Revista Andes, Antropología e Historia

Vol. 34, Nº 1, Enero – Junio 2023

 

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 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090

 

 

 EL “CONFLICTO MAPUCHE” EN CHILE Y EN ARGENTINA. NOTAS PARA UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS CONTEXTOS ACTUALES

 

“MAPUCHE CONFLICT” IN CHILE AND ARGENTINA. NOTES FOR A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTUAL CONTEXT

 

José Miguel Urzúa

Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía

Universidad Academia de Humanismo Cristiano

jose.urzua@uacademia.cl

 

Hernán Schiaffini

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

Sede Esquel

hernanschiaffini@gmail.com

 

Fecha de ingreso: 01/06/2022 - Fecha de aceptación: 28/01/2023

 

Resumen

El presente artículo tiene por propósito exponer la comparación de los conflictos contemporáneos que involucran al pueblo mapuche, al estado nacional y privados, a ambos lados de la cordillera de los Andes. Mediante una revisión bibliográfica secundaria y la utilización del método comparativo, proponemos que, en dichas confrontaciones, se despliegan vinculaciones históricas entre las poblaciones originarias y las distintas formas socioeconómicas en que se construyeron y construyen los Estados nacionales. Comparamos la demografía en ambos casos y reseñamos algunas de las principales confrontaciones actuales. Ligado a ello, analizamos la emisión y recepción de interpelaciones que forman parte de distintas disputas en torno de los sentidos de lo nacional y sus emblemas. Finalmente, presentamos un balance de las comparaciones realizadas y proponemos una posible lectura en torno del lugar de las “problemáticas mapuche” dentro de las confrontaciones generales de las sociedades.

 

Palabras Clave: pueblo Mapuche, Estado nacional, confrontación, interpelación, ideología

 

 

 

Abstract

The purpose of this article is to expose the comparison of contemporary conflicts involving Mapuche people, the national state, and private companies, on both sides of the Andes Mountain range. Through a secondary bibliographical review and the use of the comparative method, we propose that, in these confrontations, historical links between the original populations and the different socioeconomic forms, in which the national States were built and are built, are displayed. We compare demographics in both cases and review some of the main current confrontations. Linked to this, we analyze the issuance and reception of interpellations that are part of different disputes around the meanings of what is considered as ‘national’ and its emblems. Finally, we present a balance of the comparisons made, and we propose a possible reading of the place of the "Mapuche problems" within the general confrontations of societies.

 

Keywords: Mapuche people, national state, confrontation, interpellation, ideology

 

 

 

 

Introducción

 

La imagen del monumento a Manuel Baquedano, en Santiago de Chile, envuelta en humo rojo y rodeada de la bandera nacional y la wenufoye[1] se convirtió en uno de los emblemas del “estallido” que atravesó y atraviesa la sociedad chilena desde 2019. Como en otros ámbitos, la impugnación de ciertos símbolos canónicos (la bandera nacional, determinados héroes históricos, determinadas instituciones estatales) por parte de las multitudes se acompañó de la exposición de otros emblemas, recuperados del repertorio social de la memoria colectiva: la wenufoye, el kultrun[2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La mencionada y conocida imagen del monumento a Baquedano tomado por los manifestantes.

 

 

Fuente: Interferencia[3]

 

 

En la Argentina los conflictos vinculados a las recuperaciones territoriales mapuche en la Patagonia[4] han puesto en escena debates y tensiones en torno de la propiedad de la tierra y la autonomía política. En dichos debates se han agitado los fantasmas del secesionismo y el terrorismo tanto por parte de autoridades nacionales como de sectores propietarios directamente afectados por las recuperaciones. En tales casos, estos sectores han apelado al manejo de ciertos símbolos nacionales (la bandera argentina, las fuerzas de seguridad, ciertos recortes selectivos del texto constitucional, el reclamo en nombre de seguridad y la propiedad) como emblema de sus reclamos.

 

Figura 2. Movilización de vecinos en contra de las “usurpaciones mapuche” en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche.

 

 

Fuente: Diario Clarín[5]

 

 

Entre las múltiples confrontaciones que conforman y configuran a las formaciones nacionales en América Latina, las disputas que involucran a los pueblos originarios han adquirido -al menos desde la década de 1990- una visibilidad antes impensada. Son procesos de distinta escala y alcances, en entramados sociales muy diferentes y con historias específicas. Sin embargo, nos llama a preguntarnos en torno de la articulación de los reclamos indígenas en el marco de las sociedades nacionales en que están insertos. Y a los vínculos que se establecen entre la figura de la nación y las múltiples interpelaciones que recibe y emite[6].

El caso que aquí nos ocupa, el del pueblo mapuche y las formaciones nacionales de Chile y Argentina, expresa estos procesos con características específicas respecto del resto de los países de Latinoamérica, así como con diferencias entre sí. Los mapuche constituyen una población que comparte una historia común, pero ha sido atravesada por la conformación simultánea de dos Estados nacionales que demarcaron fronteras dentro de un territorio antes concebido con una cierta unidad.

¿Cuál es el lugar de los reclamos y demandas mapuche en el marco de las conflictividades que atraviesan las formaciones económico-sociales argentina y chilena? ¿De qué maneras se articulan estas demandas a los bloques de poder existentes y qué respuestas y reacciones generan? ¿Qué formaciones discursivas intervienen en dichas disputas y cómo se vinculan al proceso de construcción de hegemonía en el marco de los Estados nacionales?

Intentando retomar algunas de las vocaciones clásicas de la Antropología, con las que acordamos tanto axiológica como metodológicamente, nos propondremos un análisis comparativo de los procesos actuales en Chile y Argentina. En dicho esfuerzo reconstruiremos brevemente la historia de los Estados y las poblaciones mapuche desde el siglo XIX y analizaremos las confrontaciones actuales que atraviesan estas formaciones sociales. Debido a la magnitud de los objetivos propuestos, se utilizó dentro de este estudio información histórica, censal y de la hemeroteca de cada país para abordar comparativamente la tensión étnico-nacional dentro de cada estado. Este trabajo deja la puerta abierta para futuras investigaciones que complementen y enriquezcan los planteos que acá se realizan.

 

Elementos teóricos

 

Nos referimos a formaciones sociales y económicas en tanto entramados concretos de relaciones de producción, estructuras ideológicas y prácticas vinculadas a la reproducción de sociedades situadas histórica y geográficamente, incluyendo entonces sus peculiaridades nacionales. Las formaciones económico-sociales de Chile y Argentina comparten algunos aspectos y se diferencian en otros. Aquí nos interesa especialmente hacer énfasis en las características de la construcción de “lo nacional” en ambos casos, donde la dinámica de reconocimiento y diferenciación articula frente a “lo indígena” interpelaciones que expresan distintos tipos de relaciones de fuerzas.

Las formaciones económico-sociales de Chile y Argentina generan diferentes tipos de conflicto, uno de ellos, el conflicto territorial. Este conflicto deviene del conflicto social en concordancia que enfrenta grupos de status y clases sociales que pujan por el control de la relación sociedad-naturaleza, la reproducción y producción de las condiciones generales materiales, simbólicas y organizativas de las agrupaciones humanas[7].

Cabe destacar que en el pensamiento marxista histórico y contemporáneo, las definiciones de modo de producción y formaciones sociales y económicas, han estado fuertemente debatidas en cuanto a su caracterización (abstracto/concreto y estático/dinámico), articulación y usos políticos en torno a las llamadas transiciones de un modo de producción a otro durante períodos álgidos de lucha de clases[8]. En este artículo, se entenderá que el modo de producción capitalista no existe de manera pura, sobre todo en América Latina, periferia y semi periferia del capitalismo mundialmente organizado. Gluj al respecto sostiene:

 

Marx claramente identifica en el caso del modo de producción capitalista la importancia de los procesos de subordinación de otras relaciones de explotación a la lógica del capital como elemento central de la fase de génesis. Esto se pierde de vista en las lecturas que le quitan su contenido histórico a las estructuras que analizan. A su vez, ese tipo de análisis imposibilita ver la complejidad de la totalidad, la coexistencia de formas de explotación subordinadas a una lógica de reproducción en una totalidad determinada[9].

 

Nos referiremos a las interpelaciones en el marco dado por Althusser[10] en su análisis de los aparatos ideológicos del Estado: como un tipo de discurso que, siendo parte de la dinámica conocimiento/reconocimiento, tiene la capacidad de constituir sujetos. La emisión y recepción de interpelaciones pone en juego representaciones, es decir, formas imaginarias a través de las cuales los sujetos se re-presentan sus relaciones con el mundo. Y estas representaciones confrontan entre sí, al igual que los grupos sociales que las soportan y que son constituidos por ellas.

Estas interpelaciones, que están constituidas por diferentes tipos de significantes, tienen historia propia[11] y pueden cristalizar en emblemas y símbolos, en rituales y prácticas diversas. Como veremos en las páginas que siguen, las interpelaciones en conflicto en la actualidad tienen una densa historia, que se asocia a la constitución misma del Estado moderno, liberal, burgués y capitalista en Argentina y Chile a fines del siglo XIX.

El significante central en estas disputas es, en nuestra opinión, el de la Nación (y ligado a éste, el de ciudadanía). La Nación constituye un conjunto de interpelaciones que emanan (principal, aunque no únicamente) desde el Estado y configuran el campo general de las representaciones y sus tensiones. Para precisar nuestras hipótesis, lo que sostendremos es que, en la actualidad, los pueblos originarios -y especialmente el pueblo mapuche, para darle contornos a nuestro ámbito de referencia- interpela a la Nación con un tipo de reclamo que pone en cuestión algunos de sus contenidos.

Sin llegar a impugnar a la Nación en su totalidad, los discursos mapuche proponen un nuevo tipo de vínculo entre sus contenidos internos, especialmente en aquello que se refiere a las problemáticas de la propiedad, la autonomía, la representación política y el manejo de recursos o bienes comunes en disputa.

De tal modo, lo que vamos a plantear es que estos significantes y sus sentidos se ponen en juego en las confrontaciones. Sin que ello lleve necesariamente a transformaciones concretas en las prácticas y las estructuras sociales (pues la construcción de lo social requiere de la articulación de otros ámbitos, además de las interpelaciones de protesta), aparece como una dimensión relevante en el conflicto y su análisis antropológico.

