Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol.
1, Nº 32, Enero - Junio de 2021
Esta obra está
bajo licencia de Creative Commons Atribución - No Comercial CC BY-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
MIGRACIÓN Y ACCESO A LA TIERRA URBANA EN LA DÉCADA DE
1990: EL CASO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA TOBA-QOM “YAPE”
DE BERNAL OESTE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES
MIGRATION AND
URBAN LAND ACCESS IN THE 1990S: THE CASE OF THE INDIGENOUS COMMUNITY TOBA-QOM
“YAPE” OF BERNAL OESTE, PROVINCE OF BUENOS AIRES
Juan Manuel
Engelman Garreta
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET)
Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Buenos Aires
Argentina
jmengelman@hotmail.com
Fecha de ingreso: 04/06/2020.
Fecha de
aceptación: 01/03/2021
Resumen
La comunidad toba-qom “Yape”
actualmente está conformada por varias familias indígenas ubicadas en
diferentes barrios de Bernal Oeste -partido de Quilmes, y en otras localidades
de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). La migración de parientes, y
el crecimiento demográfico natural a lo largo de los años enseña una modalidad
de dispersión urbana en forma de “mosaico”. El entramado de relaciones de
parentesco y alianza fueron y son la base principal de la organización
etnopolítica, nutrida desde trayectorias laborales y de múltiples
desplazamientos secundarios al interior de la región. El presente trabajo tiene
por objetivo analizar el escenario y el interjuego en que se producen las
modalidades y estrategias de acceso a la tierra de familias indígenas en la
periferia urbana. Para ello abordaremos el nivel macro de condicionamientos
históricos y estructurales en el rol de las familias indígenas, las políticas
públicas de regularización de tierras, así como en las formas asociativas que
cohesionan diversos actores sociales en el ámbito local y barrial.
Palabras Clave: Migración; Indígenas
en la Ciudad; Toba-qom; Organización Etnopolítica; Acceso a la Tierra
Abstract
The toba-qom “Yape” community is currently conformed
by several indigenous families located in different neighborhoods in Bernal
Oeste -Quilmes district-, and in other locations of the Metropolitan Region of
Buenos Aires (MRBA). Throughout the years, both the migration of relatives as
well as the natural demographic growth show an urban dispersion in a “mosaic”
shape. The network of kinship and alliance relationships have been the support
of the ethnopolitical organization based in the trajectories from multiple and
secondary displacements into the region. The main objective of this work is to
analyze both the scene in which indigenous families employed different ways and
strategies to access to the land in the urban periphery and their interaction.
To this end, we will consider the macro level of historical and structural
conditioning in the role of indigenous families, the public policies of land
regularization, as well as the associative forms that relate various social actors at the local
and neighborhood level.
Key Words: Migration;
Indigenous in the City, Toba-qom, Ethnopolitical Organization, Land Access
Introducción
El presente trabajo busca sistematizar un conjunto de
experiencias que atravesaron diversas familias indígenas del pueblo toba-qom para
acceder a la tierra urbana en la zona sur de la Región Metropolitana de Buenos
Aires (RMBA) entre las décadas de 1980 y 1990. Específicamente retomaremos las vivencias
protagonizadas por aquellas unidades familiares que hoy en día integran la
comunidad toba-qom “Yape”, ubicada en Bernal Oeste, localidad del partido de
Quilmes, provincia de Buenos Aires (Ver Mapa Nº1)[1].
Desde hace décadas que miembros del pueblo toba-qom -tíos,
tías, primas, primos y parientes de segundo grado- conviven en el sur del
conurbano bonaerense, producto de la migración y de la organización
etnopolítica local. Es decir que aunque nos centramos en una experiencia en
particular, el trabajo busca visibilizar el entramado de relaciones
interculturales que históricamente cohesionan a diversos actores sociales en
general y a los indígenas en particular. O en otras palabras, la presencia
indígena en el ámbito urbano y periurbano no puede ser analizada a partir de un
criterio geográfico compartido –es decir: un territorio no es igual a una comunidad-.
En su mayoría, las familias y miembros indígenas que migraron comparten una
historia de violencia -directa e indirecta- y de expropiación y expulsión
territorial en sus lugares de origen.
Este entramado de sentidos comunes se entronca con una
auto-percepción del indígena en la ciudad que rememora un pasado en un presente
completamente resignificado, ya que no hay contradicción entre el “supuesto
abandono territorial”, su identidad étnica y su posición de clase. Este tipo de
abordaje se nutre de la aplicación teórica, y de repensar epistemológicamente
el uso de conceptos antropológicos tales como el de “comunidad” a la hora de trabajar
la categoría “indígenas urbanos”. En esta línea, Liliana Tamagno[2]
propone la noción de “nucleamiento” para referirse al proceso migratorio de la
población indígena y a su capacidad de nuclearse, en la medida que las
condiciones materiales lo permitan, en espacios geográficamente diferentes y
lejanos a los de origen. La presencia indígena en la ciudad, se torna en un
estudio amplio y abarca así una gran cantidad de aspectos históricos de la vida
familiar, organización, desplazamiento, trabajo, participación, ingresos,
vivienda, educación, salud, territorio e identidad, de una diversidad de pueblos
originarios que arribaron a tejidos sociales más heterogéneos de los de origen[3].
Sin embargo, el presente trabajo busca abrir un camino particular. Se trata de
describir las estrategias y modalidades que llevaron adelante el conjunto de
familias indígenas de la comunidad “Yape” de la localidad de Bernal, al articular
diversas redes parentales y de alianza intercultural con el objetivo de
adquirir la propiedad de sus terrenos en el marco del Programa Arraigo. Iniciativa
estatal implementada a partir del año 1991, que buscó impulsar acciones para
regularizar la tenencia urbana de las tierras fiscales nacionales[4].
