Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol. 34, Nº 1, Enero – Junio
2023
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ISSN Nº 1668-8090
MIGRANTES Y ACCESO A LA SALUD EN EL CONTEXTO DEL
COVID-19. UN ESTUDIO SOBRE VENEZOLANOS/AS Y BOLIVIANOS/AS EN LAS PROVINCIAS DE SALTA
Y JUJUY
MIGRANTS AND
ACCESS TO HEALTH IN THE CONTEXT OF COVID-19. A STUDY ON VENEZUELANS AND
BOLIVIANS IN THE PROVINCES OF SALTA AND JUJUY
Soraya Ataide
Instituto de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH)
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de Salta (UNSa)
soraya.ataide@gmail.com
Fecha de ingreso: 17/03/2022 - Fecha de
aceptación: 10/12/2022
Resumen
Este artículo tiene como objetivo
contribuir a los estudios interesados en la problemática del acceso a la salud de
los/as inmigrantes en Argentina desde una perspectiva de Derechos Humanos, focalizando en las experiencias de venezolanos/as y
bolivianos/as en las provincias de Salta y Jujuy (Argentina). Con ese objetivo en
primer lugar se revisan antecedentes que problematizan el acceso a la salud en
los colectivos mencionados y en segundo término se presentan algunos resultados
derivados de la primera edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina
realizada entre octubre y noviembre del 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria declarada a partir de la COVID-19. El análisis se complementa con
entrevistas en profundidad a referentes migrantes y funcionarios públicos. Los
hallazgos permiten afirmar que a pesar de la consolidación del derecho a la
salud para las personas migrantes, con la sanción de la Ley 25871 en el 2004, existen
factores que obstaculizan el acceso a este derecho, especialmente para ciertos
grupos migrantes. Asimismo, los datos muestran que en las provincias de Salta y
Jujuy estas dificultades se acentúan comparativamente con los resultados obtenidos
a nivel nacional.
Palabras clave:
acceso a la salud, personas migrantes, bolivianos/as
y venezolanos/as, derechos humanos, provincias fronterizas
Abstract
This article is aimed at contributing to the studies
interested in the access to health services of immigrants in Argentina from a
Human Rights-based approach and, especially, those that focus on the
experiences of Bolivians and Venezuelans in Salta and Jujuy provinces
(Argentina). According to this research objective, in the first place, we
review literature that problematise the access to health service in the
mentioned migrant collectives. In second place, we present some results derived
from the first edition of the National Migrant Survey of Argentina, held in
October and November 2020, in the context of the health emergency declared
because of the COVID-19 pandemic. This analysis is complemented with the
information collected by depth interviews to migrant leaders and civil
servants. The findings suggest that, despite the consolidation of the right to
health among migrants since the enactment of Law 25871 in 2004, there are still
factors that interfere with the access to this right, particularly, in certain
migrant groups. Moreover, data show that these difficulties are intensified in
Salta and Jujuy in comparison with the results obtained at the national level.
Keywords: access
to health service, migrants, bolivians and venezuelans, human rights, border
provinces
Introducción
Estudiar el
vínculo entre migración internacional y salud resulta complejo debido en buena
medida a la ausencia de fuentes de información apropiadas para su abordaje. Contar
con estudios específicos a escala nacional, provincial y local puede contribuir
a la defensa y promoción de los derechos que la población migrante tiene en
materia de salud en nuestro país, desde el año 2004 con la aprobación de la Ley
25871. Este artículo tiene como objetivo
contribuir a los estudios interesados en la problemática del acceso a la salud de
los/as inmigrantes en Argentina desde una perspectiva de Derechos Humanos, focalizando
en las experiencias de venezolanos/as y bolivianos/as en las provincias de
Salta y Jujuy.
Con ese
objetivo, por un lado,
se revisan antecedentes que problematizan el acceso a la salud en los
colectivos nacionales mencionados y, por otro, se analizan algunos resultados que surgen de la
primera edición de la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) realizada
entre octubre y noviembre del 2020. Los datos que se presentan dialogan con aquellos
obtenidos a escala nacional sobre dicha temática y que se encuentran publicados
en el Anuario Estadístico Migratorio de Argentina (2020), que condensa los
principales resultados de la ENMA. Tanto la ENMA como el Anuario fueron
impulsados por un equipo de investigadoras e investigadores nucleados/as en el
Eje Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de
Problemas en Derechos Humanos (RIOSP-DDHH) del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina, en
articulación con un conjunto de organizaciones y referentes migrantes de la
sociedad civil[1]. El
análisis se complementa con entrevistas en profundidad a referentes migrantes y
funcionarios públicos.
La elección de observar esta temática
en las provincias de Salta y Jujuy parte del interés en situar la problemática
del acceso a la salud en una región de la Argentina en la cual se viene
observando el fenómeno migratorio protagonizado por bolivianos/as articulados/as
como trabajadores del sector agrícola[2].
Se optó por agrupar ambas provincias del noroeste argentino por su carácter
fronterizo y porque manifiestan una historia migratoria similar, donde se
destaca el colectivo boliviano como el grupo extranjero más antiguo, de arribo constante
y de mayor magnitud[3]. En la
provincia de Jujuy, el colectivo boliviano representa el 94% de las personas
nacidas en otro país, mientras en Salta ese porcentaje resulta en el 80% de la
misma. Por otra parte, la ENMA (2020) ha evidenciado la presencia de otros tres
colectivos de migrantes en ambas provincias, que por su carácter reciente no aparecen
registrados en el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado
en el año 2010: los/as migrantes de origen venezolano, colombiano y senegalés. La
muestra obtenida para este análisis refleja los resultados de 99 casos
encuestados, donde se encuentran mayormente representados los colectivos venezolano
y boliviano, es decir que los datos y reflexiones que emergen de los mismos dan
cuenta principalmente de la situación de los dos grupos nacionales referidos. Para
el análisis se recurrió a una metodología mixta, cuanti-cualitativa y la
selección de la muestra ha sido de carácter intencional. Las variables
seleccionadas fueron: 1. tipo de cobertura de salud y formas de resolución para
la atención sanitaria; 2. Dificultades de acceso; 3. tipo de dificultades; y 4.
Situación de salud de las personas migrantes en general y en relación al
COVID-19, en particular.
Los hallazgos
permiten afirmar que aún en un contexto normativo que reconoce el derecho a la salud
para las personas migrantes, existen diversos factores que obstaculizan el
acceso a este derecho. Asimismo, los datos muestran que en las provincias de
Salta y Jujuy estas dificultades se acentúan comparativamente con los
resultados expresados a nivel nacional.
Antecedentes para abordar la problemática del acceso a
la salud de los/as inmigrantes en Argentina
Existe
evidencia de que las personas que migran cuentan con una mejor condición de
salud que quienes no lo hacen, sin embargo los/as inmigrantes constituyen una población
que, con matices presenta rasgos de mayor vulnerabilidad que el resto de la
sociedad[4],
ya que generalmente están expuestos/as a precarias condiciones de vida y
limitado acceso a los servicios de salud[5].
