidio de Las Bruscas, en donde el gobierno directorial intentaba reunir a
todos los prisioneros realistas que se encontraran diseminados por distintas
localidades.
El 16 de enero de 1818, el gobernador
intendente Luzuriaga remitió a Dupuy un grupo más de prisioneros, previniéndole
que, desde Chile habían llegado noticias sobre la existencia de un posible plan
para huir para el sur con armas y recursos y, desde allí, ir a reunirse con los
realistas.
Aconsejaba al teniente gobernador que se desprendiera de “prisioneros,
frailes y clérigos, que suelen ser los más perversos”, instruía que
se reforzaran fronteras con los indios y disponía que todos los prisioneros y
confinados que se hallasen dispersos en la jurisdicción fueran remitidos a la
Guardia de Luján, juntamente con los europeos solteros.
Tales prevenciones, respecto del eventual apoyo de las parcialidades indígenas
a los realistas, no resultaban exageradas; sus alianzas con los
contrarrevolucionarios, así como las establecidas con los patriotas, estaban
directamente relacionadas con la guerra de recursos, sustentadas no sólo en las
relaciones personales de confianza ya existentes, sino en la oferta de
beneficios concretos.
En abril de 1818, la posibilidad de una
sublevación de los prisioneros de guerra realistas en San Luis acababa por
materializarse. En dicha ocasión, los prisioneros que se habían conjurado para
huir a reunirse con las fuerzas realistas en Talca fueron reprimidos por el
teniente gobernador Dupuy en forma expeditiva y sin sumario; “el caso era ejecutivo y el castigo ejemplar no podía diferirse”.
Para aquella época, los resultados de revueltas similares habían mostrado la
necesidad de una rápida reacción de las autoridades.
En territorio puntano, los riesgos de una sublevación de prisioneros realistas
se veía agravada por el regreso de los carrerinos al ámbito cuyano, como escala
para pasar a la consecución de sus planes políticos en Chile, sustentados en “una diminuta red de aliados políticos”, que incluía al
gobernador de Santa Fe y algunos federales de Córdoba.
Tomados prisioneros por el gobernador intendente Luzuriaga, en el sumario
iniciado como consecuencia del intento de fuga descubierto en febrero de 1818,
la confesión de Luis Carrera daba precisiones sobre plan de armar una fuerza
con los emigrados chilenos y el eventual apoyo de algunos prisioneros, para
destituir a las autoridades sanmartinianas y lograr la obediencia de los
cabildos de San Juan y San Luis.
No obstante los peligros que había entrañado
el constante arribo de prisioneros, a mediados de 1818 y como consecuencia de
la derrota realista en Maipú el 5 de
abril de 1818, la ciudad de San Luis recibía a un nuevo contingente. A éstos,
pocos días después, se agregaban veinte prisioneros más, en este caso,
procedentes de Mendoza, con los cuales – según estimaciones de Gutiérrez-, el
total de prisioneros y confinados superaba en ese momento las 300 personas,
sobre una población urbana probable de no más de 4000 habitantes. A ellos, además, se sumaban más de 30
montoneros de las fuerzas vencidas de Estanislao López que se encontraban
detenidos en la cárcel local.
Hacia 1819, la ciudad de San Luis era, junto con el presidio de Las Bruscas,
uno de los destinos principales de los
prisioneros de guerra realistas.
Dada la cantidad que se encontraba en la ciudad y a los efectos de su control,
el 1 de febrero de 1819 se decidió que los Alcaldes de Barrio informaran sobre el
número de prisioneros y confinados en cada uno de los cuarteles en que se
dividía la ciudad. Según el bando del 1 de febrero, Dupuy también había
decidido limitar la libertad de movimientos nocturnos e impedir que
frecuentaran las casas de familia, con lo cual se pretendía obstaculizar
cualquier tipo de plan conspirativo. Para tal medida, Dupuy había contado con
el asesoramiento de Bernardo de Monteagudo, quien para esas fechas se hallaba a su servicio.
Pese a las medidas preventivas, el 8 de febrero un grupo de alrededor de
cuarenta militares españoles intentó sublevarse, con apoyo de algunos civiles
confinados, atacando la casa del teniente gobernador y el cuartel, en forma
simultánea.
Los sublevados pretendían copar la ciudad, apoderarse de las armas y huir
tomando a Dupuy y a Monteagudo como rehenes. Para esa época la sucesión de frecuentes
tumultos e intentos de fuga entre los prisioneros españoles estaba íntimamente
relacionada con las noticias sobre el inminente arribo de una expedición desde
la península y los planes de reconquista que se venían tejiendo desde la
embajada española en Río de Janeiro[120].
En el caso de San Luis, testimonios de los sublevados aludían a la intención de
unirse a José Miguel Carrera y Carlos María de Alvear, con apoyo de los
prisioneros de las montoneras.
El propio editor de La Gaceta
afirmaba conservar documentos que probaban la conexión que el movimiento de los
prisioneros de San Luis tenía con “el complot de Montevideo”.
Aludía, de este modo, a la guerra de propaganda que José Miguel Carrera venía
realizando desde dicho enclave en contra de los directoriales y con protección
del gobierno portugués.
En el marco de una confusa situación durante
la cual el mismo Facundo Quiroga habría evitado la toma del cuartel en San
Luis, el encargado de llevar adelante la violenta represión contra los
prisioneros sublevados fue el teniente de gobernador Vicente Dupuy.
La “matanza de San Luis”, afirman Fradkin y Ratto, se iba a transformar en el
discurso de los españoles en el ejemplo emblemático de la violación del derecho
de gentes y de las normas que regían el trato de los prisioneros de guerra”.
A los muertos durante la represión del levantamiento luego se sumarían los ocho
sublevados pasados por las armas, de acuerdo al sumario que había elaborado
Monteagudo, bajo encargo del teniente gobernador.
La “rapidez del triunfo, y la inalterable conservación
del orden”, observaba Dupuy, sólo había sido posible por el “concurso y predisposición general” de todos los habitantes;
la hospitalidad de los puntanos era un rasgo que habían reconocido los
propios prisioneros, señalaba, aquellos puntanos que “desde el
Alcalde de primer voto hasta el último ciudadano, todos se presentaron en la
hora del peligro con las armas que les proporcionó la indignación”.
Consideraciones
finales
Como hemos visto, La Punta de San Luis fue utilizada
como un espacio de exclusión tanto por los
funcionarios de la monarquía borbónica como por los revolucionarios porteños. A
lo largo del siglo XVIII, mientras los viajeros y migrantes podían utilizarla
como lugar de residencia temporaria y escala circunstancial en su tránsito
hacia o desde el territorio chileno, la ciudad fue uno de los centros de
acogida de grupos de prisioneros luso-brasileños internados, como consecuencia
de los sucesivos enfrentamientos entre las monarquías ibéricas en torno de la
lejana región platina. La permanencia y radicación de esos prisioneros se
vieron facilitadas por las autoridades reales, en orden a promover el
poblamiento de la región. Otro sería el caso de la cincuentena de soldados
británicos que fueron trasladados a la ciudad puntana, que operó como cárcel
durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Si bien estos extranjeros
contarían con una amplia receptividad por parte de la comunidad local, las
autoridades capitulares mantendrían una actitud de alerta frente a posibles
desórdenes y desmanes por razones de mala conducta o, particularmente en el
caso de los ingleses, por cuestiones de religión.
A partir de mayo de 1810, dirigentes
revolucionarios expulsados de Buenos Aires, militares desertores o prisioneros
españoles de las guerras de independencia pasaron a engrosar la escasa
población de la ciudad en forma más o menos estable. Así fue que, en la medida
que se fueron desenvolviendo los sucesos en torno del proceso revolucionario, la
comunidad puntana fue incorporando la participación de esos forasteros en la
vida política local, habilitando en ocasiones su intervención en los conflictos
internos, o espejando, en otras circunstancias, los enfrentamientos propios de
la capital. Tal así parece haber sucedido en los casos de Nicolás Rodríguez
Peña y Juan Martín de Pueyrredón, dos de los más importantes dirigentes
revolucionarios arribados en situación de destierro, que resultaron finalmente
elegidos diputados para participar en las asambleas convocadas por el gobierno
central entre 1812 y 1815.
