Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol. 33, Nº 1, Julio –
Diciembre 2022
Esta obra está bajo licencia
de Creative Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
COVID-19, Inequidad y
Necropolitica en Brasil;
el primer año de la
pandemia
COVID-19, Inequity and Necropolitics in Brazil;
the first year of the pandemic[1]
Marcos Cueto
Casa
de Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
macos.cueto@fiocruz.br
Fecha de ingreso: 02/03/2022.
Fecha de aceptación: 15/07/2022
Resumen
Este artículo analiza las
respuestas del gobierno de Jair Bolsonaro a la COVID-19 durante el primer año
de pandemia en Brasil (marzo de 2020 a febrero de 2021). El argumento central
es que las políticas oficiales autoritarias e irracionales fueron la etapa
final de un ciclo histórico marcado por la desigualdad social y un caso de
necropolítica, un concepto diseñado por Achille Mbembe para explicar la
soberanía del Estado en decidir la muerte y la vida. La necropolítica
bolsonarista significó la banalización de la muerte de los pobres y los
discriminados, como los afrobrasileños y los indígenas de la Amazonia, la
destrucción del diálogo entre la sociedad civil y el Estado, así como la
transferencia de poder del Ministerio de Salud al gobierno central. Estas
características fueron parte de un esfuerzo de intimidación de la población
ante el poder y hacer que los pobres acepten que las enfermedades son el
resultado de una fatalidad impredecible.
Palabras clave: COVID-19,
Brasil, Necropolitica, Bolsonaro, Historia
Abstract
This article
analyzes the responses of the Jair Bolsonaro government to COVID-19 during the
first year of the pandemic in Brazil (March 2020 to February 2021). The central
argument is that in the authoritarian and irrational official policies were the
final stage of an historical period marked by social inequality and a case of
necropolitics, a concept designed by Achille Mbembe to explain the sovereignty
of the State in deciding death and life. Bolsonaro´s necropolitics meant the
trivialization of the death of the poor and the discriminated, such as Afro-Brazilians
and the indigenous people of the Amazon, the destruction of dialogue between
civil society and the State, as well as the transfer of power from the Ministry
of Health to the central government. These characteristics were part of an
effort to intimidate the population and make the poor accept that preventable
diseases are the result of an unpredictable fatality.
Key Words: COVID-19,
Brazil, Necropolitics, Bolsonaro, History
Introducción
A pocos meses de iniciada, la pandemia de COVID-19 generó
en Brasil una narrativa de una calamidad desatendida por el gobierno central
que reveló problemas estructurales de la salud pública, de la sociedad y la
política, y colocó a todos al borde del abismo[2]. El
propósito de este artículo es describir las respuestas gubernamentales del
primer año de la crisis sanitaria y política y analizar un concepto usado para
entenderlas: la necropolítica del presidente brasileño Jair Bolsonaro (electo a
fines de 2018). Según este concepto —originalmente acuñado por el filósofo de
Camerún Achille Mbembe—, el Estado neoliberal, radicalizó su soberanía o
capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de individuos y grupos de la
población. Es decir, la justificación del Estado ya no reside en la promesa de
generar mejores condiciones de vida, como en anteriores versiones decimonónicas
y de comienzos del siglo XX de los estados liberales[3]. El
argumento central de este artículo es que el concepto permite comprender la práctica oficial en
la crisis sanitaria brasileña. No pretendo proporcionar una historia de la
pandemia en Brasil. El estudio histórico que requiere el coronavirus solo será
posible en unos años. En este momento, los historiadores estamos esbozando
patrones, aportando pistas, archivando registros y debatiendo reflexiones que
ojalá sirvan para el futuro.
Los historiadores brasileños que contextualizaron
la pandemia, hicieron comparaciones con epidemias del pasado y evidenciaron
cómo estas magnifican la relación entre ciencia y política, así como los vínculos
entre la salud y las desigualdades sociales[4]. Otras
epidemias —como al comienzo parecía el coronavirus— aparentaban ser grandes
ecualizadores sociales porque inicialmente afectaban a todos los estratos de la
sociedad, pero después de unos meses fue evidente la importancia de las
disparidades sociales que hacían que las personas pobres fuesen las más
vulnerables. Asimismo, durante la pandemia también se han revitalizado valiosas
perspectivas como la historia del Tiempo Presente según la cual los historiadores
crean y recrean sus propias fronteras entre el pasado y la actualidad.
Cultivada en Brasil desde la década de 1980, la gran mayoría de los estudios
sobre la historia de la salud brasileña se limitaban a la década de 1930,
cuando se formaron los primeros institutos nacionales de investigación médica y
se regularon las cuarentenas marítimas. Los supuestos de este límite fueron que
eventos de décadas posteriores no serían inteligibles para el historiador
porque no existían registros en archivos; siendo estos periodos recientes mejor
explicados por sociólogos, antropólogos o politólogos. Algo empezó a cambiar a
comienzos del siglo XXI, cuando esa frontera se estableció en los años ochenta,
cuando hubo una redemocratización del país y se creó un sistema nacional de
salud conocido como Sistema Único de
Saúde (SUS). Sin embargo, con la pandemia esta frontera se ha recolocado
en la vida contemporánea confirmado ideas de los cultores de la historia del
Tiempo Presente como que es inevitable que los investigadores sean subjetivos y
emitan juicios de valor en sus temas de estudio[5]. Así, la
pandemia de COVID-19 ha sido pertinente para discutir un tema recurrente del
Tiempo Presente: los pasados que no pasan o la
incapacidad de sostener los ciclos de progreso en el Brasil[6]. Es decir,
la relevancia de una mirada histórica a la pandemia no solo se debe a su
proximidad cronológica, sino también al enfrentamiento de viejos problemas que
se actualizan. Uno de estos es una noción de declive que ha rondado muchas
narrativas de Brasil. Sin embargo es importante acotar que el estudio de temas
contemporáneos presenta varios desafíos a los historiadores acostumbrados a
trabajar principalmente en archivo y en alguna medida con entrevistas orales.