En Argentina,
la sanción de la Ley 25871[6]
en el año 2004, consolidó el derecho a la salud para la población migrante. Esta
Ley enmarcada en el paradigma de los Derechos Humanos reemplazó a la, hasta
entonces vigente, Ley General de Migraciones y Fomento de la Inmigración
(Nº22.439), también llamada “Ley Videla[7]”
basada en el enfoque de la seguridad nacional, la cual se caracterizó por criminalizar
a los/as migrantes no deseados[8],
aquellos que no se ajustaban al tipo ideal argentino blanco y europeo o de
descendencia europea[9].
Al mismo tiempo, la Ley 25871 constituye un antes y un después al incorporar a la Constitución Nacional el derecho esencial e
inalienable a migrar, resolviendo también la igualdad de los/as inmigrantes con
respecto a los/as nacionales argentinos en el acceso a derechos sociales como seguridad
social, vivienda, educación y salud. A su vez, establece que la irregularidad
migratoria en ningún caso puede impedir el efectivo acceso a esos derechos[10].
En su artículo octavo esta normativa determina que: “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al
derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los
extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria[11]”. Aún más, la ley
expresa que “las autoridades de los establecimientos
sanitarios deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria[12]”.
Una cuestión no
menor que contempla la mencionada ley refiere al derecho a la información. Sobre
esto, diversas investigaciones muestran la existencia de un fuerte
desconocimiento sobre los derechos que la misma garantiza, tanto por parte de los/as
migrantes, como también del personal de salud o administrativo en
establecimientos de atención sanitaria[13].
Merece señalarse que no sólo reconoce el derecho a la salud sino también, la
obligación del Estado de adoptar acciones positivas para garantizarlo. Ahora
bien, esta ley cuya reglamentación se concretó recién en el año 2010, no logró
garantizar que los derechos de los/as migrantes se hagan efectivos[14].
La vulneración del derecho a la atención
de los/as migrantes en los servicios de salud no obedece a una falta de normas.
De acuerdo con
Molina[15]
la persistencia de situaciones de discriminación que obstaculizan el acceso a
la salud se debe a la existencia de un cierto sentido común “que designa
como ´legítimas´ a las desigualdades que aparecen como ´normales´ para los
miembros de una sociedad”[16].
A juicio de Fleury[17]
en muchos casos lo que sucede es que:
la conciencia
del derecho a la salud es filtrada por la percepción que los profesionales
tienen de su trabajo como una misión benefactora, que envuelve más la noción de
compasión que la de derecho (…) y porque la ausencia de canales efectivos de
denuncias y de puniciones por malos tratos y discriminación se suma a la
actitud predominante de percibir el reclamo como una falta de respeto por parte
de los pacientes[18].
No obstante,
diversos trabajos dan cuenta de que en muchas ocasiones las acciones orientadas
a mejorar el acceso a los servicios de salud para la población migrante parte
de los mismos efectores de salud. Se reconocen iniciativas aisladas tanto
previamente como después de sancionada la Ley 25871, en hospitales públicos
ubicados en zonas de frontera o bien en instituciones de salud emplazados en
lugares donde se reconoce la presencia y asistencia a migrantes[19].
Entonces, la posibilidad de garantizar este derecho depende de las “buenas voluntades”
del personal de salud[20].
Ahora bien, esta
problemática se acentúa por el carácter biologicista del modelo médico
hegemónico, que asume lo biológico como parte constitutiva de la formación
médica profesional, mientras los procesos sociales, culturales o psicológicos
son considerados elementos anecdóticos[21].
La propia idea de una "evolución natural" de la enfermedad excluye a las
condiciones sociales en las que se producen[22].
Entonces, la condición migratoria o el origen de los/as migrantes tampoco
aparece como un factor a considerar en el modo en que se orienta la atención. Al
mismo tiempo, este modelo biomédico, subordina o
niega al resto de los saberes relacionados con la salud[23],
como son aquellos saberes comunitarios o populares que traen los/as migrantes
desde sus lugares y comunidades de origen.
Por su parte, desde
la antropología médica crítica, se ha puesto énfasis en que todo conocimiento
relacionado con el cuerpo, la salud y la enfermedad es culturalmente construido
en un proceso dinámico[24].
Esta mirada enfatiza en las relaciones de poder que configuran las maneras de
concebir la salud y la enfermedad, las relaciones entre curador y paciente,
como también a las acciones que llevan a cabo los/as sujetos/as y sus
comunidades para atender a sus afecciones o dolencias[25].
En ese marco, se incorpora la noción de procesos de salud/enfermedad/atención[26]
donde se incluye no sólo fenómenos clínicos y epidemiológicos, sino también
condiciones sociales, económicas y culturales que toda sociedad procesa a
través de sus formas de enfermar, curar y morir.
Con respecto a los modelos de atención,
en el contexto de las sociedades latinoamericanas “se ha identificado la coexistencia de (…) la biomedicina (modelo
médico hegemónico); las estrategias de autoatención; la medicina tradicional y
el saber popular; los saberes alternativos o new age; finalmente, los saberes devenidos de otras tradiciones
médicas académicas”[27].
No obstante, en las sociedades
occidentales la autoatención y la biomedicina son
las formas más difundidas[28].
La primera es la actividad que “los sujetos y microgrupos utilizan para diagnosticar,
explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o
prevenir los procesos que afectan a la salud, sin la intervención de curadores
profesionales, aun cuando éstos sean la referencia[29]”.
En la autoatención resulta relevante considerar la trasmisión intergeneracional
de saberes comunitarios y la circulación de información entre familiares,
vecinos/as, amigos/as y paisanos/as[30].
Por su parte, y como se plantó previamente, la biomedicina se caracteriza por
el biologicismo que constituye la fundamentación del diagnóstico y el
tratamiento y por la exclusión de los factores históricos, sociales y
culturales[31].
Con la
intención de ampliar la mirada, se incorporó la noción de itinerarios
terapéuticos[32],
entendidos como todas aquellas acciones llevadas adelante en presencia de un
problema de salud, que inician antes de la consulta médica y se extienden hasta
luego de la misma. Esta noción permite por un lado, reconocer la presencia de
diversos saberes y formas de intervención y por otro, visibilizar la
vinculación con diferentes actores como la familia, la comunidad, los/as vecinos/as,
curadores/as, instituciones, etcétera. Por ejemplo, en estas redes circula
información sobre médicos e instituciones más amigables[33],
lo que puede contribuir a disminuir las dificultades presentes en dichos
itinerarios[34].
En ese marco se
impone la necesidad de incorporar una perspectiva intercultural que permita por
un lado reducir las brechas existentes entre modelos de salud y por otro, atender
a la manera en que las relaciones de poder y la desigualdad atraviesan los procesos
de salud-enfermedad-atención[35].
Baeza y Aizenberg[36] sostienen que:
la llamada
“barrera cultural” -entendida como las diferencias entre las concepciones y
enfoques sobre el cuidado de la salud y la enfermedad entre proveedores y
usuarios- ha venido siendo señalada como una de las principales causas de la
mala calidad de salud de las poblaciones migrantes, las relaciones de
desconfianza entre profesionales y usuarios/as, la falta de acceso a los
sistemas de salud modernos de los migrantes, la baja performance en el cuidado
de la salud y la dificultad en el ejercicio de los derechos a la salud en
general[37].