Por otra parte, el presente abordaje se inserta en una línea de trabajo
antropológico que intenta superar aquellas propuestas de análisis que asumen la
“problemática indígena” como un campo de complejas dificultades derivadas de
una supuesta naturalización de la resistencia étnica[5].
La elección de esta postura busca operativizar la articulación de falsos
opuestos –como son el de etnia/clase o rural/urbano-, que no hacen más que
reproducir una definición ahistórica de lo indígena. El quiebre de esta barrera
de sentido, nutrido muchas veces por la propia disciplina antropológica, se
vuelve fundamental a la hora de analizar la organización etnopolítica en los
ámbitos rurales, periurbanos y urbanos. Advertirlo implica otorgarle una
relevancia teórica al conflicto no como esencia, sino como consecuencia de las
interacciones de los sujetos y las condiciones en que se disputan derechos, así
como se dinamizan reclamos en torno a los territorios y a la mejora de las
condiciones de vida. De esta manera describiremos numerosas situaciones e
instancias transitadas por las familias indígenas toba-qom de la zona sur de la
RMBA (durante las últimas décadas del siglo XX) como hechos claves que nos
permitan avanzar y reflexionar en torno a la comprensión del fenómeno étnico
moderno. José Bengoa expresa que
la etnicidad de hoy no es la cultura
campesina de las antiguas comunidades rurales. En esas comunidades se vivía la
cultura. No era necesario representarla. Al reconstruirse en las ciudades,
requieren de un relato que las explique y represente. Es una reinterpretación
de las culturas e identidades indígenas tradicionales a partir de la vida en un
espacio de multiculturalidad[6].
Para el autor, la etnicidad actual se ha ampliado y es
esa ampliación la que permite redefinir los límites étnicos[7]
y el campo de interacción de la población indígena en relación al entorno y al
Estado. La puesta en acción de la identidad étnica -entendida como “etnicidad”[8]-
hoy en día comienza a mostrar cierto nivel de visibilización y autoadscripción
étnica positiva. Ejemplo de ello es que las y los miembros la comunidad toba-qom
“Yape” viven en la ciudad y ya no se esconden en ella. Este fenómeno es parte
de un proceso de toma de conciencia indígena y es el que pasaremos a describir
en las próximas páginas. Se trata de señalar que el escenario intercultural ha
sido históricamente un catalizador -ya sea para incentivar o limitar- los
procesos de organización etnopolítica y de etnización[9]
de sentidos y espacios. No obstante ello, aquí nos interesa señalar cuáles
fueron las condiciones -migratorias, barriales, de participación, organización
indígena local, etc.- que transitaron las familias indígenas, así como las experiencias
que favorecieron operativizar el acceso a la tierra urbana en el marco de una
autopercepción indígena positiva en el contexto citadino.
A través de las siguientes páginas abordaremos el proceso
migratorio y las vivencias primarias que marcaron las trayectorias de las
familias indígenas en el sur de la RMBA. Puntualizaremos en las relaciones de
parentesco para comprender los comienzos de su organización etnopolítica y
participación barrial en la ciudad. Los vínculos y condiciones que permitieron
las migraciones hacia Buenos Aires no pueden ser estudiados de forma aislada.
Lejos estamos de considerar teóricamente la organización de las familias
indígenas como grupos cerrados o como sistemas sociales completos[10]
-villa miseria, barrio indígena, etc.-. Más bien y en relación con los objetivos
propuestos, la idea es rescatar la complejidad y la heterogeneidad de
relaciones existentes. En segundo lugar, identificaremos las formas de
participación indígena en diversas instituciones barriales -sociedades de
fomento, clubes, cooperativas- para adentrarnos en la implementación del
Programa Arraigo y su proceso de aplicación en términos de organización colectiva
para caracterizar cómo fue el pago de los terrenos, las responsabilidades y
obligaciones de las y los beneficiarios. Por último, en el apartado de
reflexiones finales nos interesa enriquecer y contribuir a la definición de
herramientas que faciliten instrumentar los reclamos territoriales de población
indígena en la ciudad ante el Estado.
La hipótesis general del presente trabajo es que las
experiencias de las familias indígenas en el entramado de vínculos y formas de
participación vecinal en el sur de la RMBA, en algunos casos, operativizó
medios que facilitaron el acceso a la compra de terrenos en la periferia
urbana. El sentido cultural del territorio y su resignificación en el reclamo
etnopolítico actual, de este modo, toma fuerza a partir de las condiciones de
vida y los altos niveles de hacinamiento de las familias indígenas y está
completamente atravesado por la historia compartida de expulsión y expropiación
territorial del origen.
El enfoque aquí propuesto recupera la perspectiva
etnográfica cualitativa de la antropología social. Se trabajó en distintas
ocasiones junto a las familias de la comunidad toba-qom “Yape” en el ámbito
barrial, así como en eventos y charlas que su dirigencia llevó a cabo en
Universidades Nacionales desde 2012 hasta la actualidad. Además de la
realización de entrevistas y observación participante, las reflexiones fueron
enriquecidas a partir de diálogos informales, registros de campo, lecturas
académicas, fuentes secundarias y de la labor en terreno junto a otras comunidades
toba-qom/moqoit emparentadas con “Yape”y ubicadas en diversas localidades del municipio
de Almirante Brown.[11].