 

La metodología comparativa

 

La metodología comparativa se enlaza directamente con la propuesta de Wolf[12] y Osorio[13] en relación a estimar el impacto local del capitalismo global en los territorios, alcanzado así semejanzas y diferencias entre los diferentes casos. Argentina y Chile, debido a su cercanía geográfica, composición étnica, vinculación histórica e intercambio político, económico, político y cultural de larga data, permite ejecutar una metodología de estas características.  

En nuestro ejercicio comparativo, observamos diferencias en los aspectos mencionados, sin embargo, en ambos casos es evidente el papel similar desempeñado en cada caso respecto de proveedores de materias primas para el mercado global dominado por Inglaterra, una vez alcanzada la independencia de cada país del imperio español en los albores del siglo XIX.

El impacto en las actividades extractivas primario-exportadoras (minería, energética, agroindustria y piscicultura) propiciadas por las inversiones e intervenciones extranjeras en los dos casos, gatilló la emergencia de varios conflictos internos en la medida que se impactaba las condiciones de la vida local, campesinos indígenas y no indígenas, subsumiendo a dichas unidades familiares a un proceso dual: venta de fuerza trabajo combinado con la explotación de sus propios predios. Kay sostiene que las economías domésticas fueron conminadas a una transformación marcada por el dualismo funcional [14] lo cual condujo a una semiproletarización de la fuerza de trabajo y no a una proletarización completa en los países de la periferia latinoamericana.

Sartori[15] sostiene que es factible preguntarse sobre cómo, qué y por qué llevar a cabo un ejercicio comparativo. Se puede ejecutar en cuanto existan elementos coincididos y no, en virtud de identificar semejanzas y contrastes.

La obtención de los datos fue ejecutada mediante la pesquisa en diferentes períodos históricos que abarca el proceso de fortalecimiento de los nacientes estados, la consolidación del modelo agroexportador hasta el momento actual de auge del neoliberalismo en la globalización capitalista, utilizando como técnicas, el análisis documental y estadístico descriptivo para asentar las particularidades de las poblaciones aludidas.

El razonamiento para efectuar la comparación se constituyó en cinco elementos:

 

1.   Historia. Esta variable incumbe a la trayectoria histórica de cada estado-nación.

2.   Demografía actual. Esta variable atañe a la composición étnica de cada país

3.   La conflictividad mapuche e interpelación al estado-nación. Esta variable Confrontaciones y disputas económicas actuales. Esta variable concierne a las diferentes tensiones producidas por las reformas acaecidas durante las diferentes dictaduras cívico-militares y gobiernos posteriores.

4.   Legislación interna asociada a la temática indígena. Esta variable afecta a la superestructura jurídica que funciona como marco legal que regula las relaciones de propiedad, los derechos y restricciones entre los diferentes actores en juego.

5.   Corresponde a los actuales procesos de impugnación al estado-nación que afectan a la legitimidad simbólica de la construcción identitaria general, por parte de las diferentes agrupaciones mapuche en cuanto a la defensa de los territorios de la explotación de recursos y a las diferentes posiciones en torno a la autonomía y la secesión.

 

La contingencia de contrastar acaece en la mesura de identificar unidades que posean analogías y discordancias que sean aptas para comparar. En ambos casos se presentan diferencias notables, pero también existen elementos que les hacen converger debido a la participación en un proceso global propiciado por el capitalismo mundialmente integrado. 

 

Breve historia mapuche y nacional en Chile y Argentina

 

El proceso de desnaturalización de un objeto de investigación tiene como paso primordial su reconstrucción histórica y su contextualización. En nuestro caso ello remite a revisar los procesos de constitución de los Estados nacionales en Argentina y Chile y sus relaciones con los pueblos originarios, vínculo mucho más central y presente de lo que la propia narrativa nacional relata acerca de su propio origen.

La configuración del Estado moderno en la Argentina se produjo en el último tercio del siglo XIX, acelerándose especialmente a partir de la década de 1870[16].

En dicha configuración confluyen procesos de diversa índole, algunos de los cuales tienen carácter endógeno y otros, carácter exógeno. Las disputas internas entre facciones y proyectos regionales (que durante años se tradujeron en oposiciones como “unitarios vs. federales” en el marco del llamado “Proceso de Organización Nacional”, entre 1852 y 1880) fueron finalmente saldadas en favor de la incipiente burguesía terrateniente del puerto de Buenos Aires. Ello se dio mediante el uso de la violencia y la fuerza militar, que apuntó a reprimir los liderazgos locales de los llamados “caudillos” del interior, como Felipe Varela, Ricardo López Jordán o el “Chacho” Peñaloza. Parte de este proceso incluye la invasión del Paraguay en el marco de la llamada “Guerra de la Triple Alianza”, junto a Uruguay y Brasil, y también la persecución de los grupos conocidos como “montoneros”[17].

Este proceso de centralización del poder político se acompañó de la modernización de las agencias estatales, el estímulo a la inmigración europea y el afianzamiento del territorio que Buenos Aires identificaba como propio, que en principio iba hasta el sur del Río Negro, en lo que hoy es la actual provincia homónima (como marcaba la ley 215, de 1867). El final de la Guerra del Paraguay permitió al bloque hegemónico porteño disponer de un ejército fogueado y pertrechado, que aplicó primero a la represión de los disensos internos contra los caudillos para luego encarar, de la mano de Julio Argentino Roca, la anexión del territorio patagónico primero (en las llamadas “Campañas al Desierto”, desarrolladas entre 1879 y 1885) y del noreste después (mediante la “Conquista del Chaco” que se desarrollaron una a continuación de la otra y donde participaron incluso los mismos oficiales que habían actuado en la Patagonia).

Los pueblos originarios de la región patagónica, que son los que primordialmente nos interesan aquí, mantuvieron una situación de relativa autonomía y soberanía hasta el desarrollo de estas campañas militares[18]. A partir de este momento su posición cambió, convirtiéndose en un grupo social desarticulado en sus condiciones de reproducción y cuyas estructuras políticas se vieron subordinadas a la administración nacional. 

Una emisión ideológica clara acompañó y alimentó estos procesos. La dicotomía “civilización o barbarie”, planteada por Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo (1845) incluía en el primero de sus polos a las nociones de “progreso”, “estabilidad civil”, “educación” y “cultura”. También a las corrientes iluministas y positivistas europeas, el desarrollo de la propiedad privada y el comercio (y de allí el fomento de la inmigración del Viejo Continente). En el otro polo se situaba el “salvajismo”. Entraban allí los gauchos, los “indios”, los caudillos, las montoneras. La oposición “civilización o barbarie” se constituyó a partir de entonces como tópico permanente del debate político nacional.

Es decir, al proceso de anexión del territorio patagónico y la incorporación forzosa de sus habitantes originarios a la ciudadanía argentina[19] le acompañó un discurso de carácter positivista[20] que no sólo negó la pertenencia de los pueblos originarios al esquema constitutivo de lo nacional, sino que los situó en oposición al mismo. “Lo indígena” parece constituirse así, al menos en la Argentina, como el espejo en que la Nación se mira buscando diferenciarse. “Lo indígena” es lo que se sitúa fuera del conjunto que permite construir un “nosotros” nacional.

En tanto, en el territorio del actual Chile, una vez consumada la independencia de la monarquía de España, la Araucanía había tenido una autonomía efectiva respecto de la organización del naciente Estado[21]. Así fue acordado en diferentes parlamentos, como el Parlamento de Negrete, firmado en 1803 (que reconocía el dominio mapuche entre los ríos Biobío y Toltén)[22] y el Parlamento de Tapihue de 1825[23]. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX existía la intención de asimilar la región, por ejemplo, a través de creación de la Provincia de Arauco.

El mundo mapuche, repitiendo una dinámica que funcionaba de igual modo al este de los Andes, nunca logró consolidar la fortificación de una estructura unitaria que pudiese aglutinar orgánicamente todas las parcialidades geográficas y políticas. Solamente en períodos de amenaza externa pudieron llevar a cabo alianzas en provecho de rechazar la imposición foránea[24]. En el siglo XIX, se produjo una relación simbiótica entre los clanes mapuche y el Estado chileno produciéndose un intercambio fronterizo basado en alianzas y reyertas[25]. Cada una de dichas parcialidades tenía una relación distinta con el gobierno chileno.

En paralelo, hacia 1845 se promulgó la ley de colonización, que cimentó el arribo de colonos, los cuales fueron “inoculados” en virtud de “implantar” la civilización, orientada a ilustrar a un conjunto de “salvajes atrasados”, llevando el “progreso y la utopía agraria” a una tierra mal explotada e ineficiente, de acuerdo con la versión oficial de las autoridades e intelectuales chilenos de la época[26].

Todas las normativas promulgadas apuntaban a la producción del territorio indígena como fiscal: “En la práctica se establecía la propiedad fiscal sobre el territorio, ya que los mapuches no tenían títulos sobre sus tierras”[27].

Para esa época el presidente Manuel Montt Torres (1851-1861), nombró al teniente coronel Cornelio Saavedra comandante General de las Fuerzas de Arauco. Saavedra diseñó un plan de ocupación hasta el río Malleco. Este proceso intentó por la fuerza someter a los mapuche con el fin de consolidar su jurisdicción, obtener nuevos mercados y mano de obra y sobre todo, posibilitar la delimitación de sus fronteras[28]. Sin embargo, su concreción llegaría recién en la década de 1880. 

Terminada la ocupación militar de las tierras indígenas, se puso en marcha la llamada “radicación”, mediante la cual se establecía una comisión que delimitó los territorios recientemente integrados a la jurisdicción estatal, asignando “Títulos de Merced” a quienes habitaban esos territorios con precedencia.

Este proceso, acaecido entre 1884 y 1930 generó, según Bengoa[29] la entrega de 3.078 títulos de merced de tierras, en un espacio de 475.423 hectáreas para 77.751 personas, siendo el 5% de todas las tierras que poseían previamente. Según el censo de población de 1907, la población total de “indios araucanos” ascendía a 101.118, 49.719 hombres y 51.399 mujeres[30]. Para Melin, Mansilla y Royo: “El resultado de la radicación de tierra implicó el destierro, la trashumancia y la miseria de una parte significativa del pueblo mapuche”[31].

