Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol. 33, Nº 1, Julio – Diciembre 2022
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está bajo licencia de Creative Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
CONFLICTOS
EN LAS FRONTERAS DEL CHACO.
LA
DISPUTA ENTRE CÓRDOBA Y SANTA FE
HACIA
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII
CONFLICTS IN CHACO
FRONTIERS
THE
DISPUTE BETWEEN CÓRDOBA AND SANTA FE
IN
MID-18TH CENTURY
Centro de Investigaciones
Sociales/Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas-Instituto de Desarrollo
Económico y Social
dani.sos@gmail.com
Fecha de ingreso: 29/07/2021
Fecha de aceptación: 04/03/2022
Resumen
Desde la perspectiva de los estudios
de las fronteras y a partir del concepto de complejo fronterizo acuñado
por Guillaume Boccara, este artículo tiene por objetivo analizar un conflicto
desarrollado entre Córdoba y Santa Fe a mediados del siglo XVIII. Este
conflicto, que a su vez se inserta en un contexto mayor de disputas
interjurisdiccionales entre ambas ciudades, tuvo como disparador las diferentes
políticas interétnicas desplegadas en el marco de un aumento de la violencia en
las fronteras del Chaco y las consecuencias que las paces en una frontera trajeron
aparejadas en la otra. En este sentido, se busca dar cuenta de las diferentes
aristas de la disputa, atendiendo a los diferentes actores sociales e
individuales involucrados, poniendo el énfasis fundamentalmente en los
funcionarios hispanocriollos, pero sin dejar de lado las motivaciones de los
líderes indígenas y el accionar de los padres jesuitas en el marco del
conflicto.
Palabras clave: Córdoba,
Santa Fe, Chaco, Fronteras, Complejo fronterizo
Abstract
From the perspective of frontier studies and based on
the concept of frontier complex proposed by Guillaume Boccara, this paper
aims to analyze a conflict developed between Córdoba and Santa Fe (actual
Argentina) in the mid-18th century. This conflict, which was placed in a bigger
context of interjurisdictional disputes between both cities, was triggered by
the different inter-ethnic policies carried out by the two cities as the
violence was increased in the frontiers of the Chaco region, and the
consequences that the peace pacts between Santa Fe and the Indian leaders caused
on Cordoba’s frontiers. In this respect, we seek to account the different
aspects of the conflict, attending to the different social and individual
actors involved, focusing on the Hispanic authorities, but also paying
attention to the motivations of indigenous leaders and the actions of the Jesuit
fathers.
Key words: Córdoba,
Santa Fe, Chaco, Frontiers, Frontier complex
Durante la época colonial,
las fronteras del Chaco constituyeron un amplio espacio de interacción entre
diversos actores y sectores sociales y étnicos[1]. En su zona
austral, esta vasta área era circundada por las diferentes ciudades coloniales
desde Jujuy a Asunción, configurando espacios fronterizos de diversas
características poblacionales, territoriales, de recursos naturales, y con
múltiples formas de interacción social e interétnica[2]. Además,
estas áreas fronterizas pertenecían a tres gobernaciones diferentes –la del
Tucumán, la del Buenos Aires y la del Paraguay–, lo que dificultaba la implementación
de políticas interétnicas coordinadas hacia el interior del Chaco para
controlar a los grupos insumisos.
En este sentido, consideramos que estos
espacios de frontera pueden comprenderse desde la óptica del complejo
fronterizo. G. Boccara acuñó este concepto para referirse a “un espacio
de soberanías imbricadas formado por varias fronteras y sus hinterlands en el
seno del cual distintos grupos –sociopolítica, económica y culturalmente diversos– entran
en relaciones relativamente estables”[3]. La particularidad de los complejos
fronterizos apunta a pensar en la interconexión recíproca entre diferentes
espacios de frontera, entendiendo que las acciones implementadas en uno de esos
espacios repercuten en los otros y los involucra, directa o indirectamente, de
diferentes maneras. Este término nos resulta operativo para intentar comprender
y reconstruir cómo fue la conformación de los espacios fronterizos con el Chaco
durante la época colonial, espacios en los que entraron en contacto múltiples
actores: funcionarios de diversas jurisdicciones, vecinos y habitadores de las
ciudades, campañas y fronteras, curas y padres religiosos, viajeros,
comerciantes, caciques e indios del común, indios de encomienda, peones y
cautivos, entre otros sectores y personajes. La compleja interacción entre
todos ellos fue delineando en cada frontera características propias y
específicas, a la vez que todas ellas –como un complejo fronterizo– estuvieron
imbricadas en una historia conjunta, de modo que lo que ocurría en una de ellas
podía impactar en otras.
A partir de las primeras
décadas del siglo XVIII las fronteras de la porción austral del Chaco fueron
escenario de una violencia interétnica sin precedentes hasta ese momento, sobre
todo para algunas jurisdicciones como la de Córdoba. En este contexto, las
diferentes ciudades –y en una escala más amplia, las gobernaciones– desplegaron
diversas estrategias políticas para hacer frente a los conflictos con los
grupos indígenas. Estas políticas no siempre fueron compartidas, lo que generó
rispideces y conflictos entre ellas. El objetivo de este artículo es el de
analizar una fuerte disputa que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII entre las
autoridades de Córdoba y de Santa Fe a causa de las diferencias en cuanto a la
cuestión indígena y en torno a las consecuencias que la política interétnica santafesina
trajo aparejadas para el territorio cordobés, específicamente para su frontera
oriental.
El punto álgido del
conflicto en cuestión se desarrolló entre 1745 y 1748. Sin embargo, los
problemas entre estas ciudades no se limitan a ese lapso; por el contrario, las
disputas territoriales se remontan hasta la época de la fundación de ambas
ciudades y continuaron hasta bien entrado el período republicano. En este
sentido, consideramos que este conflicto puntual –que tuvo como puntapié
inicial las negociaciones de paz entre Santa Fe y algunos grupos mocovíes y
abipones del Chaco– se inserta dentro de un problema mayor subyacente entre las
dos jurisdicciones. Las dinámicas interétnicas que se pusieron en juego durante
esos años –entre los indígenas y las autoridades de ambas jurisdicciones–
reactualizaron un viejo conflicto entre las ciudades vecinas, haciendo de esta
disputa un capítulo más en la historia de las relaciones –cambiantes y por
momentos tirantes– entre Córdoba y Santa Fe durante la Colonia.
Consideramos que echar luz sobre este conflicto resulta de
especial relevancia, dado que si bien fue mencionado por diversos autores y especialistas, aún no se ha atendido a esta problemática
en profundidad ni desde la perspectiva de los estudios de fronteras. Más bien, sólo hemos encontrado algunos relatos parciales que abordan el conflicto, escritos por autores clásicos y tradicionales
de la historiografía de las dos provincias: Cervera para Santa Fe y
Monseñor Cabrera y Montes para Córdoba[4]. En dichos trabajos puede notarse una mirada parcial sobre
el conflicto, que deja ver –de modo más o menos explícito– cierto regionalismo
o predilección por su lugar de pertenencia. Lo que los tres autores tienen en
común, por otra parte, es cierta mirada peyorativa hacia los
grupos indígenas propia de los estudios de la época. La lectura de estas obras
de la historiografía clásica, además de abonar al tema de estudio, nos permite
avanzar en la reflexión metodológica acerca de cómo abordar la bibliografía; nos acercamos a estos relatos históricos –al igual que
cuando interpretamos los documentos– desde una lectura cuidadosa que nos
permite identificar los contextos de producción y los sesgos impuestos por los
autores según sus propios objetivos, prejuicios e
intenciones.
Por otra parte, contamos
con trabajos dedicados al análisis de las relaciones interétnicas en las
fronteras de Córdoba y de Santa Fe, desde perspectivas actuales y con
explicaciones multicausales. Punta[5] estudia
la configuración de la frontera oriental de Córdoba durante la primera mitad
del siglo XVIII –y de su frontera sur durante la segunda mitad de dicho siglo–,
incorporando en su explicación el impacto de las políticas borbónicas de más
largo alcance geográfico y la crisis de la economía con eje en el polo minero
altoperuano. Areces[6]
se centra en la compleja frontera santafesina, poniendo el foco en la
configuración de las milicias en un escenario de creciente violencia interétnica.
