Revista Andes, Antropología e
Historia
Vol. 33, Nº 1, Enero – Junio
2022
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de Creative Commons
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
MENDOZA Y LA CONFIGURACIÓN DE SUS ESPACIOS FRONTERIZOS
DURANTE EL PERIODO COLONIAL
MENDOZA AND THE CONFIGURATION
OF ITS BORDER AREAS DURING THE COLONIAL PERIOD
Luciana Fernández
CIS – CONICET / IDES.
CABA-
Argentina.
lucianafernandez1987@gmail.com
Resumen
El objetivo del
presente artículo es analizar la conformación de los espacios fronterizos bajo
jurisdicción de la ciudad de Mendoza durante el periodo colonial y presentar una
periodización histórica de ese proceso. Para ello, partiremos de la
bibliografía específica sobre la configuración histórica de la región y
utilizaremos fuentes documentales inéditas como correspondencia oficial y
diarios de militares y viajeros por la región. Con fines analíticos, propondremos
pensar la existencia de cuatro etapas en el proceso de avance colonizador sobre
el territorio indígena.
Palabras clave:
Pueblos indígenas, territorios, fuertes,
espacios fronterizos
Abstract
The purpose of the present article is to analyze the
conformation of the border areas under the jurisdiction of Mendoza’s city
during the colonial period and present a historical periodization of that
process. To this effect, we will use the specific bibliography about the
historical configuration of the region. Additionally, we will use unpublished
documentary sources such as official correspondence and military and
traveller’s diaries over the region. With analytical purposes, we will propose
the existence of four phases in the colonizing process over the indigenous
territory.
Key words: Indigenous
people, territories, forts, border
spaces
Introducción
Desde la Capitanía General de Chile
se llevó adelante la fundación de las ciudades de Mendoza (1561), San Juan
(1562) y San Luis (1594), que conformaron el Corregimiento de Cuyo (también
denominado Provincia de Cuyo) dependiente de esa Capitanía[1].
Esas ciudades y sus hinterland
conformaron la región de Cuyo. Entendemos por región a lo que Semadeni define como un sistema abierto controlado que se
comunica tanto desde el interior como con el exterior por medio de la
circulación de información, personas y bienes[2].
Como señala el autor, durante la etapa colonial temprana, las ciudades de
Mendoza, San Juan y San Luis formaron un espacio social integrado que se
caracterizó por vinculaciones entre esas ciudades y sus respectivas
jurisdicciones, así como lazos con el exterior: el Reino de Chile, las
Intendencias de Buenos Aires y Córdoba, entre otros. En el ámbito interior, las
jurisdicciones presentaron disparidades aunque se vincularon por medio de la
afinidad y la funcionalidad, sobre todo debido a la defensa de la frontera
contra el indio y la administración de justicia.
En
este artículo analizaremos el avance colonizador que ocurrió en la región de
Cuyo, específicamente desde la ciudad de Mendoza hacia el sur y sobre
territorio indígena, durante la etapa colonial. Nuestra hipótesis de trabajo es
que pueden ser identificadas cuatro etapas en dicho avance y que, en cada una
de ellas, las autoridades coloniales se vieron interpeladas sobre todo por las
necesidades de defensa fronteriza y las dificultades económicas -entre otras
cuestiones- por lo que debieron diagramar diferentes estrategias de contacto y
negociación con las poblaciones indígenas. Dichas etapas nos servirán de
ordenamiento y periodización histórica del proceso de conformación de los
espacios fronterizos al sur de la ciudad de Mendoza, un recurso instrumental para
nuestra investigación en curso. Su
identificación nos permitirá analizar cómo las directivas enviadas por la
Corona española fueron adaptadas en virtud de las necesidades y posibilidades
locales, para devenir en la implementación de particulares estrategias en pos
de someter a las poblaciones insumisas al poder colonial. Además, esto nos
permitirá en un futuro, por un lado, contrastar este proceso de avance
colonizador hacia el sur con los que sucedieron hacia los otros espacios
periféricos de la ciudad, como los del norte y el este y, por otro, integrar
este análisis a las problemáticas más generales de la frontera que han sido
propuestas para otros contextos regionales.
Partiremos
de la propuesta de Prieto respecto a las dos primeras etapas y el modo en que
evolucionó la concepción de frontera en Mendoza desde la fundación de la ciudad
hasta que se transformó efectivamente en una frontera de guerra en la segunda
mitad del siglo XVII, a causa de acontecimientos iniciados en la vertiente
occidental de la cordillera de los Andes[3].
Las otras dos etapas se corresponden con nuestra propuesta de investigación
inicial que, como tal, deberemos corroborar en otras instancias.
Consideramos
que los ríos que surcan el espacio mendocino, de oeste a este, constituyeron
importantes ejes organizadores en este avance de la administración colonial
sobre espacios que no controlaban. Ellos son: el río Mendoza, que corre a unos
20 km. al sur de la ciudad homónima; el río Tunuyán,
a unos 60 km, el río Diamante a 180 km y el Atuel a
240 km[4]. De acuerdo a la coyuntura,
esos ríos sirvieron como demarcación de la ocupación colonial del territorio
(aunque los sujetos se desplazaban y podían asentarse más allá de esos cursos
de agua), línea de frontera con los grupos indígenas e incluso lugares de
reparo y defensa.
Para
este análisis, consideraremos la bibliografía específica sobre la configuración
histórica de la región, así como utilizaremos fuentes documentales inéditas
como correspondencia oficial y diarios de militares y viajeros por la región,
albergadas en el Archivo General de la Nación Argentina (de ahora en más, AGN)
y el Archivo Histórico de Mendoza (de ahora en más, AHM).
Nociones
de frontera y relaciones interétnicas a través del tiempo
En el siglo XVIII la frontera en el sur de
América era entendida como el límite o separación entre dos espacios
diferentes, reinos, partes de un reino o provincia, que estaba inmediata a
otros dominios, por medio de un frente militar[5]. En
efecto, los enfoques tradicionales respecto a la frontera han hecho especial
hincapié en la guerra y el conflicto entre esas sociedades consideradas
antagónicas y separadas. No obstante, desde mediados de la década de 1970 hasta
la actualidad, las investigaciones de Villalobos[6], Bechis[7], Mandrini[8], Mayo y Latrubesse[9],
Pinto Rodríguez[10],
Crivelli Montero[11], Nacuzzi[12] y Néspolo[13]
–entre otros-, evidenciaron la complejidad de los espacios fronterizos y, sobre
todo, de las relaciones interétnicas que allí tuvieron lugar. Los aportes de
todos esos autores –aunque focalizados en espacios fronterizos diferentes a
Mendoza- son muy útiles para entender otros espacios fronterizos, incluso el
que nosotros analizamos, dado que ellos parten de considerar a la frontera como
un área porosa y permeable donde se dieron interacciones, intercambios
pacíficos y/o violentos, procesos de aculturación y de mestizaje cultural,
social, político y económico. Bechis ha sido pionera
en plantear que en virtud de la estrecha relación entre la Araucanía y la
región pampeana -y sus correspondencias culturales y sociales- las relaciones
interétnicas[14]
debían ser analizadas desde un enfoque de totalidad, articulando lo acontecido
de uno y otro lado de la cordillera de los Andes. Así, planteó que el espacio
de estudio debía ser abordado como área panaraucana[15]. A
esta concepción, Tamagnini y Pérez Zavala sumaron a
la Banda Oriental. De esta forma, estas autoras hablan de una gran frontera sur
para referirse a la extensa línea militar que se desarrolló desde el río Biobío
en Chile al Yí en Uruguay pasando –a fines del siglo
XVIII- por el río Salado bonaerense, el sur de Córdoba, y las ciudades de San
Luis y Mendoza. La vasta extensión territorial que recorría esa frontera puede
ser integrada en un mismo esquema espacial y temporal, “un espacio larvado de tensiones permanentes, a veces explícitas, otras
encubiertas o latentes"[16].