A raíz de los hechos narrados anteriormente, se vivió un proceso por el cual, la población habitante del territorio fue confinada a un espacio enormemente menor al cual habitaban antes de la campaña militar desplegada por el ejército chileno:

 

El pueblo Mapuche fue obligado a vivir en reducciones, en tierras de inferior calidad agrícola y ganadera. La constitución de estas reducciones, o proceso de radicación, se lleva a cabo entre 1884 y 1930. De acuerdo a los datos oficiales de 9 millones y medio de hectáreas-comprendidas entre Biobío y Llankiwe- sólo el 5,5% (una veinteava parte) quedó como propiedad indígena[32].

 

Sintetizando, a ambos lados de los Andes, las poblaciones originarias intentaron y lograron durante largos años sostener una posición de autonomía política frente a los Estados independentistas criollos. Del mismo modo las parcialidades indígenas actuaron autónomamente incluso respecto de los demás segmentos de su propia sociedad, dando lugar a distintas estrategias y formas de vinculación con los Estados nacionales. En ningún caso dieron lugar a jefaturas centralizadas que pudieran oponerse a los criollos como un frente unificado.

Estas relaciones se trastocaron hacia la década de 1880, sin dejar de tener en cuenta la importancia de los procesos de acumulación política, bélica y económica acontecidos en las décadas anteriores. Con la consolidación de la modernización de los Estados burgueses, la concentración de la organización política y ejércitos fogueados tras guerras que habían terminado de establecer los límites de las repúblicas, Argentina y Chile encararon el dominio de los territorios australes en operaciones coordinadas: las “Campañas al Desierto” en Argentina y la “Pacificación de la Araucanía” en Chile[33]. Acompañaba estos procesos un estímulo a la inmigración europea y una estigmatización de la originaria en términos de “salvajismo” y “atraso”.

Luego de la subordinación de las poblaciones originarias, tuvieron lugar políticas de reasentamiento en los territorios ahora incorporados al fisco. Tales políticas fueron mucho más sistemáticas en Chile que en Argentina, dando lugar allí a un sistema de “reducciones” que, si bien forzó el sedentarismo y achicó enormemente el espacio territorial indígena, permitió el sostenimiento relativamente autónomo de determinadas dimensiones sociales, como la lengua (el mapuzungun) y la esfera ritual. En Argentina, en cambio, una población mucho menos numerosa, en territorios mucho más vastos (aunque de menor productividad ecológica) se vio enfrentada a la situación de subordinación en términos muy diferentes.

 

Actualidad de lo mapuche en Chile y Argentina

 

El peso relativo de la población mapuche sobre el total de población es muy distinto en Argentina y en Chile. En el primer caso, en un país de más de cuarenta millones de habitantes, la población que se autoadscribió mapuche en el marco del Censo 2010 ascendió a las 200.000 personas[34]. Ese número se reparte entre varias provincias, pero en las patagónicas Río Negro y Chubut se concentra el mayor número de pobladores mapuche. Con más de 40.000 habitantes adscritos como mapuche, Chubut se conforma no sólo en la provincia con mayor población de dicho grupo étnico, sino también en la provincia con mayor proporción relativa de población originaria del país, con el 8,5% del total.

Argentina es también un país con una altísima tasa de población urbana, superior al 90%. Los mapuche no son una excepción a esta tendencia y tanto en Chubut como en el resto de las provincias, la mayor parte de la población mapuche habita en grandes centros urbanos, con tasas cercanas al 80% de urbanidad. Es decir, la proporción de pobladores mapuche es algo más alta en el mundo rural que la del conjunto de la población, sin dejar de estar marcada fuertemente por experiencias urbanas desde hace varias décadas.

Efectivamente, y sobre todo a partir de la década de 1960, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura estatal (entre ellos la construcción de represas y el desarrollo de explotaciones gasíferas y carboníferas) estimuló un perfil demográfico de enclave en las provincias patagónicas. Sumado a la presencia de latifundios de cientos de miles de hectáreas, los enclaves urbanos permitieron configurar la contraposición entre grandes espacios vacíos de población en el mundo rural frente a ciudades superpobladas, con deficiente planificación y grandes suburbios pauperizados[35].

Sin embargo, es necesario aclarar que la población mapuche urbana no necesariamente corta sus vínculos con el campo. Complejos entramados familiares, vecinales y comerciales sustentan relaciones rural-urbanas caracterizadas por el dinamismo y estrategias de sostenimiento de predios muchas veces deficientes en términos monetarios.

Esta historia demográfica y territorial, que aquí no podemos desarrollar por cuestiones de espacio, está fuertemente atravesada por la historia social y económica de la Patagonia argentina en todo el siglo XX. Lo que quisiéramos destacar es que al menos desde la década de 1960 (que es también el período de inicio de una crisis crónica de la ganadería lanar en toda la zona) la población mapuche de la Patagonia argentina pasó a atravesar marcadamente experiencias urbanas. Ello redundaría incluso en la constitución de las primeras organizaciones etno-políticas de la región, articuladas con partidos políticos, experiencias sindicales y, posteriormente, con instituciones eclesiásticas[36].

Por su parte en Chile, según el Censo poblacional chileno de 2017, la población ascendía a 17.574.003. A partir de la pregunta ¿se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario? y las alternativas para escoger: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lican Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawésqar, Yagán o Yámana y Otro (especifique), 2.185.729 personas declararon pertenecer a los pueblos indígenas mencionados, 12,8% de la población total. Desagregado por sexo, hombres: 1.078.111 (49,32%) y mujeres: 1.107.681 (50,68%)[37].

Entre los pueblos mayoritarios, 1.745.147 expresó corresponder al pueblo mapuche, representando un 79,8% de la población indígena total, 156.754 (7,2%), Aymara y 88.474 (4,1%), Diaguita. Cabe destacar que la población mapuche, representa 9,9% de la población total del país.

Con estos datos se puede establecer que la mayor agrupación porcentual de pueblos indígenas, se encuentra en la Región de Arica y Parinacota (35,7%); en la IX Región de La Araucanía (34,3%); y en la Región de Aysén (28,7%), siendo la media a nivel nacional de 12,8%. En regiones históricas de la presencia mapuche, las cifras alcanzan 25,6% en la región de Los Ríos y 28,2% en la región de Los Lagos. Siete regiones poseen porcentaje bajo la media nacional, dentro de ellas, la Región Metropolitana, 10,1%.

Al igual que en la Argentina, esta configuración poblacional responde a procesos históricos específicos. La adaptabilidad mapuche a las nuevas condiciones impuestas por la autoridad estatal, implicó que tuviesen que guarnecerse dentro de las reducciones, lo cual les permitió preservar tradiciones, usos y costumbres, como lo evidenciaron trabajos clásicos de la antropología[38].

Como es evidente, la población mapuche es mucho más significativa en Chile que en Argentina, tanto en número absolutos como relativos. A estos mayores guarismos se corresponden también densidades poblacionales muy diferentes: mientras en la Argentina una población relativamente escasa (aunque importante en términos proporcionales) se encuentra o distribuida en amplias zonas rurales, o bien incorporada a los cinturones urbanos de grandes ciudades, en Chile las zonas rurales y campesinas de las regiones de la Araucanía, los Ríos o los Lagos guardan aún importantes poblaciones mapuche.

Los procesos de migración rural-urbana se encuentran presentes en ambos países y podríamos afirmar una primacía de la población indígena urbana por sobre la rural. Como se verá, ello impactará en las formas de organización y protesta actuales.

 

Las transformaciones estructurales por medio de la violencia en Chile y Argentina

 

Las últimas décadas en la formación nacional argentina expresan, por un lado, las consecuencias del orden estructural impuestas por el período dictatorial (1976-1983); y por el otro las pujas, disputas y tensiones en torno de distintos modelos de gobierno en el marco de una economía caracterizada por la fuga de divisas, la inestabilidad financiera, el déficit y la crisis[39].

En el primer aspecto, la imposición de un régimen neoliberal a mediados de la década de 1970 implicó una reestructuración de tal rango en la economía y la sociedad argentina, que requirió el desarrollo de un régimen totalitario, antidemocrático y violento que fue personificado por una alianza cívico-militar-eclesiástica durante la dictadura. Junto al ejercicio de la violencia armada y mediante la desaparición forzada de cuadros militantes de los ámbitos político, sindical y estudiantil, esta alianza logró tanto doblegar a otras opciones políticas (que se expresaban incluso en organizaciones armadas y guerrillas urbanas y rurales) como disciplinar al conjunto social, para hacer posibles las reformas que iniciaron y que se extendieron en los siguientes años, incluso una vez terminado el gobierno de facto.

Porque el proyecto iniciado en 1976 se continuó durante el período democrático, especialmente durante los gobiernos de Carlos Menem (donde se privatizaron las mayores empresas públicas de infraestructura y servicios, así como se depreció el valor del salario y aumentó sustancialmente el desempleo) y posteriormente durante el de Fernando de la Rúa, que culminó sin llegar a término debido al estallido de la crisis de 2001, que condensó en buena medida las tensiones acumuladas durante los noventa.

A partir de entonces los gobiernos kirchneristas iniciaron procesos de recuperación económica anclados en una gruesa devaluación producida por la salida de la convertibilidad cambiaria[40] que había caracterizado la segunda mitad del menemismo y el delarruismo. El kirchnerismo puso énfasis en la redistribución de excedentes y el desarrollo de obra pública, generando fuertes políticas de inclusión y crecimiento del empleo. Se estimularon políticas proteccionistas y de consumo interno y durante varios años se generaron tasas de crecimiento superiores al 8% del PBI, contrastando con los años de recesión atravesados durante los noventa.

Se expresaron, sin embargo, límites para salirse de los regímenes económico-legales establecidos por la dictadura y los gobiernos neoliberales posteriores. La Ley de entidades financieras, herencia dictatorial, continúa vigente permitiendo la fuga de la inversión hacia destinos extranjeros. Sólo algunas de las empresas públicas privatizadas se recuperaron y no siempre en las mejores condiciones[41].

En algunas interpretaciones se caracteriza a la economía argentina con la analogía de un péndulo[42]. En un extremo se encuentra el proteccionismo y el estímulo a la industria nacional. En el otro el neoliberalismo. Los gobiernos, dice esta imagen, acompañan e impulsan la dinámica pendular.