Isla Maciel: migración y desplazamiento
al interior de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)
A partir de la sistematización de los datos obtenidos en
el último Censo Nacional de Población (2010), siete de cada diez integrantes de
los pueblos originarios de nuestro país 955.032- reside en un medio urbano, y
casi un tercio (28,8%) lo hace entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)
y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)[12].
Para el caso de los pueblos toba-qom, estos desplazamientos poblacionales han
sido consecuencia del proceso de expansión del capital agroindustrial y del
avance de la frontera en la región chaqueña[13].
La reducción de las tierras libres para la práctica de caza, pesca y
recolección, así como el retraimiento de aquellas actividades que eran parte
del aprovisionamiento en el monte, se sumó al proceso de concentración de la propiedad
privada. Este escenario limitó, e incrementó, las dificultades para la
reproducción comunitaria de las familias indígenas y provocó un proceso de
migración interno, desde diversos parajes, hacia la periferia urbana de la
ciudad de Resistencia (capital provincial del Chaco) tal como lo expresa el
siguiente testimonio.
A ellos [abuelo y abuela paternos] en
Machagai les quitaron las tierras. A mi abuelo que no sabía leer, le hicieron
firmar un papel y chau. Fueron con la policía, con caballos y todo. Y ahí se
tuvieron que ir a Resistencia (…) ahí les dieron un lugarcito (…) vivían en el
Palmar cerca del centro de la ciudad[14].
Un gran porcentaje de los integrantes mayores de “Yape”
provienen de la que fue conocida como “Reducción de Machagai” de la localidad
homónima del Departamento 25 de Mayo.[15]
Asimismo, otros miembros nacieron principalmente en diferentes ciudades del sur
de la provincia del Chaco, como Quitilipi, Colonia Aborigen, Saenz Peña,
Napalpí y Charata entre otras. Estos espacios, vinculados entre sí, a partir de
las trayectorias laborales de los y las mayores en torno a la producción
azucarera o algodonera, es lo que describe Laura Weiss[16]
con la expresión: “nos conocemos de cruzada”. Es decir que, antes de migrar
hacia Buenos Aires existía un entramado de relaciones que ponía en contacto a
diferentes grupos toba-qom y moqoit en la zona. En las entrevistas, los
recuerdos de esos tiempos rememoran actividades colectivas donde las familias
interactuaban debajo de árboles próximos a sus viviendas bajo el cuidado de las
y los ancianos. Se tomaba mate alrededor de un fuego y se relataban a los niños
y niñas las historias de violencia y de expulsión territorial, mientras jugaban
y comían. Lejos de postular una mirada romántica de la cotidianidad, fundamentada
en la reproducción cultural y en la permanencia de entornos y territorios de
origen; los relatos de la mayoría de los y las ancianas migrantes destacan el
alto grado de violencia, discriminación y expropiación. Esta realidad, que se
aleja de posturas esencialistas, implica considerar dichos escenarios
transitorios -y anteriores a la migración- como parte de espacios conformados
por vínculos complejos[17]
e incluso asistenciales y clientelares[18],
en el marco de relaciones con el mercado y el Estado. Respecto a esto último, durante
el primer gobierno peronista (1947-1955) los indígenas fueron incorporados a la
vida civil gracias a la Reforma de la Constitución Nacional, y también se
vieron beneficiados por la ampliación de derechos laborales[19].
Sin embargo, la Dirección de Protección del Aborigen así como la
División Nacional de Asuntos Indígenas (agencia estatal que funcionó durante la década
de 1950), continuaron con la implementación de políticas integracionistas
altamente influenciadas por el indigenismo mexicano[20],
que no mejoraron las condiciones de explotación laboral, violencia y racismo de
la época[21].
En
trabajos recientes hemos propuesto la importancia que posee la articulación de
los niveles macro y micro a la hora de analizar el fenómeno migratorio[22].
Las causas estructurales se nutren de las motivaciones subjetivas de los
sujetos en relación a las condiciones locales y a las expectativas que se
proyectan en un futuro cercano a la migración[23].
Bajo esa premisa, los testimonios de integrantes de diferentes nucleamientos
toba-qom -del sur de la RMBA- coinciden en que el primer eslabón de la cadena
migratoria tuvo por protagonista al jefe de familia, quien ya contaba con un pariente
-o contacto- establecido en la ciudad.
Las
trayectorias laborales en los espacios regionales, así como las relaciones de
parentesco y vecindad al interior de los parajes/reducciones, definieron
procesos migratorios caracterizados por diversos tipos de desplazamiento. Había
quienes migraban al interior de la propia provincia en busca de trabajo, otros
que se instalaban en las periferias de ciudades más cercanas a las de
nacimiento, o mismo aquellos que migraban hacia Rosario[24],
La Plata[25], Buenos
Aires y luego retornaban. Este último caso aplica para las experiencias de “Yape”,
ya que el padre de la dirigenta actual migró hacia Isla Maciel (partido de
Avellaneda) y posteriormente se instaló en unos terrenos ubicados en el Barrio
Santa María -de Bernal Oeste-, conocido también como Villa Iapi[26].
Cabe mencionar que entre sitio y sitio, vuelve a la provincia de Chaco a buscar
al resto de la familia (Ver Mapa Nº1).
En 1968 arriba finalmente toda la
familia (…) mi papá empezó a trabajar en Isla Maciel, y después encontró un
terrenito en la Iapi, que viste que era como un basural, un lugar donde la
gente tomó todo y bueno ahí empezamos a levanta casitas de chapa y cartón. Él y
otros conocidos del Chaco estaban ahí, que no me acuerdo de sus nombres, pero
ya había gente que hacía mucho que estaban en la villa. De los conocidos [del
padre] me acuerdo que había uno que era de Machagai, y después estaban los
sobrinos que eran de Resistencia[27].