Para esa misma frontera, Lucaioli[7] analiza las
motivaciones y los vínculos interpersonales entre los funcionarios santafesinos
y los principales líderes indígenas de la época desde una perspectiva
microhistórica. De modo más general, recuperamos trabajos que se han ocupado de
las dinámicas de interacción entre diferentes espacios de frontera, como la de
Santa Fe con Buenos Aires[8]; la de
Santa Fe con sus frentes chaqueño y de la “otra banda” del río Paraná[9]; las
fronteras santiagueña, santafesina y correntina[10]; y las
múltiples fronteras del Chaco occidental[11].
Junto con la bibliografía
específica, para reconstruir este episodio nos basamos en buena medida en las
actas del Cabildo de Santa Fe[12].
Gracias a las particularidades de este tipo de documentos y a los protocolos
que se debían seguir para registrar por escrito lo ocurrido en las sesiones,
contamos no sólo con la postura santafesina sino también –aunque parcialmente–
con la cordobesa. Esto sucede porque las actas capitulares santafesinas
incluyen de forma total o fragmentaria algunas comunicaciones enviadas a o por
su par cordobés[13].
Con estas actas, junto con documentación complementaria –édita e inédita–
archivada o recopilada en otros repositorios y publicaciones, hemos
reconstruido ciertos sucesos que formaron parte de este conflicto. Para poder
llevar adelante nuestro objetivo, en el apartado siguiente, introducimos de
forma breve los contextos santafesino y cordobés con anterioridad al desarrollo
del conflicto, fundamentalmente en lo que refiere a las fronteras con el Chaco
y las relaciones interétnicas con los grupos indígenas abipones y mocovíes.
Luego, en la tercera sección del trabajo abordamos el conflicto específico y en
la cuarta, proponemos algunas explicaciones sobre cómo se dio la salida del
mismo.
Las jurisdicciones de Córdoba y Santa
Fe y sus fronteras con el Chaco
Con respecto a la jurisdicción
de Santa Fe, destacamos que las relaciones interétnicas se remontan al momento
mismo de su fundación –en las inmediaciones del río Paraná– en 1573, cuando
algunos de los grupos indígenas que habitaban en la región[14] fueron
repartidos en encomiendas permitiendo la perdurabilidad del emplazamiento y el
desarrollo económico y político de la ciudad. Si bien las encomiendas no
constituyeron la base del sistema económico ni impidieron el fortalecimiento de
otras formas de explotación del trabajo indígena, subsistieron de forma
residual como recurso básico de movilización de mano de obra por los vecinos
más pudientes[15].
Otra característica particular de dicha ciudad es que debió debatirse de manera
simultánea entre dos frentes de contacto con los grupos indígenas insumisos de
la región: el Chaco –del cual nos ocuparemos en este trabajo– y la zona del
litoral –frecuentada principalmente por charrúas–, en la otra banda del río Paraná.
Las relaciones entre estos grupos indígenas y los sectores hispanocriollos se
vehiculizaron por medio de los enfrentamientos, pero también del diálogo,
desenvolviéndose simultáneamente entre los marcos regulados de las
instituciones –el cabildo, la guerra colonial, la evangelización y conversión
de infieles– y las relaciones socioeconómicas interpersonales –directas y
espontáneas– entre sujetos de diferentes grupos étnicos[16].
Si ponemos el foco en el
frente chaqueño, durante el siglo XVII la ciudad había sufrido continuos
ataques de diversos grupos indígenas –principalmente abipones y calchaquíes[17]– que
realizaban saqueos en las estancias de la campaña y en el casco urbano. Las
hostilidades caían también sobre otros grupos indígenas que, incapaces de hacer
frente tanto a las presiones coloniales como a las impuestas por los cazadores-recolectores
del interior del Chaco, negociaron reducirse en la jurisdicción de Santa Fe[18]. Poco
después, hacia 1662, fueron los propios calchaquíes de la región los que
trocaron la estrategia guerrera por el establecimiento de la paz, a partir de
la cual fueron reducidos hacia fines del siglo XVII en dos pueblos –uno a
orillas del Salado y otro sobre el Cululú-, pensados para resguardar a la ciudad
de los grupos hostiles del Chaco[19]. La
contención fue efectiva durante algunos años y permitió a la ciudad afianzarse
en el territorio y prosperar económicamente, hasta el resurgir de las
invasiones de abipones y mocovíes. Estos últimos, llegados a la región
santafesina luego de que fueran desplazados desde la frontera tucumana por las
campañas del gobernador del Tucumán Esteban de Urizar y Arespacochaga a
principios del siglo XVIII, se aliaron a los abipones en sus incursiones sobre
los emplazamientos fronterizos santafesinos[20].
Abipones y mocovíes eran
grupos cazadores-recolectores nómades, cuyos circuitos de movilidad implicaban
el desplazamiento por extensos territorios y favorecían los encuentros
interétnicos con otros grupos indígenas. En general, la suma de estas
características junto a la resistencia que impusieron al avance colonial,
hicieron que para los hispanocriollos fuese más dificultosa su dominación y la
ocupación efectiva de los territorios. A comienzos del siglo XVIII, la
situación con estos grupos seguía planteando los mismos problemas y
dificultades que en los inicios, poniendo en peligro la defensa del territorio
ocupado por la ciudad y las estancias aledañas e interfiriendo en el avance de
la frontera hacia el Chaco. En este contexto, hacia mediados de la década de
1730 comenzaron a improvisarse otras formas de interacción entre indígenas e
hispanocriollos, principalmente impulsadas y sostenidas por algunos líderes indígenas
y ciertos funcionarios gubernamentales y religiosos que, en el quehacer
cotidiano, comenzaron a tejer las nuevas redes de relacionamiento con matices
políticos, económicos y sociales[21]. Como
bien plantea Scala[22], estos
acercamientos no deben entenderse como acuerdos diplomáticos
institucionalizados sino más bien como relaciones interpersonales –acotadas y
cincunstanciales–. En ese sentido, las alianzas con un cacique no implicaban la
paz con otros líderes indígenas, por lo que los ataques a la ciudad y la
campaña santafesinas no cesaron durante todo este período.
El puntapié inicial en
estos acercamientos lo dio, desde el lado hispanocriollo, el Teniente de
Gobernador Francisco Javier Echagüe y Andía[23], quien
sentó las bases para que luego, años después, su sucesor Francisco Antonio de
Vera Mujica retomara dichas relaciones y las estrechara aún más con la fundación
de las reducciones para mocovíes y abipones, empresa que también fue posible
por la voluntad de los grupos indígenas y los padres jesuitas involucrados. De
esta manera, la fundación de dichos enclaves se sustentó en los tratos previos
cultivados por años de contactos personales, comercio informal, intercambios de
regalos y otras estrategias de acercamiento. En lo que respecta a los mocovíes,
el Teniente Echagüe y Andía, el cacique Ariacaiquin y el jesuita Francisco
Burges comenzaron las tratativas para la reducción de San Francisco Javier en
1741[24], siete
años después de iniciadas las paces. Tras el fallecimiento del funcionario
santafesino y del cacique –quien había sido abatido durante un ataque en las
fronteras de Córdoba–, Vera Mujica prosiguió las negociaciones, esta vez con
Cithaalin, hermano de Ariacaiquin, y con Aletin, y finalmente en 1743 se fundó
la reducción a treinta leguas de la ciudad de Santa Fe[25]. Entre
las razones por las que los mocovíes acordaron vivir en reducción, diversos
autores han destacado que, gracias al avance hispanocriollo en las fronteras
del Chaco, habían disminuido los territorios disponibles para la caza y
recolección[26],
sumado a la posibilidad de obtener recursos que se estaban convirtiendo en
escasos como el ganado[27]. También
se ha resaltado la posibilidad de resguardarse en las reducciones frente a
otros líderes más poderosos militarmente[28].
La fundación de San
Jerónimo de abipones llegó unos años más tarde, y en gran medida como corolario
del conflicto interétnico e interjurisdiccional que analizamos en este
artículo. Como retomaremos más adelante, la fundación de este pueblo fue producto
tanto de las paces entre Santa Fe y los abipones como de la violencia
interétnica desplegada en las fronteras cordobesas por los mismos grupos
indígenas[29];
dichas cuestiones se encontraban concatenadas en el marco del complejo
fronterizo con el Chaco. Desde el lado santafesino, se destacó la actuación de
Vera Mujica, quien cultivaba una estrecha relación personal con el cacique Ychoalay[30], uno de
los principales líderes indígenas de San Jerónimo junto a Ychamenraikin. Además,
en las negociaciones para lograr la fundación, fueron clave las gestiones del
rector del Colegio jesuita en Santa Fe, Diego de Horbegozo, que se desenvolvió
como mediador tanto en los conflictos interétnicos como en la disputa
interjurisdiccional. Por último, otro factor determinante se relaciona con el propio
interés de ciertos grupos abipones en repetir la experiencia de San Javier esta
vez en un pueblo para ellos, y la capacidad de negociación de algunos de sus
líderes –en especial de Ychoalay– en un contexto de fuertes luchas internas
entre ellos[31].