Asimismo, las
autoras evidencian que la articulación entre los estudios interculturales y el
género resulta fundamental ya que permite comprender:
la mayor visibilidad que poseen las
mujeres frente a los hombres migrantes por ser quienes asisten a los servicios
solas o con sus hijas e hijos donde están expuestas a las largas esperas y
colas para sacar turnos, por ser responsables de comprender o no los
tratamientos y sostenerlos en el tiempo, de la alimentación en sus hogares,
además del sostén económico único en muchos casos[38].
Particularmente,
uno de los temas abordados en el estudio de Cerrutti[39]
sobre mujeres bolivianas muestra las desventajas que se solapan, ser
inmigrantes, mujeres, la condición de clase y sus pertenencias
étnico-culturales. En especial menciona las dificultades que padecen en
vinculación con pautas reproductivas y de cuidado que suelen ser diferentes a
las de la sociedad de destino. La autora reconoce que los efectores de salud
responden en la atención, de diferentes formas de acuerdo a sus valores,
experiencias o percepciones.
La articulación
entre los estudios interculturales y de género permite reconocer por ejemplo
cómo se reproducen imaginarios y representaciones estereotipados en torno a las
mujeres migrantes que influyen negativamente en su atención[40].
Baeza y Aizenberg observan que las mujeres bolivianas
suelen ser señaladas por los profesionales de la salud, “por su capacidad de “aguantar” o ser duras frente al dolor,
reforzándose estereotipos que exotizan a las mujeres andinas como fuertes,
pacientes y silenciosas” [41].
Inclusive, se reflejan construcciones sociales del dolor que legitiman
representaciones acerca de que los/as bolivianos/as tienen la capacidad de
soportar el dolor[42]
tal como en otros estudios se reconocen discursos que asignan a los/as
bolivianos/as la condición de “buenos/as trabajadores/as” por ser capaces de
soportar largas e intensas jornadas de trabajo[43].
Baeza y Aizenberg sostienen que para las mujeres migrantes, las
largas esperas se constituyen en el principal obstáculo al punto de aparecer como
la causa del alejamiento del sistema de salud y la búsqueda de otros modos de
sanación. También, reconocen la existencia de confusión en los tratamientos
médicos que se recetan sin mediación de intérpretes de la lengua quechua o
aymara y sin confirmación de que la transmisión y explicación sea exitosa. Las
autoras observan que en ese contexto de situaciones límite se pone en evidencia
la transmisión generacional de saberes vinculados al cuidado y sanación de los
cuerpos. Dichos conocimientos dan cuenta de la articulación entre experiencias
acumuladas por el grupo familiar, que en algunos casos combinan concepciones
biomédicas y saberes populares[44].
Ciertamente, en esas instancias se moldean los discursos sobre la enfermedad,
su gravedad y cómo atenderla.
Por esto,
abordar el vínculo entre migración y acceso a la salud requiere atender a las
múltiples desigualdades que atraviesan las experiencias de las personas
migrantes, de género, edad, raza o etnia y en cuanto a su situación
socioeconómica[45] no como
una sumatoria de desigualdades, más bien como desigualdades intersectadas y
presentes en los distintos ámbitos por donde los/as migrantes transitan[46].
Ahora bien, es
preciso reconocer que el acceso y el uso de los servicios públicos de salud
presentan dificultades que afectan a toda la población, incluyendo a la
“nativa” y no solo a la migrante. Esto se explica por la presencia de un
sistema público de salud sobresaturado, con problemas presupuestarios, en
algunas ocasiones mal administrado y con demoras prolongadas, todo lo cual
repercute negativamente en los usuarios pacientes[47].
Justamente, la escasez de recursos coloca en el centro del debate la cuestión
de cómo distribuirlos y si deben priorizarse algunos grupos sobre otros, por ejemplo, a los ciudadanos nacionales sobre los/as
inmigrantes. Debate que suele acentuarse en contextos de crisis económicas o
sanitarias como aquella que emerge con la pandemia de la COVID–19, en marzo de
2020.
El
cuestionamiento sobre la presencia de los/as inmigrantes en territorio
argentino y el uso que hacen de los servicios públicos, tiene una historia
larga[48]
que se recicla cada tanto en el discurso de ciertos sectores de la sociedad, de
representantes políticos y en algunos medios de comunicación[49].
Esto puede evidenciarse con claridad en dos momentos diferentes, antes de la
sanción de la Ley 25871 más precisamente durante la década del noventa, como
tiempo después, a partir del 2015. Ambos momentos coinciden con Gobiernos
Nacionales que implementaron políticas de corte neoliberal, de medidas de ajuste
en servicios esenciales para la población y retracción de derechos para la
población más vulnerable, entre ellos los/as inmigrantes.
Durante la
década del noventa los/as inmigrantes limítrofes fueron puestos en el lugar de
“chivo expiatorio” de las consecuencias de las políticas neoliberales[50].
Particularmente a estos sujetos se los responsabilizó de ser la causa de “la crisis del sistema de salud, de la
potabilización del agua y la detección de casos de cólera y de enfermedades que
se suponían desaparecidas del país; también del crecimiento del índice de
desocupación y el aumento de casos delictivos en Buenos Aires”[51]. Al mismo tiempo, la estigmatización
hacia esta población fue amplificada desde ciertos medios de comunicación y
altos funcionarios y representantes de instituciones locales.
Años más tarde,
en 2015 con la llegada de una nueva derecha al poder, la política migratoria
argentina sufrió importantes transformaciones que repercutieron negativamente en
la vida de los/as inmigrantes. Se decidió el cierre de un Programa de Abordaje
Territorial destinado a promover la regularización migratoria, se redujo el
número de delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a lo largo
del país y se promovió la creación de un Centro de Detención para migrantes (que
finalmente no se concretó) con el objetivo de combatir la irregularidad
migratoria. También aumentaron los controles de permanencia y la violencia policial
en estos procedimientos y se estableció la aplicación de un sistema de
radicación a distancia (Ra.D.Ex) sin contemplar las características de
accesibilidad de la población migrante[52].
En ese contexto de
retrocesos en materia de derechos para las personas migrantes, en enero de 2017
el poder ejecutivo firmó el Decreto de Necesidad de Urgencia -DNU- 70/2017 sustentado
en la supuesta relación entre migración y crimen organizado. De esa forma, la
política migratoria retomó el enfoque de securitización y control contrarios al
paradigma de derechos humanos[53].
Justamente, a partir de este DNU se modificó tanto la Ley de Migraciones
N°25871 como la Ley N°346 de Ciudadanía y Naturalización. Respecto de la
primera, los cambios implicaron una ampliación de los motivos para impedir la
radicación de extranjeros en el país y para ordenar su expulsión, así como un
endurecimiento de los procedimientos para ejecutarla; respecto de la segunda
norma, endureció los requisitos para poder solicitar la Carta de Ciudadanía
argentina[54]. El DNU estuvo enmarcado
en lo que Domenech (2020) denominó como “política de la hostilidad” hacia los/as
inmigrantes[55]. Una política que implicó
por un lado la “espectacularización” del tema migratorio, expresada en
discursos criminalizantes hacia los/as inmigrantes por parte de funcionarios
públicos, utilizando algunos medios de comunicación y por otro, en la expansión
e intensificación del control a la movilidad, “a través del incremento de la violencia estatal hacia los inmigrantes y
la proliferación de prácticas punitivas y represivas”[56].