Los
desplazamientos internos de la población toba-qom del sur de la RMBA se
replican en otros casos. El siguiente testimonio pertenece a la hija de la
prima de la dirigenta entrevistada de “Yape”, quien es parte de la comunidad moqoit
“Nogoyin Ni Nala” de la localidad de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown[28].
Comunidad ubicada a unos 9 kilómetros hacia el sur de la Villa Iapi.
Mi abuelo fue uno de los primeros [década de 1950] que venía a trabajar a Buenos Aires, vino a Isla Maciel, tenía una
casita y trató de venir a parte del campo. Después mi papá y mi mamá le
siguieron porque no tenían trabajo en tierras. Después vinieron mis tíos. (…)
Una hermana de mamá, la mayor de todos, ella vivía acá en la Iapi, vino después
también para acá. Muchos agarraron terrenos estatales. Otros primos tobas están
en la comunidad Cadorna en Bernal. En la Iapi también hay parientes, hermanos
qom[29].
En
múltiples entrevistas y notas de campo, Isla Maciel es mencionada como un
escalón previo y obligatorio de muchos de los padres y abuelos toba-qom que
finalmente se ubicaron en el sur de la RMBA. A fines del siglo XIX este enclave fue escenario del desarrollo
de una fuerte industria de construcción naval que fue acompañada, desde 1930,
por la instalación de dos frigoríficos, trasladados desde diversas localidades
de la provincia de Buenos Aires. Como polo laboral, atrajo y motivó la
inmigración de población del interior del país en general e indígena en
particular[30].
En su mayoría, los migrantes se ocuparon en actividades terciarias tales como
changadores en el puerto o en el transporte marítimo. Muchos de ellos eran
peones jornaleros, aprendices o cadetes, según su nivel de especialización[31].
En cuanto al origen de procedencia de las familias, en su
mayoría eran de una misma región y de unas pocas provincias del noreste del
país: Corrientes y Entre Ríos nucleaban al menos la mitad de la población, otra
cuarta parte Chaco y Misiones y un 20% era nacida en Santa Fe[32].
Mapa Nº1. Recorrido
migratorio de las familias indígenas toba(qom) desde Isla Maciel a la Villa
Iapi, y sus desprendimientos hacia el partido de Almirante Brown, provincia de
Buenos Aires.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recuperados
de: https://inakes.carto.com/builder/cba841f7-2dbd-40b0-8ffd-23370b3e60f5/embed
Uno de los rasgos principales del entramado social de
Isla Maciel, fue el grado de participación social de la población en numerosas
asociaciones voluntarias destinadas al deporte y a proporcionar espacios de
recreación y divertimento colectivo. Se trataba de instituciones nacidas de
forma espontánea, muchas veces sin recursos económicos y que, a través de la
colaboración vecinal, lograban alcanzar un considerable nivel de equipamiento y
organización. Cabe destacar que muchos miembros pertenecían a otras
organizaciones como sindicatos y/o asociaciones mutuales, así como a clubes en
los que se desarrollaba gran parte de la vida familiar después de las
obligaciones laborales. Sin embargo, el informe elaborado por Germani resalta
una menor participación en tales circuitos del sector de población arribada a
la isla durante fines de la década de 1950[33].
Entre una de las razones advierte cierto nivel de discriminación al interior de
la población, lo que provocaba que el segmento recientemente arribado llevara a
cabo actividades –bailes, reuniones,
etc.- de poca duración y de carácter accidental. De modo que, “estos
inmigrados, aislados socialmente por las diferencias de costumbres familiares y
otros rasgos de cultura, no participan o participan escasamente de la actividad
local”[34].
Con mis hermanos y hermanas no
hablábamos mucho de dónde veníamos (…) viste que antes [en la llegada a Buenos
Aires] era tabú decir “yo soy indio”, “yo soy negro”, teníamos miedo. Porque
por ejemplo si yo decía: yo soy indígena, vos ¿qué me ibas a decir? Teníamos
miedo que nos rechacen. Decían que éramos malos y que íbamos a robar y que no
teníamos educación. Por esas cosas no contábamos[35].
La última cita es clara respecto a los niveles de racismo
ejercidos hacia la población indígena por parte de un sector social que compartía,
con esta última, no sólo un status de clase popular sino también de migrante.
Ahora bien, para abordar la circulación de familias
indígenas en el escenario urbano -antes de que éstas accedan a sus terrenos
definitivos-, debemos considerar algunos aspectos generales.
En primer lugar, es relevante mencionar el entramado de
instancias de participación que tanto indígenas como no-indígenas empiezan a
compartir en el tejido citadino. Las asociaciones vecinales o de fomento,
clubes, bailes de co-provincianos, y demás espacios colectivos y de encuentro
son novedosos respecto de los circuitos de recreación y divertimento que la
población indígena acostumbraba a tener en las provincias de origen. Focalizarnos
en dichas experiencias, que regulan otro tipo de formas de asociatividad (más
allá de los circuitos de trabajo) resulta esencial para comprender la historia
de la práctica etnopolítica en la ciudad, así como de la organización y las
demandas de la población indígena insertada en los barrios periféricos.
En segundo lugar, estas modalidades de participación
deben contextualizarse en el marco de procesos de expansión del tejido urbano a
partir de las diversas
modalidades de acceso a la tierra de los sectores populares, y a la dinámica de
estructuración urbana que tomó distintas formas de acuerdo a los procesos de
valorización de la propiedad de la tierra.