Estas novedosas formas de
interacción en las fronteras santafesinas –los contactos interpersonales, los
diálogos diplomáticos, la fundación de reducciones, etc.–, que permitían
alternar como nunca antes los intereses grupales con los personales, fueron las
que caracterizaron al siglo XVIII santafesino, y que se diferenciaban de la
experiencia de otras jurisdicciones, como reseñaremos a continuación.
Volviéndonos hacia Córdoba,
las relaciones interétnicas también se remontan a la fundación de la ciudad –en
el mismo año de 1573– en el piedemonte oriental de las Sierras Chicas, sobre la
margen sur del río Suquía, luego llamado Primero. Con anterioridad a la
conquista, habitaban allí grupos indígenas horticultores denominados por los españoles
como comechingones; un rótulo que se consolidó rápidamente como el etnónimo
identitario de los diversos grupos indígenas que allí habitaban[32]. A su
llegada, los conquistadores ocuparon la tierra gracias a las mercedes reales e implementaron
el sistema de encomiendas como forma de dominio y explotación de la población
nativa. Con el tiempo, la región fue extendiendo su dominio territorial hacia
las llanuras del este y del sur conforme se asentaban estancias y otros
establecimientos productivos –laicos y religiosos–[33]. Dada
su localización estratégica que unía el Alto Perú, Buenos Aires y Chile, la
región creció a ritmo acelerado durante su primer siglo de existencia, transformándose
en un importante polo ganadero que producía principalmente mulas para
satisfacer la demanda del mercado minero altoperuano[34]. Allí,
los establecimientos productivos instalados a las veras de los ríos Primero,
Segundo y Tercero se vieron en un acelerado apogeo[35]; la
ciudad, al mismo tiempo, se delineó como una de las más importantes del sur de
América.
A diferencia de Santa Fe, las
fronteras cordobesas no sufrieron embates de los grupos indígenas chaqueños durante
el siglo XVII. No obstante, los cordobeses no eran ajenos a la situación que se
vivía en las fronteras de otras jurisdicciones, e incluso durante dicho siglo
Córdoba debió participar en algunas de las campañas punitivas al Chaco
organizadas por la gobernación del Tucumán[36], cuyo
objetivo era conocer el territorio y castigar a los diversos grupos indígenas
que allí habitaban. Los funcionarios y vecinos cordobeses eran en general
reticentes a participar en aquellas entradas, puesto que consideraban que su
región no era lo suficientemente vulnerable a las tropelías indígenas, dada su
relativa lejanía de las tierras chaqueñas. Sin embargo, en dichas campañas se
extrajeron “piezas” tobas, mocovíes y abiponas, indígenas que fueron encomendados
o repartidos como mano de obra en casas y estancias cordobesas[37]. En relación
a este tema, fuentes como la visita del oidor Luján de Vargas a fines del siglo
XVII nos muestran la diferenciación que los hispanocriollos trazaban entre los
indios “de encomienda” –horticultores que habían sido conquistados desde
inicios de la ocupación española– y los “bárbaros” e “infieles” del Chaco
–cazadores-recolectores que oponían resistencia al trabajo en estancias y como
servicio doméstico de los españoles–[38]. Por lo
tanto, con anterioridad al comienzo de los ataques y saqueos de abipones y
mocovíes a sus fronteras, ya existía en Córdoba un imaginario sobre la
ferocidad y peligrosidad de los “enemigos” chaqueños.
Hacia fines de la década de
1720 –y más precisamente hacia 1727–, se abriría un nuevo escenario de
relaciones interétnicas en las fronteras cordobesas, ya que durante ese año se
produjo el primer ataque de indígenas chaqueños del que se tenga registro. Esta
nueva coyuntura se producía en el momento en que la región sufría también los
cimbronazos de la crisis económica altoperuana[39]. Esta
doble causa –el aumento de la conflictividad interétnica junto con la crisis de
la economía interna colonial– produjo un despoblamiento y retracción de las
fronteras y la migración de muchos pobladores hacia otras zonas de Córdoba y a
las jurisdicciones de Buenos Aires y el Cuyo[40].
Montes[41] plantea
que la causa del inicio de los ataques indígenas a las fronteras cordobesas se
debió a que, por el crecimiento de los latifundios y las pequeñas propiedades
en la zona, se agotó el ganado cimarrón del cual se solían aprovisionar los grupos
indígenas durante todo el siglo XVII[42]. Por
esta razón, según el autor, “el indígena, incursionó sobre los poblados
fronterizos, para proveerse de carne y no perecer de hambre”[43]. Este
análisis, consideramos, debe ser complejizado a la luz de estudios más recientes
que tienen en cuenta otros factores, como el reacomodamiento de los grupos
indígenas chaqueños luego de las campañas punitivas dirigidas por Urizar y
Arespacochaga en 1710-1711[44]; el
contexto de crisis económica que dificultaba la movilización de recursos y
personas para la defensa de las fronteras[45]; y, de
modo más general, la situación geopolítica abierta a partir de la llegada de
los Borbones a la Corona Española a inicios del siglo XVIII[46].
Recapitulando, en Santa Fe
las relaciones interétnicas con los indígenas guaycurúes del Chaco eran de
largo aliento y favorecieron, a partir de la década de 1730, el establecimiento
de acuerdos y paces con un número acotado de líderes indígenas gracias a un
trato interpersonal y cotidiano que, aunque de manera limitada a su
jurisdicción, trajo aparejada cierta paz. En Córdoba nada de esto sucedió, por
lo que la irrupción de la violencia en sus fronteras por parte de aquellos
grupos indígenas que se mantenían no reducidos, alimentó las sospechas sobre la
buena voluntad de la jurisdicción vecina y exacerbó los imaginarios previos que
los funcionarios, vecinos y habitantes de las fronteras tenían sobre los grupos
indígenas “bárbaros e infieles” que debían ser combatidos a sangre y
fuego por los sectores coloniales.
Disputa entre Córdoba y Santa Fe: un
conflicto interjurisdiccional e interétnico
Las jurisdicciones de
Córdoba y Santa Fe no siempre habían tenido relaciones armoniosas.
Pertenecientes a dos gobernaciones diferentes –Tucumán y Buenos Aires,
respectivamente–, las disputas entre ellas se remontan hasta el momento mismo
de la fundación de ambas ciudades[47]. Sin
embargo, para contextualizar el conflicto que analizaremos en estas páginas,
debemos mencionar que en las décadas anteriores al desarrollo del mismo
encontramos indicios de que imperaban las buenas relaciones entre las
autoridades de ambas jurisdicciones, por lo menos en lo que respecta a la
cuestión indígena. Por ejemplo, en septiembre de 1727 –año de los primeros
ataques chaqueños a la frontera cordobesa–, los funcionarios de ambas ciudades
se comunicaron mutuamente para ponerse de acuerdo sobre cuál era el momento
adecuado del año para realizar una entrada conjunta al Chaco con el objetivo de
combatir a los “Infieles varbaros enemigos fronterizos”[48]. Matías
de Angles –quien ejercía en ese momento como Teniente de Gobernador de la
ciudad de Córdoba– sostenía que la misma debía aplazarse hasta marzo o abril
del año siguiente, opinión que fue compartida por los miembros del cabildo
santafesino y así fue informado al Gobernador de su provincia. Según quedó
asentado en las actas del 9 y del 11 de septiembre[49], ambas
jurisdicciones estaban dispuestas a actuar de forma conjunta y a aportar los
hombres y las caballadas necesarias para emprender el castigo al “enemigo”.
Finalmente, dicha expedición se realizó en mayo de 1728, aunque en ella
participaron únicamente las jurisdicciones de Santa Fe y de Corrientes[50]. Por
otra parte, ese mismo año, desde Córdoba se realizó una expedición hacia la
frontera del Tío donde se erigieron tres fortines para la defensa del
territorio[51].