En otras interpretaciones más cercanas al marxismo[43] se caracteriza al movimiento de la economía argentina, en contraste al péndulo, con una espiral descendente: los ciclos de endeudamiento y crisis no hacen que el conjunto social vuelva al punto de partida inicial, sino que cada ciclo se reinicia en una situación de mayor polarización, concentración y pauperización que el anterior. Lo cierto es que, a partir de la crisis de 2001, la formación social y económica argentina se mantiene con una alta desocupación y una capa de trabajadores “informales” superior al 30% de la población económicamente activa.

La recuperación exportadora que caracterizó este período, basada en oleaginosas, no alcanzó a la Patagonia por cuanto la soja no puede crecer en esas latitudes. La especialización productiva de las provincias del sur se enfocó en el petróleo y la hidroelectricidad y en menor grado al turismo receptivo y los servicios. La ganadería ovina y caprina, principal actividad de los mapuche asentados en áreas rurales, atraviesa una crisis y un estancamiento generalizado desde la década de 1960, sosteniéndose como una actividad marginal, que no llega por lo general a producir los ingresos necesarios para la subsistencia. En tanto, en las ciudades, grandes porciones de población mapuche habitan en cinturones periurbanos en condiciones de pobreza y marginalización.

En el caso chileno, ciertas sincronías con los períodos dictatoriales argentinos explican algunas similitudes, mientras que otras diferencias contrastan. En la década de 1960, en el contexto internacional, el país empezó a percibir las tensiones propias de la Guerra Fría y la Revolución Cubana, dinámicas que tendrían expresiones internas y que provocaron hechos relevantes en la historia entre el Estado y los mapuche. Uno de esos impactos sustantivos fue la reforma agraria. Agrupaciones campesinas inconformes realizaron masivas tomas de terreno. Chonchol relata que:

 

las huelgas rurales habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y las tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 1970. Dentro de estas había una fuerte presión indígena mapuche concentrada en las regiones de Malleco y Cautín donde actuaba, entre otras organizaciones, el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) impulsado por el MIR[44].

 

En 1969, fruto de la alianza programática entre el Partido Comunista y Partido Socialista, junto a otras agrupaciones izquierdistas, se origina la Unidad Popular (UP), bajo el liderazgo de Salvador Allende, investido presidente en 1970. La propuesta de esta coalición sostuvo el advenimiento de una sociedad socialista mediante mecanismos legales, proponiendo así una “vía chilena al socialismo”.

Una de las 40 medidas principales propuesta por la UP, fue la 24 referida a la Reforma Agraria:

 

Profundizaremos la Reforma Agraria, que beneficiará también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario, Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.

 

En el Gobierno de la UP, las tierras reintegradas a las comunidades mapuche fueron 197.761,88 hectáreas. Según Correa, Molina y Yáñez, los mapuche intervinieron dinámicamente de estos procesos[45].

Debido a la convulsa situación interna y a conspiraciones específicas desde el exterior, Allende fue derrocado por un golpe militar en 1973. Pero las transformaciones profundas realizadas por la UP en cuanto al mundo rural trajeron aparejados cambios de la gran, mediana y pequeña propiedad, propiciando sistemas y propiedades comunitarios y familiares agrosilvopastoriles que se vieron fortalecidos por la Reforma agraria.[46] El Golpe de estado de 1973 significó la persecución y exterminio de los y las militantes y simpatizantes del proyecto político de la UP, mediante secuestros, torturas, desapariciones, hostigamientos, exilios y muertes, ejecutadas por los aparatos represivos de la dictadura militar[47].

Las agrupaciones mapuches fueron, también, duramente reprimidas por su participación en el Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), los Centros de la Reforma Agraria (CERA) y otras agrupaciones de izquierda. Según Cayuqueo[48], 80 mapuche fueron detenidos desaparecidos y 41, ejecutados políticos.

La dictadura militar impuso una política económica monetarista (conocida como neoliberal), que desindustrializó al país en beneficio de la exportación de materias primas. Este modelo transformó al Estado desde protagonista del desarrollo hacia subsidiario e impulsor de la iniciativa privada, en los ámbitos relacionados con la extracción de materias primas: agrícolas, energéticos, forestales, mineros y pesqueros, lo cual conllevó la adquisición ventajosa de empresas públicas para cercanos de la dictadura, familiares y colaboradores.

Estas medidas, a su vez buscaron desmantelar aspectos legales que promovieran el colectivismo. Por ende, la propiedad comunitaria indígena fue directamente atacada mediante su división y posterior formalización como propiedad individual. El decreto de ley de 2568 de 1979 modificó la ley 17.729, el cual comprendía la propiedad individual de las tierras indígenas:

 

En 1979, mediante el Decreto Ley N° 2.568 se suprimió el IDI y en su lugar se creó el Departamento de Asuntos Indígenas que se hizo depender del Instituto de Desarrollo Agropecuario. El cambio fundamental introducido fue la habilitación para dividir las reservas y reiniciar el proceso de liquidación de las comunidades. Las graves implicaciones de la nueva legislación fueron denunciadas por la prensa internacional, ya que bastaba con que un “ocupante” pidiese la división de la tierra para iniciar el proceso, en tanto no existía mecanismo legal alguno para frenar[49].

 

Esta llamadacontrarreforma agraria” desposeyó nuevamente a las comunidades indígenas, mercantilizando las tierras. Sin embargo, salvo en la actividad silvícola industrial, no se retornó al latifundio[50].

El proceso de politización atravesado por la población mapuche en Chile a partir de la década de 1960 es más temprano y más radical que el acontecido en la Argentina, donde las organizaciones etno-políticas aparecen con una posición mucho más institucionalista[51]. Al mismo tiempo, las reformas alcanzadas en el período de la UP (en torno de la estructura agraria y las transformaciones que se encararon) superaron por mucho las alcanzadas en la Argentina.

Es decir, mientras en la Argentina la zona rural patagónica se caracterizó por la presencia ya centenaria de grandes latifundios; en cambio, los procesos atravesados por Chile, primero por la política de “reducciones” y luego por las experiencias de reforma agraria, configuraron una estructura rural diferente.

Los efectos de los proyectos agrarios de la UP lograron una efectiva reducción de los latifundios y grandes fundos. Sin embargo, las transformaciones llevadas adelante en el período neoliberal -fundamentado en el gobierno totalitario y represivo de la dictadura pinochetista- sentaron las bases para ejes de conflicto que en la actualidad se desarrollan entre la iniciativa privado-estatal y las poblaciones mapuche: agrícola, forestal, minero, energético y pesquero.

 

Las nuevas legalidades nacionales en el fin del siglo XX

 

En el ámbito relativo a los pueblos originarios, la Argentina comenzó a incorporar legislación específica a partir de mediados de la década de 1980, en consonancia con la restauración democrática. La ley nacional 23.302, sancionada en 1985, reconoció por primera vez el estatuto de las “comunidades” aborígenes, así como ordenó la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), agencia que debía ocuparse de las cuestiones indígenas, que hasta entonces había estado bajo la órbita de distintos ministerios y secretarías.[52] En 1994 la reforma constitucional incorporó artículos que mandaban a la entrega de “tierras aptas y suficientes” y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puso sobre la mesa la cuestión de la consulta informada y la participación de los “pueblos indígenas y tribales” en procesos que los afectan.

Es decir, en la Argentina el avance legal-formal en torno del reconocimiento a las poblaciones indígenas se dio en un contexto pos-dictatorial, fuertemente marcado por la derrota experimentada por los sectores populares en los años previos y atravesado por inestabilidades económicas, políticas e institucionales. La década de 1980 culminó con crisis hiper-inflacionarias, alto desempleo y el abandono precipitado del gobierno por el Presidente Alfonsín. También con el juicio y condena a las Juntas Militares que gobernaron de facto entre 1976 y 1983. En esta dualidad se transitaron esas décadas.

Esta etapa se caracteriza también por la emergencia de la entidad jurídico-formal de la “comunidad” indígena en la vinculación entre Estado y pueblos originarios[53]. Tal identidad, que se cristaliza hacia mediados de los ochentas, prometía de alguna manera la inscripción de los reclamos y demandas indígenas en el sistema legal e institucional estimulado por la restauración democrática. Sin embargo, lustros y décadas más tarde se haría evidente que la flexibilidad y permeabilidad de los marcos jurídicos y los reconocimientos formales no garantizaban la satisfacción de dichas demandas.

Paralelamente, a partir de la década de 1980 se ampliaron las experiencias organizacionales mapuche. Los Centros Mapuche en Río Negro, el Consejo Asesor Indígena en la misma provincia, los inicios de la Confederación de Organizaciones Mapuche en Neuquén (que se fortalecería en las décadas siguientes) marcaron algunos de estos pasos. Con diferentes posicionamientos, algunos de los cuales fueron variando a través del tiempo, estas experiencias intentaron aprovechar los nuevos intersticios legales para avanzar en la defensa de los derechos étnicos. Con el desarrollo de las confrontaciones globales dentro de la formación social, algunas de estas organizaciones se extinguieron, mientras que otras radicalizaron sus posiciones.

Así nos hallamos, entonces, en el ámbito de las confrontaciones y las interpelaciones actuales. Si existió una promesa de que se podía satisfacer los reclamos y necesidades de una población históricamente postergada a través del desarrollo y expansión de las instituciones democráticas, esa promesa fue incumplida y quizá podríamos fechar la ruptura de dicho pacto a partir de diciembre de 2001 y la crisis posterior.

Si acaso Escolar[54] está en lo correcto cuando habla de la ruptura de un cierto pacto entre el Estado y la sociedad (entre el Estado y las poblaciones mapuche, del incumplimiento de una promesa emitida por el Estado, la actual situación expresa los movimientos de grupos sociales diversos y las acumulaciones históricas y sociales que, aglutinadas en torno de esa promesa, han quedado desarticuladas. La promesa hablaba de una cierta integración, de una ciudadanización y un reconocimiento étnico y cultural, pero también territorial y político. Pero tramitar personerías jurídicas, adscribirse y conformar comunidades o agitar los instrumentos legales que el Estado ofrecía no implicó el logro de esos objetivos. Sumado a ello, la pauperización generalizada de la población configuró, como vimos, nuevos escenarios de acción y organización que se expresaron, en la Patagonia argentina, en acciones directas como la recuperación territorial.