En diciembre de
2019 asumió en Argentina un gobierno de coalición, de corte progresista que
suponía un cambio de rumbo respecto al gobierno anterior. Sin embargo, la
irrupción de la pandemia postergó debates de distinta índole, entre ellos el
tema migratorio que recién obtuvo alguna respuesta en marzo de 2021 cuando se
dejó sin efecto el polémico DNU 70/17[57].
En marzo del 2020, con la reciente llegada del nuevo gobierno, luego de cuatro
años de políticas neoliberales que provocaron un aumento en la desocupación y
la pobreza en el país[58],
aparece la pandemia, cuyas consecuencias profundizaron aquel escenario de
crisis social y económica[59].
Es posible
afirmar que abordar el acceso a la salud en las personas migrantes resulta
complejo pues depende de factores de distinta escala y naturaleza. Para Comes y
otros[60],
es necesario distanciarse de aquella noción de acceso que sólo la aborda desde
el lado de la oferta y por lo tanto como distintas barreras que habría que
sortear: geográficas (entendidas como distancias físicas), económicas
(considerando la falta de dinero para trasladarse o para adquirir
medicamentos), administrativas entendidas como la dificultad que impone la
organización misma de los servicios, por ejemplo los horarios de atención o los
turnos y; finalmente una barrera cultural o simbólica entre el personal de los
servicios y la población. Siguiendo el planteo de los autores, el problema de
definir la accesibilidad desde la oferta es que se invisibiliza el hecho de que
los/as sujetos también son constructores de accesibilidad, por esto proponen
definirla como “el encuentro entre los
sujetos y los servicios[61]”.
De acuerdo con Molina[62]
esto conlleva incluir en el análisis una dimensión relacional, abordando a la
población en los servicios de salud y en la relación entre los servicios y la
población, en tanto los servicios son productores de discursos que se entraman
en representaciones y prácticas de la población dando como resultado distintos
modos de acercamiento y utilización.
El acceso a la
salud para las personas migrantes resulta una problemática multidimensional y
por lo tanto no puede abordarse de manera aislada[63].
La accesibilidad al sistema de salud, debe considerar también los diversos
ámbitos de la vida cotidiana donde se juegan otros derechos, como el acceso a ciudadanía,
al trabajo seguro (formal), a la vivienda, al trato digno sin discriminación,
etc.
Migrantes y acceso a la salud en Salta y Jujuy
A continuación,
se presentan algunos antecedentes que contextualizan el acceso a la salud en
los dos colectivos de migrantes mayormente representados en la ENMA: el
boliviano y el venezolano. Para abordar esta temática en el colectivo boliviano
se cuenta especialmente con estudios situados en la provincia de Jujuy. Por su parte existe una vacancia de investigaciones
enfocadas en el acceso a la salud en migrantes venezolanos/as para ambas
provincias por lo que se recurrirá a algunos documentos que muestran la
situación en otras zonas geográficas del país.
Bolivianos/as en Salta y Jujuy. Antecedentes para
abordar su acceso a la salud
En las
provincias del NOA la hostilidad como forma de interpelar a los/as inmigrantes desde
el Estado puede reconocerse especialmente dirigida hacia el colectivo no
nacional mayoritario y de más antigüedad: los/as bolivianos/as o a quienes son
marcados como tales, como sus hijos/as. Es decir, aquellos/as que siendo
nacionales argentinos por el criterio de ciudadanía de jus solis que rige en
Argentina, son de todas formas extranjerizados.
Hacia finales
de la década de 1990 y comienzos del 2000 una serie de estudios visibilizaron
la problemática de la salud en ciertas zonas fronterizas del NOA[64].
Una preocupación se dirigió hacia los altos índices de mortalidad en general y de
mortalidad infantil en particular, presentes durante los primeros setenta años
del siglo XX, en las zonas de influencia de los ingenios azucareros de Salta y
Jujuy donde convergieron trabajadores temporarios de origen campesino e
indígena procedentes de provincias del norte argentino y de Bolivia. Estas
investigaciones visibilizaron las pésimas condiciones de trabajo y la
deficiente atención sanitaria que experimentaban los/as trabajadores/as, además
de la escasa preocupación sobre estas problemáticas, por parte de las elites
provinciales, dueñas de los ingenios[65].
De acuerdo con
Sala[66],
en ese período, el Sistema Provincial de Salud se involucró en forma limitada
en tareas de supervisión dentro de los ingenios, y con la llegada del
ferrocarril a la ciudad fronteriza de La Quiaca, en acciones de inmunización,
fumigación y control sanitario. Para la autora, estas acciones “se tradujeron en la reducción del nivel de
morbi - mortalidad, pero abordaron al migrante no como un ciudadano con derecho
a la salud, sino como a un potencial portador de viruela, chagas, y
tuberculosis, al que había que inmunizar y fumigar[67]”.
La autora
afirma que aún con la llegada de un Estado de bienestar, la situación laboral y
sanitaria de la población migrante no evidenció grandes transformaciones. Las
condiciones precarizadas de vida y trabajo se mantuvieron, tanto en los
ingenios azucareros como en las fincas tabacaleras y hortícolas donde los/as
bolivianos/as se fueron insertando a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Sala sostiene que
hasta ese entonces, no se habían llegado a postular argumentos que cuestionaran
el acceso a los servicios de salud para la población migrante. Reconoce que
esos discursos emergieron en la década del noventa, en plena etapa neoliberal, cuando
aparecieron dos epidemias de cólera. La primera con epicentro en localidades
fronterizas salteñas circundadas por fincas hortícolas y la segunda en los
valles templados de Salta y Jujuy, donde los/as bolivianos desarrollaban
labores en fincas tabacaleras. Entonces, se atribuyó a los/as migrantes
bolivianos/as el ser portadores/as de esta enfermedad. Si bien se adoptaron acciones
preventivas en ambas provincias, en un contexto de ajuste y de disminución del
presupuesto en el sistema de salud, el principio de universalidad fue
cuestionado. En ese marco, a finales de 1998 se debatió en la legislatura de la
Provincia de Jujuy el proyecto de Ley para realizar un “Censo de extranjeros
ilegales”, que recibían prestaciones en servicios públicos de salud. De acuerdo
con Sala, el principal objetivo de este Censo se dirigía a reforzar el
argumento que asociaba a los/as inmigrantes con el debilitamiento en el
presupuesto de salud pública de la provincia.