Más allá de que la acción punitiva no fue realizada de forma conjunta, lo
cierto es que para fines de la década de 1720 observamos una política
coincidente y compartida respecto a las relaciones interétnicas con los
indígenas del Chaco: la acción ofensiva para castigar las hostilidades del
enemigo.
Como ya mencionamos en el
apartado anterior, durante la década de 1730 se configuró un nuevo mapa de las
relaciones interétnicas en la región, signado por las paces entre Santa Fe y
ciertos caciques abipones y mocovíes del Chaco austral, que derivó luego en las
negociaciones para la fundación de las reducciones jesuitas de San Javier y San
Jerónimo[52].
Mientras en Santa Fe comenzaban a delinearse esos acuerdos, posibilitados en
gran medida por la construcción de lazos interpersonales entre Echagüe y Andía
y luego Vera Mujica y los caciques involucrados, en Córdoba la política interétnica
se enfocó en la edificación de fuertes en la frontera oriental, sobre los ríos Primero,
Segundo y Tercero[53]. Vitar[54] plantea
que, frente al aumento de la peligrosidad en las fronteras cordobesas, la
defensa del territorio se veía dificultada porque faltaba una autoridad militar
en la jurisdicción que pudiera planificar tanto las campañas ofensivas como la
protección de las fronteras. El cargo de Teniente de Gobernador, sostiene la
autora, era especialmente oneroso en la región, y quien lo ejerciera debía
costear estas actividades con su propio peculio. En la década de 1740 esto se
subsanó, por lo menos en parte, con la creación del cargo de Teniente de Rey,
que ocuparía Manuel de Esteban y León, y cuya función principal era de índole
militar: proteger las fronteras de los ataques indígenas[55].
Esta clara diferencia entre
las estrategias tomadas por las dos jurisdicciones se puede explicar, en gran
medida, por la trayectoria tan disímil con respecto a sus relaciones con los
indígenas del Chaco, porque mientras Santa Fe ostentaba en su haber un largo
período de contactos –pacíficos y violentos– con los abipones y mocovíes, Córdoba
comenzaba a sufrir la violencia interétnica en sus fronteras de forma
intempestiva. Asimismo, y tal como demostró Lucaioli[56], no
debemos subestimar el peso de las particularidades de los funcionarios y de los
caciques indígenas en contacto, así como de los lazos interpersonales tejidos a
lo largo de varios años para lograr los acercamientos interétnicos en el caso
de Santa Fe. El desconocimiento mutuo y la relativa lejanía con respecto a los
territorios de los indígenas impedían que en Córdoba se proyectaran relaciones
de esta índole.
La década de 1740 se
caracterizó por una relación sinuosa entre ambas jurisdicciones. Durante los
años inmediatamente anteriores al período 1745-1748, encontramos intercambios
epistolares que dan cuenta de la concordia que todavía existía entre las
autoridades cordobesas y las santafesinas, y del apoyo de las primeras a las
negociaciones para la reducción de los indígenas llevadas a cabo por las
segundas. En septiembre de 1743, luego de la fundación de San Javier de
mocovíes, los cordobeses escribían al teniente de Santa Fe para transmitirle
sus esperanzas en el éxito de la reducción y conversión del “infiel enemigo”,
y le transmitían su deseo de “concurrir en lo que sea posible, como así
mismo el vecindario de esta ciudad, para tan santo fin”[57]. Unos
meses después, en enero del año siguiente, el Cabildo cordobés enviaba otra
carta al teniente Vera Mujica dándole las gracias “por lo mucho que hace al
bien de este vecindario” y reconociendo sus esfuerzos para “resistir las
tiranas hostilidades que nos previene el indio enemigo”[58]. En la
misma misiva, el cuerpo capitular cordobés comunicaba al funcionario
santafesino su decisión de colaborar con la nueva reducción[59],
siempre que fuese aprobada por el gobernador del Tucumán, del que todavía no
tenían noticia al respecto. Finalmente, en febrero de ese año de 1744, el
cuerpo capitular cordobés volvía a comunicarse con Vera Mujica para
dar
nuevamente las debidas gracias de la favorecida de V. merced que recibimos el
mes próximo pasado; y aunque inmediatamente dimos respuesta á ella, ha sido de
tanto beneficio para esta ciudad y sus fronteras la cristiana prevencion de V.
merced, que mediante ella y con la aceleración que pedia el caso, se pudo
reparar el daño del enemigo infiel, que hubiera sido sin ejemplar, y se les
embarazó mediante el aviso de V. merced[60].
De esta forma, el cabildo de
Córdoba reconocía que gracias al aviso que les había dado el teniente
santafesino, los cordobeses pudieron estar prevenidos frente a un ataque
indígena, evitando que el daño fuera mayor. Más adelante en la misma nota le
suplicaban que “ejercitando su piedad y caridad con este pobre vecindario,
no omita hacer lo propio, siempre que llegue á su noticia las depravadas y
sangrientas empresas de estos indios, quienes aunque fueron derrotados, nos
tememos y recelamos sus asaltos”[61]. Por su
parte, el Teniente de Rey Esteban y León también le escribió en la misma
ocasión a Vera Mujica, dándole las gracias por haberle informado sobre ese
ataque, ya que la noticia preparó a los cordobeses para “aprestar la gente
que requería el caso” para hacer frente a los “indios enemigos”.
Asimismo, le informaba que pudieron perseguir al enemigo en su retirada y enredarse
en una feroz batalla en la que muy pocos indígenas escaparon, y recalcaba que “esto
se le debe á V. merced, despues de la voluntad de Dios por haberme participado
dicha noticia, de que le doy repetidas gracias” pues los indios, según un
cautivo que lograron capturar, “venían con ánimo de hacer un grande estrago
en las fronteras”[62].
De este modo, los
funcionarios cordobeses reconocían que, gracias a la información provista por las
autoridades de Santa Fe, pudieron estar preparados para repeler a los indios,
minimizando los daños y, además, organizando más efectivamente su persecución.
Sin embargo, esta gratitud y cordialidad en las comunicaciones oficiales se
fracturó al año siguiente; los intercambios entre funcionarios de ambas
jurisdicciones tomaron un cariz claramente diferente dando inicio a un período
de relaciones tensas que duraría aproximadamente tres años. Como veremos, aquella
gratitud hacia Santa Fe por informar de manera anticipada los ataques indígenas
en las fronteras cordobesas, en poco tiempo se transformó en severas
acusaciones sobre su responsabilidad en el aumento de dichos ataques e incluso sobre
su complicidad con los grupos indígenas en sus tropelías en tierras cordobesas.
Nos preguntamos en qué medida este cambio de actitud pudo haberse debido a la
ausencia de nuevos avisos por parte de Santa Fe, que podría haber alimentado la
sospecha en los funcionarios cordobeses de que sus pares santafesinos se
alineaban en el bando de los indígenas. Desconocemos, en todo caso, si la falta
de nuevos avisos por parte de los santafesinos se habría debido a un
ocultamiento intencional de los movimientos de los indígenas o simplemente –como
creemos– al desconocimiento que tenían los funcionarios sobre las acciones de
los indígenas y la imposibilidad de interferir sobre los nuevos ataques en la
frontera oriental de Córdoba.
Lo cierto es que a partir
de 1745 los cordobeses llevaron a cabo una serie de reclamos a su jurisdicción
vecina, pues sostenían que la diplomacia santafesina para con los grupos
indígenas había repercutido en un aumento de la violencia interétnica en las
fronteras de Córdoba. Los funcionarios santafesinos, por su parte, buscaron
desagraviar la acusación cordobesa y defender su política de paces con dichos
grupos, alegando que los ataques a las fronteras cordobesas no estaban
relacionados con la política interétnica de los santafesinos; el problema,
sostenían, radicaba en que Córdoba no supo defender de forma adecuada sus
propias fronteras.
La acusación proveniente de
Córdoba versaba sobre dos cuestiones relacionadas: por un lado, argumentaban
que la política de pactos llevada a cabo por los santafesinos redireccionaba la
violencia indígena hacia otras jurisdicciones que se mantenían en su postura de
combate frente al “enemigo infiel”. De esta manera, sostenían que los
santafesinos no estaban cumpliendo con su obligación de combatir a sangre y
fuego a los “Bárbaros fronterizos” que atentaban contra los territorios
de su Majestad y de la Santa Fe Católica. Por otro lado, y de modo más directo
y contundente, acusaban a los santafesinos de sacar provecho de los ataques
indígenas a otras jurisdicciones, e incluso los culpabilizaban por ser
cómplices de los indígenas en sus ataques a las fronteras cordobesas, ya que,
sostenían, “no falta quien diga que aun ban los referidos infieles a hacer
los daños a la referida Ciudad de Cordova con la vezindad de esta [Santa Fe]”[63].