La posdictadura en Chile abrió nuevos canales de protesta que, sin embargo, se construyeron paulatinamente. Las primeras señales de descontento, provinieron desde el mundo mapuche hacia la Concertación de Partidos de la democracia (1990-2010). En 1997, empezaron a aparecer en el mundo público, movilizaciones de carácter relevante que dieron cuenta de organizaciones autonomistas y postindigenistas. El surgimiento del Consejo de todas las Tierras y la Coordinadora Arauko Malleko (CAM), junto a sectores locales de cada comunidad) provocó una ruptura respecto de la lozanía del llamado “milagro económico chileno”. Sin embargo, la diversidad de las agrupaciones mapuche puede ser dividida en dos grupos: etnonacionalistas y etnicistas[55], que actúan de maneras diferentes la posibilidad de concretar la autonomía parcial o total del territorio.

Marimán estableció la existencia más precisa de diferentes posiciones etnicistas: a) Autonomismo mapuche no-etnonacionalista de tendencia izquierda estatonacional de algunos militantes de la CAM cercanos a las ideas del marxismo, b) Autonomismo mapuche no-etnonacionalista de tendencia tradicionalista de intelectuales provenientes del Centro de Estudios y Documentación Mapuche (CEDM-Liwen) con tendencia autonomista etnicista con el objetivo de reflotar la institucionalidad pasada mapuche, c) Autonomismo mapuche no-etnonacionalista de tendencia discurso discontinuo o irregular de algunos intelectuales que promueven, dentro de ellosm el poeta Elicura Chihuailaf, la demanda y argumentos autonomistas y d) Autonomismo mapuche no-etnonacionalista de tendencia discurso casi etnonacionalista de efímera aparición y escasa influencia, asociado al Colectivo Mapuche Autonomista Secreto (CMAS)[56].

Los autonomistas etnonacionalistas no exteriorizaron subdivisiones ya que pretendían aunar voluntades, dentro de los cuales se ubicaría Wallmapuwen, plataforma política de la cual se deseaba converger y fundar un partido político mapuche, aunque fueron disueltos por no cumplir el refichaje[57].

Las movilizaciones y reclamos pacíficos y violentos convocados desde estos espacios provocaron la aplicación de la ley antiterrorista Nº 18.314 (de origen pinochetista) a diferentes dirigentes históricos mapuche (Víctor Ankalaf, Pascual Pichun, Aniceto Norin, entre otros), durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)[58]. A pesar de la persecución y criminalización de la protesta mapuche, los hechos reivindicativos de las organizaciones no se detuvieron, alzando el conflicto como uno de los principales focos de descontento contra el llamado “sistema social de mercado”.

Algunas de las acciones que se implementaron desde el Estado para morigerar el conflicto fueron la entrega de recursos por medio del Programa Orígenes (préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y la firma del Convenio 169 de la OIT en 2008. No obstante, estas acciones no tuvieron el impacto esperado ya que el conflicto, lejos de frenar, ha ido escalando en la actualidad con diversos hechos de violencia que se han intensificado por la militarización de la Araucanía mediante la introducción de agentes policiales entrenados en Colombia con el nombre de “Comando Jungla”.

Una de las razones para entender el conflicto, es la presencia de empresas industriales forestales que han sido el blanco de las acciones de sabotaje de los grupos sublevados. Por otro lado, medidas de inteligencia policial han montado varias operaciones falsas para incriminar a militantes mapuche. La más conocida ha sido la “Operación Huracán” y el asesinato de Camilo Catrillanca, lo cual produce un escenario complejo de análisis respecto de la responsabilidad de los actos insurgentes[59]. Toda esta espiral ha funcionado también como una justificación para los gremios empresariales forestales y transportistas para pedir la militarización de la zona. Ello tuvo sus frutos en octubre de 2021, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó el “Estado de Excepción” en la Macrozona Sur, facilitando la entrada de las fuerzas armadas para controlar “un preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”[60].

A partir de la década de 1980 y la restauración democrática en Argentina, la incorporación de marcos legales relacionados con la “cuestión indígena” permitió el reconocimiento jurídico de “comunidades aborígenes”, con un estatus específico y personería jurídica. Estos reconocimientos formales, que no estuvieron acompañados en la práctica por políticas específicas de restitución territorial ni compensaciones económicas, vinieron a trastocar una situación de invisibilización[61] de las poblaciones originarias desde marcos legales que intentaban -repetimos, sólo en términos formales- incorporar a una ciudadanía más plena a los miembros de las “comunidades”.

En Chile, en cambio, la debilidad de los marcos jurídicos que favorecen a los pueblos originarios (así como su tardía incorporación al sistema jurídico nacional) se contrapuso a una historia de participación política mucho más densa y larga, así como con una presencia insoslayable de “lo mapuche” dentro de la narrativa histórica nacional. La experiencia de la UP, se articuló con las construcciones que décadas atrás ya se experimentaban, señalando el peso y relevancia de la población mapuche tanto en términos relativos respecto de la población total del país, como su presencia territorial en determinadas regiones donde su densidad hacía y hacen imposible hacer política sin considerar a los comuneros, a izquierda o a derecha.

Esta historia política permitió el surgimiento de organizaciones que tuvieron y tienen una gravitación política en el escenario nacional mucho mayor al que tienen las organizaciones indígenas en la Argentina. Sin embargo, la poca flexibilidad del sistema político chileno, así como el endurecimiento de las condiciones propiciadas por el pinochetismo y continuadas por los gobiernos de la Concertación llevaron a una parte de estas organizaciones a optar por un camino insurreccional.

En Argentina, en cambio, el peso de la población mapuche en términos de la población total es mucho menor, como ya hemos visto y la trayectoria de las organizaciones mapuche estuvo fuertemente vinculada a la incorporación de esquemas legales novedosos que se dieron a partir de la restauración democrática. El proceso dio lugar a organizaciones muchas veces ancladas en las realidades provinciales, con posicionamientos muy diversos. Hacia la década del 2000 la incorporación de la recuperación territorial como herramienta de acción directa comenzó no sólo a problematizar la estrategia de las organizaciones institucionalistas, sino a revitalizar un discurso mapuche vinculado a la reivindicación de la “cultura”, la radicalización de la diferencia y el reclamo territorial en términos, no ya de “comunidades”, “lof” o parajes, sino de wallmapu: el territorio mapuche comprendido como totalidad, a ambos lados de la Cordillera. 

 

La conflictividad mapuche en las formaciones económico-sociales argentina y chilena: la Nación interpelada

 

En la Argentina las recuperaciones territoriales y las acciones directas protagonizadas por comunidades y organizaciones mapuche constituyeron una forma de interpelación novedosa tanto hacia las autoridades políticas como para los propietarios locales. Estas experiencias, hasta entonces relativamente poco desarrolladas, comenzaron a difundirse en distintos puntos del territorio patagónico.

Tal situación puso en guardia a los sectores propietarios, que comenzaron un proceso de acumulación y organización interna. Ello proveyó distintos tipos de respuestas al reclamo mapuche, tanto por parte del Estado como por sectores de la sociedad civil que resultaron interpelados por el reclamo.

El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) contempló sus acciones de respuesta sobre la supuesta existencia de un grupo terrorista y secesionista llamado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Sobre la base de panfletos de propaganda y acciones de incendio y sabotaje a empresas de la zona, atribuyó a este grupo un alto grado de peligrosidad y amenaza y lo hizo objeto de acciones (en muchos casos ilegales) de espionaje e inteligencia. Autores como Muzzopappa y Ramos han analizado este proceso como un caso de construcción de un “enemigo interno”[62]. Del mismo modo Delrio se refirió al campo mediático de batalla que se define en torno de estereotipos y prejuicios sobre los mapuche como “araucanos extranjeros”[63].

Entre 2015 y 2019 varias acciones represivas que se desarrollaron contra comunidades mapuche a lo largo de la ruta 40, entre Bariloche y Esquel, tomaron notoriedad pública por lo extremo de sus características. Luego de varios allanamientos y buscando despejar tanto vías ferroviarias como la ruta misma, en 2017 desapareció Santiago Maldonado, luego de un operativo irregular de la Gendarmería Nacional. Su cadáver aparecería setenta y ocho días más tarde, en el fondo del río Chubut.

El caso de Maldonado tuvo una enorme repercusión mediática. Durante más de dos meses estuvo en las tapas de los diarios y se mantuvo omnipresente en los portales digitales de información. El gobierno de Macri defendió constantemente el accionar de Gendarmería y acusó a Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, la comunidad donde estaba de visita Maldonado, como responsables de su paradero. En simultáneo, la oposición política y los organismos de Derechos Humanos acusaron al Estado por desaparición forzada.

A la vez, este caso situó en la primera plana de la opinión pública, de un modo que nunca había acontecido previamente, el reclamo mapuche. Como señalábamos recién con Delrio, un vasto y antiguo repertorio de estigmatizaciones y prejuicios fue utilizado para atribuir sentido a estos hechos.

Pocos días después de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, mientras era velado en su ciudad natal en la provincia de Buenos Aires, una patrulla de la Prefectura Naval baleó a otro grupo de jóvenes mapuche en Villa Mascardi. Los Prefectos se habían adentrado en el territorio recuperado de otra comunidad, Lof Winkul Newen Mapu y mataron con sus balas a Rafael Nahuel, de 22 años, oriundo de Bariloche.

En los años siguientes y con el cambio de signo del gobierno nacional, las confrontaciones bajaron en su intensidad, sin desaparecer ni detenerse. El Estado nacional aplicó una estrategia de “Mesas de diálogo” con las comunidades en conflicto, que, si bien no arribaron a resultados concretos, cambiaron el ángulo del vínculo alejándolo de una mirada punitiva y policial.

Sin embargo, los sectores propietarios de la zona y sus aliados políticos continuaron sus procesos de acumulación política y acciones de propaganda. Entre ellas contamos, además de movilizaciones y actos frente a las comunidades mapuche con que confrontan, la realización y continuación de denuncias penales y la divulgación de la problemática a nivel nacional en distintos medios de prensa.

En algunos casos estas acciones han tenido la forma de “caravanas”, que aparecen organizadas por “vecinos” de las localidades cercanas que, sin explicitar ningún tipo de filiación política se manifiestan “contra las usurpaciones”, “en defensa del Parque Nacional y los bienes públicos” y, en sus formulaciones más claras, en defensa de la “propiedad privada”, donde protagonizaron “banderazos” (con la bandera argentina como emblema, por supuesto).