En las últimas
décadas, los estudios sobre relaciones interétnicas en las fronteras
demostraron que las sociedades indígenas revisten una mayor complejidad en su
funcionamiento y estructuras de lo que los investigadores han supuesto por
años. En tal sentido, es necesario rechazar una visión homogeneizadora del
mundo indígena, reconociéndose en cambio múltiples y variadas estrategias de
subsistencia y vínculos con otros grupos sociales. Profundizando la mirada de
dichos espacios como ámbitos de interrelación, Boccara
estableció que a partir de la llegada de los colonizadores españoles nuevas
zonas de fronteras fueron creadas y otras ampliadas. Dada la interacción de
ambas sociedades en dichos espacios fronterizos, los efectos de la presencia
europea se hicieron sentir mucho más allá de las meras zonas de contacto. El
autor propuso el concepto de “complejo fronterizo” entendiéndolo como un:
espacio de soberanías
imbricadas formado por varias fronteras y sus hinterlands
en el seno del cual distintos grupos -sociopolítica, económica y culturalmente
diversos- entran en relaciones relativamente estables […] y se desencadenan
procesos imprevistos de etnogénesis y mestizaje[17].
Otros autores
comparten esta perspectiva, indicando que en estos espacios de interacción los actores desplegaron diversas
estrategias para mantener su autonomía, tales como adaptaciones políticas y
económicas, mestizajes biológicos y culturales y reconfiguraciones étnicas[18].
Esto implicó que tanto indígenas como españoles e hispano-criollos incorporaran
elementos de la “otra” sociedad que les eran convenientes aunque persistiera
cierto grado de desconfianza mutua y que algunos representantes de una y otra
sociedad actuaran como intermediarios. A su vez, Nacuzzi
propone el concepto de “enclave fronterizo”, haciendo referencia a los
emplazamientos instalados en parajes casi totalmente aislados, generalmente más
allá de la línea de fuertes y/o pueblos que conformaban un conjunto defensivo,
en donde se dieron interacciones diversas[19]. Por
su parte, Néspolo ha expresado que las relaciones
interétnicas son tramas complejas por lo cual no es conveniente reducirlas a
periodos de paz y de guerra y ha propuesto el marco interpretativo de
“resistencia y complementariedad”, indicándolos como elementos conformantes que
se desarrollaron en un mismo espacio e incluso simultáneamente. Por
“resistencia” definió a la no aceptación de la dominación por parte de las
sociedades indígenas, lo que se tradujo en enfrentamientos bélicos con períodos
de tranquilidad en las relaciones fronterizas. A su vez, se produjo una
competencia por los recursos que ambas sociedades precisaban que dio lugar a la
“complementariedad” que implicaba vínculos de intercambio, comercio, protección
y/o amistad los cuales posibilitaron el desarrollo de cierta gobernabilidad en
cada sociedad[20].
Conjeturamos
que, en Mendoza, el fuerte de San Carlos se correspondió con un enclave
fronterizo tal como lo formula Nacuzzi dada su calidad
de avanzada poblacional en un paraje inicialmente aislado, aunque son
fácilmente identificables los contactos e intercambios interétnicos. Si bien las
autoridades coloniales planificaron instalar otros dos fuertes (San Juan
Nepomuceno y Aguanda) lo que podría haber devenido en
la presencia de un salpicado de enclaves fronterizos en el área, esto no se
logró. La avanzada territorial recién fue lograda hacia principios del siglo
XIX con la construcción del fuerte de San Rafael. De manera que Mendoza, a
diferencia de Buenos Aires y Córdoba no contó con una línea de fuertes y
fortines sino con fortificaciones más dispersas que iban dejando a su
retaguardia, en calidad de apoyo, las construidas previamente. Estos espacios fronterizos
fueron zonas porosas donde acontecieron múltiples intercambios e interacciones
entre pobladores locales, funcionarios coloniales, religiosos y poblaciones
indígenas lo que devino en diversos procesos de aculturación y etnogénesis. Si bien allí pueden identificarse manifestaciones
del binomio resistencia y complementariedad como el postulado por Néspolo, el componente de resistencia presenta una
específica complejidad que requiere gran atención puesto que consideramos que
puede variar –entre otros motivos- de acuerdo a las parcialidades analizadas, los
líderes étnicos a cargo, la circunstancial coyuntura de enemistades entre
parcialidades indígenas. Las resistencias no se redujeron solo a enfrentamientos
bélicos, sino que pueden haber sido más solapadas, por ejemplo, acontecidas en
negociaciones diplomáticas. Por otra parte, consideramos que la particularidad
del caso mendocino radica en su vinculación y dependencia –directa e indirecta-
tanto respecto de la vertiente occidental andina como del ámbito rioplatense. En
tal sentido, Mendoza podría ser considerada parte de un complejo fronterizo como
define Boccara en el que las soberanías hispano-criollas
chilenas y rioplatenses así como las indígenas entraron en disputa en un
espacio sumamente amplio que, desde las pampas al Pacífico, comprendía ambos
lados de los Andes.
La
configuración histórica de la región de Cuyo y de la jurisdicción de Mendoza
Durante el periodo colonial temprano, la región de Cuyo tuvo un rol
importante ya que debía resguardar las plazas de Santiago y Valparaíso, además
de dejar expedito el camino al Perú y a la región del Atlántico[21]. La
Capitanía General de Chile y la Gobernación del Tucumán se disputaron
jurisdiccionalmente a Cuyo por hacerse del derecho de apropiación de grupos indígenas
nativos denominados huarpes en concepto de encomienda
sin residencia. Si bien el conflicto concluyó con la convalidación real a favor
del Reino de Chile, Cuyo sirvió de bisagra y se vinculó con Chile y Córdoba,
Santa Fe y Buenos Aires.
Con la implementación de las reformas borbónicas en América y la sanción
de la Real Ordenanza para Intendentes Cuyo dejó de depender políticamente del
Reino de Chile y en 1783 fue incorporada a la Intendencia de Córdoba del
Tucumán.
A pesar de ese nuevo ordenamiento, la región se mantuvo vinculada a Chile por la circulación de las personas, expedición de pasaportes, licencias y
atención del problema fronterizo[22].
Sobre la configuración del espacio, Gascón postula
la noción de “espacio imperial” y describe el fenómeno por el cual regiones
periféricas se articulan con él por sus necesidades defensivas. Para el caso de
Mendoza, la autora afirma que su estrategia defensiva -luego de ataques corsarios
y de una rebelión araucana a fines del siglo XVI- se centró en la
militarización de la frontera a la altura del río Biobio.
Así, Mendoza se articuló al espacio imperial –y específicamente con la línea de
frontera de Arauco- a partir del tráfico ganadero en sentido este-oeste y la
ruta que comunicaba Buenos Aires con Santiago de Chile vía San Luis. De forma
que, a pesar de no estar localizada en la frontera estrictamente geográfica y
militar, la ciudad periférica de Mendoza devino en una frontera interétnica y
adquirió la dinámica de sociedad de frontera, porque allí confluyeron
diferentes parcialidades indígenas (puelches, pampas, ranqueles, huilliches y pehuenches) y poblaciones españolas e
hispano-criollas, con sus similitudes, diferencias e interacciones[23]. Consideramos
importante mencionar que debido a que las parcialidades indígenas con fuerte
presencia en la ciudad de Mendoza y sus fuertes tenían una amplia movilidad y
frecuentaban otras zonas fronterizas a ambos lados de la cordillera de los
Andes, es necesario desarrollar un estudio en una escala regional más amplia.
Por ello, este trabajo es solo un primer paso para un análisis más comprensivo
que considere, en un estudio futuro, una mayor escala.
Sumando
en el análisis de este espacio periférico, Prieto y Semadeni destacan
que durante su
etapa formativa la región de Cuyo fue un área marginal, alejada y poco
atractiva dentro del Reino de Chile en virtud de sus particularidades[24].