No sólo los funcionarios cordobeses
se quejaban de las consecuencias de los pactos de los santafesinos con los grupos
indígenas. Desde Asunción también reclamaban al gobernador de Buenos Aires que
obligara a Santa Fe a declarar “la guerra a las naciones del Chaco” por
ser la paz que tienen “de gravísimo perjuicio de esta jurisdiccion” ya que
dicha ciudad era un “nido de los infieles” y sus vecinos eran muchas veces
cómplices de ellos, ya que compraban “los despojos de esta provincia”. Por
lo tanto, sostenían que dicha paz era “tan fecunda de males para el Paraguay
y los pueblos de misiones a cargo de los padres jesuitas”[64]. En la
misma línea, el jesuita Dobrizhoffer también sostenía esa complicidad de los
santafesinos, pues relataba que los abipones “se establecieron con sus
familias en campos cercanos a la ciudad, y vivían comprando lo que deseaban y
vendiendo en la plaza pública lo que habían robado a otros pueblos”[65].
Además, relataba que los indígenas conseguían en Santa Fe armas y otros bienes
para llevar a cabo sus asaltos en otras jurisdicciones, lo que causaba la queja
constante de cordobeses, correntinos, paraguayos y santiagueños porque “Santa
Fe se había convertido en refugio de los bárbaros ladrones y en su emporio; en
donde éstos compraban el hierro que usarían para asesinarlos”[66]. Este
misionero, que convivió con los abipones durante nueve años en las diferentes
reducciones fundadas por la Compañía de Jesús, nos introduce en otra cuestión
interesante, pues en su obra presenta también un esbozo de la agencia indígena
en medio de esta disputa interjurisdiccional cuando plantea que “esta fue la
astucia que luego los bárbaros usarían con el resto de la provincia en vez de
emplear la fuerza: cultivar diligentemente la paz con una ciudad donde pudieran
comprar los utensilios necesarios para la guerra y luego ponerlos en venta”[67].
En este sentido, no debemos
perder de vista que, en medio del conflicto protagonizado aparentemente por los
funcionarios de las dos jurisdicciones vecinas, los indígenas involucrados –mocovíes
y abipones– actuaron de modo estratégico, aprovechando las ventajas que les
abría el nuevo escenario de paz con Santa Fe. Estas paces no eran extensivas a
otras regiones, por lo que los indígenas aprovecharon la posibilidad de
comerciar en la ciudad amiga aquellos productos obtenidos de forma violenta en
otros espacios.
En medio de este conflicto,
el Procurador General de la Ciudad de Córdoba, José Joaquín de Mendiolaza,
inició una investigación sobre el caso, para probar que Santa Fe era efectivamente
cómplice de los “indios bárbaros” que atacaban las fronteras cordobesas.
Para ello, indagó a una serie de testigos que alegaban tener información sobre
el tema, ya porque hubieran estado en Santa Fe y/o mantenido contacto con
vecinos y moradores de dicha ciudad o bien porque hubieran participado de las
persecuciones a los indígenas luego de alguno de sus ataques. Estos testimonios
daban cuenta de que muchos de los bienes y plata robados por los indios en las
fronteras de Córdoba eran luego intercambiados por otros productos entre los
vecinos y habitadores de Santa Fe. Según lo declarado por el arcediano Juan
Pablo de Olmedo –quien a su vez había escuchado la noticia por parte de otro
religioso que residía en Santa Fe–, varios vecinos santafesinos habían
intercambiado las capas que llevaban puestas por plata que los indios habían
obtenido luego de un ataque en las fronteras cordobesas, transacción que había ocurrido
nada más y nada menos que en la casa del propio teniente de gobernador Vera
Mujica:
en el robo que los
Indios Guaycurues havian echo a Don Pedro de Ortega vecino de esta Ciudad en el
Rio Tercero […] lo mas de la plata, o toda que le robaron dichos Indios se
repartio en Santa Fe, pues hubieron dos vecinos a lo
menos que en casa del Theniente General de dicha Ciudad, cambiaron sus capas
sacandose de los ombros, y dandoles a dichos Indios, por exesivo precio en
plata y que asi sin capas volbieron a sus casas, pero cargados de dinero[68].
Además, el arcediano
declaró que supo que, luego del
mismo episodio, en Santa Fe “cada gatera de la Plasa
vendio cada pan por un peso en plata doble, y que sobrava plata, y les falto
pan que bender a los dichos Indios segun la cantidad que tenian”[69]. La
declaración de
Pedro Puchi era aún más contundente, pues afirmaba haber escuchado en Buenos
Aires que un vecino santafesino encargó una serie de lanzas para luego
vendérselas a los indios para que las utilizaran en sus tropelías en otras
fronteras, entre ellas las de Córdoba[70]. De
esta forma, los
testimonios recolectados por Mendiolaza
afirmaban que el comercio de los santafesinos con los indios incentivaba que
estos últimos continuaran realizando sus ataques y saqueos en las fronteras
cordobesas y en los caminos. En la misma causa, otros
testigos declararon que, en la persecución de los
indios luego del asalto a Don Pedro Ortega, los
cordobeses comprobaron que se les dio refugio y protección en Santa Fe; que los santafesinos
proveyeron a los indios de
armas, lanzas y caballos para que acometieran sus saqueos
en las fronteras cordobesas; y que,
incluso, los incitaban
para que cometieran sus
asaltos, informándoles de los
movimientos que realizaban los
cordobeses[71].
Según consta en las
actas del Cabildo de Santa Fe, frente a este suceso desafortunado en el que “los indios barbaros infieles” atacaron al vecino Pedro
Ortega de la jurisdicción cordobesa, Vera
Mujica envió al cabildo de su ciudad un interrogatorio dirigido a investigar lo ocurrido, a la vez que pidió al cuerpo capitular que designara un
juez para tomar las declaraciones pertinentes sobre
el caso[72]. Lamentablemente no encontramos pistas sobre el desarrollo de este
interrogatorio en los documentos disponibles, ni tampoco pudimos probar que efectivamente se haya
llevado a cabo. Por otro lado, luego del ataque a Pedro Ortega, cuando el Maestre de Campo cordobés Manuel Oliva persiguió con su
tropa a los abipones hasta las cercanías de
Santa Fe, Vera Mujica le envió
una comunicación invitándolo a que “se retire con la gente
de su cargo de las inmediaciones desta Ciudad sin hacer el mas leve daño, ni a los indios ya reducidos y poblados, ni a
los otros que están al poblarse y reducirse de la nación Abipona” ya que en caso contrario “me veré precisado a salir en persona en defensa de unos y
otros indios ya nominados”[73]. Al respecto, Montes[74] agrega
que, en esa ocasión, los cordobeses
comprobaron que el
teniente santafesino “lucía las cabezadas y
apero de lujosa platería” que provenían de aquel vecino residente en la frontera
del Río Tercero. Más allá de las
visiones y versiones contrapuestas –que no sólo se observan en
las fuentes sino también en cierta producción historiográfica regional–, lo
interesante es observar que el episodio del
ataque indígena a Pedro Ortega cobró una
importancia relevante en el conflicto que
estamos analizando, tanto para los
funcionarios de la jurisdicción de Córdoba como para los de Santa Fe.
Como parte de la misma
investigación llevada a cabo por el Procurador Mendiolaza, se requirió al
obispado de Córdoba que los curas de los diferentes partidos fronterizos testificaran
sobre el estado de sus pagos con respecto a los ataques indígenas. También se
solicitó a las autoridades de las diferentes órdenes religiosas radicadas en
Córdoba que enviaran informes en el mismo sentido. Todos ellos destacaron en
sus escritos la catastrófica situación que atravesaba la jurisdicción a causa
de los constantes ataques de los indios del Chaco a los poblados, estancias y
caminos de las fronteras y la preocupante desocupación de las tierras por esta
causa[75]. El más
completo de esos informes estuvo a cargo de Bernardo Nusdorffer, Padre Provincial
de la Compañía de Jesús, quien además de la cruda descripción del estado de
situación que atravesaba la jurisdicción, explicaba que “el enemigo bárbaro
infiel de las Naciones Abipona, Mocoví y otras del Chaco” había comenzado
con sus tropelías en territorio cordobés luego de haber “arruinado y
desolado enteramente toda la jurisdicción de Santa Fé”:
entónces
teniendo tan á la mano la jurisdiccion y poblacion de Córdoba á que mas y mas
se habian acercado con el esterminio de los de Santa Fé, fué consiguiente el
que entrasen en el nuevo empeño y asunto de insultar á Córdoba […] y lo
lograron los infieles, de suerte que en muy breves años oimos y vimos los mas lamentables
destrozos de vidas y haciendas[76].