Una de las caravanas que salieron de Bariloche hacia Mascardi fue detenida por el Ministerio de Seguridad nacional en el camino, antes de llegar. Ocurrió en septiembre de 2020 porque algunas personas que invitaban a participar se habían expuesto en redes sociales exhibiendo armamento e incitando a un desalojo por mano propia.

Desde la legitimación propietaria se hizo necesario enfatizar algunos mecanismos que fundamenten su posición. Ello se hizo acentuando la profundidad histórica de su propia presencia en el territorio, bajo la figura del pionero.

Aquí hay una novedad relativa, porque sin desaparecer, han mermado los discursos que niegan la preexistencia mapuche en el territorio patagónico. Los propietarios ya no dicen, como hace unos años, que “los mapuche vienen de Chile”, que “los verdaderos indígenas argentinos son los tehuelche” o que no había población en la Patagonia previo a la ocupación de origen europeo o criollo. Sino que la cuestión pasa por distinguir los indígenas “integrados” o las comunidades “tradicionales” de otras que plantean demandas radicales.

El presidente de la Sociedad Rural de Esquel, señaló en abril de 2021 que él formaba parte de “una familia de descendientes de galeses que pueblan la costa [el este del Chubut] desde 1865”. Que el problema no era tanto la comunidad mapuche, sino “determinados grupos anónimos bajo banderías o reclamos de autonomía (...) son más bien grupos de ultraizquierda, del anarquismo”[64].

Continuó el ruralista: “cuando empezó el conflicto en 2014 muchos entendían que era sólo un problema de Benetton[65]. Recién hace muy poco eso empezó a cambiar y la gente comenzó a entender que era un problema de todos […] Durante un par de años el usurpado era Benetton, entonces muchos productores pensaban que no iba a ser un problema propio nunca. Pero el problema empezó a crecer y ya no se usurpó a empresas grandes o extranjeras sino a argentinos, a descendientes de mapuches”.

La imagen de mapuche usurpando a mapuche y de ataques contra los productores familiares alimenta la idea de un problema “de todos”. Permite que los propietarios (o quienes aspiran a serlo, o quienes dependen de ellos) se aglutinen en un bloque unificado que olvida sus distinciones internas de escala e intereses. La bandera argentina viene a ser el emblema que levantan para representar ese “todos” en un discurso que conjuga espacio público, derechos, libertad y propiedad privada en la misma oración y que invita a otros sectores sociales a participar. La bandera argentina expresa, en estos contextos, el posicionamiento político de dichos sectores: agrarios, propietarios, tradicionales y vinculados a partidos neoliberales en el ámbito nacional.

En Chile, en tanto y a pesar de que la élite político-empresarial se ufanaba internacionalmente de los éxitos de la llamada “revolución silenciosa”, en octubre de 2019, todo ello sería impugnado fuertemente en Santiago y regiones, por la irrupción de masivas protestas pacíficas y violentas, convocadas por estudiantes secundarios por el aumento de la tarifa del tren subterráneo metropolitano (Metro), hechos conocidos como el “Estallido social en Chile” o “Revuelta social”[66].

Una de las reivindicaciones de la masa que participó en las protestas, fue el reconocimiento del legado indígena, y sobre todo mapuche, en la conformación de la identidad del pueblo de Chile. La presencia masiva de banderas mapuche, en detrimento de emblemas de partidos políticos, así como la instalación de tótems indígenas en la Plaza Dignidad (antes Plaza Baquedano), fue patente en el lugar de reunión de las manifestaciones, frontera imaginaria entre el sector alto: oriente, pudiente, minoritario, burgués y europeo, y el sector bajo: norponiente y sur, pobre, popular, proletario y mestizo-indio.

 

 

Figura 3. Tótems indígenas en Plaza Dignidad

 

 

Fuente: foto de Valentina Manzano[67]

La salida de la crisis fue la firma de un acuerdo parlamentario el 15 de noviembre del mismo año, para consultar sobre la redacción de nueva constitución y la conformación orgánica de la convención constitucional dispuesta para ello. El plebiscito, llevado a cabo el 25 de octubre de 2020, obtuvo como resultados: Apruebo (78.28 %) y Rechazo (21.72 %). El órgano escogido fue la Convención constitucional (79.00 %), por ende, sin la presencia de parlamentarios/as.

Los debates, argumentos y votaciones que se esgrimieron en la Convención respecto de estos temas fueron altamente polémicos, ya que existieron fuertes presiones de varios sectores por imponer sus posturas en el texto definitivo. En la redacción final, se intentaron abordar las demandas populares, a pesar de los intereses de la élite política-empresarial que desearon el status quo, haciendo sentir su fuerza e influencia para permanecer con un texto similar al actual, a pesar de ser una minoría.

La propuesta de Constitución Política de la República de Chile de 2022 que presentó la Convención Constitucional en diversos artículos reconocía derechos para los pueblos indígenas tales como: educación, producción económica, medicina, consulta indígena, tierras, aguas, propiedad, patrimonio cultural, escaños reservados para el Congreso de Diputadas y Diputados, autonomía territorial indígena y sistemas jurídicos.

Dentro de estos artículos destacan: artículo 5 (reconocimiento constitucional), artículo 12 (Estado plurilingüe y reconocimiento oficial de las lenguas indígenas), articulo 18 (derechos indígenas colectivos) y sobre todo el artículo 34 que engrana lo descrito:

 

Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía; al autogobierno; a su propia cultura; a la identidad y cosmovisión; al patrimonio; a la lengua; al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos, en su dimensión material e inmaterial y al especial vinculo que mantienen con estos; a la cooperación e integración; al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o tradicionales; y a participar plenamente, si así́ lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

 

A pesar de que la propuesta de Constitución Política, ofrecía derechos sociales para la población en su conjunto, orientados a responder a los requerimientos sociales devenidos del Estallido, el Plebiscito constitucional de 2022, a partir de la pregunta ¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?, realizado el domingo 4 de septiembre de 2022, arrojó el triunfo del rechazó a la nueva carta magna. De un total de 13.021.063 votantes, rechazaron 61.86% y aprobaron 38.14%[68], lo cual significó un revés al reconocimiento oficial constitucional de diversos derechos de los pueblos indígenas. En la actualidad y a raíz de las votaciones del plebiscito de salida, hubo un acuerdo parlamentario con otras reglas diferentes a las propuestas presentadas primariamente para seguir con el proceso constituyente[69], por lo que será importante como decantan estas acciones respecto de las temáticas abordadas en este artículo.

 

Conclusiones

 

A continuación, expondremos algunas consideraciones finales en torno a cómo se ha desplegado la trayectoria del “conflicto mapuche” en Chile y en Argentina, analizadas y sintetizadas bajo una mirada comparativa, objetivo de reflexión de este artículo.

Una primera constatación se refiere a las diferencias y similitudes históricas en la consolidación del Estado moderno Chile/Argentina. En ambos casos se aprecia el triunfo de una élite descendiente de los invasores europeos que consolidaron un proyecto civilizatorio ilustrado centralizado en Santiago y en Buenos Aires.

En ambos casos se consideró a las poblaciones indígenas, por sus características específicas, como un lastre para el progreso de las respectivas naciones. Mientras en Chile se evidencia cierta recuperación de emblemas indígenas como parte del relato de la historia nacional (como un “pasado glorioso”, de la mano de líderes como Caupolicán, Lautaro o Colo-Colo), en Argentina “lo mapuche” se mantiene, incluso en las narrativas mitológicas del Estado, en el lugar del “salvajismo”: como una “afuera” de la “nación”.

Mediante el proceso de anexión de los territorios indígenas y el triunfo en diferentes guerras con países fronterizos, se afianzó el proyecto de Estado-nación burgués. En el caso argentino, se aprecia un matiz en cuanto el triunfo de los sectores que abogaban por el federalismo, en cambio, en Chile, se consolidó un proyecto unitarista y centralizado.

La segunda constatación es la diferencia notoria, en ambas situaciones, respecto el peso demográfico de la población indígena. Se podría plantear que en el caso argentino tiene una resonancia provincial en el noroeste y en la Patagonia, a pesar de la existencia de un proceso creciente de visibilización en las grandes urbes metropolitanas. En Chile, en cambio, el creciente reconocimiento a nivel nacional de la herencia indígena es patente con fuerza en, por ejemplo, la adscripción a los pueblos indígenas de un décimo de la población total del país. Por otro lado, la cantidad de población inmigrante en cada país, llegada durante los siglos XIX y XX fue manifiestamente distinta, lo cual tuvo un peso sustantivo en la construcción identitaria de cada proyecto estatal.

La tercera constatación es la diferencia en la historia organizativa de las agrupaciones mapuche. Se pueden apreciar diferencias y similitudes, ya que, debido al peso específico de las reivindicaciones indígenas han tenido una presencia histórica a lo largo de los desenvolvimientos de los hechos más relevantes en Chile. Ello ocasionó la conformación de alianzas con sectores de diferentes orígenes y posiciones políticas. En el caso argentino, en cambio, la fuerza de esas organizaciones estuvo disminuida y opacada por la negación constante de la perspectiva hegemónica relativa a la inexistencia de indígenas dentro de los lindes del estado y el menos peso relativo de la población indígena. Hay que esperar a fines de la década de 1960 para observar el inicio de algunas organizaciones, que sólo se harán más visibles con la restauración democrática a mediados de la década de 1980. El desarrollo de las organizaciones, con su heterogeneidad y variedad de posicionamientos, estuvo caracteriza por una primera etapa “legalista”, que se extendió hacia alrededor del año 2000. Y una segunda etapa, actual, donde sin desaparecer el reclamo legal y la preeminencia del diálogo político se comenzó a desarrollar la acción directa y la recuperación territorial como forma de interpelación.