Desde
el punto de vista de la comunidad receptora, la abierta
disposición a aceptar la participación de estos hombres y delegar en ellos su
representación, daría cuenta, a priori, de una particular configuración de
poder, diseñada desde el gobierno central, en la cual predominó la
subordinación de los intereses de la jurisdicción. Como ha señalado Halperín Donghi, la utilización de emisarios
que intervinieran en beneficio “de nuevos alineamientos
locales, rivales en el favor de los nuevos árbitros” fue una de las
principales estrategias de los revolucionarios porteños, en su intento por
atenuar las tensiones entre facciones rivales al interior de los grupos de
poder de las ciudades del interior.
Por otro lado, y tal como ha observado Geneviève Verdo respecto de Bernardo de
Monteagudo como representante de Mendoza en la Asamblea del Año XIII o en
relación a Juan Larrea y Gervasio Antonio Posadas como representantes de la
ciudad de Córdoba,
las elecciones de Rodríguez Peña y de Pueyrredón para representar a San Luis constituyeron
una muestra más de la red de influencias que los grupos de poder porteños
habían logrado establecer en el territorio. En este caso, a partir de la concurrencia
de estos hombres en condición de confinamiento.
Hacia mediados de la década, el orden y la
tranquilidad del territorio puntano se verían permanentemente amenazados por el
arribo de un creciente número de prisioneros de guerra realistas que, hacia
finales de ese período, terminaron convirtiendo a la ciudad en escenario de un
importante intento de fuga y levantamiento, en concomitancia con noticias
relativas a la expedición armada comandada por Riego que se estaba preparando
en la península y los planes de reconquista que se estaban gestando en la
embajada española en Río de Janeiro. Mientras tanto, las noticias sobre
eventuales redes de relación y contactos con parcialidades indígenas, así como
los indicios de ciertos entendimientos con las fuerzas de los Carrera, sumaban
complejidad a la cuestión. De este modo, la confluencia de prisioneros
realistas, confinados patriotas, revolucionarios perseguidos y
contrarrevolucionarios en ciernes, da cuenta de un espacio atravesado por la
participación de múltiples actores que, a través de sus alianzas o de sus conflictos,
insertaron a la jurisdicción en procesos más amplios, cuya articulación aun
resta mucho por profundizar.
[1]
Una primera versión de este trabajo fue presentada en las XVI Jornadas
Interescuelas / Departamentos de Historia, Mar Del Plata, 9 al 11 de agosto de
2017. Agradezco los comentarios recibidos en dicha oportunidad así como los
volcados por los evaluadores de la presente publicación.
[2]
Ver Berruezo, León, M. T (1989), La lucha de Hispanoamérica
por su independencia en Inglaterra. 1800-1830, Madrid, Ediciones de
Cultura Hispánica. Bragoni, Beatriz (2012), José Miguel Carrera.
Un revolucionario chileno en el Río de la Plata, Buenos Aires,
Biografías Edhasa. Caula, Elsa (2014), Mercaderes de mar y
tierra. Negocios, familia y poder de los vascos en el Río de la Plata,
Rosario, Humanidades y Artes Ediciones. Entin, Gabriel (2015), “Los desterrados
de la república. Revolucionarios del Río de la Plata en los Estados Unidos
(1816-1817)”, en Díaz, Delphine, Moisand, Jeannge, Sanchez, Romy y Simal Juan
Luis (Dirs.), Exils entre les deux mondes. Migrations et
espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Rennes, Les Perseides,
pp. 61–88. Pasino, Alejandra y Pautasso, Alejandro (2013), “Rioplatenses en
Londres: Vicente Pazos Silva y Manuel de Sarratea. Su inserción y accionar en
las redes políticas pro americanas”, en Actas de las XIV Jornadas
Interescuelas / Departamentos de Historia. En línea:
http://cdsa.aacademica.org/000-010/600.pdf [Consulta: 01 de junio de 2020].
Simal, Juan Luis (2014), “El exilio en la génesis de la nación y del
liberalismo (1776-1848): el enfoque transnacional”, Ayer,
nº 94, pp. 23-48. Villarreal Brasca, Amorina (2009), “Bernardo de Monteagudo.
Un americano revolucionario singular”, Revista Complutense de
Historia de América, nº 35, pp. 285-293. Villarreal Brasca, Amorina
(2011), “Reciprocidades en el Proceso Independentista Americano”: el componente
relacional en Bernardo Monteagudo”, Temas americanistas,
nº 27, pp. 99-124.
[3] Ver, por caso, Ayrolo, Valentina (2013), “Lazos
invisibles, conflictos evidentes. El mundo social y político riojano, 1810-1825”, en Lanteri, Ana Laura
(coord.), Actores e identidades en la construcción del Estado
Nacional (Argentina, siglo XIX), CABA, TESEO, pp. 63 – 96. Fradkin,
Raúl (2020), “Realistas rebeldes en el último pueblo del mundo: conspiraciones
y sublevaciones en Carmen de Patagones, 1812-1817”, Claves.
Revista de Historia, vol. 6, nº 11, pp. 75–103. Ramírez, Marta
Susana (2012), “El silencio revolucionario: espacio de exilio en tiempos de la
revolución”, en Tejerina, Marcela Viviana (comp.), Definir al
otro. El Río de la Plata en tiempos de cambio (1776-1820), Bahía
Blanca, EDIUNS, pp. 139-173.
Ver Tejerina, Marcela Viviana y Francisco, Luciana (2016), “El destierro en
la etapa virreinal. Una aproximación a
partir de conflictos y prácticas políticas de antiguo régimen”, en Tejerina,
Marcela Viviana y Cantera, Carmen (Coord.), Combatir al Otro. El Río
de la Plata en épocas de antagonismos, Bahía Blanca, EDIUNS, pp.
17-50 y Tejerina, Marcela Viviana (2018), “´Dispersos, emigrados y errantes…´
La expulsión territorial en la década revolucionaria”, Boletín del Instituto
de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, nº 48, pp.
13-47.
Real Academia Española (1726-1739), Diccionario de autoridades,
Madrid, Imprenta Francisco de Hierro,. En línea:
http://web.frl.es/DA.html[Consulta: 08 de julio de 2015]
A pesar de la difusión del término «expatriación» en los documentos de la época
revolucionaria, resulta interesante destacar que, según lo que hemos podido
verificar hasta la fecha, parece haber comenzado a utilizarse sólo después de
la revolución. Por otro lado, recién aparecerá en el Diccionario de la Lengua
Castellana de 1843, en donde se consigna que expatriarse significaba «Separarse
alguno voluntariamente de su patria por mejorar de fortuna o por evitar algún
riesgo». Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfico
de la lengua española. En línea:
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle [Consulta: 30 de junio de 2020].Un
poco más adelante este vocablo apareció también bajo la acepción de «Echar a
alguno de su patria, extrañarle de su país o nación», en Real Academia
Española, Cit.
[7]
Según el Diccionario de Autoridades, bajo la
acepción de «extrañar de los Reinos a uno» se hablaba de extrañamiento cuando
el individuo era obligado a salir fuera del reino sin poder permanecer en
ningún lugar del mismo Real Academia Española, Ob.
Cit.
[8] Tal
como ha observado Guerra, el parentesco entre el imaginario absolutista y el
revolucionario no debería resultar invisibilizado por las diferencias sobre la
identidad del soberano al que remitían -el rey
o el pueblo en forma respectiva- ni tampoco por los ataques de los
revolucionarios contra el poder absoluto del rey. Guerra, François-Xavier
(1992), Modernidad e Independencia. Ensayos sobre las
revoluciones hispánicas, México, Mapfre/Fondo de Cultura Económica,
p. 77. Siguiendo a Garriga, entendemos que tal imaginario absolutista se
sustentaba en una concepción administrativa de la monarquía que, en su
enfrentamiento a la noción de una monarquía judicial propia de los siglos
anteriores, “resume en sus vicisitudes la llamada dinámica estatal del
Setecientos y desde luego explica el ‘conflicto político interno al sistema´
característico por doquiera del Despotismo Ilustrado.” Garriga, Carlos “Los límites del reformismo borbónico: a propósito de
la administración de la justicia en Indias”, en Barrios Pintado, Feliciano (2002),
Derecho y administración pública en las Indias
Hispánicas. Actas del XII Congreso Internacional de Historia del
Derecho Indiano. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, p. 819.
Ver Garriga, Carlos (2009), “Patrias criollas, plazas
militares: Sobre la América de Carlos IV”, en Horizontes y
Convergencias. Lecturas históricas y antropológicas sobre el derecho.