Para la Argentina, y específicamente para la RMBA, a
grandes rasgos, durante el modelo de crecimiento económico basado en la
Sustitución de las Importaciones, tuvo lugar una importante expansión de la
periferia urbana. El crecimiento demográfico se desplazó hacia sectores
industriales ubicados fuera de los límites de la ciudad (como fue el caso de
Isla Maciel); lo que configuró el llamado “cinturón industrial” definido por el
eje ferroviario y el de rutas[36].
A su vez, en esos años se pusieron en
práctica una serie de políticas sociales destinadas el sector obrero con el objetivo de beneficiar el consumo, incrementar el mercado interno
para la industria y expandir la actividad productiva con el objetivo de consolidar el pleno empleo[37]. Es decir que,
en términos generales, el aumento en la tasa de urbanización estuvo guiado por
tres factores: el acceso a la tierra urbana y a la vivienda, la radicación de
la industria y el desarrollo de la red de transporte. En este proceso de
suburbanización, las “villas de emergencia” (como la Iapi) y, principalmente, los
loteos populares, fueron las formas por las cuales los migrantes internos que
se asentaron en la RMBA[38]
consolidaron su acceso a la tierra y vivienda[39].
Sin embargo, en la década
de 1960, y especialmente durante los años de 1970, se produjo una reorientación en las políticas de
Estado con el consecuente debilitamiento de la expansión periférica. Todo esto resultó en el
consiguiente deterioro de las condiciones habitacionales, en
importantes áreas del conurbano, reflejado en el aumento de “villas miserias” para aquellos sectores que quedaron marginados del mercado residencial formal[40]. La industrialización y el Estado de Bienestar,
tuvieron su colapso con las políticas neoliberales en los años de 1970
-profundizadas en la década de 1990- a partir de una reestructuración de la
economía[41].
Durante este período disminuyó el ritmo de inversión pública en infraestructura
urbana, en políticas de vivienda, alquileres y transporte, que había sustentado
el crecimiento metropolitano de décadas pasadas. De acuerdo a Fernando Stratta[42]
durante la última dictadura militar (1976-1983) a nivel provincial se implementaron
La
suspensión de loteos en el año 1976; la sanción de la ley 8.912 de Ordenamiento
Territorial que reguló la producción de loteos obligando a la producción de
infraestructura y, consecuentemente, encareciendo el costo de las
urbanizaciones; como así también las políticas de relocalización industrial a
través del Régimen de Promoción Industrial, que alentaron la de radicación de
fábricas en el interior del país[43].
El mencionado autor destaca
que dichas transformaciones produjeron un cambio en las estrategias con las que
los sectores populares accedieron a la vivienda urbana.
De forma resumida, pensar y
analizar las modalidades de acceso a los terrenos urbanos por parte de las
familias indígenas migrantes de la RMBA implica, por un lado, puntualizar sobre
cómo se constituyeron las instancias de participación entre parientes, amigos y
vecinos en el ámbito barrial y, por el otro, cómo ello se vio afectado por las
particularidades que tuvo el proceso de expansión de la periferia en términos
demográficos, económicos y políticos. En el presente caso hemos partido en
describir que el proceso migratorio no finalizó con su llegada a Buenos Aires.
El recorrido inició desde Machagai hacia Resistencia (provincia de Chaco) y
luego -en un rango temporal de unos diez a quince años- desde Isla Maciel hacia
la Villa Iapi. A continuación nos
interesa presentar cómo se produce el interjuego en el marco del nivel macro de
los condicionamientos estructurales con las políticas públicas y las relaciones
sociales que cohesionan diversos actores sociales, para reflexionar sobre cómo
los indígenas de “Yape” resolvieron el acceso a la tierra urbana durante la
década de 1980 y 1990.
Periferia urbana, el barrio y la presencia toba-qom en
Villa Iapi 1960-1990
Describir el proceso de adjudicación de tierras que
protagonizaron las familias indígenas de “Yape” implica considerar el marco
legal que lo propició. Aunque a simple vista resulte extraño caracterizar el
conjunto de políticas de regularización dominial en nuestro país y su relación
con población indígena de zonas urbanas[44],
entendemos que esa articulación nos permite adentrarnos en un análisis que
enriquece las formas de abordar los reclamos étnico-territoriales de la RMBA en
la actualidad. Partimos desde una postura teórica en que la etnicidad es una
variable más del comportamiento político, y no un dato más del cual se analiza
el comportamiento político[45].La
población indígena en el contexto del conurbano bonaerense se diferencia como
grupo al interior de los barrios y negocian tanto desde derechos propios como
ciudadanos. En consecuencia la noción de etnicidad que utilizamos responde en
considerar el proceso de participación política de las y los miembros de “Yape”
como consecuencia de una toma de conciencia étnica que consistió en una acción
colectiva -conflictiva- de intereses culturales y de posición de clase[46].
En función de ello, describiremos en primer lugar la conformación de la Villa
Iapi -o Barrio Santa María- para adentrarnos en la disputa que sus vecinos
llevaron ante el Estado provincial a la hora de regularizar la propiedad de sus
terrenos gracias al Programa Arraigo (Ver Mapa Nº2). Y, en segundo lugar, nos
focalizaremos en cómo este último habilitó también la compra de terrenos por
parte de las familias indígenas toba-qom asentadas en el barrio.