Nusdorffer también esbozó en su informe que los bienes
y la plata capturados en los robos en la campaña cordobesa eran comerciados en
Santa Fe. Sin embargo, la máxima autoridad jesuita eligió en su texto no
profundizar en dicha cuestión pues “seria cosa larga y molesta si
quisiésemos dilatarnos más en esta materia, y parece basta lo dicho para el fin
que nos hemos propuesto”[77].
Consideramos que esta cautela del Padre Provincial para referirse a la
actuación santafesina en los ataques indígenas a Córdoba puede deberse a que la
Compañía de Jesús intentaba mantener una posición neutral y equidistante en los
asuntos mundanos que podían acontecer entre las autoridades políticas del Virreinato,
máxime teniendo en cuenta que la jurisdicción jesuítica de Paracuaria se
superponía a las divisiones administrativas de la Colonia, puesto que abarcaba
territorios de las gobernaciones del Tucumán, Buenos Aires y el Paraguay.
Además, durante el período en el que transcurrió este conflicto entre Córdoba y
Santa Fe, los jesuitas ya habían fundado la reducción de San Javier de mocovíes
(1743) y estaban en tratativas con Santa Fe y con Córdoba para la reducción de
los abipones en San Jerónimo. Por ese motivo, alentaban un acercamiento entre
ambas jurisdicciones, actuando de esta manera como mediadores religiosos en un
conflicto entre autoridades civiles[78].
Asimismo, el procurador Mendiolaza
solicitó a Fray Antonio Santaella –guardián del convento de San Francisco en
Córdoba– que se dispensara una licencia a fray Roque del Pino, quien era predicador
y guardián del convento franciscano de la ciudad de Santa Fe, para que
declarara acerca de sus conocimientos sobre tres cuestiones: por un lado, “si
save o ha oydo dezir” que en las invasiones de los indios a Córdoba, “los
efectos y plata que han robado, la han llevado a dicha Ciudad de Santa Fe a
venderla y trocarla”. Por otro lado, “si save o ha oydo dezir” que
les dieran a los indios “Armas de Lanzas y Cuchillos en la referida Ciudad
de Santa Fe, por los efectos y plata que llevan robados” de Córdoba. Por
último, “si save o ha oydo dezir” que en las ocasiones en que el tercio
cordobés ha perseguido al enemigo para castigarlo fue mal recibido en la ciudad
de Santa Fe, “y si han amparado a dichos enemigos dentro de la misma ciudad
con sus ganados y chusma, y estorbando el que dicho tercio castigue y reprima
la Barbara hostilidad”[79]. Sin
embargo, las autoridades de la orden franciscana en Córdoba se negaron en dos
oportunidades al pedido: en la primera, alegaron que no le podían otorgar esa
licencia a del Pino por “la particularidad de su comvento” y porque
observaban que no se llamaba para la misma declaración a religiosos de otras
órdenes. Ante el segundo exhorto enviado por el Procurador General de la
ciudad, los franciscanos respondieron que “siendo el pedimento de materia y
en algun tiempo dañoso al comvento de Santa Fe, cuyos vezinos se darian por
agraviados fueron de pareser que por obiar qualquier quexa darian quenta al R.
P. Visitador General Residente en Buenos Ayres”, por lo que dejaban la
decisión en manos de la autoridad máxima de la orden en la región[80]. Ante
esta doble negación para dispensar la licencia a del Pino, Mendiolaza desistió
de contar con la declaración del fraile franciscano, ya que le urgía enviar su
informe al Virrey y no podía esperar los tiempos que hubiera requerido la
respuesta desde Buenos Aires.
Aunque desafortunadamente
no hemos dado aún con la respuesta del Virrey frente a esta investigación
llevada a cabo por Mendiolaza, consideramos que este largo informe –del que
hemos encontrado fragmentos en diferentes repositorios y compilaciones– da
cuenta por sí solo de la profunda complejidad del conflicto que estamos
analizando, conflicto en el que se superponían jurisdicciones y funcionarios civiles
y eclesiásticos, congregaciones religiosas, vecinos de las ciudades y
habitantes de las fronteras, además de los grupos indígenas involucrados.
Por su parte, la acusación
cordobesa causó “suma estrañeza" entre los santafesinos, ya que
sostenían que fue sorpresiva “por el concepto que mantenemos de la
integridad de V. S. á quien suponíamos muy distante de este dictámen, propio
solo de la vulgaridad”; y en vistas de que peligraba el “pundonor del
gobierno de esta ciudad” otorgaron poder a Pedro Rodríguez, Dignidad de
Chantre, para que actuara las diligencias que el juicio requiriera, con el
objetivo de que “de su resulta quede destruido el bulto de la presente no
merecida calumnia, de la cual vivia esta ciudad tan agena como asegurada”.
Además, en la sesión del Cabildo del 24 de diciembre de 1745, convinieron
responder de forma rápida a su contraparte cordobesa para “atajar tan grabe
calumnia […] asiendole
presente la nulidad con que an formalisado su actuasion y los ningunos
fundamentos que an tenido para su formasion”[81]. La
misiva redactada y enviada al cabildo cordobés hacía referencia a los
intercambios ocurridos entre septiembre de 1743 y febrero de 1744, en cuyos
contenidos –como ya mencionamos– no se podía inferir la postura ahora confrontativa
de los funcionarios de la jurisdicción vecina. Además, los santafesinos
esgrimían que los ataques indígenas a las fronteras cordobesas no eran nuevos,
sino que habían comenzado en 1727, varios años antes de iniciadas las paces con
los indígenas por lo que
si en
aquellos, cerca de siete años, no fueron las paces de esta ciudad [Santa Fe]
motivo para las ruinas que experimentó esa jurisdiccion [la cordobesa], ni le
sirvió de antemural la sangre derramada de los vecinos de esta en tiempo de la
mas apurada y peligrosa guerra que mantuvimos con estos infieles ¿qué razon
habrá para que en el resto del que se ha subseguido este trabajo en esa ciudad,
haya de ser responsable esta de Santa-Fé de lo que padece y clama esa?[82].
De esta manera, los
capitulares santafesinos sostuvieron que los acuerdos llevados a cabo primero
por Echagüe y Andía y luego por Vera Mujica con mocovíes y abipones no tenían
relación alguna con la irrupción de la violencia interétnica en las fronteras
cordobesas; la propia naturaleza “bárbara” del enemigo hacía que fuera
irremediable que atacaran al mundo colonial. Sin embargo, identificamos que,
hacia el inicio de las negociaciones diplomáticas en 1734, los miembros del
cabildo santafesino no parecían desconocer las consecuencias que su política de
pactos podía ocasionar sobre otras regiones del complejo fronterizo con el
Chaco. Según dejaron asentado en el acta del cabildo del 5 de agosto, era
preciso
considerar
que el que algunos [grupos indígenas] ayan benido en la Paz que se les ofresio
a sido sin duda para dejar con este motibo en seguridad sus familias en esta
frontera donde las tienen y poder con
libertad pasar a la de Cordova a executar los extragos que son notorios[83].
Pero, como hemos visto,
cuando a partir de 1745 los funcionarios cordobeses comenzaron a elevar quejas
y acusaciones sobre los efectos negativos que la política de acuerdos de paz de
Santa Fe con los indígenas chaqueños producía en su territorio, el cabildo
santafesino respondió en cada ocasión negando cualquier tipo de relación entre
su política de diplomacia interétnica y el aumento de la violencia indígena en
las fronteras cordobesas. Los ataques y saqueos en dichas fronteras, esgrimían,
se debían a la “barbara tenacidad” de los indios y a la débil e ineficaz
reacción de la jurisdicción cordobesa para defender sus fronteras, cuestión que
les llamaba especialmente la atención por ser Córdoba una ciudad “tan
ilustre” como era, “y compuesta de mas de sinco mil vezinos”[84].