Por ejemplo buena parte de las fuentes—como las de este articulo—son documentos
de internet, trabajos en revistas académicas centradas en actividades actuales
de la salud pública y las ciencias sociales, artículos periodísticos y
documentos de la así llamada literatura “gris” (es decir que fueron publicados
pero solo circularon limitadamente). Es decir son fuentes que muchos
historiadores considerarían secundarias porque no permiten ver los entretelones
de todas las decisiones políticas y comprobar la corrupción en compra de
medicamentos, equipos médicos y vacunas o el subregistro de muertes. Aunque es
verdad que solo podremos abordar esos y otros temas con el tiempo; este trabajo
es una reivindicación de la capacidad de la historia de hacer reflexiones sobre
el presente así no sea una interpretación definitiva.
La epidemia y su contexto
La emergencia sanitaria producto de la COVID-19
sugiere la idea de que Brasil se encuentra en la etapa de declive de un periodo
histórico que se inició hacia 1985, con la redemocratización política que acabó
con los regímenes militares iniciados en 1964. Este periodo disfrutó de la
estabilización política y el crecimiento económico -- gracias al
alto precio de las exportaciones de sus materias primas—, que se consolidó a
inicios de la década de 1990 y llegaron a su ápice entre 2001 y 2003 (cuando el
programa de Sida en el Brasil fue celebrado internacionalmente y fue elegido el
gobierno centroizquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de
los Trabajadores, PT)[7]. En esos
años, con avances y retrocesos, confluyeron las nociones de que la salud
constituye un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado[8]. Durante el
auge de este ciclo se implementaron programas de transferencia condicionada de
ingresos para reducir la pobreza y mejorar la salud de la población; por
ejemplo, Bolsa Família, en 2003, que daba un subsidio para que las
familias menos favorecidas mantengan a sus hijos vacunados y escolarizados. Fue
también un periodo que coincidió con un proceso transnacional denominado globalización
–la aceleración del intercambio de bienes, noticias, personas e inversiones
capitalistas- en el que los gobiernos neoliberales de centro así como social
demócratas y programas sociales limitados implementados en agencias
multilaterales hicieron avances en la reducción de la pobreza extrema y el
control las principales epidemias que asolaban al mundo en desarrollo como la
malaria, la tuberculosis y el sida.
Sin embargo, desde mediados de la segunda década
del siglo XXI Brasil está atrapado en la decadencia de este ciclo y buena parte
del resto del mundo ha ingresado progresivamente a un proceso de
desglobalización y reducción de los programas sociales de agencias
multilaterales[9]. En la
secuela de la crisis financiera global de 2008, que llevó al fin de la bonanza
de las exportaciones brasileñas, se produjeron las manifestaciones populares de
junio de 2013 contra el pasaje urbano y la corrupción, el juicio político en
2016 a la presidenta Dilma Rousseff que lideraba el gobierno de izquierda del
PT, y la posterior detención por 19 meses de Lula por cargos de corrupción
pasiva —imposibilitando que fuera candidato en las elecciones presidenciales de
2018. Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, quien
alimentó las ideas, que se revelaron ineficaces, de que la crisis económica se
resolvería reduciendo los derechos sociales de los trabajadores, limitando los
gastos públicos por dos décadas (lo que socavó los programas de salud), y
reduciendo la pensión de los retirados; junto a ello, promovió la propuesta
—frustrada— de un programa de cobertura universal de salud como un paquete
reducido de servicios médicos que reemplazase el SUS. A fines de 2018 ganó las
elecciones Bolsonaro, quien nombró como ministro de Justicia al principal juez
del proceso contra Lula, terminó con el ejemplar programa contra el Sida así
como con otros programas sociales y continuó las políticas económicas
neoliberales de Temer. Su política de Estado incluyó también la búsqueda de
privatizaciones, la reducción del papel del Estado al mínimo y el
favorecimiento de las organizaciones privadas sociales de salud (OSS) que
gerenciaban algunos servicios del SUS[10].
La epidemia debe ser entendida en el contexto de
caída de ese ciclo histórico y de desmantelamiento de servicios
gubernamentales. En realidad, no se trata solamente del fin de una etapa. La
pandemia iluminó contradicciones que existieron desde tiempo atrás pero que no
tuvieron inicialmente mucha visibilidad. Se evidenció así la persistencia de
una aguda desigualdad social y del racismo estructural, junto con las
insuficientes mejoras de las condiciones de vida y salud de la mayoría de la
población y las frágiles bases del sistema democrático que reconocía la
importancia del diálogo político, pero que alentaba el clientelismo y la
corrupción. Frágiles también porque la democracia política era llamada a
funcionar en una sociedad donde la intolerancia a la crítica al poder y la
discriminación por género y factores étnicos-raciales se alimentaban del
crecimiento de la Iglesias evangélicas más conservadoras y de la violencia.
Muchas de estas iglesias adecuaron su discurso al neoliberalismo para
considerar el alcoholismo y la homosexualidad como pecados cuyos únicos
“responsables” eran los individuos (así como el neoliberalismo culpaba a los
pobres de la pobreza). Asimismo, el racismo y autoritarismo que aumentaban con
grupos paramilitares urbanos conocidos como milicias. Es importante explicar
que las milicias son formadas por exmilitares y policías
retirados—frecuentemente con el apoyo de los activos-- quienes, inspirados en
escuadrones de ajusticiamiento para eliminar a criminales que se hicieron
comunes en los años sesenta, son poderosos en Río de Janeiro donde disputan con
los narcotraficantes el control de las favelas, ofreciendo servicios básicos
que deberían ser brindados por el Estado y se alían a políticos como Bolsonaro
(un excapitán del ejercito).