En lo específico de las formas de acceso a los terrenos
de los sectores populares, durante las décadas de 1940 y fines de la de 1970,
primó una dinámica mayoritariamente informal. Las familias se asentaban, como
fue en el caso de “Yape”, en terrenos fiscales de propiedad estatal a través de
loteos populares. Dichas modalidades, en la medida que fuera necesario el
espacio, eran acompañadas también por la toma ilegal de terrenos que daban
origen a nuevos barrios en la periferia. Las y los mayores relatan que, durante
los primeros años, las viviendas que construyeron eran de tipo precario (chapas
y cartones), y que compartían el espacio entre compañeros de trabajo y con
co-provincianos conocidos. Para el caso de los loteos populares, éstos eran
parcelas compradas en cuotas fijas que garantizaban el acceso al suelo a bajo
costo, pero no aseguraban la infraestructura o servicios urbanos[47].
Los loteos albergaron tanto a los sectores de bajos recursos como a sectores de
clase media, quienes a partir del trabajo vecinal conjunto empezaron a demandar
la construcción de caminos para acceder al barrio y demás servicios básicos
como luz, gas, cloacas, recolección de residuos, etc. Por ejemplo, un caso similar a “Yape” fue el de otro
sector de familias toba-qom que arribaron a la localidad de Rafael Calzada
hacia mediados de 1960. Los primeros 5 lotes fueron comprados por una pareja
qom-guaraní que provenía de la ciudad de Resistencia -donde habían recalado
luego de una serie de desplazamientos en el interior de la provincia chaqueña-
después de haber vivido en la casa de parientes en Claypole. Posteriormente, la
zona -compartida con criollos y por personas adscriptas a otros pueblos
indígenas- fue poblada con sus hermanos, las familias de sus hijos, sobrinos,
primos, cuñados, provenientes de la provincia del Chaco, de Dock Sud y Villa
Iapi[48].
El barrio Santa María surge de la venta ilegal de lotes a
diversas familias que se asentaron en la década de 1960. La superficie ocupada
es de 21 hectáreas, los terrenos en parte son estatales y privados y al menos
en los años de 1980 habitaban unas 5000 personas[49].
Testimonios de vecinas y vecinos[50]
relatan hechos de violencia directa sobre aquellos que no cumplían con el pago
mensual de las cuotas de los terrenos, tales como la destrucción de las
viviendas precarias o la amenaza armada. Además, entre otras obligaciones,
muchos de los compradores se convirtieron en vendedores de lotes -a comisión- que
los ofrecían sin conocer su carácter ilegal.
Mapa Nº2. Fotografía
del plano adjuntado en el boleto de compra-venta de la comunidad toba(qom)
“Yape”, con la agrimensura total de lotes urbanizados y a urbanizar en el marco
del Programa Arraigo.
Fuente: Fotografía
Personal, Bernal Oeste, 2018.
En la medida en que el contexto de intimidación hacia las
familias se incrementó por parte del supuesto vendedor y de su grupo de
allegados, los y las vecinas comenzaron a tomar conciencia de la gravedad de la
situación e iniciaron las averiguaciones pertinentes acerca de su titularidad. Difundida
la estafa, es que se decide conformar una comisión de tierras integrada por
cuatro sociedades de fomento locales. La principal función de este tipo de
institución, además de los encuentros entre los habitantes del barrio, fue
ampliar y colectivizar la lucha por regularizar el dominio de las propiedades
ilegalmente adquiridas. Gracias a la realización de almuerzos, bailes, y
diversas actividades recreativas, las familias juntaban recursos -que se
sumaban a las cuotas societarias- destinados al pago del asesoramiento legal y
de los trámites que éste requería. Al igual que describimos para Isla Maciel,
tanto las relaciones como el entramado interpersonal dinamizaron en el contexto
barrial un proceso de recuperación de la identidad. El barrio, en este sentido,
operativiza diferentes instancias que convocan e invocan[51]
la participación de los y las vecinas en general, y de las familias indígenas
en particular. Este punto es un eje cardinal si queremos abordar los procesos
de demanda actual por nuevos territorios, y también lo es para comprender las
condiciones históricas de la organización etnopolítica de la RMBA[52].
Los avatares que transitan los y las integrantes de “Yape”
en el tejido urbano durante esos años dan cuenta que varios familiares migran
desde el Chaco hacia la Iapi, mientras que otro grupo lo hace hacia localidades
-alejadas de Quilmes- como Ezeiza, Almirante Brown, Gutiérrez, San Miguel e
incluso de retorno al Chaco. En cuanto a los circuitos laborales, las
entrevistas mencionan que algunos de los mayores se emplearon en el Matadero
Penta (próximo al barrio), los hombres en el gremio de la construcción y la
realización de trabajos informales o “changas”; y las mujeres como costureras
en sus domicilios, empleadas domésticas o en empresas de comunicación. En la
etapa inicial, la construcción de las viviendas de material representó un gran
esfuerzo para las familias, y fueron hechas a lo largo de mucho tiempo.
Conocí a mi marido en la Iapi. Él es de
Formosa. Unos años viví con mi papá, mi madrastra y mis hermanos y hermanas.
Después mi papá se fue. Nos dejó sin nada a mi hermana y a mi. Se volvió a
Chaco. Decía que extrañaba, que Buenos Aires no le gustaba. No sé porqué nos
trajo. Entonces me fui a vivir con mi marido, que lo conocí de chica. Armé mi
familia. Nos fuimos a vivir a un ranchito, acá en la Iapi hecho de totora
viste. Él siempre fue muy bueno [el marido], trabajaba en la construcción. Yo
también trabajé mucho. Cocía pañuelos, después saqué a crédito una máquina de
coser y cosía vestidos para una señora, hacía ruedos, hasta que empecé a coser
para una fábrica. Todo ese trabajo lo hacía acá [su casa en la Iapi] con mis
hijos debajo de la mesa[53].