[Disponible en: http://horizontesyc.com.ar/?p=3551]. Para la concepción del gobierno político y
militar en el Río de la Plata ver Abásolo,
Ezequiel (2005), “Estilo militar de gobierno y disciplinamiento de la
administración virreinal rioplatense bajo los borbones”, Revista de
Historia del Derecho, nº 33, pp. 13-67; Fradkin, Raúl (2009),
“Tradiciones militares coloniales. El Río de la Plata antes de la revolución”,
en Heinz, Flavio (Comp.), Experiências nacionais,
temas transversais: subsídios para uma história comparada da América Latina,
São Leopoldo, Editora Oikos, pp. 74-126. En línea:
historiapolitica.com/datos/biblioteca/fradkin.pdf [Consulta: 04 de febrero de
2020]; Fradkin, Raúl O. y Ratto, Silvia (2010a) “¿Un modelo borbónico para
defender la frontera? El presidio de Santa Elena en el sur de Buenos Aires (1817-1820)”,
Páginas, Revista
digital de la Escuela de Historia, nº 3, pp. 25-52.
Halperín Donghi, Tulio (1972), Revolución y guerra.
Formación de una elite dirigente en la argentina criolla, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, p. 171.
Por su lejanía respecto de los centros de combate, uno
de los principales destinos fue la gobernación intendencia de Córdoba. Las
ciudades de Córdoba, Mendoza, San Juan o San Luis, así como los pueblos de
indios de Guandacol y Jáchal, y otras localidades alejadas, como Famatina,
fueron utilizados como espacios de exclusión tanto de los prisioneros de guerra
como de los españoles europeos contrarrevolucionarios o aún de los propios
revolucionarios expulsados por razones políticas. Por su parte, los destierros o
confinamientos desde Buenos Aires también se realizaron en las guardias de frontera o en otros puntos alejados de
los centros urbanos, tales como Carmen de Patagones, Chascomús, Luján, Pergamino, Rojas o Melincué.
Estos pueblos de frontera,
además de acoger a los confinados, también funcionaban como espacios para la
internación de los españoles prisioneros de guerra, con diverso impacto sobre
la comunidad local. Tejerina, Marcela Viviana 2018, Ob.
Cit. (Para el caso de La Rioja ver
Ayrolo, Valentina 2013, Ob. Cit. y para el de Carmen de Patagones ver Fradkin, Raúl,
2020, Ob. Cit. Ramírez,
Marta Susana, 2012, Ob. Cit.
[12]
La noción de configuración -o figuración- ha sido desarrollada por Norbert
Elias, para dar cuenta de las diferentes formas de relacionamiento entre
individuos en la sociedad, bajo una dinámica de poder. Elias, Norbert (2003),
“Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros”, en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, nº
104, pp. 219-251. En línea: http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_104_121167912840686.pdf
[Consulta: 23 de agosto de 2014]. Como explica Tenti Fanfani, para Elias, “Lo que existen son interrelaciones
entre individuos, y estas están organizadas alrededor de una dinámica de poder.
En el corazón del cambio de las figuraciones está lo que él denomina el
fluctuante y tenso equilibrio del balance de poder. La sociedad es este
conjunto de relaciones funcionales y de interdependencia que liga unos seres
humanos con otros. El poder para Elias no es una sustancia que algunos poseen y
otros no (esta creencia, todavía hoy bastante difundida, no es más que un
resabio de una concepción mágico-mítica del poder). (…) Lo que cambia a través
de la historia es el equilibrio de poder entre las partes que intervienen en la
relación (propietarios/no propietarios, hombres/mujeres, niños/adultos,
imperio/colonia, gobierno/oposición, etc.). Por otro lado, estos balances de
poder cambian, pero no en un sentido irreversible”. Tenti Fanfani, Emilio
(2009), “Lecciones sociológicas de Norbert Elias”, en Kaplan, Carina V. y Orce,
Victoria, (coords.), Poder, prácticas sociales
y proceso civilizador. Los usos de Norbert Elias, Buenos
Aires-México, Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, p. 17.
[13]
En su análisis de la organización política del espacio en la monarquía
portuguesa, Hespanha refiere a una noción de espacio plural y polivalente, cuya
apropiación en los diversos niveles de la práctica humana no resulta homogénea.
La posible coexistencia de múltiples códigos espaciales puede conducir a “un
conjunto heterogéneo de clasificaciones de la extensión”, es decir, a “la
coexistencia en un mismo momento de varias percepciones sociales del espacio no
coincidentes o incluso conflictivas entre sí”. Hespanha, António Manuel (1993),
La gracia del derecho. Economía de la cultura en la
Edad Moderna, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, pp.
86-89.
[14]
De Certau, Michel (1996), La invención de lo
cotidiano, vol. 1, Universidad Iberoamericana, México, p. 129.
[15]
En el Antiguo Régimen, explica Guerra, la ciudad constituía el lugar ‘natural’
de la política, tanto como “otras comunidades de rango menor”, las villas y los
pueblos, incluidos los pueblos de indios. Guerra, Francois-Xavier (1998)
“Política antigua y política moderna en las revoluciones hispánicas”, en
Fisher, John R. (ed.), en Actas del XI Congreso
Internacional de AHILA (Liverpool, 17-22 de septiembre de 1996),
vol. IV, p. 248. Para profundizar sobre el ámbito municipal, como espacio de
poder, ver Agüero, Alejandro (2005), “Ciudad y poder político en el Antiguo
Régimen”, Cuadernos de Historia, nº 15, pp. 127-163.
“Es indudable que por su ubicación geográfica definidamente mediterránea,
separada de Chile, Perú, Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, por el
desierto de caminos desconocidos y difíciles, de pampas infinitas y bosques
inconmensurables, cortados por ríos y montañas inaccesibles, nuestra ciudad
ofrecía garantías esenciales para el confinamiento de los enemigos de nuestra
libertad y soberanía, no sólo por aquellos factores físicos de la distancia y
el aislamiento, sino también por la garantía moral de su probada y fervorosa
adhesión a los principios de Mayo o a la causa del orden.” Pastor, Reynaldo A.
(1938), San Luis ante la historia, Buenos Aires,
Talleres Gráficos Acchinelli Hnos., p. 48.
Observa Nuñez, al referirse a la correspondencia de San Martín durante su
estancia en Cuyo: “En las cartas que dirigió
a San Martín en 1816, Pueyrredón dejó notables testimonios que van más allá del
donaire o la ironía. ‘Sí Soler no anda derecho, ya sabe usted el camino que hay
desde Mendoza a San Luis’, escribe alguna vez. ‘Si estos
(Soler y Beruti) o otros no anduvieran con juicio, haga usted que bajen a San
Luis a disciplinar milicias y comer brevas’, asienta en otra misiva.
Tenaz, insiste sobre Soler: ‘Si le descubre la menor
maula, que venga para San Luis’. Y a lo ancho de los días, retoma el tema: ‘A
Beruti puede usted ponerlo de inspector de arrierías, o mandarlo a San Luis de
proveedor de pasas para el ejército’. Carlos de Alvear, en una carta
escrita a San Martín desde Río de Janeiro el 28 de febrero de 1818, también
pone de relieve la mala fama de esta tierra: ‘Yo, aun con
cortedad, me atrevo a decir a usted que cualquier villa de ese reino, y aún la
Punta de San Luis, que se me diese por destino, lo miraría con una felicidad’.
En una epístola dirigida al presidente de Chile Marcó del Pont en 1816 San
Martín ratifica sus ‘sentimientos de
beneficencia hacia la humanidad’ comparando la Punta con la isla de
Juan Fernández, ‘ese páramo de horror y de destierro abismado
en medio de los mares’. Escribe entonces: ‘La ciudad de
San Luis, en medio del tráfico y de todos los recursos de la sociedad, será en buena hora triste albergue de la
desolación y la miseria’. Y agrega: ‘San Luis
jamás fue presidido de delincuentes como aquella isla destituida… allí no se
les oprime ni arresta, no han sido obligados a construir por sus manos la
miserable cabaña que escasamente les defienda de la intemperie; puede decirse
que sus incomodidades se reducen, con corta diferencia, a la separación de sus
familias. Los que a él han ido, no fueron por destierro sino por demandarlo la
seguridad pública’.” Nuñez, Urbano (1980), Historia de
San Luis, Buenos Aires, Plus Ultra, pp. 125-126, En línea:
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/historia-de-san-luis-00103133
[consultado el 14 de enero de 2017].
[18]
Lamentablemente, parte de las actas del cabildo de San Luis que interesan para
nuestro trabajo, sobre todo las correspondientes al período 1810-1815, se
encuentran extraviadas. Los originales se ubican en el Archivo Histórico de la
Provincia, ordenadas y catalogadas durante la gestión del historiador Urbano J.