Este último autor recalca que esas condiciones cambiaron en la segunda parte
del siglo XVII, cuando la región adquirió un dinamismo sin precedentes a causa
del florecimiento del comercio local y la extensión de las comunicaciones hacia
otros espacios, como el Litoral. Además, el autor indica que las ciudades de la
región de Cuyo comenzaron a diferenciarse con el correr de los años, sobre todo
porque compitieron por el control y el aprovechamiento de recursos, así como
por las barreras impositivas o comerciales que podían afectar a una u otra. La
ciudad de Mendoza adquirió mayor preeminencia ya que tenía ciertas ventajas
comparativas: en primer término, su ubicación estratégica le posibilitaba una
comunicación más directa con el Reino de Chile; además, había sido
tempranamente elegida por las autoridades reales para instalar una dotación de
importantes funcionarios (Corregidores, Comandantes de Armas y Fronteras y
Ministros de Real Hacienda) y del oficial de la caja mayor de la Real Hacienda,
entre otras cuestiones. De este modo, la ciudad de Mendoza alcanzó una posición
privilegiada y se convirtió en la cabeza de la llamada Provincia de Cuyo,
mientras que San Juan y San Luis se convirtieron en ciudades sufragáneas,
dependiendo política, material, militar y simbólicamente de ella[25].
Sobre
el proceso de configuración de la jurisdicción de la ciudad de Mendoza[26],
Semadeni explica que durante el siglo XVII -y más
fuertemente en el siguiente-, luego de que se consolidó la ciudad y su hinterland inmediato, se impulsó la
colonización e incorporación de nuevos espacios a la jurisdicción. Este
fenómeno implicó a centros mineros (como la villa de Uspallata),
zonas misioneras (como las del valle de Uco y Huanacache) así como la colonización de los ríos Atuel y Diamante por medio de la instalación de fuertes (el
de San Carlos y el de San Rafael, ya en época tardo-colonial) y villas. De
acuerdo a este autor, todos ellos pasaron a ser espacios subalternos de la
jurisdicción[27].
Configuración
de los espacios fronterizos bajo jurisdicción de la ciudad de Mendoza
Mendoza fue un espacio de contacto entre diferentes
sociedades indígenas entre sí y de ellas con los hispano-criollos. Proponemos
la existencia de cuatro etapas en el avance colonizador sobre el territorio
indígena y el establecimiento y la configuración de particulares espacios
fronterizos bajo jurisdicción de la ciudad de Mendoza.
Para una mejor ubicación espacial, hemos localizado en el
mapa adjunto los cursos de agua, poblados y fuertes que serán referenciados a
lo largo del escrito y que son relevantes para las etapas en cuestión.
Mapa: Los espacios fronterizos de Mendoza (fines siglo
XVIII-principios XIX)
Fuente: Mapa base del Instituto Geográfico Nacional. Dibujo
realizado por Beatriz Bellelli con las ideas de la
autora.
Primera
etapa: frontera de campos abiertos
La fundación de la ciudad de Mendoza
ocurrió el 2 de marzo de 1561 y muy pronto fue trasladada hacia el sudoeste y
refundada bajo el nombre de “La Resurrección”. Según el acta fundacional, esa
ciudad tenía límites muy precisos:
por la banda
del norte, hasta el valle que se dice de Guanacache,
y por aquella del sur hasta el valle del Diamante[28], y
por la banda del este hasta el cerro que está junto a la tierra de Cayo Cauta,
y por la banda del oeste hasta la Cordillera Nevada[29].
Con esa configuración inicial de su
jurisdicción, como postula Prieto,
hasta 1660/1668 funcionó en Mendoza una frontera abierta, una franja poco
definida y difusa[30].
Tras la fundación de la ciudad, la frontera agropecuaria se extendía hasta los
territorios del valle del río Mendoza y el área precordillerana, luego a
principios del siglo XVIII se pudo avanzar hacia el sur y los hispano-criollos
implementaron un patrón de asentamiento disperso sobre las tierras localizadas
al suroeste de la ciudad, en la depresión de los huarpes,
cordillera Frontal y parte de las planicies desde el río Tunuyán
hasta el Diamante[31].
Entonces, las tierras comprendidas entre las márgenes de ambos ríos se
correspondieron con la zona de efectiva ocupación hispano-criolla. No obstante,
como indica Prieto a lo largo del siglo XVII la influencia hispano-criolla se
extendió a tierras más allá de aquel río. Entre el Diamante y el Atuel había presencia de ganado cimarrón pero como ninguna
de las dos sociedades podía afianzar su dominio allí, esta franja se presenta
como una zona de transición inestable entre las soberanías indígena e
hispano-criolla y, más al sur del Atuel, era
territorio dominado por los puelches[32].
Esta etapa se cierra con una coyuntura de ataques indígenas
a diferentes emplazamientos hispano-criollos. En 1657, los pehuenches
realizaron varias incursiones sobre las tierras del Maule (del lado chileno) y maloquearon
veintisiete estancias. Las noticias de inminentes ataques se difundieron con
gran rapidez por toda la Capitanía de Chile, incluso traspasaron la Cordillera
y llegaron a Cuyo[33].
En estado de alerta, en 1658 los hispano-criollos de Mendoza lograron frustrar la
invasión y ataque de una coalición de 200 puelches y pehuenches, bajo el mando
del cacique Bartolo. De acuerdo a los testimonios del expediente judicial, el
objetivo era atacar las estancias en los valles de Uco
y Jaurúa, especialmente la pertenecientes a la
Compañía de Jesús. No obstante, el intento fue frustrado y el líder apresado en
las cercanías del río Atuel[34].
Nuevamente, en 1662, los pehuenches al mando del indio Juanillo se organizaron
para avanzar sobre el valle de Uco y saquear la
estancia de la Compañía de Jesús. El padre Rosales, al mando de la
viceprovincia jesuita de Chile, ordenó el traslado del ganado a la jurisdicción
de San Luis para su protección pero esto no evitó el asalto indígena. Asimismo,
en 1666, una coalición de puelches, pehuenches y huilliches
procedentes de Chile atacó la estancia jesuítica situada en Uco
y mató al rector del colegio. El destino final del ganado robado era su
comercialización en Chile en virtud de que los indígenas de la zona cruzaban
anualmente la Cordillera para comerciar en los valles chilenos[35].
Estos ataques significaron un punto de inflexión en la política fronteriza,
dando inicio a la siguiente etapa.
Segunda
etapa: frontera de guerra
Los grupos nómades (puelches, pehuenches y huilliches) que habitaban esta región tenían movimientos
estacionales programados y habían diversificado su patrón de subsistencia,
integrando en sus economías bienes hispano-criollos[36].
Diversos ataques que realizaron a mediados del siglo XVII sobre las estancias
en el valle de Uco y Jaurúa
en busca de ganado, llevaron a que los vecinos de Mendoza despoblaron sus
estancias. Como explica Prieto, en ese nuevo contexto la línea fronteriza se retrotrajo
al río Tunuyán que constituyó un límite inestable y la
política fronteriza se orientó a defender el territorio valiéndose de
esporádicas expediciones sin programación anticipada, en una actitud más bien
defensiva que evitaba el enfrentamiento abierto con los grupos indígenas debido
a la escasez de armamento. Además, se implementó la reducción de algunas
tolderías de puelches chiquillanes[37]
y de algunos pampas en el valle de Jaurúa para que
actuasen como una franja de amortiguación o de choque que contuviese las
invasiones de indígenas enemigos. Esa franja abarcó desde el río Tunuyán hasta el Diamante y desde el oeste hacia el este
incluyendo los pehuenches reducidos en La Reducción y Corocorto[38].
Según la autora, esta etapa es la de una frontera de guerra que responde a otra
lógica, dado que en lugar de construir una línea de fortificaciones, se instaló
ese grupo de indios amigos[39]
los cuales -junto con el curso fluvial del Tunuyán-
conformaron la primera línea de frontera desde donde debían resguardar el espacio
y dar aviso en caso de avances de indígenas enemigos de los hispano-criollos[40].
También, con esa reducción se contribuyó a engrosar los repartimientos de los
vecinos de Mendoza[41]
y de Chile pero a medida que pasaron los años la fuga pasó a ser un fenómeno
transversal a los repartimientos puelches.
A fines del siglo XVII y principios del siguiente,
paulatinamente, se fueron reocupando las estancias previamente abandonadas en los
valles de Uco, Jaurúa y Llacorón, es decir, sobre la franja fronteriza oeste[42].