Asentarse en la periferia urbana de la RMBA implicó
transitar un proceso de toma de conciencia altamente vinculado a la
cotidianidad laboral y barrial de la población indígena, expresado hoy en día
en la memoria reciente de sus protagonistas. Es decir que los circuitos de
trabajo -experiencia sindical y gremial- y aquellos que surgen de la cohesión
barrial -asociaciones vecinales, sociedades de fomento, comités, clubes, etc.-
alentaron a la vez que dinamizaron instancias de participación intercultural.
Entendemos que la composición heterogénea -de origen cultural y procedencia- de
la población de Isla Maciel se replicó en la medida en que estos espacios se
extendieron al migrar y conformarse nuevos asentamientos periurbanos. Los
vínculos de parentesco de la población toba-qom entre Isla Maciel, Dock Sud,
Quilmes, Almirante Brown lo confirman (Ver Mapa Nº1). Pero aquí nos interesa
resaltar el conjunto de tensiones existentes y que forman parte de estos nuevos
contextos de vida urbana. O en otras palabras, los altos niveles de
discriminación hacia la población indígena en este entorno nutrieron, durante
los primeros años en la ciudad, la reproducción de una identidad clandestina
como parte de la vida cotidiana y privada[54].
Esto explica el abandono consciente de enseñar la lengua a las nuevas
generaciones, así como evitar transmitir indicadores visibles de una marcada cultura
e identidad étnica a los niños y niñas. Aspecto que se replicó en la
construcción de sus demandas por el acceso a los terrenos urbanos. A saber, no
fueron construidas a partir de una historia y una identidad particularmente
definida por el genocidio y etnocidio, sino como habitantes migrantes y
empobrecidos de un barrio periférico de la RMBA más allá de su alta presencia
demográfica local. Respecto a esto último, Raúl Carnese y Alicia Caratini llevaron
adelante una investigación de genética demográfica realizada hacia fines de la
década de 1980 en Villa Iapi[55].
En la investigación -vinculada al municipio de Quilmes- “se censó a la
totalidad de la población de origen toba, compuesta por 39 familias, aunque,
debido a la existencia de matrimonios anteriores en varias de ellas, las
uniones biológicas fueron superiores a las censadas: 49 y 39 respectivamente”[56].
La pertinencia de estos datos, y su relación con el presente escrito, recae en
que no sólo respaldan la fuerte presencia toba-qom en la Iapi, sino que
expresan el tejido parental existente de esos años al sur de la RMBA. Por
ejemplo del total de 39 matrimonios el 44% es entre indígenas y mestizos y el
41% entre indígenas; el 15% restante corresponde a matrimonios entre mestizos.
Del número total de alianzas el 49% se efectuaron en Villa Iapi, el 5% en Lomas
de Zamora, el 2,5 % en la CABA, otro 2,5% en Rosario, provincia de Santa Fe,
28% en diferentes localidades de Chaco y el 5% restante no responde a la
pregunta[57].
Los lugares de casamiento dan cuenta de los procesos migratorios de las
familias toba-qom, y reflejan que casi un 60% de ellos han sido entre la RMBA y
la CABA.
Podemos decir que a pesar de su invisibilización como
indígenas, al interior de la Iapi, su presencia demográfica es insoslayable. Al
igual que su participación en los entramados particulares de asociaciones,
clubes, escuelas e iglesia del barrio. Las relaciones locales posibilitaron que
las familias de “Yape” formen parte como socios activos de lo que fue la
“Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Villa Iapi Ltda.” (en adelante
CVCCVI). Se desarrolló así una articulación entre las familias toba-qom, la
cooperativa y el Programa Arraigo, durante la década de 1990, la cual pasaremos
a describir en las próximas páginas. Pero antes presentaremos resumidamente el
marco legal y políticas estatales sobre la regularización dominial.
Estado, regularización dominial y Programa Arraigo 1990
A lo largo de la historia Argentina, es llamativa la
ausencia de una política clara de regularización dominial a nivel nacional y la
falta de una lógica definida en su aplicación. El país presenta contadas leyes
al respecto, y éstas no han podido resolver la cuestión definitivamente. Como
mencionamos líneas atrás entre 1940 y 1970 el acceso a la propiedad estuvo
definido a partir de la aplicación de loteos populares -privados o estatales-,
en algunos casos clandestinos, y en la conformación de las llamadas villas
miserias en la periferia urbana. Luego la dictadura militar (1976-1983), se
caracterizó por el debilitamiento de la estructura estatal en pos del mercado, la
implementación de ciertas políticas urbanas y el terrorismo y la persecución
interna. Principalmente buscó erradicar las villas de la ciudad, se
construyeron autopistas gracias a la expropiaron y demolición de viviendas,
también se creó el ente de Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad y
Estado (CEAMSE), y se reubicó parte del cordón industrial. Este conjunto de
políticas crearon una situación en la cual amplios sectores de la población
fueron empujados a la pobreza y encontraron un lugar para vivir en la periferia
de las ciudades, donde se produjeron las primeras ocupaciones de tierra
que
a diferencia de las villas, los
asentamientos han estado desde sus inicios orientados hacia la regularización
de la situación de tenencia del suelo y sus habitantes han intentado
activamente obtener su legalidad a través de la organización y las demandas
ante el Estado[58].
Ahora bien, diversos autores plantean que más allá de los
niveles de violencia ejercidos durante el golpe de estado, las organizaciones
barriales vinculadas a la provisión de asistencia social e instalación de
servicios de infraestructura recobraron cierta legitimidad[59]
gracias al lugar que ocuparon como interlocutores durante las tomas de tierras[60].