Nuñez. En la actualidad han sido digitalizadas y se encuentran disponibles en
línea:
http://www.archivohistorico.sanluis.gov.ar/AHAsp/paginas/pagina.asp?paginaid=32
En todos los casos la grafía ha sido actualizada.
[20]
Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., pp. 34-36.
[21]
La ruta que unía Santiago con Buenos Aires, vía San Luis, pasaba por el Valle
de Uco (que incluía a los valles de Xaurúa y Llacorón), cruzando la cordillera
por el paso de Piuquenes o Portillo de los Piuquenes. Gascón, Margarita (2011),
“Cuyo en el espacio imperial. La fase de configuración: 1580-1680”, en Revista TEFROS, vol. 9, pp. 1-20. En línea:
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/article/view/235/216
[Consulta: 06 de enero de 2017].
[22]
Gascón, Margarita, 2011, Ob. Cit.
Según la Recopilación de Leyes de Indias de 1681, la
condición de extranjero era extensiva a todos los que no fueran naturales de
los reinos de Castilla, León, Aragón, Cataluña y Navarra o de las Islas de
Mallorca y Menorca, por pertenecer éstas a la Corona aragonesa. Por tanto, tal
condición alcanzó aún a los vasallos de la monarquía española que, por el hecho
de pertenecer a otros reinos, en los territorios de ultramar eran considerados
extranjeros, entre ellos, los flamencos, italianos y portugueses. Ver Herzog,
Tamar (2006), Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la
edad moderna, Madrid, Alianza Editorial. Para el caso particular de
los portugueses en el Río de la Plata ver Tejerina, Marcela (2004), Luso-brasileños en el Buenos Aires virreinal. Trabajo, negocios e intereses
en la plaza naviera y comercial, Bahía Blanca, Ediuns.
[24]
Así ocurrió, por ejemplo, luego de finalizada la expedición de Cevallos para la
ocupación de Colonia, hacia 1777, cuando unas treinta y tantas familias de
origen lusitano fueron trasladadas a Luján, y otras San Antonio de Areco,
Arrecifes, Varadero y Pergamino, en donde había orden de que se les repartiesen
tierras. Ver Tejerina, Marcela Viviana, 2012, Ob.
Cit.
[25]
Recordemos que, en el marco de la Guerra de los Siete años (1756-1763) y luego
de la anulación del Tratado de Madrid (1750), Pedro Antonio de Cevallos lideró
una expedición a Río Grande del Sur para obligar a Portugal a devolver los
territorios que le correspondían a España, en función de la línea establecida
por el Tratado de Tordesillas (1494), incluida la Colonia del Sacramento.
A comienzos de la década de 1750, la Junta de Poblaciones de Chile dio
instrucciones para que los portugueses radicados en las inmediaciones de las
Lagunas de Guanacache fueran compelidos a formar una o dos aldeas, entendiendo
que como pobladores de nuevas poblaciones, tendrían los privilegios de los
naturales del país. Sanjurjo de Driollet, Inés (2018), “El gobierno del
territorio cuyano entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Los
jueces de la jurisdicción de San Juan de la Frontera”, en Barriera, Darío
(comp.), Justicias situadas: entre el Virreinato Rioplatense
y la República Argentina 1776-1864, La Plata, Universidad Nacional
de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
IdIHCS-Instituto de Investigaciones en Humanidades, p. 77. Ver también
Guaycochea de Onofri, Rosa (1985), “Portugueses en Mendoza en el período
colonial”, Revista de Historia de América y Argentina,
nº 23 y 24, p. 69. Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero es un
sistema lagunar que en la actualidad abarca parte del noreste de la provincia
de Mendoza, la zona sudeste de la provincia de San Juan y el noroeste de la
provincia de San Luis.
[27]
A principios de 1763, el Gobernador y Capitán General informaba a la Audiencia
de Chile la llegada a Mendoza de unos
750 portugueses enviados por Cevallos. Venían en carreta y tenían la orden de
hacerlos pasar para Salta Archivo Nacional de Chile (En adelante ANC),
Ministerio del Interior, “Extranjeros sobre expulsión de…”, Vol. 667, nº 567,
folio 91.
[28]
Así entonces, por ejemplo, las autoridades proponían la radicación de aquellos
que pudieran servir en las minas de Uspallata. En 1765, luego de la guerra con
Portugal (1762-1763), se informaba que, si bien la mayor parte de los lusitanos
que habían arribado al Corregimiento de Cuyo ya se había casado, varios habían
decidido regresar a la ciudad porteña y se presumía que otros pretendían hacer
lo mismo, fundamentalmente quienes no tenían oficio y sólo trabajaban en el
campo. Es por ello que el gobernador y capitán general de Chile, don Antonio
Guill y Gonzaga, ordenaba que se evitara por todos los medios su regreso a
Buenos Aires y que se multara a los arrieros y carreteros que facilitaran su
traslado. ANC, Ministerio del Interior,
Extranjeros sobre expulsión de…, Vol. 667, Nro. 567, folios 91- 94. De los 500
o 600 prisioneros portugueses trasladados a Mendoza, alrededor de 200
terminaron finalmente radicados, con una indudable repercusión económica y
social. Guaycochea de Onofri, Rosa, 1985,
Ob. Cit.
[29]
Acta del Cabildo de San Luis, del 18 de octubre de 1777, en Academia Nacional
de la Historia (ed.), Actas capitulares de San
Luis, t. II, años 1751 a 1797, p. 185.
[30]
En esa oportunidad, se había decidido que varios de los soldados tomados
prisioneros en Colonia fueran conducidos a Córdoba, mientras que los de Santa Catalina y los
apresados en las embarcaciones fueron trasladados a Mendoza. Pereira Fernándes
de Mesquita, Pedro (1980), Relación de la conquista
de la Colonia por D. Pedro de Cevallos y descripción de la ciudad de Buenos
Aires, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, pp. 31-32.
[31]
“Tratado preliminar sobre los límites de los Estados pertenecientes a las
Coronas de España y Portugal en la América meridional ajustado y concluido en
San Lorenzo a 11 de octubre de 1777”, en De Angelis, Pedro (1970), Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia antigua y
moderna de las Provincias del Río de la Plata, tomo V, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, pp.
219-237. Ver Tejerina, Marcela (1996), “La lucha entre España y Portugal por la
ocupación del espacio: una valoración alternativa del Tratado de San Ildefonso
de 1777”, Revista de Historia, nº 135, pp. 31-39.
[33]
La población de Mendoza había ascendido a 7478 habitantes en la ciudad y 1300
en la campaña; San Juan a unos 6141 y 1450 respectivamente y San Luis a unos
3684 y 3300. Sanjurjo de Driollet, Inés,
2018, Ob. Cit., p. 83.
En septiembre de 1806, el virrey Marqués de Sobremonte ordenaba la internación
de unos 500 hombres a distintos puntos, 50 de ellos con destino a San Luis.
Informe de Juan Ramón Balcarce al Ilustre Cabildo, Justicia y Regimiento de la
ciudad de Tucumán, 1 de noviembre de 1806, en Larrouy, Antonio (1910), Documentos del Archivo General de Tucumán. Invasiones inglesas y
revolución, tomo 1, Buenos Aires, Imprenta y Casa Editora “Juan A.
Alsina”, p. 21. Según datos que Virginia Ramos recoge de la obra de Roberts,
400 irían a Córdoba, 200 a Mendoza, 200 a San Juan, 200 a Tucumán, 100 a
Santiago del Estero y 100 a San Luis. Ver Ramos, Virginia (2017), “El enemigo
en casa: repercusiones, debates y conflictos facciosos ante la presencia de
prisioneros ingleses en Córdoba del Tucumán (1806-1807)”, Anuario de
la Escuela de Historia Virtual, nº 11, pp. 1-22. En línea:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/article/view/17315
[Consulta: 10 de abril de 2020], p. 3
[35]
Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 68.
El 15 de noviembre de 1806, Esteban Fernández refería los desórdenes provocados
por el arribo de gente desde Buenos Aires, AHSL, carp. número 10, documento
número 1599.
Acta del Cabildo de San Luis, 20 de enero de 1807. AHSL, Actas
capitulares. En línea: http://www.archivohistorico.sanluis.gov.ar
[Consulta: 27 de febrero de 2018]
Para el mantenimiento de los prisioneros se proponía destinar parte de los
10.000 pesos en doblones de oro que se habían conducido desde las cajas Reales
de la capital de Intendencia para las de Mendoza. Acta del Cabildo de San Luis,
20 de enero de 1807. AHSL, Actas capitulares.