Pero las parcialidades que amortiguaron la frontera sur (puelches chiquillanes y pampas) permanecieron en la zona prestando
servicios de vigía y proveyéndose del ganado de las estancias lo que derivó en
un conflicto con los hacendados locales. Un ejemplo de esos conflictos se
manifiesta en un documento fechado el 28 de noviembre de 1753, que es una
solicitud de algunos vecinos de Mendoza[43]
que reciben los miembros del Cabildo y el Gobernador de la provincia de Cuyo. Esos vecinos manifiestan que dado que sus haciendas
estaban distantes de la ciudad de Mendoza pero eran claves para su
abastecimiento, ellos no podían remediar la situación difícil que les tocaba
atravesar y solicitaban la intervención y solución por parte de las autoridades
competentes. Comentan que escaseaba la carne pero estaban haciendo todo lo
posible para abastecerse de ganado ya que de ello dependía el abasto de la
ciudad y la supervivencia de sus familias. No obstante, esto se traducía en
altos costos y gastos y, además, todos sus intentos de sobrellevar esa
situación:
se nos frustran mas
cada dia p r. las audacia y osadia de unos Yndios, q e.
cojiendo el nombre comun de
yndios pampas[44]
son mayores enemigos q e.
tiene toda esta prov a. p r. q e.
estos andan donde quieren, y nos roban q do. quier
n. como es atodos notorio y estamos todos
experimentando[45].
Describían además que en su mayoría esos indígenas eran “Christianos y
criados entre los españoles, y en el gremio de nra Sta.
Madre la Yglesia” y que si bien vivían entre los hispano-criollos, mantenían sus
costumbres de “continuas embriagueses, poligamias, y omisidios,
quitandose las Vidas”[46].
El contenido en este extracto no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que
gran cantidad de población indígena fue encomendada e incluso bautizada desde
mediados del siglo XVI hasta fines del XVIII; no obstante, debemos reparar en que
aún viviendo entre hispano-criollos, los indígenas se dedicaban a trocar ganado
como si fueran no reducidos.
En la misma fuente, los vecinos/hacendados solicitaban que,
ante “tanto vicio” y “mal exemplo sin
castigo”, “estos Yndios se retiren de nrs Estancias alos terminos q e. proponemos” para “q e. se eviten tantos daños, q e.
padesemos” de unos “enemigos tan perjudiciales como domesticos”.
Invocaban tanto la “utilidad de yntereses de toda la prov a.”
como la de sus propias haciendas. Los términos que proponían estos vecinos se
explicaban a continuación, cuando expresaban que debía ordenárseles “se retiren de la Otra Vanda
del rio del diamante tierras señaladas p a. su morada”[47].De
esto se desprende que los indígenas que cometieron el robo de ganado se
encontraban efectivamente dentro de la franja de amortiguación que se extendía entre
la ciudad y el Diamante, en contacto y convivencia con los pobladores
hispano-criollos; pudiendo entonces corresponderse con algunos de los pampas
aliados o los puelches chiquillanes. Lo que no queda
claro en las palabras de los vecinos es si al momento de pedir que los
indígenas se retirasen de sus estancias -expresando también que los peones eran
testigos de las malas costumbres e indeseada influencia indígena- están dejando
entrever que los nativos prestaban servicios en sus estancias.
Entendemos que, a causa del comportamiento de esos indios
amigos, los vecinos piden su traslado al otro lado del río Diamante. Ello está poniendo
de manifiesto que existía un territorio transicional entre ambas soberanías, la
de los hispano-criollos y la de los indígenas insumisos. Consideramos que esa
solicitud está señalando que, por esos años, se había cristalizado un
imaginario territorial por el cual el control hispano-criollo se extendía hasta
el río Diamante. Entonces, para la época, aquél curso de agua de gran caudal y
difícil traspaso servía de línea divisoria natural y antemural[48]
entre hispano-criollos e indígenas no sometidos pero también entre estos
últimos y los indios amigos. Entre el Tunuyán y el
Diamante se aceptaba –y se sacaba ventaja de- la presencia de esos indios
amigos siempre y cuando se acogieran a las condiciones de los hispano-criollos.
En caso de no hacerlo, como manifiesta esta fuente, esos indígenas debían ser
expulsados más allá del Diamante.
A
medida que avanzó el siglo XVIII las hostilidades indígenas recrudecieron. Como
expone Roulet, a partir de 1760 los puelches chiquillanes sufrieron una mayor retracción territorial y
declinación demográfica por las epidemias y la expansión pehuenche[49].
En 1769 aconteció una agitación indígena generalizada al sur del Bío Bío en el Reino de Chile, que
se extendió a Cuyo: los puelches chiquillanes
debilitados se aliaron a los pehuenches y atacaron las estancias de la
jurisdicción de Mendoza. Ese ataque fue un punto de inflexión en la relación de
los hispano-criollos y sus indios amigos: las estancias avanzadas hasta el río
Diamante, se retrotrajeron hacia el valle de Uco y
los indios amigos abandonaron sus emplazamientos, traspasaron el Diamante y se
dispersaron en territorio indígena[50].
En este contexto, también los pehuenches emprendieron expediciones contra
Chile, Mendoza, Buenos Aires y contra todo aquel “que quisiera disputarle el control de los pasos cordilleranos por lo
que circulaba el tráfico comercial entre el Valle Central y las pampas”[51],
como fue el caso de los huilliches-ranqueles. Estos
últimos, lucharon por el control del acceso a recursos importantes (como el
ganado y la sal, entre otros) y también, movidos por el afán de los líderes de
concretar sus proyectos políticos y satisfacer sus ansias de prestigio y
distinción, se enfrentaron contra los otros grupos indígenas en incontables
ocasiones.
Tercera
etapa: frontera fortificada
Tras
los levantamientos de fines de la década de 1760 los puelches chiquillanes y pampas que sirvieron como franja de
amortiguación se desplazaron al sur y al este del Diamante. Como plantean
Prieto y Abraham y secunda Roulet, de esta forma,
entre el Tunuyán y el río Diamante se extendió una
suerte de tierra de nadie, sin control efectivo de ninguna de las dos
sociedades[52].
En
este contexto planteamos que, para poder solucionar el estado de desprotección
y en calidad de avanzada hispano-criolla, en 1770 el Cabildo de Mendoza ordenó
la construcción del fuerte de San Carlos[53]:
a unas 30 leguas de la ciudad, al sur del rio Tunuyán,
junto a una posta utilizada por las caravanas que se dirigían al sur del
territorio y a unas “treinta ó treinta y
dos leguas poco mas” [54]
al norte del río Diamante. Como indica Lacoste, con
esta instalación se pretendía resguardar la ciudad de Mendoza y prestar
seguridad a los valles productivos amenazados por constantes ataques indígenas,
mediante el control de la circulación por los pasos y boquetes cordilleranos[55].
Este hecho es muy importante dado que se trata de la primera fortificación que
se construye en la jurisdicción de esa ciudad con la finalidad de extender la
frontera política y el control hispano-criollo al sur del río Tunuyán, así como instalar una línea de frontera militar
más estable con presencia de tropas y milicias. Consideramos que ello denota la
adopción de una idea más elaborada “acerca
de la defensa de los pagos y poblados y se comenzaba a fijar la idea de la frontera como lugar que se debía reconocer y controlar”[56].
A su vez, esta fundación podría considerarse una iniciativa casi pionera dado
que la creación de fuertes en la frontera sur tomó verdadero impulso a partir
de la última parte de la década de 1770. En ese contexto, ante el avance inglés
y portugués sobre territorio virreinal los Borbones impulsaron proyectos de
ordenamiento territorial que combinaron tareas de reconocimiento y la ocupación
efectiva del espacio con el control directo sobre aquél[57].
El Virrey del Río de la Plata, José de Vértiz y
Salcedo, implementó a partir de 1780 un proyecto de defensa y poblamiento
creando fuertes que permitieran proteger las comunicaciones y el tránsito de
las personas y bienes hacia el Alto Perú e interior del territorio. Esta nueva orientación
en la política fronteriza se advierte en varias cuestiones en nuestro caso.
Primero,
posteriormente a la construcción de San Carlos, se procedió a la instalación de
otros dos Fuertes: en 1774[58] el de San Juan Nepomuceno a
60 kilómetros al sur de la Villa de San Carlos[59];
y en 1789 el Fuerte Aguanda a orillas del arroyo
homónimo. Para ambos casos –hasta el momento- carecemos de referencias
bibliográficas y documentales relevantes aunque, de acuerdo a Izuel, el primero de ellos no llegó a terminarse en virtud
de que no estaba emplazado en un sitio estratégico[60]
y Tamagnini afirma que no poseía un resguardo natural[61].