Veinte años
después, en vigencia de la Ley 25871, Karasik y Yufra[68]
evidenciaron un nuevo intento por parte del gobierno de la provincia de Jujuy para
restringir el acceso de los extranjeros al sistema de salud. La discusión se basó
una vez más en el supuesto impacto económico que los extranjeros, especialmente
los/as bolivianos/as generan en el sistema de salud de la provincia. Entonces se
presentó un proyecto de ley para la creación de un Sistema Provincial de Seguro
de Salud que los extranjeros deberían contratar. En el trabajo citado, las
autoras analizan el proyecto de la ley, como también la discusión que se dio en
aquel entonces tanto en la legislatura de la provincia como en algunos medios
de comunicación. Con respecto al argumento referido al impacto económico, en su
estudio contraponen los datos oficiales al respecto, los cuales indican muy bajos
porcentajes de acceso a las prestaciones de salud por parte de extranjeros/as en
nuestro país.
Por otro lado,
Karasik y Yufra[69] analizan la noción de “reciprocidad” introducida en
el debate por quienes defendieron el mencionado proyecto, así como el cobro de
prestaciones para inmigrantes. Desde esa postura se sostenía que los
argentinos/as deberían recibir en Bolivia las mismas prestaciones de salud y
bajo las mismas condiciones de gratuidad y calidad a las que sus nacionales
acceden en la Argentina. Las autoras remarcan que este argumento no contempla
las diferencias existentes entre los sistemas de salud en ambos países, desde
el equipamiento hasta la organización. Asimismo, reflexionan sobre la histórica
y naturalizada práctica del cobro de un adicional para los extranjeros que se
atienden en el sistema público de salud, lo que constituye una realidad
legitimada, inclusive por los mismos migrantes. Sobre esto, afirman: “no pareciera en realidad partir de una
cuestión presupuestaria sino ideológica y política [que] introduce una cuña de criterios
discriminadores y mercantilizadores en el sistema público de salud”[70].
En definitiva, las autoras reconocen que tanto la Ley de creación del Sistema
Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros como la práctica del cobro de un
adicional para estas personas no cumple el marco migratorio nacional vigente ya
que afecta derechos reconocidos en el acceso a la salud pública. Y
particularmente observan una concepción política regresiva y basada en
prejuicios sociales hacia los/as bolivianos/as en Jujuy.
A partir de la Pandemia de la COVID-19
emergieron nuevamente discursos tendientes a restringir el acceso a derechos
garantizados por la Ley 25871. Durante buena parte del 2020, medios de comunicación expresaron a
diario la “preocupación”[71]
y el “peligro”[72] sobre el
aumento de casos positivos y muertes por COVID-19 en las localidades bolivianas
fronterizas, como también por el ingreso “ilegal”[73]
de bolivianos/as a las provincias de Salta y Jujuy.
En ese marco, desde una modalidad de “espectacularización”, el gobernador de la
provincia de Salta instaló en la agenda mediática un fuerte cuestionamiento
hacia la población boliviana. Concretamente
se refirió al cobro del IFE[74]
y la AUH[75]: “Con este tema de la pandemia hemos logrado detectar muchísima gente
con doble nacionalidad que ingresa por pasos ilegales, que viene desde Bolivia
a cobrar el IFE (…) Esto la verdad es una joda (…) tenemos gente que se nos muere de hambre en el país y estamos
subsidiando extranjeros”[76].
Estos discursos tuvieron eco en algunos medios de comunicación que reprodujeron
estereotipos discriminatorios sobre la población boliviana[77]
centrándose no sólo en cuestionar los beneficios sociales que reciben por parte
del Estado argentino, sino también sobre el riesgo a la propagación de la COVID-19,
por su ingreso a la provincia. Estos discursos expresan un doble movimiento, al
mismo tiempo que se cuestiona la presencia de los/as bolivianos/as en
territorio nacional, se los/as diferencia de aquellos ciudadanos merecedores
del cuidado por parte del Estado argentino.
A lo largo de esta revisión que cierra
en el momento pandémico pueden reconocerse algunos elementos discriminatorios
que persisten y que actúan obstaculizando el acceso a la salud para los/as
bolivianos/as en las provincias de Salta y Jujuy. Elementos que están presentes
previa sanción de la Ley 25871 y que continúan operando en el mismo sentido
posteriormente.
Venezolanos/as
en Salta y Jujuy, breves referencias que contextualizan un fenómeno aún poco
estudiado
A partir del año 2015 se reconoce un
proceso emigratorio masivo y de crecimiento vertiginoso de venezolanos/as hacia
distintos países de América Latina[78].
En Argentina, los datos del último Censo Nacional de Población no permiten visualizar
la magnitud de este fenómeno, ya que por entonces solo fueron registradas unas
6.379 personas nacidas en Venezuela. Sin embargo, de acuerdo al informe
realizado por Pacceca y Liguori[79],
entre 2010 y 2018, el saldo entre las entradas y las salidas realizadas por
personas venezolanas fue de 130.000 tránsitos. El informe indica que entre 2010
y 2014, el 80% de los ingresos se realizaron por vía aérea, principalmente a
través del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, ubicado en la
localidad de Ezeiza, y en menor medida por el Aeroparque Metropolitano “Jorge
Newbery” de la Ciudad de Buenos Aires; mientras que entre 2015 y 2018 se triplican
los arribos realizados por vía terrestre. Uno de esos tránsitos terrestres se
encuentra entre Villazón y La Quiaca (frontera con Bolivia) y por lo tanto puede
inferirse que por esos años recientes, migrantes venezolanos/as comenzaron a arribar
a las provincias del NOA.
En lo que respecta al acceso a la salud,
el citado estudio registró historias dispares.
Muchas personas adultas no habían
tenido necesidad de concurrir a hospitales o centros de salud; otras contaban
con obra social (en virtud de su empleo) y en ocasiones se habían atendido en
los sanatorios o clínicas prestadoras. Entre quienes concurrieron a hospitales
públicos, la mayoría informó haber sido atendida correctamente contando solo
con pasaporte (tal como establecen los artículos 6 y 8 de la Ley de
Migraciones): les brindaron la atención requerida y también la medicación. En
estos casos, se trató de personas que concurrieron a hospitales generales o
especializados en oftalmología, odontología o pediatría. Sin embargo, varias
personas reportaron situaciones de denegación de atención[80].
Por otra parte, los datos obtenidos por
el Monitoreo de flujo de población venezolana en Argentina[81]
indica que el 91.1% de las personas venezolanas encuestadas no se encontraba
con ninguna condición de salud médica crónica y/o discapacidad y el 88.1% señaló
no requerir medicamentos a diario. Inclusive, el 98,6% afirmó no haber sufrido
enfermedades infectocontagiosas durante el último año. Sin embargo, los datos muestran
la problemática de salud mental a la que están expuestas estas personas: un
41,6% afirmó haber sufrido estrés o malestar emocional durante el último año. “En relación a este último grupo de personas
(…) el 58,1% recurrió a un familiar o amigo, el 23,9% buscó otro tipo de
apoyo, 7,7% recurrió a la salud privada, el 6% a un centro religioso y únicamente
el 4,3% buscó asistencia en la salud pública[82]”.
De los testimonios obtenidos en diálogo
con mujeres venezolanas en la provincia de Salta, se encontraron situaciones diversas.