En línea: http://www.archivohistorico.sanluis.gov.ar [Consulta: 27 de febrero
de 2018]. Estos reclamos eran similares a los del cabildo de la ciudad de
Córdoba. Ver Ramos, Virginia, 2017, Ob. Cit.
[39]
Nuñez, Urbano 1980, Ob. Cit., p.
69. En el marco de la segunda invasión inglesa y ante la posibilidad de perder
la capital, en la Gobernación Intendencia de Salta se habían llevado adelante
una serie de providencias para impedir cualquier eventual comunicación entre
los prisioneros ingleses que se hallaban en Catamarca, Tucumán, Santiago y
Córdoba. Comunicación del Cabildo de Tucumán al Gobernador Intendente, 10 de
julio de 1807, en Larrouy, Antonio (recop.), 1910, Ob.
Cit., t. 1, pp. 111 a 112. En Córdoba,
por otro lado, en junio se había denunciado un plan de sublevación de los
británicos. Ramos, Virginia, 2017, Ob. Cit. Para el
caso del Tucumán, ver Lupiañez, Gabriela (2018). “Usos de la noción de ‘pueblo’
en Tucumán en tiempos de las invasiones inglesas”, Humanidades:
Revista De La Universidad De Montevideo, nº 3, pp. 101-123, https://doi.org/10.25185/3.4
Núñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 69. Este enfrentamiento, entre el comandante de
armas y el cabildo puntano, constituye la antesala de la serie de conflictos
que se desencadenarán a partir del proceso revolucionario. Ver Tejerina,
Marcela Viviana (2020), “Los comandantes de armas y la pugna por el control
territorial: San Luis de Loyola a principios de la década revolucionaria”, Prohistoria, nº 33, pp. 97-121.
[41]
Providencia del Superior Gobierno y Capitanía General de Buenos Aires, firmada
por Santiago de Liniers el 10 de julio de 1807. Transcripta en Larrouy, Antonio
(recop.) (1910), Ob. Cit.,
tomo 1, p. 100.
[43]
Ver, por caso, Galmarini, Hugo Raúl (1986), “Los españoles de Buenos Aires
después de la revolución de mayo: la suerte de una minoría desposeída del
poder”, Revista de Indias, vol. XLVI, nº 178,
pp. 561-592; García de Flöel, Maricel (2000), La oposición
española a la revolución por la independencia en el Río de la Plata entre 1810
y 1820. Parámetros políticos y jurídicos para
la suerte de los españoles europeos, Hamburg LIt. Pérez,
Mariana Alicia (2009), “Un grupo caído en desgracias: los españoles europeos de
Buenos Aires y la Revolución de mayo”, Entrepasados. Revista de
Historia, nº 35, pp. 109-127.
[44]
Ver Tejerina Marcela Viviana, 2018, Ob. Cit.
Según relata Núñez, el 24 de octubre de 1810 llegaba a la ciudad don Martín
José de Goicochea, vecino de las Conchas, a quien luego se sumarían don Juan
Cid de Puga y el subteniente Juan Díaz, todos confinados a San Luis, por orden
de la Junta de Buenos Aires. Núñez, Urbano, 1980, Ob.
Cit., p. 90.
[47]
El 18 de mayo de 1811, el comandante de armas de San Luis informaba a la junta
gubernativa de Buenos Aires sobre la huida del confinado Juan Díaz, de cuyo
destino no tenía noticias ni él ni el cabildo. Informaba, asimismo, la decisión
de trabajar en conjunto con el comandante de armas de Mendoza. AGN X 3-6-5,
doc. 19.
A poco de partir desde San Luis, hacia su confinamiento en Mendoza, Don
Gervasio Posadas fue obligado a regresar por orden del comandante de armas,
quien estuvo a punto de cambiar su destino por el de la ciudad de Santa Fe. A
pesar de contar con un decreto que le permitía instalarse en el lugar que
eligiera, el vocal de la junta, don Miguel de Azcuénaga, fue compelido a salir
precipitadamente hacia Mendoza. Posadas, Gervasio Antonio (1960), “Autobiografía”,
en Biblioteca de Mayo, Colección de obras y documentos
para la Historia Argentina, Senado de la Nación, t. II, pp. 1417 a
1418.
[49]
El 18 de mayo de 1811, la Junta Subalterna de San Luis informaba al gobierno
porteño sobre el arribo del confinado don Nicolás Peña, el pasado 6 del mismo
mes. AGN X 3-6-5, documento número 21.
Ver el oficio de Matías Sancho, Comandante militar, avisando la salida de
Nicolás Peña para su confinamiento a Guandacol. San Luis, 9 de Julio de 1811.
AGN X 3-6-5, documento número 30.
Al grupo encabezado por Marcelino Poblet, con participación del comandante
Matías Sancho y el cura José Justo Albarracín, se oponía el formado por don
Ramón Esteban Ramos, su cuñado don José Lucas Ortiz, don Tomás Baras y el
licenciado Santiago Funes. Ver Tejerina, Marcela Viviana, 2020, Ob. Cit.
[52]
Ver Tejerina, Marcela Viviana 2020, Ob. Cit. y
Martín, Elvira Luisa (1963), “Saavedrismo y morenismo en Mendoza 1811”, Historia, nº 32, pp. 42-66.
De hecho, cuando a fines de 1811 se levantó la pena a los confinados, tanto él
como Posadas y Larrea habrían resuelto quedarse en Mendoza, tomando una casa
regular y empezando a surtirse de algunos muebles. La enfermedad de Peña, sin
embargo, lo obligó a volver con su familia, razón por la cual todos decidieron
regresar a Buenos Aires. Ob. Cit., pp. 1461-1468.
Acta del Cabildo de San Luis, 30 de junio de 1812, en Núñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 98. El
8 de julio de dicho año, el Teniente Gobernador José Lucas Ortiz informaba
haber enviado a Buenos Aires la correspondiente novedad. AGN, X 05-08-05,
documento número 30.
Entre los procesados por participar en la conspiración de Álzaga, Don Francisco
Neyra y Arellano, resultó, “desterrado a la punta de San Luis y hasta que
Montevideo se incorporase a las Provincias Unidas”“Proceso de la conspiración de don Martín de Álzaga contra
el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata”, en Carranza, Adolfo
P. (1897), Archivo General de la República Argentina,
Buenos Aires, Litografía, imprenta y encuadernación de G. Kraft, t. X., p.
115.Según Núñez, para la misma época habían arribado varios confinados a la
ciudad puntana, como José Losada, Antonio Vázquez de Novoa, Narciso Marull,
José de Saá, además Juan Martín de
Pueyrredón. Núñez, Urbano 1980, Ob. Cit., p. 96. De este último nos ocuparemos más adelante, en
forma particular.
Publicado el viernes 3 de julio de 1812. Gaceta de Buenos Aires,
Buenos Aires, Junta de Historia y Numismática Americana, t. 3, 1811-1813,
1911a, pp. 229 a 232.
Apoderándose por la fuerza de un buque de guerra inglés y, con las armas allí
encontradas, los realistas habían tomando el control del pueblo e izado la
bandera española, manteniendo el control hasta diciembre de 1814. Ver Ramírez,
Marta, 2015, Ob. Cit. y Ratto, Silvia (2008),
“Allá lejos y hace tiempo: El fuerte de Carmen de Patagones en la primear mitad
del siglo XIX”, Quinto Sol, nº 12, pp. 45-72.
En agosto de 1812, el teniente gobernador de San Luis se comprometía a redoblar
“el celo y vigilancia en observar la conducta de los sospechosos y castigarlos
como corresponde”. Oficio del teniente gobernador de San Luis al Excelentísimo
Superior Gobierno Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San
Luis, 7 de agosto de 1812. AGN X 05-08-05. Por toda la ciudad se distribuían
los bandos del gobierno porteño, “dirigidos a compeler a los españoles europeos
a la manifestación y entrega de todas las armas de chispa, y blancas que
tengan”. Oficio del teniente gobernador de San Luis al Excelentísimo Superior
Gobierno Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Luis, 17
de agosto de 1812. AGN X 05-08-05.