A pesar de ello, esta última autora señala que parecen haber servido de apoyo a
las campañas punitivas hacia el sur. Teniendo en cuenta esa funcionalidad y
dado que estas últimas fortificaciones se encontraban aún más al sur del
emplazamiento defensivo de San Carlos, consideramos que es posible afirmar que
las autoridades coloniales pretendían avanzar y afianzar su dominio por sobre
el territorio de forma paulatina, respondiendo al mandato general de la Corona.
Lo hicieron instalando fuertes estratégicamente emplazados más allá del río Tunuyán, con el objetivo de acercarse cada vez más al
Diamante y llevar hasta allí el límite de su espacio controlado.
En
segundo lugar, como indica Roulet, hasta fines de la
década de 1770 el río Diamante -a 100 km hacia el sur del fuerte de San Carlos-
demarcaba la terminación del espacio conocido por los hispano-criollos[62].
En 1778, Amigorena fue nombrado Maestre de Campo de
las Milicias de las Jurisdicciones de Mendoza y de San Juan y recibió la orden
de alistar a los vecinos de las mencionadas jurisdicciones para reprender a las
poblaciones indígenas que asaltaban la frontera de Mendoza. Así, entre febrero
y marzo de 1779 organizó una expedición para escarmentar a los indígenas que
unos meses antes habían atacado la estancia del Puesto de Zapata y los poblados
de Potrerillos y Capi, llevándose como botín armas, mulas, caballos y bueyes[63].
Lo destacable de esta expedición es que se trató de la primera en la que se
llevó a cabo el reconocimiento del territorio indígena al sur de los ríos
Diamante y Atuel. Además, para esta y las demás ofensivas
militares de Amigorena -en 1780, 1783, 1784, 1787 y
1789- el fuerte de San Carlos sirvió de base de operaciones[64].
Por otra parte, no hay que perder de vista que Amigorena
pretendía encontrar las tolderías emplazadas al sur del río Diamante y atacar a
las parcialidades allí mismo llevando entonces la ofensiva hispano-criolla al
mismísimo territorio indígena. Su estrategia fue valerse de ataques sorpresivos
y capturar hombres, mujeres, niños y niñas. En virtud de que éstos eran en su
mayoría familiares de los principales líderes pehuenches, como indica Roulet, en una primera instancia el Comandante los utilizó
para forzar a los líderes nativos a acercarse a la ciudad de Mendoza y negociar
la paz. Luego, los mantuvo como rehenes residiendo en casas particulares para
garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados y condicionó su entrega a
la devolución de cautivos hispano-criollos. Esta estrategia se manifestó
exitosa tras el ataque sorpresivo sobre las tolderías pehuenches asentadas a
pie del cerro Campanario en 1780: se cautivó un botín humano de gran
importancia al incluir mujeres, niños y niñas familiares directos de los caciques
asentados allí. Paulatinamente comenzaron a apersonarse en la ciudad varios de
esos caciques -Guentenao, Roco- para negociar la paz
con el Comandante Amigorena y los miembros del
Cabildo[65].
Así, entre 1781 y 1786 llegaron a Mendoza casi treinta de esos líderes a
parlamentar[66]. La misma autora aporta
que como resultado de esas negociaciones, los caciques pehuenches se
comprometieron a ser indios amigos de las autoridades mendocinas y ambas partes
pactaron no atacarse y unirse contra los indígenas enemigos de los mendocinos
(para la época, los pampas y huilliches y ranqueles),
entre otras condiciones. Asimismo, a un pequeño número de los caciques
pehuenches de Malargüe -como Roco y los suyos- se les
agregó la condición de asentar sus tolderías en la cercanía del fuerte de San
Carlos, en tierras cedidas por los españoles y a más de 200 kilómetros al norte
de su territorio[67], a cambio de comerciar
libremente sus productos en la ciudad; además, se los aprovisionaría de bienes y
agasajos, entre otras cuestiones. De esta forma, se conformó un enclave de
pehuenches fronterizos con funciones militares, logísticas, diplomáticas y
económicas que sirvió como antemural para frenar invasiones de indígenas
enemigos de los hispano-criollos. En palabras de los propios caciques
fronterizos Roco, Piempán y Puñalef
a Amigorena en junio de 1781: “nos benimos
a este pais donde nos allamos
desempeñando la frontera como lo hemos echo aora matando á los Pampas
Ladrones de lo que es testigo el Comandante de este Fuerte quien nos está mirando como á hijos"[68].
Como
indica Roulet, en vez de construir un pueblo para la
instalación de estos pehuenches se mantuvo el patrón de asentamiento tradicional
en toldos, los cuales se instalaron en tierras fértiles, bien provistas de agua
y útiles para desempeñar la ganadería. Aunque pudieron usufructuar esos
terrenos no tenían ningún derecho permanente sobre ellos[69].
No obstante, mantener ese patrón de asentamiento les permitiría, en caso de
precisarlo, relocalizar sus tolderías sin muchos inconvenientes. Así ocurrió en
1782: en el mes de marzo el cacique Roco levantó sus tolderías y volvió a la
zona del cerro Campanario. Ante esta huida, en abril Amigorena
informó al Cabildo de Mendoza cómo evitaría estas acciones en adelante, había
determinado "transferir las tolderias de los Yndios
Pehuenches que han quedado en la Frontera á otro sitio, donde les sea mas dificil la retirada en caso
que algun tiempo quieran hacerla"[70].
Otro
de los recursos de las autoridades coloniales para controlar a los grupos
indígenas fueron los pactos y tratados. En esta etapa se concretaron acuerdos
muy importantes como el Parlamento del Salado en octubre de 1787 donde se forjó
la alianza entre mendocinos, pehuenches de Malargüe y
pehuenches de Balbarco contra los huilliches
y ranqueles. Esa alianza se manifestó con toda su fuerza un año después cuando
los aliados (a los que se sumaron los hispano-criollos de Chile) emprendieron
campañas contra Llanquetur. En 1798 se celebró el
Parlamento en San Carlos que cerró la enemistad entre pehuenches de Balbarco y pehuenches de Malargüe
(junto con el Parlamento de Chillán, en ese mismo año) y en 1799 el encuentro
en el fuerte de San Carlos mediante el cual se pactó terminar con la enemistad
entre los ranqueles y los pehuenches.
Entonces
durante esta etapa podemos identificar varias cuestiones. En primer término, la
frontera militar quedó asentada en San Carlos (aunque se la intentó extender al
sur con las fortificaciones en San Juan Nepomuceno y Aguada) y en las
inmediaciones del fuerte se desarrolló una sociedad mixta: hispano-criolla y
parcialmente mestiza. Por otra parte, al norte del Diamante y en las inmediaciones
del fuerte de San Carlos se encontraban asentados los pehuenches fronterizos,
encargados de disuadir los ataques de indígenas enemigos[71].
Gracias a la pacificación de la frontera también las estancias se desarrollaron
en este espacio y avanzaron hacia el Diamante[72].
En
tercer término, el río Diamante también funcionó como límite tácito y frontera
política entre hispanocriollos e indígenas[73],
al sur del cual comenzaba el territorio pehuenche, luego del desplazamiento de
los puelches[74]. Respecto de esta última
cuestión, encontramos que hacia el sur del Diamante las autoridades coloniales
no podían ejercer efectivamente un control del territorio. Consideramos que
esto pudo vincularse con la dificultad de abastecer la frontera con guarnición,
así como la insuficiencia de armamento y fondos. Para conocer y dominar ese espacio
dependían de los pehuenches amigos y efectivamente delegaron en esos caciques
amigos la vigilancia y el enfrentamiento con los grupos indígenas enemigos[75]. La siguiente fuente del 3
de diciembre de 1784 se vincula con este planteo: Amigorena
informó a los Alcaldes Corbalán y Videla que el cacique pehuenche de Malargüe Ancanamun recogió en sus
toldos a un indio pampa llamado Creyó junto a otros de los suyos y que el
cacique amigo advirtió “…lo perjudicial
que pueden ser estas familias, en las fronteras por no tener de que vivir…”
por lo que acordó con Amigorena “…traherlas al Rio Diamante […], adonde
pienso despachar cien hombres […] para qe. reciviendose alli ...??? ellas, las conduzgan
á esta Ciud…”[76].