Las mujeres insertas en trabajos registrados, vinculados a la actividad
comercial afirmaron estar conformes con la atención recibida en los centros de
salud vinculados a las obras sociales, a los cuales se acercaron. Por otra
parte se cuenta con el relato de una mujer quien experimentó una situación en
la que se le denegó el acceso a la atención de salud en un hospital público de
la capital provincial, a mediados del 2020. Según comentó, la negativa se
produjo porque no contaba con la documentación de residencia:
La mujer manifestó con angustia dicha
experiencia pues pasó varios días con fiebre y malestar. Ante esa situación se
auto medicó, pero le costaba comprarse los antibióticos porque el dinero que
ganaba apenas le alcanzaba para comer y pagar la habitación donde se hospedaba.
Además trabajaba mucho, cuidando una señora donde también tenía que limpiar y
cocinar, muchas horas, por poca plata. Según sus palabras: -se abusaban de la
situación en la que estaba [83].
En esta breve revisión referida a la
población venezolana en las provincias de Salta y Jujuy aparecen algunas diferencias
con respecto al proceso migratorio protagonizado por bolivianos/as. La primera
resulta del carácter reciente de la migración venezolana (al país y más aún a
la región del NOA) y en cuanto a las dificultades de acceso se reconocen
situaciones diversas pero como en el caso anterior también se observan
experiencias de denegación de acceso a la salud. Este panorama, aunque breve
permite enmarcar los datos que se presentan a continuación.
Algunas características de la población migrante
encuestada en Salta y Jujuy
Dentro de las
provincias de Salta y Jujuy se encuestaron a 99 personas migrantes, 33 de ellas
residentes en Jujuy y 66 en Salta. La mayor proporción está integrada por dos
grupos nacionales: el colectivo venezolano con un 45% de respondentes y el
boliviano con el 31%. En menor proporción se registró un 8% dentro del colectivo
colombiano, un 5% del peruano y un 4% correspondiente al senegalés. También se
observaron otras nacionalidades con muy baja proporción[84],
que también resultan minoritarias en el territorio salto jujeño considerando
los últimos datos censales con los que se cuenta. En este sentido, es
importante considerar que los datos que presentaremos a continuación expresan
las experiencias de los colectivos referidos con las diferencias mencionadas.
Las
proporciones en términos de género resultan equitativas ya que se encuestaron a
48 varones y 49 mujeres, y en cuanto a los rangos etarios, un 33% corresponde
al grupo de 18 a 34 años, un 51% de 35 a 54 años y 16% de 55 y más años. Si
focalizamos en los dos colectivos mayormente representados en la encuesta:
venezolanos/as y bolivianos/as, podemos reconocer la juventud/antigüedad de cada
uno. Al momento de la encuesta, el 96% de los/as venezolanos/as encuestados/as
no llevaban más de 5 años en Argentina, mientras que el 83% de los/as bolivianos/as
habían arribado hace 10 años o más.
Para conocer
los motivos de la migración, la ENMA contaba con una pregunta de respuestas
múltiples no excluyentes. Los mayores porcentajes los encontramos en torno a la
dimensión económica. Un 37% afirmó haber migrado por su situación económica en
el país de origen, donde no podía cubrir sus necesidades y un 18% consignó
haber migrado por motivos de trabajo. Sin embargo, esta asociación entre
migración y situación económica puede matizarse o relativizarse al observar que
en tercer lugar encontramos a un 18% de encuestados/as que optó también por marcar
como motivo de la migración: “para tener nuevas experiencias”. Este dato
permite complejizar la construcción del proyecto migratorio y dar cuenta de los
múltiples motivos que se entraman en la decisión de migrar.
Al indagar en
la situación documentaria de las personas migrantes en Salta y Jujuy se
reconoce un muy bajo porcentaje sin documentación (4%) -concentrada en el
colectivo venezolano-, por lo que puede inferirse que el acceso a la
documentación no resulta un problema para los/as migrantes en esta región del
país. Dentro de les bolivianas/as encuestados/as, un 83% afirmó contar con DNI
con residencia permanente, un 3,3% ser radicado o haber iniciado el trámite de
radicación y un 10% estar naturalizado/a. En el caso de los/as venezolanos/as,
el mayor porcentaje (48%) lo encontramos entre quienes poseen DNI con
residencia temporaria, mientras un 13% posee la “precaria”[85].
Esta última condición evidencia el carácter reciente de esta migración.
En estas
provincias, las investigaciones mayormente de tipo cualitativas evidencian que hasta
la década del sesenta los/as migrantes bolivianos/as se articularon en las
producciones de tabaco y azúcar[86]
y desde la década de 1980 en la actividad hortícola y en la elaboración de ladrillos[87].
En ámbitos urbanos también se insertaron en el comercio informal[88],
la construcción y en el caso de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado[89].
Al observar los datos de la ENMA se evidencia una inserción predominante en la
comercialización directa y mayormente de forma independiente, en segundo lugar
aparece la agricultura con un 14%, y con igual porcentaje pero de exclusiva
inserción en mujeres, se observa el trabajo en casas particulares. Asimismo se
registró un 7% que trabaja en la construcción (exclusivamente varones), 7% en
venta ambulante o feriante y otro 7% en educación.
Por su parte,
los datos para el colectivo venezolano muestran una inserción mayoritaria en el
sector de servicios (18%), en particular de tipo gastronómicos (restaurantes,
elaboración de comidas, etc.), como también en la comercialización directa
(14%) (tiendas, supermercados y negocios varios); sin embargo encontramos un 14%
de personas que indicaron estar trabajando en el sistema de salud (como médicos,
enfermeros, etc.). Esto último refuerza los datos relevados sobre el alto nivel
educativo que manifiesta esta población[90].
Para el caso de los/as colombianos/as los datos convergen con aquellos
obtenidos para la migración venezolana y en el caso del colectivo senegalés se registró
como única inserción la comercialización directa.
Migración y acceso a la salud en Salta y Jujuy según datos
de la ENMA, 2020
Para organizar
algunas reflexiones sobre el vínculo entre las personas migrantes y el acceso a
la salud en Salta y Jujuy, se consideran algunos aspectos que derivan de las
preguntas realizadas en la ENMA. En primer lugar, se indaga en el tipo de
cobertura de salud y los modos en que los/as migrantes resuelven la atención
sanitaria, en segundo lugar, las dificultades que estas personas tienen para
acceder a los servicios sanitarios, es decir las trabas o mecanismos que
restringen dicho acceso; y por último, las dificultades o problemas de salud de
los/as inmigrantes incluyendo su situación frente a la pandemia de la COVID-19.
El análisis partirá de contraponer los datos regionales con los datos obtenidos
a nivel nacional e intentará retomar algunos aspectos planteados en los ítems
desarrollados anteriormente.
Tipo de cobertura de salud y
formas de resolución para la atención sanitaria
En relación con
el tipo de cobertura de salud que cuenta la población migrante, encontramos una
primera diferencia importante con respecto a los datos registrados a nivel
nacional. En Salta y Jujuy un 54% de migrantes respondieron que no contaban con
cobertura de salud, porcentaje que supera al 46% obtenido a escala nacional. A
continuación un 40% afirmó disponer de obra social para luego registrar bajos
porcentajes en quienes poseen prepaga (1%) y PAMI (Programa de Atención Médica
Integral)[91] (4%).