En junio de 1813 se informaba al teniente gobernador, don José Lucas Ortiz, la
decisión de permitir que don José Undabarrena, confinado en Famatina, pasase a
residir en San Luis. Oficio fechado en Buenos Aires, 19 de junio de 1813.AGN X
05-08-05. Para la misma época, el comandante de la villa de Luján decidía el
confinamiento a San Luis de noventa y tres europeos. Ver el Informe del
teniente gobernador de San Luis José Lucas Ortiz, al gobierno de las provincias
unidas del Río de la Plata, San Luis, 3 de agosto de 1813. En agosto se
presentaban los españoles don Tomas Sánchez y don Isidoro Matorras, confinados
por el gobernador de Salta. Informe del teniente gobernador, José Lucas Ortiz,
3 de agosto de 1813. AGN X 05-08-05
A poco del arribo del contingente de noventa y tres prisioneros provenientes de
la villa de Luján, el teniente gobernador don José Lucas Ortiz se hacía eco de
las repetidas denuncias de los vecinos, quejándose por la alteración de “las
buenas costumbres, buen régimen, tranquilidad y honestidad pública” y el
peligro de “que el pueblo resentido como
virtuoso pueda tomar algunas providencias contra éstos…” Bando del teniente
gobernador de San Luis, José Lucas Ortiz, San Luis, 22 de agosto de 1813. AGN X
05-08-05. Disponía, por consiguiente, una serie de medidas de seguridad y control,
bajo pena de cárcel o trabajo en obras públicas para quienes las incumplieran.
No podrían salir de las casas, deambular por la ciudad, montar caballo o
trasladarse fuera de los límites de la ciudad sin expresa licencia; tendrían
prohibido hacer reuniones, “pasado de las oraciones”, sobre todo, reunirse con
mujeres y organizar bailes y cargar garrotes, “o báculos con pretexto de
bastón”. Informe del teniente gobernador de San Luis, don José Lucas Ortiz, al
gobierno de las provincias unidas del Río de la Plata, San Luis, 3 de agosto de
1813. AGN X 05-08-05.
Informe del teniente gobernador de San Luis, don José Lucas Ortiz, al gobierno
de las provincias unidas del Río de la Plata, San Luis, 3 de agosto de 1813.
AGN X 05-08-05.
[62]
Ver Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit.
Juan Martín de Pueyrredón había sido confinado primero a La Matanza y posteriormente
a San Luis. Pueyrredón, Manuel Alejandro (1960), “Historia de mi vida”, Biblioteca de Mayo, Colección de obras y documentos para la Historia
Argentina, Senado de La Nación, t. II, p. 2102.
[66]
Cuenta éste en sus memorias que, a poco de instalados, recibieron la visita de
los principales vecinos, entre ellos el cura, el médico y el teniente
gobernador, don José Lucas Ortiz, “pobre hombre viejo y cojo”, quienes con su
ayuda contribuyeron a hacer su estancia más placentera. Pueyrredón, Manuel Alejandro,
2104, Ob. Cit. Recordemos
que a fines de 1810 y por un corto período Juan Martín de Pueyrredón se había
desempeñado como gobernador intendente de Córdoba del Tucumán.
[67]
Ver Polastrelli, Irina (2013), “Excluir y castigar a los opositores en la
Revolución. Notas sobre el juicio de residencia dispuesto por la Asamblea del
año XIII”, PolHis, nº 12, pp. 73-82. Ver también
Ternavasio, Marcela (2007), Gobernar la revolución.
Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816. Buenos Aires,
Siglo Veintiuno Editores.
[68]
“Oficio del Poder Ejecutivo a la comisión de residencia enviándole el oficio
anterior”, Buenos Aires, 13 de octubre de 1813, en Biblioteca
de Mayo, Colección de obras y documentos para la Historia Argentina, Senado de la Nación, t. XIII, 1962, p. 11919.
[69]
A esto la Comisión de Residencia respondía que, de trasladarse a la mencionada
estancia, el teniente de gobernador se asegurase que Pueyrredón estuviera
pronto para cumplir con cualquier providencia que librase la comisión. Ver el Oficio del
teniente de gobernador de San Luis, José Lucas Ortiz, al Poder Ejecutivo, San
Luis, 14 de septiembre de 1813 y el Oficio del Poder Ejecutivo a la comisión de
residencia enviándole el oficio anterior, Buenos Aires, 13 de octubre de 1813. Biblioteca de Mayo, Colección de obras y documentos para la Historia
Argentina., Ob. Cit., 1962, pp. 11918-11919.
Gammalsson, Hialmar Edmundo, 1968, Ob. Cit., pp. 187 a 189.
Según Pueyrredón, el teniente gobernador lo había sometido a la humillación y
“escándalo público” de no haberlo invitado formalmente a la ceremonia de jura
de la Asamblea; no sólo había despreciado su rango militar, sino que se lo
había despojado de los derechos de ciudadano, igualándolo “en el concepto de
este pueblo con la porción de verdaderos desterrados, que por enemigos y aun
por atentadores a la vida de la patria sufren el castigo de sus crímenes”
Oficio de Juan Martín de Pueyrredón al gobierno de Buenos Aires. San Luis, 18
de febrero de 1813. AGN X 05-08-05.
El teniente gobernador atribuía la omisión a “la ignorancia u olvido natural de
los alcaldes de barrio”, encargados de invitar a todos los vecinos de la
ciudad, así como a sus estantes y habitantes. Además, la ceremonia se había
anunciado por la llamada general que se hacía con la campana del cabildo, así
como con la caja, por las calles y plaza; “si el Sr. Coronel
Pueyrredón no la juró –afirmaba-, no es porque yo lo excluyese, como dice, sino
porque se excusaría de hacerlo”. Oficio del teniente gobernador, don
José Lucas Ortiz, dirigida al Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. San Luis, 23 de marzo de 1813. AGN X 05-08-05.
Durante la ceremonia, observaban, y a
diferencia de la complacencia que acostumbraban a manifestar “otros individuos de su representación” que habían llegado a
la ciudad en las mismas condiciones que él, Pueyrredón había demostrado “gran tibieza” y “extraordinario retiro”,
“al paso que todo el pueblo esperaba fuese él, el
primero en las demostraciones, para que a su ejemplo siguieses los demás
ignorantones, según su concepto”. Mientras tanto, su hermano se
había burlado en forma despectiva y desdeñosa por los festejos organizados por
el ayuntamiento en honor de la victoria de Salta. El obsequio de unos 100 pesos
que Pueyrredón había realizado en adhesión a la victoria militar no había sido
más que un intento de compensación. Oficio del cabildo de San Luis al gobierno
porteño. San Luis, 21 de abril de 1813. AGN X 05-08-05.
Oficio del cabildo de San Luis al gobierno porteño. San Luis, 21 de abril de
1813. AGN X 05-08-05.
En ocasión de la función teatral en que, el 29 de mayo de 1814, se conmemoraba
el aniversario patrio, el violento altercado protagonizado por el propio Ramos
y don José Cipriano provocó la intervención del mismo Juan Martín, quien, “en
vez de calmar la disputa, renovó la riña, tratando a Ramos de vil y canalla…”
Dictamen del asesor de gobierno. 12 de agosto de 1814. AGN X 05-08-05.
Gammalsson, Hialmar Edmundo 1968, Ob. Cit., pp. 191-192. Tradicionalmente, la economía puntana se sustentó en la producción de
ganado y sus derivados, el desarrollo de telares familiares y la producción
aurífera de las minas de La Carolina. Ver Gascón, Margarita
(2000), “Comerciantes y redes mercantiles del siglo XVII en la frontera sur del
Virreinato del Perú”, Anuario de Estudios
Americanos, vol. 57, nº 2, pp. 413- 448 y Palomeque, Silvia (2006),
“Circuitos mercantiles de San Juan, Mendoza y San Luis relaciones con el
'interior argentino', Chile y el Pacífico sur (1800-1810), Anuario IEHS,
21, pp. 255-286.
[78]
Gammalsson, Hialmar Edmundo, 1968, Ob. Cit., p.191. La recientemente creada gobernación intendencia
de Cuyo comprendía las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis.
Aun cuando los Pueyrredón habían cometido tantos excesos como el propio Ramos
-observaba el asesor del gobierno-, el teniente gobernador no sólo había
omitido amonestar a los hermanos, también había presentado un oficio reservado,
en contra del propio Ramos, don Tomás Baras y el Licenciado Funes, solicitando
en este último caso, su confinamiento. Los argumentos, sin embargo, habían sido
“demasiado vagos y débiles”, por lo cual el asesor había aconsejado archivar el
expediente, con “las prevenciones correspondientes” Ver el Oficio del Teniente
Gobernado, San Luis, 7 de julio de 1814 y el Dictamen del Asesor del Gobierno,
12 de agosto de 1814. AGN X 05-08-05.