Del extracto se desprende que el accionar de Ancanamun
se condijo con su condición de indio amigo de las autoridades mendocinas y como
tal llevó a Creyó[77]
y los suyos hasta el Diamante. De ahí en adelante se ocuparían los
hispano-criollos. Consideramos que esto no indica que el cacique no pudiese
traspasar ese límite (porque sí podía hacerlo e incluso dirigirse al fuerte de
San Carlos y a la ciudad de Mendoza) sino que en realidad lo que está
demostrando es la concepción del río Diamante como límite tácito, así como el
no control de las autoridades coloniales sobre los territorios al sur del
Diamante y cómo ello fue dejado en manos de los pehuenches amigos.
En
cuanto al control de los espacios más alejados de la ciudad, durante esta etapa
los hispano-criollos enviaron frecuentes partidas para inspeccionar y vigilar el
territorio comprendido entre el fuerte y el Diamante. Así lo detalló el
Comandante del fuerte de San Carlos, Aldao Esquivel, diciendo
que el 26 de junio de 1788 había partido desde el mismo junto a 3 hombres:
a correr, y bombear el campo; con el animo de pasar hasta dar bista al
rio diamante […] pero haviéndo llegado hasta los
papagayos […] le fue presiso regresarse cortando
rastro por la imbernada,Fuerte de San Juan, y Aguanda , por aver encontrado
rastro […] al parecer de ginetes[78].
Sin
embargo, estos reconocimientos se veían muy dificultados por la escasez de hombres
tanto para las partidas de reconocimiento como para la propia fortificación. Las
autoridades coloniales conocían esta problemática y ordenaban, por ejemplo,
que: "siencontraba,
ó sentia enemigos si eran
pocos, ó competentes a nuestras fuerzas les acometiera, y q e. deno: me retirase con sijilo dandole a Vm. pronto aviso para
salir a imbadirlos”[79].
También
fue crucial conocer los pasos cordilleranos existentes, dado que podían ser los
utilizados por las parcialidades indígenas no sometidas al dominio español para
desplazarse o huir de un lado al otro de la Cordillera, de acuerdo a las
coyunturas. Existen numerosas fuentes documentales que hacen referencia a esos
reconocimientos. Por ejemplo, el 5 de mayo de 1788 Francisco Esquivel Aldao informaba a Amigorena que había
enviado al cabo Juan Manuel Guardia junto con tres hombres para recorrer todos
los pasos del Diamante[80].
También el 26 de julio de ese año se le ordenó a Esquivel Aldao
que recorriera hasta el rio Diamante "reconociendo
todos sus pasos desde la falda de la Zierra hasta a
bajo á el paso de las Salinas, piedras de afilar, agua del chancho,
aguadas"[81].
Durante
esta etapa, el Gobernador Intendente de Córdoba del Tucumán, el Marqués de Sobremonte veló por alcanzar el control y el avance de la
frontera sur en pos de garantizar el tráfico comercial[82].
Visitó Mendoza en 1785 y 1788 en el marco de su recorrido por los territorios
bajo su jurisdicción y concluyó que uno de los mayores problemas era la falta
de pueblos formales acompañado de la permeabilidad de la línea militar y la
inseguridad de las fronteras[83].
Entonces, combinar la política de pactos con la instalación de una población
planificada, permitiría reforzar el sistema defensivo y estabilizar la
frontera, “‘civilizar’ a la población de
frontera, en la medida de lo posible, su movilidad y trashumancia”[84],
de un mejor modo que las expediciones militares ofensivas que eran más costosas
y menos fructíferas[85].
A causa de ello, en 1788 se instalaron en las inmediaciones del fuerte familias
reclutadas forzosamente entre los que se encontraban dispersos por los valles y
quebrada. De este modo, se repobló la villa de San Carlos que se encontraba
hacia el oeste del fuerte. En palabras del Gobernador, la villa tenía la
función de servir como: “una Barrera a la
ciudad contra los Indios Infieles de manera que en sus vecinos haya un refuerzo
de pronto para oponerse a las incursiones de los infieles”[86].
Pero
la frontera militar en San Carlos quedó a retaguardia de los terrenos hacia
donde diferentes productores se aventuraron. De modo que a fines del siglo
XVIII se dieron propuestas de adelantar la línea militar más al sur[87].
Algunas autoridades coloniales (como Teles Meneses y Amigorena)
expusieron las ventajas de llevarla hasta el Diamante: excelentes terrenos y
disponibilidad de recursos para la instalación de un fuerte y población; además
de la protección de las estancias y la preservación del vínculo comercial entre
la Capitanía de Chile y el Virreinato del Rio de La Plata. Otros proponían
planes más ambiciosos de llevarla hasta San Juan Nepomuceno, como el caso de algunos corredores de campo que
acompañaron a Amigorena en el reconocimiento del terreno[88].
Veremos a continuación cómo se concretaron estos planes en la etapa siguiente.
Cuarta
etapa: frontera de reducción y conversión religiosa
A
principios del siglo XIX, la corona española encomendó a algunos viajeros,
funcionarios y científicos en expediciones a través de la Cordillera de los
Andes y por el Mamilmapu, con los objetivos de
encontrar un camino más directo y más rápido que conectara Buenos Aires con
Chile (con fines comerciales) así como el de identificar los sitios apropiados
para adelantar la frontera sur del Virreinato del Río de la Plata[89].
En octubre de 1804, Santiago de Cerro y Zamudio -comisionado para descubrir un
camino carretero entre Buenos Aires y Talca- se presentó en el Consulado de
Buenos Aires junto a su comitiva de pehuenches amigos de los mendocinos que
habían prometido facilitar el paso por sus tierras y como muestra de ello describieron
las condiciones del mismo y los recursos disponibles. Tras ser interrogados
mediante un rígido cuestionario, “admitieron
que deseaban tener iglesias en sus tierras y ser católicos; y aseguraron que
los españoles podrían pasar por ellas sin temores”[90].
Ese mismo día, los indígenas se reunieron con el recientemente designado virrey
Sobremonte y acordaron convocar un parlamento con los
indígenas de las pampas para obtener su consentimiento para abrir el camino a
Talca por sus tierras y adelantar la frontera. Los encargados de alcanzar ese
consentimiento y tranquilizar a los caciques convenciéndolos que no se les
quitarían sus tierras, serían Miguel Teles Menezes y
el fray Francisco Inalicán, dado que los indígenas
les tenían gran estima.
El 1° de abril de 1805 se reunieron en parlamento en las
orillas del Diamante alrededor de 200 personas entre ellas: el Comandante Miguel
Teles Menezes, el Teniente de Caballería de Buenos
Aires, Esteban Hernández; Cerro y Zamudio; el geógrafo Sourryere
de Souillac; el sacerdote Francisco Inalican y 23 caciques pehuenches y puelches junto con 11
de sus capitanejos, mocetones y chusma[91].
En ese encuentro se solicitó a los pehuenches la cesión, con lo que, como
indica Roulet, se les estaba reconociendo que tenían
derechos de propiedad colectiva sobre aquellos terrenos. Tras negociar, los
pehuenches accedieron expresando que el fuerte:
debía
cumplir la doble función de ampararlos de ranquelches
y huilliches –quienes solían cruzar el Diamante por
el paso de los Aucases, varias leguas al este del
lugar donde se preveía alzar la fortificación- y de concentrar las relaciones
comerciales en un punto máximo a sus tolderías[92].
Aparte
de la instalación del fuerte, las autoridades coloniales también buscaban la
evangelización y la reducción de las poblaciones nativas para evangelizarlas. En
el ítem 4 del Tratado se estableció que se construiría una capilla para que se
instruyese a los indígenas que quisieran abrazar la religión cristiana y ser
bautizados. En esa negociación resultaba clave la figura del religioso Inalicán que compartía con los pehuenches “su mismo idioma, nación y aún [estaba] emparentado
entre ellos”[93]. Teles Menezes destacaba al religioso en comunicación con el
Virrey el 8 de octubre de 1805, diciendo: “Estamos
en un pie de poder lograr que algunos de ellos se hagan cristianos buenamente,
y tal vez otros muchos, con las santas y celosas persuasiones del R.P. Inalicán”[94].