Gráfico n°1: Tipo de
cobertura de salud de la población migrante en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020
Es importante
señalar que el alto porcentaje de migrantes que no cuentan con cobertura de
salud refleja aquello que suele señalarse en investigaciones referidas a la
informalidad laboral presente en los circuitos de trabajo donde ciertos
colectivos de migrantes se articulan de forma predominante. Para avanzar en este
análisis observamos los datos de cobertura de salud en las dos nacionalidades
que se encuentran más representadas en la encuesta. Del total de venezolanos/as
encuestados/as, un 50% afirmó no acceder a ninguna cobertura de salud. Este
grupo comprende de migración recientes y suele articularse en mercados
laborales informales, por ese motivo no cuentan con los beneficios enmarcados
en los derechos laborales. Un 45% respondió que no se encontraba registrado/a
en su empleo, porcentaje que podría ascender al 56% si sumamos las respuestas
que apuntaron “no sé”. Estas últimas respuestas podrían estar encubriendo la
situación de no registro ya que difícilmente un/a trabajador/a registrado/a desconozca
su condición.
Dentro del
colectivo boliviano, el 31% manifestó encontrarse sin cobertura de salud. Este
dato refuerza aquello que ha sido evidenciado en investigaciones de tipo
cualitativas y que muestran la segregación laboral de este colectivo en nichos caracterizados
por su informalidad como la agricultura, el comercio informal o la construcción
y en el caso particular de las mujeres, en el servicio doméstico. Justamente,
de los/as bolivianos/as encuestados/as en las provincias de Salta y Jujuy, un
56% consignó encontrarse no registrado en su trabajo. Sin embargo, estos
porcentajes altos de informalidad en ambos grupos migrantes deben ser mirados
considerando la situación de empleo general en la región caracterizada por altos
niveles de informalidad[92],
que incluyen a la población “nativa”.
Por otra parte,
se preguntó de qué forma las personas migrantes resolvieron durante los últimos
cinco años el acceso a la atención sanitaria, independientemente de su
cobertura de salud, los resultados muestran la importancia de la atención en el
sistema público de salud que el 41% asistió a guardias o consultas en el Sistema Público
de Salud (SPS), seguido por el 25% que se atendió en centros de atención
primaria (salitas). En tercer lugar, con un 13% aparece el uso de consultorios externos en
establecimientos de salud pertenecientes a su obra social o sistema de medicina
prepaga, luego con un
11% se ubica la
atención en consultorios externos del SPS, a continuación, un 6% afirmó acudir
a la medicina tradicional y por último un 4% guiarse por recomendaciones de
familiares y a través de la auto-medicación.
Dificultades en el acceso
Otro dato de
interés que arroja la ENMA en torno al acceso a la salud de la población
migrante, es que el 41% de las personas encuestadas en Salta y Jujuy manifestó
haber tenido dificultades en la atención sanitaria al menos una vez (1%
siempre, 2% frecuentemente y 37% alguna vez), superando el 33% registrado a
nivel nacional. Por su parte, un 53%, manifestó no haber tenido nunca
dificultades, mientras un 7% de les encuestades respondió no haberse atendido
nunca.
Gráfico N°2: Dificultades en la atención sanitaria de la población
migrante, en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020.
Tal como
planteamos en el apartado de antecedentes, los procesos de
salud/enfermedad/atención se encuentran atravesados por desigualdades de
género, no sólo debido a diferencias anatómicas y/o fisiológicas, sino también
por las trayectorias de vida, las cargas de trabajo y las relaciones de poder,
que en sociedades patriarcales perjudican a mujeres y a otros sujetos feminizados[93].
Los datos de la ENMA muestran que las mujeres experimentan mayores dificultades
de acceso en comparación a los varones (49% vs 32%), situación que merece
especial atención pues en la organización social del cuidado[94]
ya que suelen ser ellas quienes dedican más tiempo a acompañar y asistir a
los/as niños/as, jóvenes y adultos/as mayores en la atención de salud. Es
decir, suelen ser las mujeres quienes en mayor medida se vinculan con el
sistema de salud, ya sea para ellas mismas o para el cuidado de otros/as.
Gráfico N°3: Dificultades en el acceso a la atención sanitaria por
género en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020.
Tipo de dificultades
En Salta y
Jujuy, el 43% de los/as encuestados/as respondió no haber tenido dificultades
en la atención. Al observar los porcentajes de quienes sí experimentaron
dificultades se reconoce como el principal problema la obtención de turnos o
bien, cuando fueron otorgados coincidían con los horarios de trabajo de las personas
(15%). No obstante, tal como indicamos más arriba, la problemática vinculada a
los turnos afecta a toda la población que se atiende en el SPS y no únicamente
a migrantes.
En menor medida
encontramos dificultades que pueden asociarse especialmente con la condición de
migrante. El 12% indicó haber recibido malos tratos o discriminación. Un 10% indicó
que se les había exigido el DNI, luego alrededor de un 6%, respondió que les habían
solicitado un pago adicional. Si bien estos tipos de dificultades se encuentran
diferenciadas, en todos los casos supone una discriminación, un trato diferente
que construye una relación en forma de obstáculo al acceso, de exclusión. Estas
situaciones van a contra mano de la normativa migratoria vigente y de los
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de
la Salud. La discriminación hacia la población boliviana en nuestro país ha
sido estudiada en profundidad en distintos trabajos[95]
y en particular en Jujuy[96]
y Salta[97],
los cuales dan cuenta de la densidad histórica aunque dinámica y re-articulada
que explica sus mecanismos, funcionamiento y permanencia. Desde el trabajo de
Briones puede leerse la discriminación a partir de las “formaciones nacionales de alteridad[98]”,
donde los/as “aindiados hermanos
latinoamericanos[99]”,
principalmente aquellos procedentes de países limítrofes han sido clasificados
como “otros externos[100]”, recortados contra el sujeto ideal argentino,
blanco y de origen europeo. Estos otros externos aparecen como “subordinados tolerables[101]”
en la medida en que sólo son tolerados en su condición de trabajadores
precarizados y provisorios porque su presencia en territorio nacional es
permanentemente cuestionada[102].
Al analizar los
procesos de inclusión/exclusión en la provincia de Salta, Álvarez Leguizamón utiliza
la noción de formas de racismo indio
que hace referencia a la “relación
surgida de la apropiación de tierras, cuerpos y almas, operada desde el momento
colonial hasta el presente (…) que a través de mutuas constricciones
morales y de habitus variados, se mantienen en el largo tiempo[103]”.
Esta relación opera en los procesos de discriminación hacia la población
boliviana o a quienes son marcados como tales. De acuerdo con Karasik en
contraste con otros distritos donde la presencia “boliviana se recorta contra perfiles demográficos, sociales y patrones
culturales y hasta fenotípicos contrastantes[104]”,
en Jujuy –y en Salta también- la procedencia de Bolivia configura una categoría
que en muchos casos los asimila con otros grupos subaltenizados; “sin embargo, las visiones dominantes
producen distinciones radicales sobre ellos[105]”.