Asimismo, a pesar de esfuerzos que se remontan a
los años ochenta, la pobreza no se redujo en la magnitud deseada, a pesar del
desarrollo económico y de programas explícitos de alivio de la pobreza[11]. Otros
ejemplos de las contradicciones de este ciclo fueron las siguientes: el SUS,
que aspiraba a la universalidad, integralidad y equidad, resistió los intentos
de privatización, pero tuvo que convivir con un cada vez más importante sector
de seguros de salud y médicos privados. Además, la efectividad del SUS estaba constreñida
con la persistencia de serios problemas en el saneamiento básico como el acceso
al agua, desagüe y electricidad. Si bien la salud pública, es decir la
administrada por el Estado, fue considerada un derecho ciudadano en la
Constitución aprobada en 1988 cuando soplaban vientos democráticos, se
consolidó posteriormente la existencia de dos formas de practicarla: una salud
pública, de escasos recursos dirigida para los pobres, que considera la salud
como un bien público, y la otra privada –eufemísticamente llamada
“suplementar”—, con buenos recursos económicos que concibe la salud como una
mercancía y que fue utilizada por las clases medias y altas[12]. Por otro
lado, a pesar que la Constitución de 1988 garantizó a los pueblos indígenas el
derecho exclusivo del uso de las tierras que ocupaban en las que no debían
realizarse incursiones de grandes empresas que deteriorarían el medio ambiente;
la demarcación de estos territorios demoro varios años (y continuaba hasta el
siglo XXI) y nunca fue completa por la presión de varios actores políticos y
económicos interesados en explotar las riquezas naturales de la Amazonía. Estas
contradicciones sugieren las limitaciones que tuvo la estrategia del gobierno
de centroderecha de Fernando Henrique Cardoso (que gobernó dos periodos entre
1995 y 2002) y las administraciones de centroizquierda de Lula y Rousseff (del
periodo 2003-2016). A pesar de sus diferencias, estos tuvieron un discurso
retórico que reconocía las aspiraciones de salud para todos y la protección de las
comunidades indígenas de la Amazonia, pero lo transformaban en ideales
distantes. Por ello, algunos historiadores consideran que la salud pública y la
protección del medio ambiente y sus habitantes formaba parte de una cultura de
sobrevivencia y tenía una función paliativa; una solución temporal para aliviar
emergencias[13].
El trabajo del SUS ya era complicado antes de la
pandemia porque la pobreza creció un 33% entre 2015 y 2018. En 2018 había 23,3
millones de personas (en la población nacional de poco más de 211 millones de
habitantes) que vivían por debajo del umbral de pobreza, es decir, con un
ingreso de alrededor de 50 dólares al mes; el desempleo y subempleo impactó al
40% de la población laboral nacional, afectando especialmente a la población
negra de las ciudades (más del 50% de habitantes se definió como negra, una
categoría que incluía negros y pardos; una categoría brasileña para
denominar a personas mestizas generalmente de ascendencia afroamericana). La
falta de saneamiento básico, fundamental para la prevención del coronavirus,
fue más allá de los barrios marginales urbanos y las zonas rurales menos
favorecidas. También en 2018, más de 26 millones de brasileños que vivían en
áreas urbanas no tenían acceso a agua potable y muchas personas debían caminar
más de una hora al día para conseguir agua. Finalmente, un indicador dramático
que tuvo un impacto en el calendario de vacunación —que comenzó, como en otros
países, por los ancianos—, fue que la esperanza de vida promedio nacional era
de 68 años, pero en las favelas era de solo 48 años[14].
Según el Banco Mundial, en 2020 aproximadamente la
mitad de la población de Brasil sobrevivía en la pobreza (definida por un
ingreso menor a 5,50 dólares por día) y el país se encaminaba a una recesión[15]. Un artículo
en una revista médica internacional publicado a mediados de ese año
analizó datos de edad, sexo, etnia, comorbilidades (enfermedades presentes como
obesidad, diabetes, asma y otras), así como ubicación geográfica de 11.321
pacientes en hospitales
públicos y privados de Brasil; de esta forma, llegó a la
conclusión de que ser negro o pardo era el segundo factor de riesgo más
importante en la mortalidad por COVID-19 después de la edad (y las personas de
estas razas morían proporcionalmente casi el doble que las blancas)[16]. A
comienzos de 2021, Oxfam resumió la intersección entre la COVID-19 y la
desigualdad en un informe titulado el “Virus de la desigualdad” que señaló que
las disparidades de ingresos, de género y las diferencias étnicas aumentarían
en Brasil porque los pobres estaban sufriendo de manera desproporcionada el
coronavirus[17]. Oxfam
también informó que entre marzo y diciembre de 2020, 41 multimillonarios
brasileños aumentaron sus fortunas en más de 52.000 millones de dólares, no obstante,
para las personas más pobres del país, la recuperación financiera a niveles
prepandémicos podría llevar varios años. Si lo anterior minó las posibilidades
de resistir al COVID-19, las acciones y declaraciones de Bolsonaro agravaron la
epidemia.