En camino a Mendoza para ponerse al frente de la nueva intendencia, el 26 de
noviembre de 1814 San Martín había pasado a visitarlo por su estancia puntana.
Gammalsson, Hialmar Edmundo, 1968, Ob. Cit., p. 194-196.
Gammalsson, Hialmar Edmundo, 1968, Ob. Cit., p. 197.
San Luis, Acta del 8 de julio de 1815. AGN X 05-08-05. Los documentos relativos
a la elección de Pueyrredón, se encuentra reproducidos en Museo Mitre, 1912, Ob. Cit., pp. 165-205.
Ver Herrero, Fabián (2010), “¿La revolución dentro de la Revolución? Algunas
respuestas ideológicas de la elite política de Buenos Aires”, en Herrero,
Fabián (comp.), Revolución. Política e ideas en el Río de la
Plata durante la década de 1810, Rosario, Prohistoria Ediciones, pp.
95-116.
En San Luis, tanto como en San Juan, explica Bragoni, hacia fines de 1814 los
tenientes gobernadores “aparecían sostenidos por los cabildos y una apretada red de jueces
pedáneos (urbanos y rurales), de cuya fidelidad dependía la estabilidad del
orden revolucionario en las villas y localidades de las periferias.” Bragoni,
Beatriz (2019), San Martín, Buenos Aires, Edhasa,
p. 74.
Acta capitular de San Luis, 31 de mayo de 1815 AGN X 05-08-05. Según lo
dispuesto en el estatuto de 1815, y en función de los dieciséis mil ochocientos
setenta y ocho habitantes que, según el padrón general de 1812, tenía San Luis,
le correspondía la elección de tres electores - uno cada cinco mil habitantes
de la provincia-. Acta capitular de San Luis, 1 de junio de 1815, AGN X
05-08-05. Para un estudio sobre lo establecido en el Estatuto provisional de
mayo de 1815 y los diferentes criterios seguidos en las distintas elecciones
provinciales, ver Segreti, Carlos S. A (1982), “Las elecciones de diputados al
Congreso de Tucumán”, Investigaciones y Ensayos,
nº 33, pp. 69-130.
Acta firmada por los electores, San Luis, 7 de julio de 1815.AGN X 05-08-05
El 29 de julio de 1815, Pueyrredón informaba al Director Supremo que, como
consecuencia de su elección como representante de San Luis, debería renunciar a
la presidencia de la Comisión Militar. En su reemplazo, sería nombrado el
coronel Juan Florencio Terrada. Buenos Aires, 31 de julio de 1815. AGN X
05-08-05.
Nota de aceptación de don Juan Martín de Pueyrredón, dirigida al Cabildo de San
Luis. Buenos Aires, 30 de julio, en
Museo Mitre 1912, Ob. Cit. t. III, pp. 172 a 173.
Nota de renuncia enviada por don Juan Martin de Pueyrredón, al cabildo de San
Luis. Buenos Aires, 1 de septiembre de 1815. AGN X 05-08-05.
Copia de la representación del pueblo al cabildo. San Luis, 29 de septiembre de
1815. AGN X 05-08-05
Oficio del cabildo de San Luis al Director Supremo, con copia de la
representación del pueblo y la campaña, en apoyo de la candidatura de Juan Martín
de Pueyerredón. San Luis, 30 de septiembre de 1815. AGN X 05-08-05.
Gammalsson, Hialmar Edmundo, 1968, Ob. Cit., pp. 204-205. Para profundizar sobre la difusión e
influencia del Sistema de los Pueblos Libres sobre las provincias rioplatenses
ver Frega, Ana (2001), “El artiguismo en la revolución del Río de la Plata.
Algunas líneas de trabajo sobre el “Sistema de los pueblos libres”, en Frega, Ana e Islas, Ariadna
(coord.), Nuevas miradas sobre el artiguismo,
Montevideo, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, pp. 125-144.
Núñez, Urbano, 1980, Ob. Cit. p. 110. El historiador Gez realiza más precisiones. Los
denunciantes eran el síndico procurador don Dionisio Peñalosa junto con don
Juan Escalante, don Tomás Baras, don Rafael de la Peña y Fray Benito Lucio
Lucero. Más adelante, aparecerían vinculados con el licenciado Funes y el ex
teniente gobernador, don José Lucas Ortiz, ambos antiguos rivales de Pueyrredón.
Fracasado el primer intento contra su diputación, éstos buscarían suscribir una
petición para convocar a un cabildo abierto, deponer al teniente
gobernador Dupuy y decidir sobre la
elección de un nuevo diputado. Gez, Juan W. (1996), Historia de
la provincia de San Luis, En línea: http://bpd.sanluis.gov.ar:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/literatu/index/
assoc/HASHf45e.dir/doc.pdf [Consulta: 11 de julio de 2020], p. 81. Gez, Juan
W., 1996, Ob.
Cit., p. 79.
Ver la nota que dirigía a Pueyrredón el Director Supremo, Ignacio Alvarez
Thomas, fechada en Buenos Aires, el 13 de octubre de 1815. El 19 de octubre de
1815, don Juan Martín de Pueyrredón informaba al Director Supremo sobre su
aceptación a la diputación. El 25 de octubre hacía lo propio con el cabildo de
la ciudad. En Museo Mitre 1912, Ob. Cit., t. III, pp. 192 a 196.
Ver Acta del Cabildo de San Luis, 26 de marzo de 1816. En Museo Mitre 1912, Ob. Cit., tomo III,
pp. 200 a 201.
El 29
de diciembre de 1817 se acusaba recibo en Buenos Aires del oficio el cabildo
puntano con fecha 5 de diciembre del mismo año, en el que se informaba al
Director Supremo sobre la elección del Dr. Don Domingo Guzmán como diputado
para el Congreso Soberano. AGN X-05-08-05.
En noviembre de 1814, se informaba el arribo de don Domingo French y en marzo
del año siguiente se anunciaba la inminente llegada de don Joaquín Campana.
Comunicación del teniente gobernador Vicente Dupuy al Sr. Secretario de Estado
y del Departamento de la Guerra. San Luis, 29 de noviembre de 1814 y
comunicación del gobierno de Buenos Aires al teniente gobernador de San Luis,
Buenos Aires 8 de marzo de 1815. AGN X 05-08-05. El 3 de enero de 1819, el
teniente gobernador Dupuy informaba que los hermanos Sarratea, Ladislao
Martínez y Manuel Alvarez, habían llegado a San Luis en carácter de confinados,
conducidos por el capitán Perelló, sin ninguna indicación sobre su destino
final. El 16 de enero contestaba Gregorio Tagle, ordenando su traslado a las
ciudades de San Juan y La Rioja, respectivamente. Tiempo después, sin embargo,
habría constancia de que Sarratea había permanecido en San Luis. AGN X 5-8-5,
documentos número 188 y 201.
[99]
Ver Fradkin, Raúl O. y Ratto, Silvia, 2010a, Ob. Cit. y Fradkin, Raúl O. y Ratto, Silvia (2010b), "¿Qué
hacer con los prisioneros españoles? La construcción del `enemigo´ y las formas
de dejar de serlo. Buenos Aires, 1817-1819", en Barriera, Darío (Coord.), La justicia y las formas de la autoridad: organización política y
justicias locales en territorios de frontera: el Río de la Plata, Córdoba y el
Tucumán, siglos XVIII y XIX, Rosario, ISHIR-Conicet, pp. 45-82.
[100] “que la confinación de todos los enemigos de la causa a pueblos
sencillos es de una mal gravísimo, porque
unos corrompen la opinión de esta clase de habitantes, que tanto cuesta
formarla, con la persuasión, y otros con el interés, cuyo arbitrio no se
ocultará a la penetración de V. E. cuanto puede: la experiencia de cerca de dos
años, en que he dedicado mis mayores desvelos en inflamar y fomentar el
espíritu patriótico, y en vigilar con el mayor tesón sobre la conducta de estos
enemigos irreconciliables, valiéndome de todos los recursos que han estado en
mi posible me ha hecho conocer, que nada es bastante para contener los
progresos de esos hombres temerarios”. Oficio del teniente
gobernador, Vicente Dupuy al Superior Director Suplente del Estado, San Luis,
30 de noviembre de 1815. AGN, X 05-08-05.
Oficio del teniente gobernador, Vicente Dupuy al Superior Director Suplente del
Estado, San Luis, 01 de enero de 1816. AGN, X 05-08-05.
Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 125.