La cuarta constatación es la divergencia en cuanto a los distintos momentos que atraviesa cada país. Las confrontaciones generales en cada sociedad, son diferentes en estos momentos. En Argentina atraviesan un constante dinámica “péndulo-espiral”, en la cual, los distintos gobiernos de centro-izquierda deben hacer frente a la derecha que desea implementar un neoliberalismo extremo, dentro de un marco de pauperización, inflación y alta deuda internacional. En Chile, por otro lado, el estallido social provocó una profunda deslegitimación del llamado “sistema social de mercado” que desembocó como salida política en la votación y aprobación de una convención constituyente. Los debates, presiones, polémicas y acuerdos de esta asamblea fueron decisivos respecto de la ordenación de una configuración distinta a la anterior, sin embargo, el amplio rechazo a la nueva propuesta constitucional, no posibilitó hasta el momento, superar el neoliberalismo basado en la mercantilización de los derechos básicos de una sociedad.

La quinta constatación se refiere a los discursos de la derecha sobre los mapuche en la actualidad en ambos países se constituye bajo un mismo sustento, la identificación de las agrupaciones mapuche que no participan de las estructuras formales, como agentes de desestabilización de la Nación en aras de un proyecto secesionista. Por ende, desde los sectores conservadores y oligárquicos, se presiona por la represión a los movimientos reivindicativos mediante la participación de diferentes fuerzas de seguridad, lo cual ha tenido eco en las autoridades nacionales que han legitimado la violencia y los montajes para desprestigiar y apresar a los militantes de dichas organizaciones.

Por último, se puede plantear que el proyecto Estado-nación en América Latina fue el dispositivo normativo-cultural de consolidación del capitalismo en el siglo XIX. Sin embargo, en la actualidad, dada la diversidad de agrupaciones mapuche y a pesar de la existencia minoritaria de grupos anticapitalistas-separatistas, se aprecia en los reclamos de los movimientos mapuche una crítica del neoliberalismo extractivista y la propiedad, la ciudadanía, la legalidad y el progreso tal cual son concebidos en dicho marco. Y no como un movimiento articulado que considere la conformación de una nueva entidad territorial independiente.

Todo ello nos permite afirmar que los “conflictos mapuche” no son sólo específicamente tales: están enmarcados en la conflictividad general de las formaciones socio-económicas nacionales de las que forman parte. De hecho, muchos de los actuales reclamos e interpelaciones que las organizaciones y poblaciones mapuche dirigen a los Estados y la sociedad civil están directamente vinculados a las disputas activas en el presente y los ejes de conflicto que históricamente se han consolidado como nodales en Chile y Argentina. Están entroncados con las historias nacionales hasta hacerse interdependientes.

Sumado a una historia específica, diferenciada del relato nacional y a veces hasta en espejo del mismo, hoy algunas demandas del pueblo mapuche se traducen en emblemas de los movimientos de protesta en Chile y en Argentina, impugnado y disputando nociones como las de “desarrollo”, o “propiedad”, señalando los límites de los modelos político-económicos vigentes dentro del campo de las confrontaciones contemporáneas.

 

 



[1] Una de las más conocidas banderas mapuche.

[2] Un instrumento de percusión de uso ceremonial y gran valoración.

[3] Interferencia. “El protagonismo de la bandera mapuche en la gran marcha, un símbolo político de las protestas”. https://interferencia.cl/articulos/el-protagonismo-de-la-bandera-mapuche-en-la-gran-marcha-un-simbolo-politico-de-las

[4] Aquí es necesario advertir que la palabra Patagonia designa cosas distintas en Chile y en Argentina. Para los chilenos la Patagonia es exclusivamente la parte más austral del continente, la isla de Tierra del Fuego y la zona aledaña al Estrecho de Magallanes. Desde la perspectiva argentina, en cambio, la Patagonia comienza varios miles de kilómetros más al norte, al sur del río Colorado. De allí que lo que en Chile se conoce como las regiones de la Araucanía, el Biobío, los Lagos o los Ríos sean indistintamente identificadas como “Patagonia” por los argentinos.

[5] Diario “Clarin”. “Masivo reclamo en Bariloche contra la ocupación de tierras en Villa Mascardi”.  https://www.clarin.com/sociedad/masivo-reclamo-bariloche-ocupacion-tierras-villa-mascardi_0_F-EODJEG0.html [Consulta el 30-3-2020].

[6] Otro ejemplo de confrontaciones en torno de los sentidos y contenidos del significante nacional lo da la actitud de ciertas fracciones de la policía boliviana en el marco del golpe de Estado ejecutado en 2019. Junto a la represión de sectores populares y manifestantes, recortaron de sus uniformes la wiphala que iba pegada a la bandera nacional boliviana. https://www.diarioregistrado.com/internacionales/bolivia--policias-cortan-la-bandera-de-los-pueblos-originarios-de-su-uniforme_a5dc95d4c9563ae3f68e6f920

[7] Valverde, Alejandra; Camarero, Gimena; Ordoñez, Sara; Partucci, Hugo y Bojanich, Laura (2015), “Conflictos Socioambientales y Territoriales: propuestas teórico-metodológicas para su abordaje”, XI Jornadas de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-061/736

[8] Gluj, Anabella (2020), “A propósito de las categorías de modo de producción y formación económica social”, Izquierdas, vol. 49, nº 12. En línea: https://dx.doi.org/10.4067/S0718-5049202000010021 [Consulta: 14-02-2022].           

[9] Gluj, Anabella, 2020, Ob. Cit., p. 201.

[10] Althusser, Louis (1999), “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, En La filosofía como arma para la revolución, Buenos Aires, Siglo XXI.

[11] Recordemos que en la formulación althusseriana la ideología no tiene historia en tanto es una instancia omnipresente y omni histórica de toda formación social. Pero a la vez sí tiene una historia particular, regional y específica en tanto ideología de un tiempo y lugar concretos, constituida por el estado de la lucha de clases en dicho momento.

[12] Wolf, Eric (1987), Europa y la gente sin historia, Ciudad de México, FCE.

[13] Osorio, Jaime. (2015), “El sistema-mundo de Wallerstein y su transformación: Una lectura crítica”, Argumentos (México, D.F.), vol. 28, nº 77, pp. 131-154. Recuperado en 15 de enero de 2023, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018757952015000100 007&lng=es&tlng=es

[14] Kay, Cristóbal (2005), “Enfoques sobre el Desarrollo Rural en América Latina y Europa desde Mediados del Siglo Veinte”, Seminario Internacional "Enfoques y perspectivas de la enseñanza del desarrollo rural", Bogotá, Colombia, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.

[15] Sartori, Giovanni (1994), “Comparación y método comparativo” en Sartori, Giovanni y Morlino, Leonardo (eds.), La comparación en las ciencias sociales, Madrid, Alianza.

[16] Halperín Donghi, Tulio (1980), Una nación para el desierto argentino, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

[17] Viñas, David [1971] (2014), De los montoneros a los anarquistas. Buenos Aires, Santiago Arcos.

[18] Bechis, Martha (2010), Piezas de etnohistoria y antropología histórica, Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología.

[19] Delrío, Walter (2005), Memorias de expropiación. Sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia. 1972-1943, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes.

[20] Viñas, David [1983] (2008), Indios, ejército y frontera, Buenos Aires, Santiago Arcos.

[21] Bengoa, José (2002), Historia de un conflicto. El estado y los mapuches en el siglo XX, Santiago, Planeta Ariel. Correa, Martín., Molina, Raúl y Yáñez, Nancy (2005), La Reforma Agraria y las tierras mapuches Chile 1962-1975, Santiago, LOM. Mariman, Pablo (2006), “Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina”, en Marimán, Pablo; Caniqueo, Sergio; Levil, Rodrigo y Millalen, José (eds.), Escucha Winka, Santiago, LOM Ediciones.

[22] Levaggi, Andrea (2004), “Tratado hispano-mapuche de Negrete de 1803”, Revista de estudios histórico-jurídicos, 26, pp. 553-559. http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552004002600018

[23] Téllez, Eduardo, Silva, Osvaldo, Carrier, Alain y Rojas, Valeska (2011), “El tratado de Tapihue entre ciertos linajes mapuches y el gobierno de chile [1825]”, Cuadernos de historia (Santiago), nº 35, pp. 169-190.

[24] Pacheco, Juan (2012), “Los mapuches: cambio social y asimilación de una sociedad sin Estado”, Espiral (Guadalajara), vol. 19, nº 53, pp. 183-218. En línea: http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652012000100007&lng= es&tlng= es [Consulta: 14-02-2022].

[25] Bengoa, José (1996), Historia del pueblo mapuche (siglos XIX y XX). Santiago, SUR. Boccara, Guillaume (2008), Los vencedores. Historia del pueblo mapuche en la época colonial, Santiago de Chile: Universidad de Chile/Universidad Católica del Norte/ Línea Editorial HAM. León Solís, Leonardo; Luis Carlos; Parentini Gayani; Patricio Herrera González y Sergio Villalobos Rivera (2003), Araucanía: la frontera mestiza, siglo XIX. Santiago, UCSH.

[26] Norambuena, Carmen (1998), “La Araucanía y el proyecto modernizador de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Éxito o fracaso?”, en Pinto, Julio (ed.). Modernización, inmigración y mundo indígena, Temuco, Universidad de la Frontera, pp. 227-257.

[27] Meza-Lopehandía, Matías (2015), “Antecedentes históricos del conflicto territorial en el sur de Chile”, Biblioteca del Congreso Nacional. https://www.bcn.cl/asesoriasparlamentarias/detalle _documento.html?id=27458, p. 5

[28] Bengoa, José (1996), Historia del pueblo mapuche (siglos XIX y XX), Santiago, SUR. Pinto Rodríguez, Jorge (2002), La formación del estado y la nación, y el pueblo mapuche de la inclusión a la exclusión, Santiago, DIBAM/Centro de investigaciones Diego Barros Arana.

[29] Bengoa, José, 1996, Ob. Cit.

[30] Comisión Central del Censo, (1907). Memoria presentada al supremo gobierno, pp. 1315.

[31] Melin, Miguel.; Mansilla, Pablo. y Royo, Manuela (2017), Mapu Chillkantukun Zugu: Descolonizando el Mapa del Wallmapu, Construyendo Cartografía Cultural en Territorio Mapuche, Nueva Imperial, Pu Lof Editores.

[32] Mariman, Pablo (2006), “Los mapuche antes de la conquista militar chileno-argentina”, en Marimán, Pablo; Caniqueo, Sergio; Levil, Rodrigo y Millalen, José (eds.), Escucha Winka, Santiago, LOM Ediciones, p. 121.