Bolsonaro y resistencias a su negligencia
Cuando explotó el coronavirus en Wuhan en enero de
2020 y se informó el primer caso de COVID-19 en Brasil a fines de febrero en un
viajero paulista que regresaba de Italia, no se levantó ninguna alarma oficial
en un país con un sistema de vigilancia epidemiológica debilitado por los
recortes presupuestarios de años anteriores. La sorpresa de la pandemia y la
fragilidad de las instituciones sanitarias permitió que predominara la
impasibilidad de Bolsonaro ante el peligro. El 7 de marzo, el presidente
brasileño visitó a Donald Trump en Palm Beach, Florida; posteriormente, más de
veinte miembros de su comitiva dieron positivo al coronavirus, pero Bolsonaro
no se aisló[18]. La
debilidad institucional y la indolencia gubernamental se conjugaron en
insensibilizar al país ante noticias del exterior como la indiferencia hacia
decisión del 11 de marzo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
clasificó a la COVID-19 como una pandemia. Hubo, a pesar de las dificultades, una
resistencia al poder desde fines de ese mes cuando los 27 estados habían
presentado casos que en total superaban los 2000, con 80 fallecidos. La
principal sociedad de salubristas, conocida como Abrasco (Asociación Brasilera
de Salud Colectiva), exigió para las favelas más trabajadores de salud,
exención de facturas de agua, luz y teléfono, distribución de alimentos y kits de higiene, campañas de lavado de
manos y mascarillas y la implementación de un programa masivo de exámenes y
vigilancia de contactos de los infectados.
Bolsonaro despreció los consejos médicos,
ridiculizó el distanciamiento social, alentó a la gente a volver al trabajo y a
reunirse en manifestaciones en su favor e inició un rosario de declaraciones
bizarras y chocantes; por ejemplo, dijo que la COVID-19 era una gripezinha
y afirmó que los brasileños eran naturalmente inmunes a los virus, ya que “no
pasa nada” cuando nadan en las alcantarillas[19]. Según el
presidente del país, el confinamiento era peor que el propio virus porque el
desempleo producía escasez de alimentos, violencia doméstica y suicidios. Fue
apoyado por compañías comerciales, iglesias evangélicas conservadoras y
milicianos, quienes eran de los pocos sectores beneficiados por el declive del
ciclo expansivo y quienes estaban preocupados de que sus actividades fueran
interrumpidas por medidas de cuarentena[20]. Como
resultado de la debilidad de los organismos sanitarios centrales, la
fragmentación de la oposición a Bolsonaro y la presión del gobierno central, una
buena parte de los gobernadores y alcaldes dispuestos a seguir el ejemplo de
las cuarentenas europeas se intimidaron y solamente implementaron
confinamientos limitados.
En abril, cuando la OMS reportó más de un millón de
casos de COVID-19 en todo el mundo, el presidente brasileño pareció ceder a la
presión y promovió brevemente una cuarentena “vertical”: solamente los ancianos
y las personas con comorbilidades estarían confinados. Supuestamente para
Bolsonaro esto era más eficaz que una cuarentena que denominaba “horizontal”,
practicada en Europa, y deslizó la idea de que las vidas de estas personas
valían menos. Sin embargo, no estuvo solo en su disparate conocido como “la
inmunidad de rebaño” que implicaba una tasa de mortalidad de alrededor del 1
por ciento de la población y 70 por ciento de infectados como los objetivos (lo
que implicaba al menos 1,4 millones de muertes en Brasil). En consonancia con
el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el gobierno de Suecia,
quienes inicialmente no cerraron fronteras ni escuelas ni restaurantes,
Bolsonaro argumentó que lo mejor era lograr la “inmunidad colectiva” lo antes
posible, promoviendo una contaminación generalizada. Un artículo publicado en
una prestigiosa revista norteamericana lo criticó por la “(no) gobernanza de
COVID-19” y lo acusó de ser uno de los peores casos internacionales de
“populismo médico”, sugiriendo que las repuestas oficiales se regían por la
negligencia[21]. Algo
parecido decían voces locales como las de las asociaciones de secretarios
estatales de salud, de abogados brasileños, de periodistas y los exministros
del sector que criticaron duramente la respuesta de Bolsonaro por la pésima
gestión de la crisis. Entonces, surgió la figura del empresario João Doria,
gobernador del rico estado de São Paulo, quien se presentaba como un buen
administrador y estaba interesado en postular a las elecciones presidenciales
de 2022 como candidato del partido de centro-derecha del que había sido
presidente Cardoso, compitiendo con su antiguo aliado Bolsonaro. Doria exigió
mayor coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales;
además, promovió el uso de máscaras e impuso restricciones a las aglomeraciones
en el estado más populoso del país. Para Bolsonaro, la prioridad era detener
las ambiciones políticas de Doria y acusarlo —así como a China— de ser
responsable de la tragedia sanitaria. Bolsonaro acusó a las cuarentenas de
provocar una recesión y recurrió a la xenofobia para acusar a China de propagar
intencionalmente la pandemia, ignorando investigaciones que mostraron que la
mayoría de los casos de COVID-19 entre los brasileños se originaron en Italia,
y solo una pequeña fracción estaba vinculada a China[22]. A pesar de
ello, cuando voluntarios donaron alimentos y equipo de protección en una favela
de São Paulo, 30% de las personas rechazaron las máscaras porque “venían de
China y estaban infectadas con el virus”.