Sin embargo, Inalicán manifestó que los caciques, uno
a uno, fueron expresando su desacuerdo y argumentando que querían vivir en
concordancia a como lo hicieron sus antepasados y sus tradiciones[95].
Finalmente, solo Carilef y María Josefa Roco aceptaron
la propuesta e insistieron en no presionar a los restantes caciques, explicando
que con el correr del tiempo y al advertir las ventajas, se irían reduciendo
todos. Es más, la cacica Ma. Josefa Roco pidió “que la capilla y la casa donde aceptaba vivir se erigieran no junto al
fuerte sino cerca de sus toldos, en el paraje de Agua Caliente, a 35 leguas de
distancia”[96].
Consideramos
que la aceptación de estas condiciones por parte de los mencionados caciques no
era casual, ya que Carilef era uno de los caciques
pehuenches fronterizos que habían servido como franja de amortiguación durante
la etapa anterior y cacique principal de esa parcialidad entre 1787 y 1806[97].
Por su parte, María Josefa Roco era hija de otro de los caciques pehuenches
fronterizos –Roco-, quien además había sido rehén de los mendocinos durante su
infancia y había establecido múltiples vínculos con los funcionarios coloniales.
Además, en ese momento se encontraba vigente un conflicto entre la parcialidad
de Roco y los puelches de Guelecal dado que al
fallecer el primero de ellos, su familia acusó a Guelecal
de haberle realizado un mal[98].
Por esto, el hecho de que María Josefa aceptara la propuesta de los
hispano-criollos podría enmarcarse dentro de su estrategia de hacerse de su
apoyo para mediar en esa enemistad, tal como las autoridades mendocinas habían
hecho con anterioridad en otros conflictos.
Los
grupos pehuenches aceptaron ceder una parcela de su territorio a orillas del
Diamante para la construcción de un fuerte así como el libre tránsito por sus
tierras en dirección a Talca a cambio de ventajas comerciales y un control de
los españoles que ingresaban al territorio indígena sin permiso oficial, entre
otras cuestiones[99].
El
fuerte de San Rafael fundado en esos días estaba frente a un paso del río
Diamante -denominado Romero- que se podía vigilar fácilmente desde el nuevo
emplazamiento[100]. Por allí “cruzaban los pehuenches hacia Mendoza, lo
que […] indicaba a las claras a quienes se controlaría desde ese punto
estratégico”[101].
Por esto seguramente los funcionarios coloniales pretendieron orientar la
puerta principal del fuerte hacia el oeste, desconociendo la solicitud de los
caciques de orientarla al este para poder controlar el paso de los Aucases que era la principal entrada de sus enemigos.
Izuel afirma
que Teles Menezes indicó al Virrey que, en ese nuevo
espacio, era conveniente que existieran dos poblados: por un lado, la reducción
de María Josefa Roco en las inmediaciones del paraje de Aguas Calientes; por
otro, una población española al amparo del cañón del fuerte para que el mismo lo
abasteciera de milicianos. El Virrey estaba de acuerdo con ello, aunque en 1806
esos planes iniciales comenzaron a cambiar. De acuerdo a esa autora, el fraile Inalicán comunicó al Virrey que la cacica María Josefa había
expresado que el emplazamiento de Aguas Calientes le era de poca utilidad y estaba
demasiado distante del fuerte, por lo que entendemos que ello le impedía recibir
auxilio rápido y efectivo cuando lo precisara. Ella propuso “se le haga un rancho interinamente a las
orillas al otro lado del Río del Diamante, hacia el Naciente, catorce cuadras poco más o menos distante del fuerte de San
Rafael, de suerte que el pueblo vendrá ser con el tiempo”[102].
No podemos asegurar que esta solicitud de la cacica haya existido
efectivamente, ni que haya sido su idea, dado que es posible que el párroco
interviniera de alguna manera. En efecto, hacia abril de 1805 el Virrey
contemplaba instalar la reducción en:
la confluencia de los ríos Diamante y Atuel, o las inmediaciones del Agua Caliente, según
pareciere mejor después de combinados todos los objetos que dice tener
presentes, así respecto a la defensa de la Frontera como a la proporción de
aguadas. Pastos, ventilación, tierra de labor y respecto a que me informa que
todos estos campos presentan fertilidad y abundancia de lo necesario para
habitar[103].
Parece
que, con anterioridad al supuesto pedido de la cacica, las autoridades ya
contemplaban instalar la reducción en la confluencia del Diamante y el Atuel. Por su parte, el cacique Carilef
también manifestó, por intermedio del fray Inalicán, que:
quiere cumplir su palabra de bautizarse
y requiere que se le edifique también su habitación provisionalmente, entre
tanto que se elija el lugar y se edifique la Iglesia para los suyos y quiere
por ahora vivir a este lado del Diamante junto al Fuerte de San Rafael[104].
Para
éste, la experiencia de vivir en las cercanías de una fortificación no sería
algo nuevo ya que lo mismo había hecho en San Carlos.
Existieron también otros intentos de atraer grupos y
familias indígenas al fuerte y sus inmediaciones, incluyendo el fomento de
matrimonios interétnicos. Por ejemplo, en diciembre de 1806 Teles Menezes comunicaba que había construido habitaciones fuera
del fuerte para atraer a las familias: “Han venido tres familias de los Indios de
Borda, se han ofrecido por vecinos y ya ocupan las inmediaciones de este
Fuerte, cuya población se aumenta con las mujeres e hijos de varios soldados casados
que sirven en la guarnición”[105].
Él mismo comunicó a fines del siguiente año que habían:
formado
una población que ya cuenta ciento cincuenta y dos vecinos entre grandes y
chicos, incluso, nueve de los naturales reducidos y dos jóvenes de esos en la
escuela con otros chicos cristianos. De estos ya reducidos e instruidos en
nuestra religión, dos Pehuenches de las principales se han casado con
cristianos con todas las ceremonias que previene la Iglesia y radicados
mediante mis incesantes desvelos y los del Padre Fray Francisco Inalicán, apreciable Doctrinero de esta reducción[106].
Unos años después, Teles Menezes
escribía al Virrey reclamando por otros temas, y dejaba constancia del
crecimiento del poblado: “Por lo que hace
a la población cuenta ya más de trescientas personas en que se comprenden venticuatro indios…”[107].
El Comandante detallaba además que varios de esos indígenas se habían convertido
al cristianismo, que algunos estaban recibiendo educación y otros se habían casado
según las normas de la iglesia católica, lo que indica que la inclusión de la
población nativa en San Rafael avanzaba y se correspondía con lo pretendido por
las autoridades coloniales en cuanto a reducir a las parcialidades,
adoctrinarlas en la fe cristiana y tratar de modificar sus costumbres. Esta
cuestión del adoctrinamiento religioso se enmarcaba en la política que Boccara ha denominado de civilización-asimilación, que
implicaba “una labor continua y permanente
sobre […] cuerpos y mentes”[108] para
reformar costumbres que el sector dominante consideraba salvajes e indeseadas.
En esta etapa, la intermediación del
religioso Inalicán y de los caciques Carilef y María Josefa Roco –entre otros- resultó esencial
para la aplicación de la política colonial en el nuevo espacio en proceso de
ocupación. Se puede advertir que, desde la fundación del fuerte y la
instalación de la villa de San Rafael, hubo una creciente presencia de
población indígena amiga en las inmediaciones del fuerte y dentro de la villa. Sin
embargo, una parte de los grupos indígenas se mantuvo alejada del poblado, e
incluso algunos que habían tenido una importante presencia previa, optaron por
irse a tierra adentro, volviendo periódicamente para comerciar y entregar
mensajes o informaciones. Al fin y al cabo, el fuerte y villa de San Rafael parecen
haber funcionado como línea militar contra las parcialidades enemigas pero
también “como un espacio-tiempo de civilización, como una zona de transición
entre la barbarie y la civilización”[109] respecto a sus parcialidades amigas, con la
aspiración de las autoridades coloniales de alcanzar una uniformización y homogeneización
cultural.