Ahora bien,
¿qué lógicas operan en la discriminación hacia la población migrante de origen
venezolano? Responder a este interrogante excede a este trabajo pero podemos
sugerir que aquella distinción que opera desde las formas de racismo indio
hacia los/as bolivianos/as no aparece en buena parte de la población venezolana
presente en la región. Esta población, más “blanca” y con mayor nivel educativo
resulta en una menor distancia social hacia la “comunidad imaginada[106]” o ideal de la sociedad hegemónica. Sin
embargo, la existencia de obstáculos de acceso a la salud, manifestadas por
algunas de las personas encuestadas y entrevistadas permite reconocer que al
menos la condición migrante opera como mecanismo de exclusión.
Gráfico N°4: Tipo de dificultades en el acceso a la atención
sanitaria en personas migrantes en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020
Situación de salud de las
personas migrantes
En cuanto a la
situación de salud de la población migrante a nivel nacional, un porcentaje
mayoritario de personas (63%) no contaba con ninguna enfermedad. Esto coincide
con las tendencias observadas en estudios previos ya citados, permitiendo sostener
que la población migrante en la Argentina, no presenta una situación
desmejorada o peor respecto de la población no migrante con características
socioetarias y de actividad similares[107].
En las provincias de Salta y Jujuy este porcentaje es aún mayor ya que un 72%
de la población encuestada no presentaba ninguna enfermedad al momento de la
ENMA. Este dato refuerza el argumento referido al bajo impacto económico que
los/as inmigrantes generan al sistema de salud.
Gráfico N°5: Situación de salud de la población migrante en las
provincias en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020
Al observar la
situación de salud de les migrantes en vinculación a la pandemia de la COVID –
19 en Argentina, Debandi[108]
indica que, hasta el 30 de septiembre de 2020, el 7% de las personas
contagiadas corresponde a personas migrantes, valor superior al peso
poblacional de las personas migrantes sobre la población total del país. En la
ENMA realizada un mes después, a nivel nacional, el 5% de las personas
migrantes encuestadas confirmó haber tenido la enfermedad (es decir, que
obtuvieron la confirmación de contraer Covid-19 por medio de un test), mientras
que otro 5% indicó haber experimentado síntomas pero no haberse realizado un
test, y un 5% haber tenido contacto estrecho debido al contagio de convivientes.
Agrupando estas tres categorías, se obtiene que un 15% de las personas
migrantes encuestadas tuvo Covid-19 o una exposición cercana al virus.
Si tomamos como
referencia este agrupamiento, el porcentaje en Salta y Jujuy es aún mayor, un
24% afirmó haber tenido Covid-19 o haber estado expuesta al virus. Posiblemente
la mayor exposición al virus para las personas migrantes tenga vinculación con
las actividades esenciales[109]
en las cuales se insertan, como la agricultura y el comercio. Es decir, muchos
continuaron con sus actividades por estar exceptuadas del ASPO.
Gráfico N°6: Situación de salud de les migrantes en vinculación a
la pandemia de la COVID – 19 en Salta y Jujuy
Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de la ENMA 2020
Reflexiones finales y algunas propuestas de acción
Este artículo
se propuso contribuir a los estudios interesados en la problemática del acceso
a la salud de los/as inmigrantes en Argentina, desde una perspectiva de
Derechos Humanos, focalizando en las experiencias de venezolanos/as y
bolivianos/as en las provincias de Salta y Jujuy. Con ese objetivo en primer
lugar se revisaron antecedentes que problematizan el acceso a la salud,
visibilizando la complejidad de su abordaje, rescatando la perspectiva intercultural
y de género en la misma. Se puso de relieve el hecho de que la sanción de la
Ley 25871 no logró garantizar los derechos que la misma otorga a las personas
migrantes, en particular en materia de salud. Principalmente, en momentos de
crisis económicas y sanitarias suelen aparecer con más fuerza discursos que
cuestionan a los/as migrantes como sujetos de derechos.
En la población
boliviana o marcada como boliviana existe una mirada predominante que los
concibe únicamente como trabajadores precarizados y provisorios. Posición que tiene
su anclaje en lógicas discriminatorias de larga data, que pueden comprenderse a
partir de las formaciones nacionales de
alteridad y en las formas de racismo
indio. Desde estas lógicas se justifica y legitima su inserción laboral y
social subalternizada. Asimismo, en ciertas ocasiones estas lógicas encontraron
expresión en iniciativas legales que buscan restringir sus derechos en
territorio argentino. Por su parte, la migración venezolana, más reciente en territorio argentino y aún más en
las provincias del NOA, presenta escasos
antecedentes. Sin embargo, también se han registrado algunas situaciones de
exclusión en esta población.
Posteriormente,
el artículo presentó resultados derivados de la primera edición de la Encuesta
Nacional Migrante de Argentina realizada en el marco de la emergencia sanitaria
declarada a partir de la COVID-19. Los datos evidenciaron porcentajes más altos
de personas migrantes sin cobertura de salud, en comparación al promedio
obtenido para todo el país. Esto puede vincularse a los altos porcentajes de
informalidad laboral presentes en los dos colectivos mayormente representados
en la ENMA. Por otra parte se observó un mayor porcentaje también de personas
que respondieron haber tenido dificultades en el acceso al menos una vez,
situación que se acentúa en el caso de las mujeres. Al considerar el tipo de
dificultades se reconoce una mayoría vinculada a la obtención de turnos o
cuando fueron asignados coincidían con horarios de trabajo. Esta dificultad
afecta a toda la población que se atiende en el SPS y no sólo a las personas
migrantes. Sin embargo, aparecieron otras respuestas que pueden asociarse con
la población migrante como haber experimentado discriminación y malos tratos,
la exigencia de contar con DNI y la solicitud de un pago adicional. Finalmente,
los resultados de la ENMA mostraron el bajo porcentaje de personas migrantes
con problemas de salud lo que permite confirmar que la misma produce un bajo
impacto sobre el SPS.
Advirtiendo la
complejidad de la problemática que vincula migración internacional y salud recuperamos
un tema planteado en el inicio del artículo. Es necesario construir
herramientas para obtener información, que se orienten a conocer en profundidad
la situación de salud de las personas migrantes y las dificultades o problemas
que encuentran en la atención y en el acceso a los recursos relacionados con su
salud. Como sostiene Cerrutti: “La falta
de información solo genera aversión y discriminación; por ello es preciso
introducir transparencia en esta problemática”[110].
También es necesario mejorar la comunicación sobre los derechos que goza la
población migrante en nuestro país. En este sentido, podrían promoverse instancias
de capacitación para dar a conocer la Ley 25871 en términos generales y sus
implicancias en materia de salud en particular, dirigidas tanto a la población
migrante como también a los efectores de salud y personal administrativo
vinculado a instituciones sanitarias. Una última cuestión que puede señalarse
es la necesidad de diseñar estrategias orientadas a sensibilizar sobre las
experiencias de discriminación y xenofobia que sufren los/as migrantes, desde
un enfoque intercultural, interseccional y de género. Estas estrategias pueden
estar diseñadas por los diferentes actores interesados. No es un tema que deba
abordarse únicamente desde el Estado o desde el sistema de salud, pueden
participar las organizaciones de migrantes y de base, aquellos sectores
preocupados por promover los derechos humanos de las personas que se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad como podemos visualizar en ciertos
sectores de la población migrante.