A lo anterior se agregó una obsesión —más política
que científica— de Bolsonaro con el medicamento antimalárico cloroquina a pesar
de todas las pruebas científicas en contrario (en realidad promovió dos
medicamentos similares: la cloroquina y la menos tóxica hidroxicloroquina). Fue
un hecho político porque confirmaba el único asunto de política exterior que
había sido consistente durante su gobierno: su admiración por el presidente
Donald Trump. De cualquier manera, es importante notar que los médicos cooptados
por Bolsonaro sostuvieron que estudios in
vitro demostraban que la droga mataba el coronavirus y mostraban evidencia
clínica anecdótica (es decir no estudios clínicos masivos) que indicaba que la
droga funcionaba contra el coronavirus y que no había tiempo para ensayos
clínicos reales[23]. Otra
motivación política de la promoción de la cloroquina fue que la medicina era
una alternativa al confinamiento social, ya que las personas que tomaban la
droga podían seguir con su vida laboral. Además, su glorificación aseguraba la
lealtad ciega de sus seguidores ante las acusaciones de negligencia —algo
importante para quien llegó a llamarse “comandante” del país cuyas órdenes no
podían ser cuestionadas—[24]. La
cloroquina fue presentada entonces como una medicina milagrosa que no requería
de mayores explicaciones, lo que fue especialmente celebrado por los
evangélicos que diseminaban una imagen mesiánica del presidente. También el
discurso bolsonarista de la cloroquina sirvió para desviar la atención de las
investigaciones sobre la participación de los hijos de Bolsonaro en el
financiamiento de noticias falsas y el desvío de fondos públicos, así como para
estimular la ira de sus simpatizantes contra quienes consideraban sus enemigos:
los periodistas y el Tribunal Supremo Federal, la más importante corte del país
relacionada con esas investigaciones. La obsesión con la cloroquina acentuó la
importancia de una “bala de plata”, expresión usada para describir la confianza
exagerada en una tecnología dirigida a controlar epidemias sin modificar los
factores sociales que alimentan las enfermedades; ello se ha empleado en muchas
campañas sanitarias, como por ejemplo los insecticidas usados para eliminar los
mosquitos del dengue, cuya estrategia mostró poca atención por mejorar el empleo
de agua en las favelas.
En dicho contexto, el negacionismo científico
alimentó la erosión del diálogo democrático en todos los niveles. Como
resultado, los científicos brasileños que cuestionaron la droga por su
irrelevancia o toxicidad fueron perseguidos, amenazados y hasta se les abrió
investigaciones legales. Cuando dos ministros de salud —los médicos Luiz
Henrique Mandetta y Nelson Teich— recomendaron más estudios antes de aconsejar
el uso del medicamento, tuvieron que dejar el gobierno, el 16 de abril y el 15
de mayo de 2020, respectivamente[25]. Poco
después de la renuncia de Teich, a menos de un mes de su nombramiento,
Bolsonaro designó como ministro del sector al general del Ejército Eduardo
Pazuello —sin experiencia en salud— y envió oficiales militares a altos cargos
para reemplazar a epidemiólogos y sanitaristas con el fin de que cumplan sus
órdenes sin dudas ni murmuraciones. Entonces, el número de casos confirmados en
Brasil superó la cifra de un millón. Estos nombramientos dentro del Ministerio
de Salud fortalecieron el intento de Bolsonaro por militarizar el gobierno y
transferir el poder real del Ministerio al gobierno central. Pazuello hizo de
la cloroquina —bautizada como “tratamiento precoz”— la principal medida oficial
y ayudó a presionar a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa),
para que autorizara la cloroquina como tratamiento para la COVID-19; junto a
ello, se abolieron los impuestos para la importación de cloroquina y se ordenó
al laboratorio del Ejército producir más de un millón de tabletas de cloroquina
en pocas semanas (un aumento notable si se consideran las 250.000 tabletas
elaboradas en 2019). Junto a la cloroquina otros medicamentos sin eficacia
contra el coronavirus, como la ivermectina, fueron promovidas como parte de un
kit distribuido por el gobierno. Todo lo anterior sugiere que atrás de la
cloroquina existió además de una motivación política elementos de corrupción[26].
Poco antes de que Brasil llegase en agosto a tres
millones de infecciones y 100.000 muertes, Bolsonaro intentó ocultar
información reclasificando las muertes por COVID-19 bajo otras causas y no
publicando las cifras acumuladas de coronavirus (solo se reportaban nuevos
casos diarios destacando la cantidad de personas recuperadas)[27]. El
Tribunal Supremo impidió el ocultamiento de la información después de unos días
de silencio oficial. Sin embargo, a pesar de la creación de un consorcio de
medios de comunicación privados para monitorear el coronavirus, se mantuvo un
subregistro porque los exámenes se reducían prácticamente a las personas que
llegaban a los hospitales[28]. El
Tribunal tuvo un intento fracasado de proteger a los 900.000 indígenas de la
Amazonia que ocupan aproximadamente el 13% del territorio nacional. Ello nunca
ocurrió porque antes de la pandemia Bolsonaro había reducido los servicios
sanitarios para la población indígena, desmantelado la legislación ambiental y
facilitando la deforestación y el saqueo de tierras indígenas por empresas de
ganaderos, agricultores, mineros y madereros[29]. Ello no
fue más que la implementación de las ideas de Bolsonaro expuestas antes de
llegar al poder que consideraban la Amazonia como un área desperdiciada
económicamente cuando prometió que no iría a demarcar “un centímetro” más de
tierra indígena, de su desprecio a las preocupaciones medioambientales
legalizando la minería en tierras protegidas de la Amazonia y su insistencia en
que los indígenas debían asimilarse a una economía de mercado o atenerse a las
consecuencias. Por ello, desde marzo de 2020 las comunidades indígenas se
protegieron a sí mismas mediante el aislamiento voluntario y denunciaron la
manipulación oficial de la pandemia para destruirlas[30]. En una
perspectiva parecida, Abrasco y trece organizaciones científicas, médicas y de
salud lanzaron el Frente pela Vida para censurar al gobierno. Por su
lado, la oficina en Brasil de Oxfam, junto al Instituto Brasileño de Protección
al Consumidor, demandó investigar las respuestas “criminales” del gobierno al
coronavirus. Estas iniciativas reflejaron no solo la resistencia al poder, sino
la transición del concepto de negligencia al de necropolítica para explicar las
acciones y omisiones del gobierno. La idea de una necropolítica brasileña no
fue respaldada por João Doria ni por los líderes de los partidos políticos de
derecha que se oponían a Bolsonaro, quienes prefirieron insistir en la
negligencia y la mala gestión, probablemente porque —como se explica en la
siguiente sección— la noción de necropolítica implicaba que la élite económica
era cómplice de la violencia contra los pobres.