Entonces durante esta etapa se logró finalmente correr la
línea militar al río Diamante, destacándose la fundación del fuerte de San
Rafael. Para la época, este río seguía siendo identificado como "la Divicion de las
tierras de los Yndios, y Mendoza"[110], tal como lo expresó Justo
Molina Vasoncellos en su relato de viaje el día 29 de
junio de 1804. Consideramos que, en este caso, el fuerte no funcionó como un
‘enclave fronterizo’ sino como una avanzada en un territorio ya explorado por
los mendocinos, aunque controlado por los pehuenches amigos. El nuevo fuerte se
valió del de San Carlos como retaguardia y complemento. Desde este último, como
indica Teles Menezes al Virrey en comunicación del 8
de octubre de 1805, “se corre el campo
registrando todos los pasos del Diamante hasta la Sierra, que son las de
Salinas y Aucaes […] dando aviso a San Rafael”[111].
Sin embargo, esa primera frontera paulatinamente comenzó a perder
preponderancia y quedó obsoleta. Lo mismo sucedió con los pehuenches
fronterizos instalados en el valle de Uco. Así, las
autoridades coloniales se focalizaron en guarnecer la frontera del Diamante
pasando a ser ésta la frontera efectiva. Consideramos que la instalación de
este fuerte se inscribe bajo lo que Roulet identificó
como la tendencia de trasladar la frontera mediante el consenso con las
parcialidades indígenas, valiéndose de los tratados y el comercio interétnico -entre otras
cuestiones-[112] dado que fueron los
caciques pehuenches quienes cedieron tierras para la construcción del fuerte,
mientras que en el caso de San Carlos, el proceso había sido a la inversa: los
españoles cedieron tierras que consideraban de su jurisdicción para que se
instalaran los pehuenches fronterizos.
Consideraciones
finales
Para el proceso de avance colonizador que desde la ciudad de
Mendoza se emprendió sobre territorio indígena desde mediados del siglo XVI
hasta principios del XIX, pueden
identificarse cuatro etapas: la frontera de campos abiertos (desde la
fundación de la ciudad); la frontera de guerra (desde fines de la década de
1660); la frontera fortificada (desde la instalación del fuerte de San Carlos
cercano al río Tunuyán); y la frontera de reducción y
conversión religiosa (desde la instalación del fuerte de San Rafael sobre el
Diamante). Consideramos que, en el transcurso de esas etapas, las autoridades
coloniales diagramaron disímiles estrategias de vinculación con las poblaciones
indígenas, de acuerdo a las necesidades defensivas del momento.
Una primera etapa fue la de frontera abierta y poco
definida, que tuvo un avance poblacional con patrón disperso hacia el suroeste
de la ciudad desde el río Tunuyán hasta el Diamante y
con la presencia de ganado cimarrón –que los hispanocriollos
e indígenas seguían aprovechando- entre el Diamante y el Atuel,
que era una franja con menos control aún. En virtud de una seguidilla de
ataques indígenas a los poblados y explotaciones productivas hispano-criollas,
hacia el final de la etapa la frontera de ocupación se retrotrajo al Tunuyán. Consideramos que para ese momento podemos hablar
de una segunda etapa, enfocada en el sector entre el río Tunuyán
y el Diamante, caracterizada por la implementación de una política defensiva
que combinó expediciones punitivas esporádicas con la instalación de una franja
de choque compuesta por puelches chiquillanes y
algunos pampas. Tras renovarse las hostilidades y ataques indígenas a los
poblados de la jurisdicción de la ciudad de Mendoza, los grupos indígenas que
conformaban la franja de amortiguación se retiraron tierra adentro por lo que
fue necesario cambiar la estrategia para aprovechar la coyuntura. Así, comenzó
la tercera etapa que combinó la lógica de construir al sur del río Tunuyán emplazamientos fortificados (inexistentes en las
etapas previas) guarnecidos con tropas y milicias (este es el caso del fuerte
de San Carlos como enclave fronterizo) con la instalación de grupos indígenas
amigos en las áreas productivas para que sirvieran de fuerzas de choque. A
diferencia de la etapa anterior, se pueden identificar: operaciones militares
ofensivas que se corresponden con un enfrentamiento abierto (son ejemplos las
campañas punitivas de Amigorena); negociaciones
(parlamentos y tratados) que permitieron afianzar la alianza con los caciques
amigos, así como intervenir para zanjar las enemistades entre grupos de
pehuenches amigos; y hacia el fin de la etapa, la instalación de poblaciones
planificadas. Por último, en los inicios del siglo XIX, comenzó la etapa de la
frontera de reducción y conversión religiosa que logró concretar el avance de
la frontera militar hasta el río Diamante por medio de la instalación del
fuerte de San Rafael en un plan negociado con los pehuenches y puelches
asentados en el lugar. En esta etapa, la política implementada buscaba la
reducción indígena y su conversión al catolicismo, pasando a incluirlos en el
propio poblado de San Rafael con el fin de lograr su incorporación al sistema
colonial.
Si bien cada etapa tiene sus particularidades hay varias
cuestiones que se presentan como transversales. En primer término, las
dificultades en el abastecimiento de hombres, armamento y recursos para los
espacios fronterizos bajo jurisdicción de la ciudad de Mendoza. Consideramos
que ello indudablemente incidió en la elección de las estrategias a implementar
dentro de las relaciones interétnicas. En tal sentido, desde la segunda etapa
fue creciente el apoyo que las
autoridades mendocinas buscaron y recibieron por parte de determinados grupos
de indígenas considerados amigos para defenderse de otras parcialidades
enemigas, así como para el control y la vigilancia sobre ciertos territorios.
Sin embargo, con el devenir de las siguientes etapas los aliados mendocinos
aumentaron sus exigencias. Durante la tercera, las autoridades coloniales
permitieron la instalación de algunas tolderías de pehuenches amigos cerca del
fuerte de San Carlos, respetando su patrón tradicional de asentamiento,
mientras que durante la cuarta fueron más allá en sus pretensiones y
requerimientos. Así, se propusieron modificar las costumbres, creencias e
incluso el patrón de asentamiento de las parcialidades indígenas, promoviendo
su reducción en las inmediaciones del fuerte y/o su inclusión en la villa de
San Rafael. De este modo, el fuerte homónimo y su poblado aledaño funcionaron
como línea militar y espacio-tiempo de civilización[113].
En segundo término, consideramos que los ríos sirvieron de organizadores en el
avance colonizador de la administración colonial. En la primera etapa, el río Tunuyán sirvió como frente y línea divisoria tras la cual
se replegaron los hispano-criollos por los ataques indígenas. Luego, desde la
segunda etapa, el río Diamante fue concebido como límite tácito que separaba a
los hispano-criollos mendocinos y a sus indios amigos, de los indígenas no
sometidos, aunque seguía siendo posible la circulación de personas y objetos.
Encontramos que durante la tercera etapa las autoridades coloniales no
controlaban de forma directa los territorios al sur del río Diamante y que para
ello apelaban a la acción y la ayuda de los pehuenches y puelches fronterizos e
indios amigos sobre el mencionado territorio. Finalmente, en la cuarta etapa se
pudo emplazar la nueva línea militar sobre la barranca norte del río Diamante.
Con esa instalación, los mendocinos supieron sacar provecho de las
particularidades del terreno para lograr el resguardo del enemigo y, a la vez,
ejercer la vigilancia y control de los territorios aledaños.
Los espacios fronterizos que se conformaron bajo
jurisdicción de la ciudad de Mendoza se caracterizaron por su permeabilidad y por
constituir un ámbito de diversos intercambios entre las sociedades en contacto.
Dado que, por razones históricas y político-administrativas, Mendoza se encontró
vinculada e influenciada tanto por el Reino de Chile como por el ámbito
rioplatense podría ser considerada parte de un complejo fronterizo en el que tanto
las soberanías hispano-criollas chilenas y rioplatenses como las indígenas
entraron en juego. En relación con esto, será preciso seguir indagando sobre cómo
se articularon, retroalimentaron y rozaron esas múltiples soberanías en un
marco más global y cómo se vincularon las directivas de la Corona con las
decisiones efectivamente tomadas in situ
por las autoridades locales a la luz de las necesidades y las posibilidades del
espacio bajo control.