Ver Bragoni, Beatriz, 2012, Ob. Cit., pp. 125-133
Oficio de Juan José Carrera al Director Supremo de las Provincias Unidas del
Sur. San Luis, 3 de enero de 1815. AGN X 05-08-05. Para el segundo semestre de
1815, Juan José ya se encontraba en Buenos Aires. Bragoni, Beatriz, 2012, Ob. Cit., p. 138.
[105]
Orden del Gobernador Intendente de Cuyo Don Toribio de Luzuriaga, fechada el 14
de Octubre de 1816. En Gutiérrez, Gabriel Gustavo (1997), San Luis:
caliente febrero de 1819. La sublevación de los prisioneros y confinados
españoles del 8 de febrero de 1819, San Luis, Centro de Estudios Históricos
y Sociales, p. 11. En línea: http://bpd.sanluis.gov.ar:8383/greenstone3/sites/localsite/collect/
literatu/index/assoc/HASH013c.dir/doc.pdf [Consulta: 25 de julio de 2020].
[106]
Junto con Marcó del Pont llegaría su jefe de Estado Mayor Gral. Ramón Bernedo y
los coroneles José Berganza y Manuel Calle, que morirán durante el
levantamiento de febrero de 1819. Gutiérrez, Gabriel Gustavo 1997, Ob. Cit., pp. 12-13.
[107]
Lo acompañaban otros curas como Manuel J. Vargas, José A. Rodríguez, Juan de
Dios Arleghi -sobrino del Obispo- y José J. Garro. Gutiérrez, Gabriel Gustavo,
1997, Ob. Cit., p. 13.
El proyecto de reunir a todos los prisioneros en Las Bruscas fracasó por falta
de instalaciones adecuadas y los prisioneros tuvieron que ser nuevamente
distribuidos entre distintos destinos. El presidio Las Bruscas posteriormente
fue denominado Santa Elena y en sus cercanías se fundaría luego el poblado de
Dolores. Fradkin, Raúl O. y Ratto, Silvia, 2010a, Ob.
Cit., p. 27. De acuerdo a las órdenes de
San Martín, los soldados prisioneros que permanecieran en San Luis gozarían de
libertad de movimiento, pudiendo departir entre ellos, participar en comidas y
otros esparcimientos con miembros de la sociedad puntana. Los soldados de tropa
debían trabajar en obras públicas o realizar tareas en huertas, fincas o
estancias, bajo un modelo de conchabo que, a cambio de casa, comida y
vestuario, contribuía a solventar los gastos del Gobierno. Gutiérrez, Gabriel
Gustavo, 1997, Ob. Cit., p. 15.
Oficio del gobernador intendente Luzuriaga, al teniente gobernador Dupuy, 16 de
enero de 1818. Citado en Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit.,
p. 126.
Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 126. Entre febrero y marzo de 1818, el teniente
gobernador Dupuy informaba al gobierno de Buenos Aires sobre el envío de los
prisioneros de guerra realistas al comandante de la Guardia de Luján. Entre
ellos, treinta y dos confinados de Chile, entre prisioneros de guerra,
empleados y religiosos “enemigos de la libertad”, que debían ser entregados al
comandante de la Guardia de Luján. La mitad de ellos, americanos. San Luis, 13
de marzo de 1818. AGN X 05-08-05.
Ver Ratto, Silvia (2015), “¿Revolución en las pampas? Diplomacia y malones
entre los indígenas de Pampa y Patagonia”, en Fradkin, Raúl Osvaldo (ed.), ¿Y el pueblo dónde está?: contribuciones para una historia popular de
la Revolución de Independencia en el Río de la Plata en el siglo XIX
rioplatense, Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 207-234.
[112]
Oficio del teniente gobernador de San Luis al gobernador intendente de Cuyo.
San Luis, 4 de abril de 1818. Citado en Nuñez, Urbano, 1980, Ob. Cit., p. 127.
En ese contexto, el gobierno central decidió que 144 prisioneros que se
encontraban en San Luis se distribuyeran entre el presidio de la capital y el
de Santa Elena. Fradkin, Raúl O. y
Ratto, Silvia, 2010a, Ob. Cit., p. 31.
Hacia fines de 1817, la población de Carmen de Patagones también había
experimentado una sublevación de esas características, liderada en este caso
por unos españoles arribados poco tiempo antes en calidad de prisioneros
durante la rendición de Montevideo. Nozzi, Emma (1967), Carmen de Patagones y una sublevación de presidiarios,
Carmen de Patagones, Museo Histórico regional municipal “Francisco de Viedma”,
pp. 1-32.
Bragoni, Beatriz, 2012, Ob. Cit., p. 166.
Bragoni, Beatriz, 2012, Ob. Cit., p.
193.
Gutiérrez, Gabriel Gustavo, 1997, Ob. Cit., p. 26.
Fradkin,
Raúl O. y Ratto, Silvia, 2010b, Ob. Cit., p. 60.
Monteagudo había llegado a San Luis en
noviembre de 1818, luego de ser desterrado de Chile por disputas internas con
el Teniente Coronel Tomás Guido y otros miembros de la Logia Lautaro, mientras
prestaba servicios como asesor del General San Martín. Otro personaje político
de importancia que por aquellas fechas se encontraba en San Luis era don
Facundo Quiroga. Con rango de Comandante Militar de las Milicias del
Departamento de Los Llanos, había sido retenido por las autoridades en su
camino hacia La Rioja. Gutiérrez, Gabriel Gustavo, 1997, Ob.
Cit.
Ver la copia del parte del teniente gobernador, Vicente Dupuy, al gobernador
intendente de Cuyo Toribio Luzuriaga. San Luis, 20 de febrero de 1819.
Publicado el miércoles 10 de marzo de 1819, en Gaceta de Buenos
Aires (1911b), Buenos Aires, Junta de Historia y Numismática
Americana, tomo 5, pp. 615-619.
[120]
García de Flöel, Maricel, 2000, Ob. Cit., p. 151. Ya desde el año 1813 el Río de Janeiro había
constituido una de las alternativas de alejamiento voluntario más accesibles,
fundamentalmente se había convertido en uno de los lugares de refugio más
frecuentados por los peninsulares emigrados. Ver Caula, Elsa, 2014, Ob. Cit., pp. 276 –
285 y Caula, Elsa (2019), “Diplomacia y política. La legación española en Río
de Janeiro ante la invasión portuguesa a la Provincia Oriental (1817-1820)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, nº 49, pp. 271-291.
[121]
Según el parte de Dupuy, la conexión entre los sublevados y las fuerzas
carrerinas había sido reconocida por los propios implicados: “que antes de 2 horas iban a conseguir su libertad: que tenía tomadas
todas las medias y que a las 24 horas evacuarían esta ciudad
dirigiéndose a la montonera; donde estaban sus hermanos Carrera y Alvear, de
quienes había recibido correspondencia, en que le aseguraban que los recibirían
con los brazos abiertos, y que contaba en fin con los 53 montoneros que se
hallaban presos en la cárcel, para que les sirviesen de baqueanos”. Copia del
parte del teniente gobernador, Vicente Dupuy, al gobernador intendente de Cuyo
Toribio Luzuriaga. San Luis, 20 de febrero de 1819. Publicado el miércoles 10
de marzo de 1819, en Gaceta de Buenos Aires, 1911b,
Ob. Cit., pp. 617 a 618.
Gaceta de Buenos Aires, 1911b, Ob. Cit.,
p. 618.
Bragoni, Beatriz, 2012, Ob. Cit., pp.
207-218.
[124]
Treinta y dos personas muertas en las calles y los lugares de ataque,
veintitrés oficiales y soldados prisioneros de guerra y nueve confinados
políticos. Gutiérrez, Gabriel Gustavo, 1997, Ob. Cit.,
p. 39.
Fradkin, Raúl O. y Ratto, Silvia, 2010b, Ob. Cit., p.
61.
[126]
Circunstancialmente Monteagudo sería comisionado por Vicente Dupuy para
organizar el sumario. Gaceta de Buenos Aires, 1911b,
Ob. Cit., p. 618.
[127]
Vicente Dupuy, al gobernador intendente de Cuyo Toribio Luzuriaga. San Luis, 20
de febrero de 1819. Gaceta de Buenos Aires, 1911b, Ob. Cit., p. 619.
Halperín Donghi (2005), Tulio, Revolución y guerra.
Formación de una elite dirigente en la argentina criolla, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, p. 249.
Verdo, Geneviève (2002), “¿Soberanía del pueblo o de los pueblos? La doble cara
de la soberanía durante la revolución de la independencia (1810-1820)”, Andes, nº 13, pp. 153.