Necropolítica a la brasileña
La palabra “necropolítica” era usada en
publicaciones brasileñas antes de la pandemia de COVID-19 (el libro de Mbembe fue traducido al portugués en 2018) para explicar
el racismo sistémico, la eliminación de los pobres en operativos policiales en
las favelas en la llamada guerra contra las drogas, el encarcelamiento masivo
de afrodescendientes, el exterminio de indígenas en la Amazonia y hasta para denunciar
el recorte del presupuesto del SUS. Empero, el término se generalizó con la
pandemia y adquirió cuatro significados relevantes para la historia de la salud[31]. En primer
lugar, la indiferencia con respecto a la desigualdad social y compromisos
mínimos del Estado para desplegar una vigilancia epidemiológica y proporcionar
equipos de protección para médicos y enfermeras, equipar los hospitales con
nuevas unidades de cuidados intensivos (UCI), la tolerancia al colapso de las
empresas de suministro de oxígeno y el ocultamiento de información sobre los
pobres. Así, el deterioro de las disparidades en las condiciones de vida, la
discriminación y el desmantelamiento de las instituciones de salud fue
explicado como deliberado. En segundo lugar, una decisión gubernamental sobre
quién debe vivir y quién debe morir en la pandemia. Esto se tradujo en el
deceso de un número importante de los más pobres, los ancianos, los grupos
étnicos discriminados, las personas privadas de su libertad, los individuos con
comorbilidades y los que viven en las calles. Ello incluyó la nefasta idea de
la inmunidad de rebaño; es decir, la tolerancia a una alta mortalidad (mayor a
la que acompañaría inevitablemente un confinamiento y el distanciamiento
social) con el pretexto de que así se construiría una inmunidad natural. En
tercer lugar, la necropolítica se asoció al autoritarismo. Eso se enmarcó en
los repetidos intentos de Bolsonaro para imponer la antipolítica a través del
negacionismo científico, el ataque a las organizaciones no gubernamentales
(ONG) de derechos humanos que destruyó el vínculo normal de relacionamiento
entre el gobierno y la sociedad y, sobre todo, la transformación de los
adversarios políticos en enemigos a ser destruidos. De esta manera se acentuó
el declive del ciclo histórico expansivo antes mencionado, porque los logros
sanitarios y sociales conseguidos en el pasado se dieron precisamente gracias a
coaliciones entre gobiernos y ONG, unidos a sanitaristas que reivindicaron la
ciencia y el debate democrático. Por último, la versión brasileña de la
necropolítica estableció un vínculo entre decisiones gubernamentales de imponer
la intimidación y el orden del terror con grupos paramilitares conocidos como
milicias que, según varias versiones, apoyaron la carrera política y la
elección presidencial de Bolsonaro y de por lo menos uno de sus hijos que es
senador (a cambio los Bolsonaro elogiaron y condecoraron a líderes milicianos)[32]. Los
miembros de las milicias jugaron un rol fundamental en la organización de las
frecuentes manifestaciones de Bolsonaro quien reveló su complicidad
desregulando el porte de armas en la población; una medida que sin duda los
favoreció. El crecimiento de las milicias —que desde 2019 dominan más de un
tercio de la población de la ciudad de Río de Janeiro— consolidó la creencia
popular acerca de que las decisiones de vivir o morir eran regidas por leyes no
escritas administradas por los poderosos. Así como los milicianos gobiernan con
base en la intimidación, los defensores de la necropolítica gubernamental
buscaban que quienes sobreviviesen a la pandemia debían trivializar las muertes
evitables y ser incapaces de resistir al autoritarismo.
La necropolítica del gobierno de Bolsonaro se
filtró dramáticamente a escala local en las clínicas. La escasez de cilindros
de oxígeno, de insumos para la ventilación mecánica y de camas de UCI en
hospitales abarrotados obligó a muchos médicos, técnicos y enfermeras a
racionar sus tratamientos e improvisar. De esta forma se tuvo que elegir a los
privilegiados que recibirían la atención adecuada y se adoptó el sistema de ambuzar
(una expresión que proviene del ventilador manual autoinflable conocido por el
nombre de la marca “ambu”). Esa ventilación manual implicaba la dedicación de
uno o más trabajadores de salud para bombear oxígeno con un ventilador manual
(y a veces con las manos sobre el pecho del paciente), replicando
artificialmente el trabajo de los pulmones. Esta escena fue común en Manaos, la
ciudad más grande de la región amazónica donde el 40 % de la población vive sin
agua corriente, en donde se presentó una variante más contagiosa del
coronavirus en diciembre de 2020. El brote fue además un serio cuestionamiento
al supuesto de inmunidad de rebaño que sostenía el gobierno. Inclusive algunos
epidemiológicos estimaron que Manaos no sería atacada porque la tasa de
infección tras el primer brote de la ciudad en marzo del 2020 era de 76%, por
lo que asumieron que existía una inmunidad natural por lo que era poco probable
una explosión repentina. Es decir, el resultado no fue la inmunidad colectiva
esperada por el gobierno sino una nueva variante. Allá se establecieron turnos
llamados rodizio do ambu, realizados con la esperanza de que los
pacientes fuesen posteriormente trasladados a un ventilador mecánico desocupado[33]. Es cierto
que existen precedentes en la práctica médica para establecer prioridades sobre
la vida y la muerte, como la asignación de órganos para trasplantes, y también
es verdad que los trabajadores de la salud se ven enfrentados cotidianamente en
prácticas de cómo gestionar el fin de pacientes desahuciados, pero la
necropoliticazión de la pandemia hizo que lo que eran decisiones individuales
fuesen aplicadas a grandes segmentos de la población hospitalaria. Inclusive
existen registros clínicos similares en otras áreas de la práctica clínica.