Tal y como ya mencionamos,
las paces con mocovíes y abipones constituían una política fundamental para el
teniente santafecino Vera Mujica, por lo que no estaba en sus planes
modificarlas por pedido de otras jurisdicciones, entrando incluso en disputa
con su superior, el gobernador de Buenos Aires. Por ejemplo, frente a un ataque
indígena en el que murieron Francisco Villafañe y otros vecinos santafesinos
–aunque en territorio cordobés, en las cercanías del fuerte de Masangano– las
autoridades santafesinas hicieron hincapié en que se buscara a los autores del
crimen y se les diera su merecido, pero sin poner en discusión las paces que
tenían con el resto de los indígenas:
sin que se
entienda faltar a la buena fe de pases que con ambas nasiones [abipones y
mocovíes] mantiene esta Ciudad [los miembros del cabildo] resolvieron se
haga una formal expedision de gente militar para solicitar en sus abitasiones a
los complizes del destroso executado en dichos vecinos y tomar de ellos una
condigna satisfasion de manera que de ella resulte el practico conocimiento de
que aquella resolusion la an motivado ellos con su mala fe guardando al mesmo
tienpo lo que se debe observar con los demas casiques y parsialidades que no an
concurrido en el expresado echo[85].
Es decir que, si bien se
debía perseguir y castigar al grupo que había perpetrado aquel destrozo, el
gobierno santafesino pretendía seguir respetando los pactos con aquellos
caciques que mantenían la paz. Sin dudas Santa Fe se veía beneficiada con las
paces, aún teniendo en cuenta que, como ya mencionamos, eran acuerdos
interpersonales trazados con algunos líderes, lo que no impedía que otros
grupos continuaran con los ataques y saqueos a las fronteras, la campaña y la
propia ciudad.
Según relata Cervera[86], el
Procurador de Santa Fe López Pintado también emprendió una investigación en
busca de desagraviar a dicha ciudad de la acusación cordobesa. Para ello,
interrogó a varios testigos, quienes sostuvieron que las invasiones indígenas a
las fronteras vecinas habían comenzado años antes de las paces santafesinas, y
que la ciudad no tenía responsabilidad en ellas, puesto que los indios cuando
se dirigían a Córdoba pasaban a más de sesenta leguas de Santa Fe. Además, los
testigos remarcaban que las paces con los indios habían sido muy beneficiosas
para los santafesinos, ya que gracias a ellas la ciudad y la campaña se
repoblaron y se reactivaron las actividades agrícolas. El informe sostuvo,
además, que no sólo Santa Fe no era responsable de los ataques indígenas a la
frontera cordobesa, sino que, gracias a las políticas santafesinas de
contención de los indígenas, las jurisdicciones vecinas pudieron extender sus
fronteras. Ahora bien, observando lo ocurrido posteriormente, consideramos que
los santafesinos posiblemente hayan aprovechado el aumento de la violencia en
las fronteras cordobesas para incentivar o presionar a dicha jurisdicción para
que participase de la fundación de las reducciones jesuitas en las fronteras de
Santa Fe, cuestión que redundaría en la repartición de los altos costes que eso
implicaba. De cualquier modo, y como retomaremos en el próximo apartado, pese
al compromiso final de las dos ciudades en la fundación y el sustento de la
reducción de abipones, sabemos que en la práctica la situación distó mucho de lo
acordado, ya que los funcionarios cordobeses fueron en general esquivos a
realizar las contribuciones pactadas en los acuerdos.
La fundación de San Jerónimo de
abipones: una salida al conflicto
Consideramos que este
conflicto puntual entre Córdoba y Santa Fe no tuvo un cierre definitivo ni
formal, sino que se inserta en una larga historia de relaciones –a veces tensas
y otras más cordiales– entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, en base a las
fuentes disponibles y a la bibliografía especializada, podemos esbozar que esta
disputa en particular se diluyó hacia 1748, salida en la que fue determinante
el compromiso conjunto para fundar la reducción de San Jerónimo para los
abipones. En un informe que realizó el Cabildo de Córdoba al Rey varios años
después, se informó que las hostilidades indígenas a la ciudad y la campaña
cesaron “mediante las treguas conseguidas con los indios en el año pasado de
setecientos cuarenta y ocho, con las reducciones que se fundaron por los Padres
de la Compañía de Jesús, en territorio de la ciudad de Santa-Fé”[87]. De
este modo, sabemos que fue clave el cambio de postura de los funcionarios de
Córdoba y la cooperación entre ambas ciudades para lograr el establecimiento de
la reducción.
Siguiendo a Lucaioli[88] podemos
comprender la fundación de San Jerónimo como el resultado de dos situaciones imbricadas
entre sí: por un lado, fue indispensable el estrechamiento de los lazos
interpersonales tejidos entre los funcionarios santafesinos y los líderes
abipones; por el otro, el aumento de la violencia interétnica en las fronteras
cordobesas llevó a que los funcionarios de esta jurisdicción aceptaran cooperar
materialmente con su instalación. Además, dicha reducción fue posible, en gran
medida, gracias a las gestiones de los jesuitas, y específicamente a Diego de
Horbegozo, quien era el rector del Colegio de Santa Fe. En octubre de 1747, Horbegozo
se encontraba en Córdoba, realizando gestiones tanto entre los funcionarios
civiles como entre los religiosos, para que ambos cabildos –el secular y el eclesiástico–
aprobaran contribuir con la fundación del nuevo pueblo[89]. Hacia
fines de dicho año, por intermedio de sus gestiones, la ciudad aceptó en cabildo
abierto colaborar con San Jerónimo, tal como se dejó asentado en el acta de la
sesión del cabildo santafesino del día 7 de diciembre:
en la
Ciudad de Cordova del Tucuman se selebro Cavildo avierto el dia veinte y tres
de octubre para que concurriesen los Individuos de aquella dilatada Jurisdizion
con las limosnas que pudiesen dirijidas al fin de redusir a Pueblo y cristiana
política la nasion de Indios Infieles Avipones que havitan en el Balle de
Calchaquí que ostilisan aquellas Fronteras siendo el prinsipal movil de esta
empresa el Apostolico zelo del Reverendo Padre Diego Orbegoso[90].
En ese sentido, destacamos
la mediación del jesuita en el conflicto, acercando a los funcionarios de ambas
jurisdicciones y comprometiéndolos en la cooperación mutua para la fundación de
San Jerónimo[91].
También fue clave la labor de Horbegozo para con los grupos indígenas. Entre
otras estrategias para lograr un acercamiento, abrió las puertas del Colegio
jesuita santafesino para que los abipones pudieran frecuentarlo y, de esta
manera, fue tejiendo con ellos una estrecha relación que facilitó las
tratativas para la fundación. Las promesas de regalos y la oportunidad de
contar con un refugio seguro y protegido explican algunas de las motivaciones
indígenas para reducirse en el pueblo de San Jerónimo[92], además
de la experiencia de San Javier a la que muchos abipones visitaban asiduamente.
De esta manera, conocían las dinámicas de interacción y relacionamiento con los
padres misioneros y los donativos de ganado y otros bienes que recibían los
indígenas reducidos[93].
Para continuar con las
negociaciones relativas a la fundación de San Jerónimo, en 1748 Córdoba envió a
Santa Fe a su diputado Francisco Garay, con la misión de que se reuniera con
Horbegozo y con Vera Mujica. Para tal ocasión, el padre jesuita había pactado
con los caciques abipones que se quedarían en la ciudad hasta la llegada del
diputado cordobés, pero al retrasarse éste, y por causa de una peste de
viruelas en Santa Fe, los indígenas se retiraron tierra adentro. Sin embargo,
luego de la llegada de Garay, Horbegozo salió en su búsqueda, encontrándolos en
el “riacho nombrado del Rey”, paraje donde le manifestaron que querían
fundar la reducción[94]. Reunidos
los principales caciques abipones, se discutió si era conveniente extender los
acuerdos de paz a las otras jurisdicciones fronterizas. Si bien muchos eran
contrarios a esta idea, finalmente ganó la postura de las paces generalizadas,
enarbolada por Ychoalay[95]. Sin
embargo, sabemos que algunos de los líderes presentes en el acuerdo pronto
romperían sus promesas de paz y volverían a asolar las fronteras coloniales;
asimismo, sabemos que, aunque Ychoalay mantuvo su lealtad para con los
hispanocriollos, no tenía el poder político necesario para contener a los
grupos que se alejaron de la reducción[96].