[33] Sabemos, por ejemplo, del rol del mendocino Manuel de Olascoaga como enlace entre los ejércitos de Roca y de Cornelio Saavedra.

[34] Somos conscientes de las dificultades de captar procesos identitarios a través de herramientas censales. En la Argentina hay una larga historia respecto de cómo se delinearon distintas categorías censales, que en muchas ocasiones produjeron la invisibilización de vastos sectores de población afrodescendiente o indígena. Ver Otero, Hernán (1998), “Estadística censal y construcción de la Nación. El caso argentino, 1869-1914”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, tercera serie, nº 16-17. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Trinchero, Héctor Hugo (2010), “Los pueblos originarios en Argentina. Representaciones para una caracterización problemática”, Cultura y representaciones sociales, 4 (8), pp. 111-139. Recuperado en 15 de febrero de 2022, de http://www.scielo.org. mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102010000100111&lng=es&tlng=es Asimismo, nuevos procesos que tuvieron lugar en los últimos diez y quince años permiten hipotetizar que el número de personas que se autoadscribe indígena posiblemente aumente en el próximo censo, que debería haberse realizado en 2020 pero se postergó debido a la pandemia de SARS-COV19.

[35] Como ejemplos podemos pensar en Bariloche, en la cordillera rionegrina, o en las atlánticas Trelew y Viedma, capitales provinciales de Chubut y Río Negro, respectivamente.          

[36] Kropff, Laura (2005), “Activismo mapuche en Argentina: trayectoria histórica y nuevas propuestas”, Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos Aires, CLACSO. Lenton, Diana (2014), “Memorias y silencios en torno a la trayectoria de dirigentes indígenas en tiempos represivos”, TEFROS, vol. 12, nº 2, Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto.

[37] INE (2018), Síntesis resultados Censo 2017 Instituto Nacional de Estadísticas Junio / 2018 https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf

[38] Faron, Louis (1969), Los mapuches, su estructura social, Instituto Indigenista Interamericano, México. Stuchlik, Milan [1976] (1999), La vida en mediería, Santiago, Soles Ediciones.

[39] Basualdo, Eduardo (2020), Endeudar y fugar, Buenos Aires, Siglo XXI.

[40] Durante diez años el peso argentino y el dólar estadounidense habían mantenido una paridad cambiaria de 1 a 1 establecida legalmente, sin que el desarrollo de la economía argentina justificara tal equivalencia. La diferencia entre los tipos de cambio se financió con deuda externa y venta de activos estatales. Cuando en 2002 se eliminó la convertibilidad, el tipo de cambio se estableció rápidamente en 3 a 1, comenzando una suba progresiva que continúa actualmente.

[41] Un caso emblemático es el Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) la mayor empresa petrolera del país. Privatizada entre 1991 y 1992, fue adquirida en 1999 por la española REPSOL y reestatizada (como empresa mixta, o sea, se reestatizó el 51% de las acciones, no la totalidad de las mismas) en 2012. REPSOL entregó una empresa en la que había desinvertido, aprovechando las reservas descubiertas y acumuladas en los años previos, pero con una producción a la baja. El Estado argentino tuvo que encargarse de las inversiones para que la que empresa siguiera siendo viable tras veinte años de administración particular.

[42] Ferrer, Aldo (2011), “Los problemas fundacionales y la densidad nacional”, Revista de ciencias sociales, 3(19), pp. 7-24. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes. http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807 /1510

[43] Pucciarelli, Alfredo (1999), “¿Crisis o decadencia? Hipótesis sobre el significado histórico de algunas transformaciones recientes de la sociedad argentina”, Estudios sociológicos, vol. 17, nº 49. El Colegio de México. Iñigo Carrera, Nicolás; Podestá, Jorge; y Cotarelo, María Celia (1999), “Las estructuras económico-sociales concretas que constituyen la formación económica de la sociedad argentina”, Pimsa. Documentos y Comunicaciones, nº 18.

[44] Chonchol, Jaques (2017), “Reforma Agraria. La revolución chilena en el campo”, en Reforma agraria. Santiago, Editorial Aún Creemos en los Sueños, p. 50.

[45] Correa, Martín., Molina, Raúl. y Yáñez, Nancy, 2005, Ob. Cit.

[46] Montalba Navarro, René. y Carrasco Henríquez, Noelia (2005), “¿Desarrollo sostenible o eco-etnocidio? El proceso de expansión forestal en territorio mapuche-nalche de Chile”, Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, nº 4, pp. 101-133.

[47] Comisión Rettig (1991), Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago: Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Comisión Valech I (2004), Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Disponible en: http://www.bcn.cl/bibliodigital /dhisto/lfs/Informe.pdf. Comisión Valech II (2011). Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Disponible en: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2011/10/Informe2011.pdf

[48] Cayuqueo, Pedro (2011), “Nómina de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Pueblo Mapuche, Azkintuwe. http://www.azkintuwe.org/20110911_006.htm. Consulta: setiembre 9 de 2011,

[49] Chiappe, Carlos (2016), “La ley n° 17.729. Desarrollo e integración del sujeto indígena en una época de polarización política (Chile, 1972), Revista Historia y Justicia [En línea], 7. http://journals.openedition.org/rhj/755; DOI: https://doi.org/10.4000/rhj.755. Consultado el 24 septiembre 2021.

[50] Levil, Rodrigo (2006), “Sociedad Mapuche Contemporánea”, en Marimán, Pablo; Caniqueo, Sergio; Levil, Rodrigo y Millalen, José (eds.), Escucha Winka, Santiago, LOM Ediciones, pp. 219-252.

[51] Lenton, Diana (2014), “Memorias y silencios en torno a la trayectoria de dirigentes indígenas en tiempos represivos”, TEFROS, vol. 12, nº 2, pp. 190-211.

[52] Ver Radovitch, Juan Carlos (2014), “Política indígena y movimientos etnopolíticos en la Argentina contemporánea. Una aproximación desde la antropología social”, Antropologías del Sur, nº 1, pp. 133-145. Y el peregrinaje de los “asuntos indígenas” desde el Ministerio de Guerra (en el siglo XIX) hasta el INAI, pasando por la Cancillería y la Promoción Social.

[53] Schiaffini, Hernan (2021), El nudo comunal. Territorio, confrontaciones y comunidad mapuche en el noroeste del Chubut. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

[54] Escolar, Diego (2007), Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpes y modos de producción de soberanía en Argentina, Buenos Aires, Prometeo.

[55] Marimán, José (2012), Autodeterminación. Ideas políticas en el albor del siglo XXI, Santiago, Lom Ediciones.

[56] Marimán, José, 2012, Ob. Cit.

[57] Comité Editor (27 de abril de 2017) “Servel disolvió seis partidos políticos por no cumplir con refichaje”. https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/servel-disolvio-seis-partidos-po liticos-por-no-cumplir-con-refichaje/2017-04-27/132717.html Radio Cooperativa, Consultado el 15 de enero de 2023

[58] González, Karinna (2017), “¡Liberar, liberar al mapuche por luchar!”, Activismo, derechos humanos y prisión política mapuche en Chile”, e-cadernos CES, 28. http://journals. openedition.org/eces/2628; DOI: https://doi.org/10.4000/eces.2628 Consultado a 24 septiembre 2021.

[59] Rojas Pedemonte, Nicolás, Lobos, Constanza y Soto, David (2020), De la Operación Huracán al Comando Jungla anuario del conflicto en territorio mapuche, 2018, Santiago, Universidad Alberto Hurtado.

[60] Hermosilla, Ignacio (13 octubre de 2021) “Estado de Excepción ya rige en Macrozona Sur tras publicarse decreto en el Diario Oficial”. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/10/13/estado-de-excepcion-ya-rige-en-macrozona-sur-tras-publicarse-decreto-en-el-diario-oficial.shtml Radio Bío-Bío. Consultado el 15 de enero de 2023.

[61] Recordemos que en la década de 1990 el presidente Menem afirmó que “no había indios en la Argentina”. Hace poco el actual presidente Fernández ha repetido que los argentinos “descienden de los barcos”. 

[62] Muzzopappa, Eva y Ramos, Ana Margarita (2017), “Una etnografía itinerante sobre el terrorismo en Argentina: paradas, trayectorias y disputas”, Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología, nº 29. Doi: https://dx.doi.org/10.7440/antipoda29.2017.06

[63] Delrio, Walter (2018), “La lucha de los mapuches y sus estereotipos”, Nueva Sociedad. https://www.nuso.org/articulo/la-lucha-de-los-mapuches-y-sus-estereotipos/

[64] https://www.youtube.com/watch?v=OzmDuvjz4rU Consultado el 23 de diciembre de 2022.

[65] Se refiere a la disputa territorial que Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen mantiene con la Compañía de Tierras del Sud Argentino, una empresa agropecuaria del del holging Edizione, de la familia Benetton. desde 2015. En ese predio desapareció Santiago Maldonado en 2017. 

[66] Urzua, José y Calderón, Matías (2020), “Economía moral y estallido social: no son 30 pesos, son 30 años. La crisis del neoliberalismo en Chile”, Antropologías del Sur, vol. 7, nº 14, pp. 283-298. https://doi.org/10.25074/rantros.v7i14.1821

[67] Llantén, Catalina (7 de febrero de 2020), “Tótems indígenas en Plaza Dignidad: La lucha por la autonomía y reconocimiento de los pueblos originarios”, https://www.theclinic.cl/2020/02/07/totems-indigenas-en-plaza-dignidad-la-lucha-por-la-autonomia-y-reconocimiento-de-los-pueblos-originarios/  The Clinic. Consultado el 15 de enero de 2023.

[68] Quiroz, Nelson (15 de septiembre de 2022), “Tricel proclama resultados oficiales del Plebiscito Constitucional: instancia contó con la participación del Presidente Boric”, https://www.adnradio.cl/nacional/2022/09/15/tricel-proclama-resultados-oficiales-del-plebiscito-constitucional-instancia-conto-participacion-del-presidente-boric.html, ADN Radio Chile, Consultado el 15 de enero de 2023.

[69] Palma, Natalia (11 de enero 2023), “Congreso Nacional despacha a ley reforma que habilita nuevo proceso constituyente”, https://radio.uchile.cl/2023/01/11/congreso-nacional-despacha-a-ley-reforma-que-habilita-nuevo-proceso-constituyente/ Radio Universidad de Chile. Consultado el 15 de enero de 2023.