Médicos desesperados tuvieron que escoger a quiénes administrarían morfina no
para tratar la enfermedad, sino para reducir el dolor de la agonía de muchos
pacientes asfixiados que iban a fallecer. Estas experiencias clínicas sugieren
como la necropolitica llevó a muchos profesionales de la salud a regular
privilegios que surgen de la escasez de recursos y administrar fallecimientos
evitables.
Durante la pandemia, la necropolítica fue criticada
en una serie de textos. Uno de los más importantes fue un artículo, firmado por
investigadores brasileños entre otros, que apareció en agosto de 2020 en la
prestigiosa revista Lancet. El argumento central del texto era que la
“biopolítica” de Michel Foucault, un concepto utilizado por historiadores de la
salud e investigadores sociales brasileros y que inspiró a Mbembe, era
insuficiente para explicar la conducta del poder durante la pandemia[34]. Según
Foucault, las personas son inducidas por un biopoder a la autodisciplina del
cuerpo, la obediencia de las normas culturales y las jerarquías, así como la
aceptación de los dictados médicos que convierten conductas “anormales”
en patologías[35]. De acuerdo
con el artículo de Lancet, Bolsonaro iba mucho más allá de persuadir o
instigar a individuos, ya que también forzó a muchas personas pobres a morir de
coronavirus o a escoger un dilema irresoluble: morir de hambre o morir de
COVID-19. Otro estudio importante vinculado a la noción de necropolítica
apareció en portugués en septiembre de 2020[36]. Sus
autores fueron investigadores de diversas disciplinas liderados por Deisy
Ventura, profesora de la Universidad de São Paulo. El texto analizó 2190
decisiones gubernamentales relacionadas con la COVID-19 dadas entre enero y
agosto de 2020. La conclusión fue que hubo un intento sistemático de propagar
la pandemia y recurrieron a una palabra que se generalizaría en Brasil:
genocidio (muchas veces usada sin precisiones). Posteriormente, en dos
artículos publicados en el British Medical Journal, Ventura —junto a
otros coautores brasileños— refinaría su argumento aduciendo que se trataba de
genocidio en la Amazonia y de crímenes de lesa humanidad en el resto del país[37]. Según otro
artículo, publicado en una revista de ciencia política brasileña, la conducta
gubernamental se trataba de un claro genocidio en la Amazonia, porque la
difusión del coronavirus era una herramienta del poder para acabar con las
comunidades indígenas con el fin de favorecer a los invasores de tierras que
impunemente asesinaban a líderes indígenas[38].
Un acontecimiento que complicaría a Bolsonaro y las
discusiones sobre negligencia y necropolítica fue la aparición de las vacunas a
fines de 2020. Dos de ellas ganaron la esperanza de políticos, periodistas y
científicos en Brasil: CoronaVac, producida por la empresa china Sinovac
Biotech en asociación con el instituto estatal paulista Butantán y AstraZeneca,
desarrollada con Fiocruz, la principal institución biomédica federal con sede
en Río de Janeiro[39].
Inicialmente, Bolsonaro se opuso a las vacunas, reprendiendo a su ministro de
Salud al enterarse de que planeaba comprar CoronaVac—es decir la vacuna
vinculada al gobierno paulista de Doria--; pero a fines de 2020, el presidente
brasileño cambió de opinión y aceptó la vacunación. No obstante, lo hizo con
ambivalencia, inconsistencia y contradicciones. Por ejemplo, siguió atacando el
confinamiento y el distanciamiento social, explicó su desdén en comprar la
vacuna Pfizer aduciendo que uno de sus efectos colaterales podía ser convertir a
las personas en cocodrilos, insistió que las vacunas nunca serían obligatorias
y presentó planes vagos de inmunización. En cambio, Doria abrazó la vacunación
y siguió insistiendo en la gestión racional de la crisis; lo que sirvió para
consolidar su capital político. De hecho, eso ayudó a que su partido de
centroderecha ganase las elecciones municipales en la ciudad de São Paulo de
octubre. A pesar de que, en otras municipalidades, los candidatos apoyados por
Bolsonaro obtuvieron resultados electorales pésimos, el gobernante terminó el
año con buenos índices de aprobación ligeramente superiores a la mitad de la
población. Ello se explica porque desde abril el gobierno de Bolsonaro recurrió
a una práctica clientelista tradicional: proporcionó un subsidio a familias de
bajos ingresos de alrededor de 150 dólares al mes. Es importante notar que hubo
una subvención mayor para las empresas y que el apoyo inicial a los pobres fue
una cuarta parte de esa cantidad y fue por pocos meses, pero fue incrementado y
extendido por el Congreso. La ayuda fue crucial en país donde el salario mínimo era de alrededor de 200
dólares americanos al mes[40]. Otra
práctica tradicional a la que recurrió Bolsonaro para sobrevivir políticamente
fue la corrupción: distribuyó cargos en el Estado entre miembros del Congreso
del llamado Centrão, un grupo de partidos políticos de centro y
centroderecha que forman mayoría en el Parlamento y buscan ventajas específicas
para ellos mismos y las provincias que representan. Gracias a los votos del Centrão,
las numerosas acusaciones de juicio político contra Bolsonaro fueron
encarpetadas.