Luego de estas gestiones, Garay
regresó a Córdoba con comunicaciones oficiales de parte de Horbegozo y de Vera
Mujica, dirigidas al cabildo cordobés. En particular la misiva del Teniente
proponía, como medida complementaria a la fundación de San Jerónimo, que las
dos ciudades construyeran en conjunto, compartiendo los gastos, un fuerte “á
la parte del Salado con sesenta soldados de esta jurisdiccion y cuarenta de la
de Santa Fé”[97]
para evitar la posibilidad de nuevos ataques indígenas en las fronteras compartidas. Sobre este tema, los capitulares
cordobeses acordaron, en sesión del 7 de agosto, que “se suspenda la
determinación por ahora”[98].
Finalmente, San Jerónimo
del Rey se fundó el primer día de octubre de 1748. En esta empresa confluyeron,
entonces, los intereses de diferentes personajes y actores sociales. Desde el
sector colonial, Vera Mujica finalmente logró reducir a los indígenas en las
fronteras de su jurisdicción, capitalizando así sus armas de presión y persuasión
(Lucaioli 2015) para garantizar la continuidad de la paz relativa en su
jurisdicción; los funcionarios de Córdoba se comprometieron a ayudar con la
manutención del pueblo a cambio de obtener –también de forma relativa– la tan
preciada paz en sus fronteras; la Compañía de Jesús como institución reafirmaba
en el Chaco su predominio en la tarea evangelizadora de los grupos indígenas
americanos frente a otras órdenes religiosas y frente al clero secular; el
Rector del Colegio jesuita de Santa Fe, Diego de Horbegozo se erigió como el
mediador en el conflicto jurisdiccional entre las dos ciudades. Desde el lado
indígena, por su parte, los abipones reducidos obtuvieron los bienes y
beneficios que buscaban en el escenario de las fronteras con el Chaco.
Meses más tarde, el 25 de
noviembre de ese mismo año, el cabildo cordobés recibió nueva correspondencia
de parte de Horbegozo y de Vera Mujica. En dichas cartas se informaba sobre “el
buen efecto de la reducción de los indios Abipones” y se les pedía que “se
solicite el recojo y remision de los ganados que tiene ofrecido el vecindario
para la manutencion de dichos indios”[99]. Sabemos
por las crónicas de los padres Paucke[100] y
Dobrizhoffer[101]
–misioneros en las reducciones de San Javier y San Jerónimo, respectivamente– que
los cordobeses fueron en general esquivos en el cumplimiento de los acuerdos
pactados en cuanto a las contribuciones de ganados y otros bienes para el
adecuado funcionamiento de la reducción, generando así nuevos conflictos entre
los funcionarios civiles y los padres de la Compañía de Jesús. Incluso unos
años después, en 1751, el Deán de Córdoba destinaba lo recaudado por multas “para
el subsidio caritativo que se está recogiendo con el fin de sufragar la urgente
necesidad de mantenimiento que padece la nueva reducción de San Jerónimo nación
abipona”[102],
lo que nos muestra que el sustento material seguía representando un problema grave
para la gestión jesuita de dicho espacio.
Con la fundación de San
Jerónimo se cerró un capítulo en la historia de las relaciones entre las dos
ciudades vecinas; un episodio sin dudas conflictivo que tuvo como punto de
partida las relaciones interétnicas desplegadas por diversos actores sociales
en una porción del amplio complejo fronterizo chaqueño. Las formas en las que
cada jurisdicción gestionó la violencia interétnica en un escenario de
múltiples fronteras fueron determinantes tanto en la emergencia como en la
salida del conflicto. Por esta razón, consideramos que la disputa no puede ser
cabalmente comprendida sino en el marco de un complejo fronterizo, es
decir, como el resultado de múltiples relaciones entre diferentes grupos
sociales y étnicos imbricados y articulados en un amplio espacio de
fronteras.
Reflexiones finales
En este artículo nos
propusimos analizar una disputa puntual y específica entre dos jurisdicciones
vecinas –Córdoba y Santa Fe–, que se desencadenó por causa de los conflictos
interétnicos con grupos indígenas insumisos al poder colonial. Quisimos
demostrar que las fronteras con el Chaco se configuraron como un complejo fronterizo en el que entraron
en juego múltiples actores y sectores sociales, tanto hispanocriollos como
indígenas. Reducir la historia de las fronteras al estudio de los contactos
interétnicos oculta otro sinfín de relaciones –interjurisdiccionales, entre
esferas civiles y religiosas, entre funcionarios y vecinos de las ciudades y
habitantes de las fronteras, etc.–.
Una de las hipótesis
sostenidas en este trabajo argumenta que buena parte del conflicto se explica
por las diferentes experiencias que ambas jurisdicciones habían acumulado con
los grupos indígenas del Chaco. Mientras que Santa Fe –y los funcionarios que
estaban a cargo de su gobierno– detentaron una relación asidua y cercana con
los mocovíes y abipones, sustentada en la cercanía geográfica y en una historia
de largos contactos pacíficos y violentos; en Córdoba las relaciones
interétnicas se dieron de forma más abrupta, a partir de 1727. El
desconocimiento mutuo y la lejanía respecto de la tierra adentro del Chaco
dificultaban el desarrollo de este tipo de relaciones interpersonales. Si para
Santa Fe las paces comenzadas hacia 1734 posibilitaron el desarrollo de
vínculos más estrechos con los “indios amigos” chaqueños, para Córdoba
la cuestión se reducía a la lucha contra el “bárbaro infiel”. En este
sentido, la situación se destrabó cuando las partes pudieron coincidir en que
la reducción de los abipones en un pueblo jesuita podía redundar en un
beneficio para las jurisdicciones coloniales en su conjunto. Sin embargo, en
esta instancia se abrirían nuevos conflictos, ligados al sostenimiento material
de las reducciones y a la siempre esquiva contribución de ganado y otros bienes
por parte de las autoridades cordobesas, según relataban los propios misioneros
de la Compañía de Jesús.
Con respecto al accionar de
los personajes involucrados, luego de la fundación de San Jerónimo, el teniente
Vera Mujica continuó con la política de fundación de reducciones, tanto en las fronteras
de Santa Fe –con las posteriores fundaciones de San Pedro (para mocovíes) y
Cayastá (para charrúas)– como colaborando también en las negociaciones para las
reducciones de Concepción y de San Fernando, en las jurisdicciones de Santiago del
Estero y Corrientes, respectivamente[103]. Los
funcionarios cordobeses, por su parte, no participaron en otras tratativas
similares para reducir a los grupos nativos chaqueños, ni en su territorio ni
fuera de él. Frente a las hostilidades indígenas que continuaron durante buena
parte del siglo XVIII, desde Córdoba se erigieron nuevos fuertes y presidios a
lo largo de la frontera oriental –y a partir de la segunda mitad del siglo,
también en la frontera sur– y se llevaron adelante campañas punitivas al Chaco,
actuando en muchos casos en forma conjunta con otras jurisdicciones. Como se
puede observar, lejos de la pacificación de las fronteras cordobesas, los
conflictos interétnicos continuaron siendo claves en la configuración de este
espacio, junto con otros factores como el despoblamiento y repoblamiento de
muchas unidades productivas que fueron de la mano con la crisis económica de la
primera mitad del siglo XVIII y su recuperación en la segunda mitad de dicho
siglo.
Para finalizar, hemos
analizado este conflicto entre Córdoba y Santa Fe desde diversas perspectivas,
con el objetivo de aportar a su comprensión, identificando a los actores
sociales involucrados y los argumentos empleados por los funcionarios de ambas
jurisdicciones a partir de la puesta en diálogo de documentos provenientes de
diferentes repositorios y espacios de producción. Reconstruimos así, a partir
de fragmentos, indicios, documentos incompletos y lecturas historiográficas
particularizadas, una mirada contextual de este episodio. No descartamos la esperanza
de encontrar en el futuro nuevos documentos que nos permitan avanzar en los
puntos oscuros o en las aristas abiertas por nuestro análisis; no obstante, consideramos
que más allá de nuestra problemática específica, el caso aquí analizado ilustra
de forma clara las interacciones recíprocas y los condicionantes mutuos propios
de los complejos fronterizos, entre
dos jurisdicciones en diálogo y tensión permanente respecto de las políticas
interétnicas.