Las vacunas cobraron vigencia en enero de 2021,
cuando fueron evidentes los efectos de ignorar el distanciamiento social
durante las celebraciones de Año Nuevo. En los diez últimos días de enero se
inició la vacunación en Brasil, en ceremonias televisadas que resaltaron no
solo a las instituciones médicas de São Paulo y Río de Janeiro sino también a
las autoridades políticas. Mientras tanto, a fines de febrero, la COVID-19
había matado a más de 250.000 personas en Brasil y mantenía una curva
ascendente; sin embargo, el ritmo de vacunación fue inicialmente lento. A lo
anterior se sumaron dos problemas resultantes de la imitación de los padrones
europeos que tienen otra estructura de edades y de control de los atestados
médicos que el Brasil. Primero, la prioridad que recibían las personas con
comorbilidades llevó a fraudes en la elaboración de certificados médicos para
recibir la vacuna. En segundo lugar, la decisión de comenzar la vacunación con
las personas de mayor edad, acabó favoreciendo a las clases altas y perjudicó a
los pobres porque la expectativa de vida entre estos últimos era mucho menor
que entre los anteriores. Hubo, no obstante, voces que pidieron utilizar el
criterio de pertenencia a programas sociales como Bolsa Familia para
identificar y priorizar a los pobres, pero eso nunca fue considerado por un
gobierno que quería diferenciarse de la administración de Lula[41]. Mientras
tanto, Bolsonaro seguía cuestionando el uso de mascarillas y el distanciamiento
social, y una comisión del Congreso comenzó a investigar el clientelismo y
corrupción en la compra, distribución y uso de las vacunas. Ello ocurrió a
pesar de que el 23 de marzo de 2021 el médico cardiólogo Marcelo Queiroga,
apoyador de Bolsonaro durante su campaña electoral, reemplazó como nuevo
ministro de Salud a Pazuello, y trató inicialmente de dar cierta racionalidad a
las respuestas gubernamentales pero acabo rápidamente siendo un ministro de
continuidad con su predecesor que no contradecía al mandatario. Poco después de
su nombramiento se descubrió que la oficina brasilera de Pfizer ofreció
repetidamente vender su vacuna al gobierno de Brasil entre agosto y noviembre
del 2020 pero no obtuvo respuesta alguna y solo a comienzos del 2021 se había
logrado comprar un lote que llegó en Abril. Entonces, -cuando ya habían
sucumbido al COVID-19 más de 404,000 brasileros- el populismo de Bolsonaro difícilmente
ocultaba la devastación causada por la pandemia, así como tampoco las
acusaciones de negligencia, obstrucción, desinformación y genocidio[42].
Reflexiones finales
Las respuestas del gobierno de Bolsonaro a la
pandemia de COVID-19 sugieren el intento de reformular la salud pública
consonante con un neoliberalismo brasileño autoritario y necropolítico que
persistió a pesar de las políticas sociales iniciadas a mediados de los ochenta[43]. Esta
reinvención tiene algunas características que tienen cierta continuidad con las
respuestas a epidemias anteriores, pero que adquirieron más intensidad con el
coronavirus. Primero, la banalización de la muerte lenta o repentina de un
sector importante, más discriminado, de la población. Segundo, la hegemonía de
la antipolítica en el terreno sanitario que considera indispensable acabar con
el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, que fue la base de logros
sanitarios anteriores[44]. En tercer
lugar, como ya se ha mencionado, la transferencia de poder del Ministerio de
Salud al gobierno central que paso a tomar las decisiones centrales en la
pandemia. Una cuarta característica—cuyas pruebas están surgiendo—ha sido la
práctica de corrupción en el adquisición y uso de medicamentos y las vacunas[45]. Estas
características explican cómo se pretende manipular la salud pública para que
sea una herramienta de intimidación de la población ante el poder, hacer que
los pobres acepten que las enfermedades son el resultado de una fatalidad
impredecible y no una tarea del Estado y culpabilizar a las víctimas (es decir,
responsabilizar a los pobres por sus condiciones de vida y a los indígenas por
no asimilarse a una economía de mercado).
¿Existe la triste posibilidad de que en
un Brasil pospandémico se busque imponer una necropolitica sanitaria menos
salvaje? Ojalá que no. Ello podría
significar una salud pública paliativa y asistencial algo parecidas a la del
ciclo iniciado en 1985. Asimismo, es plausible que muchas evaluaciones se
limiten a exagerar las barbaridades de Bolsonaro. Esta perspectiva puede tener
dos problemas. Primero, personalizar un serie de problemas sociales y
sanitarios, que tienen una historia, permite que otros sectores neoliberales y
gobiernos de países industrializados digan que no lo podrían hacer tan mal. En
segundo lugar se inscribe en una narrativa que los gobiernos de los países
industrializados han elaborado que se remonta a por lo menos el siglo XX para
descalificar los procesos de descolonización, independencia y revoluciones
sociales en los países en desarrollo: los ciudadanos y los regímenes de esos
países son presentados como los culpables de sus propias desventuras. De esta
manera se minimiza el contexto internacional asimétrico que impone desventajas
estructurales a países en desarrollo; por ejemplo en el acceso a las vacunas.
Por otro lado, es posible que continue y crezca el
enfrentamiento al bolsonarismo y necropolitización de la sociedad y de la salud
por parte de organizaciones progresistas y líderes de las comunidades negras,
así como de gobiernos locales y del Poder Judicial?[46]. Y puede
ser que, inspirados en esa resistencia los brasileños no regresen a épocas
pretéritas de un ciclo histórico problemático, sino que puedan refundar una
democracia sanitaria y política que permita enfrentar las emergencias y
construir una sociedad inclusiva.