En este sentido es que posteriormente a 1983 nos encontramos con casos como el
de Villa Iapi, donde el tejido barrial y las relaciones sociales locales
-cohesionadas en la comisión de tierras y en las sociedades de fomento- hicieron
de base para la creación de la CVCCVI. Por ejemplo, la complejidad social y el
tejido vincular del barrio posteriormente posibilitó la movilización de un
grupo familiar extenso toba-qom que, en distintas etapas a fines de 1980 y
principios de 1990, se asentaron en terrenos fiscales en la localidad de San
José -partido de Almirante Brown- (Ver Mapa Nº1). Allí, en el año 2000 se
organizarían como comunidad toba-qom “Migtagan” y a partir de su asentamiento
junto a vecinos indígenas y no indígenas conformarían los barrios “Luján”,
“Agustín Ramirez” y “La Unión”[61].
En cuanto a las leyes sancionadas tendientes a la
regularización dominial podemos mencionar: la Ley Nº23.697 de Emergencia
Económica (1989), el Decreto 864/91 (Programa Nacional de tierras fiscales –
Programa Arraigo) y la Ley 24.374 de 1994 conocida como Ley Pierri. El primer
caso, trata de los artículos 60, 61 y 62 del capítulo XXVI donde se hace
referencia a la venta de inmuebles innecesarios para la gestión estatal y que
regula su enajenación dentro de la jurisdicción del Poder Ejecutivo. Es decir
que se podía transferir el inmueble a título oneroso a sus habitantes si éstos
ocupaban la vivienda de forma permanente. Luego, el 8 de mayo de 1991 se
publicó en el Boletín Oficial el decreto 864 que tuvo por objetivo profundizar
y acompañar los mencionados artículos de la Ley Nº 23.697 sobre la radicación
de asentamientos precarios. A partir de este se creó la Comisión de Tierras
Fiscales Nacionales, Programa Arraigo, al interior del ámbito del Poder
Ejecutivo. De este modo se impulsaron las acciones necesarias para regular la
tenencia urbana de tierras fiscales nacionales mediante la transferencia a
favor de los y las ocupantes, y de promover la participación de las
organizaciones sociales destinatarias del programa, a partir de la realización
de mesas de concertación. Podemos decir que además de continuar con la política
de radicación, el Programa Arraigo se centró principalmente en la tierra y no
en la vivienda.
Finalmente, la Ley 24.374 fue la primera ley en Argentina
sobre regularización dominial de tierra privada, que en muchos casos había sido
loteada y, en parte vendida legalmente a través de loteos masivos y que por
distintos factores nunca había sido obtenido el título de propiedad
En cuanto a las familias de “Yape”, los testimonios etnográficos
son claros acerca del rol que durante esos años representaba buscar empleo para
construir paulatinamente la vivienda.
Cada uno se dedicaba a buscar trabajo,
como que en esos años [1970-1990] se olvidó la cosa indígena. Ya no estaba
prohibido, pero nadie se dedicaba. Cada uno en su mundo, en su trabajo. Venían
y al otro día se iban, y así. Yo pienso que era porque nadie estaba al frente.
Todos nos dedicábamos a juntar plata para construir la casa[62].
A su vez, los espacios laborales ampliaban las
experiencias de vinculación con otros actores sociales. Por ejemplo, uno de los
mayores de “Yape” trabajaba como casero en la localidad de Béccar, ubicada en
la zona norte de la RMBA. Su empleador era un militar de alto rango, y en
varias oportunidades le entregó mercadería y bolsones de comida para ser
repartidos como ayudas entre parientes indígenas y vecinos de la Villa Iapi. El
“culto” era otra forma de participación en el barrio. Estaba a cargo de un
pastor toba-qom, y las reuniones se hacían en un local perteneciente a la
Iglesia Evangélica Unida[63].
A continuación pasaremos a describir la participación
indígena en el proceso de regularización del dominio de los lotes urbanos, dado
que hasta el momento hemos revisado la importancia que tuvieron un conjunto de
aspectos. En este sentido, profundizamos en la migración y las relaciones de
parentesco y alianza toba-qom en la zona sur de la RMBA; enseñamos la fuerte
presencia de múltiples núcleos familiares a partir del informe de demografía
genética y caracterizamos las modalidades de acceso a los lotes así como la
participación de las familias en el entramado social del barrio. Este tipo de
variables son las que, a nuestro modo de ver, permiten comprender la
participación de las familias de “Yape” como integrantes de la CVCCVI, instancia que articuló con el
Programa Arraigo.
El matrimonio que preside y representa al nucleamiento
“Yape” fue el socio Nº191 de la cooperativa[64],
correspondiente al lote número 25 de la manzana 16. Ese lote forma parte de una
superficie de 226.090 m2 y
11.520 m2 respectivamente,
que en total dan 237.610 m2 de propiedad estatal. En el Boleto de
compra-venta, celebrado el día 1 de diciembre del año 1992, el Estado le vende
a la CVCCVI -con domicilio en la calle Pampa y 175 bis de la localidad de
Bernal Oeste- esa extensión territorial por una suma total de u$d 478.590
que la compradora se obliga a
satisfacer en la forma que a continuación se detalla y al tipo de cambio
vendedor fijado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a
cada pago: a) CINCO POR CIENTO (5%) del precio de venta (…) (u$d 23.929,50)
dentro de los 30 días hábiles a partir de la notificación de la aprobación de
la presente notificación (…); b) el saldo del precio restante deberá ser
abonado por la compradora en CIENTO VEINTE (120) cuotas mensuales, iguales y
consecutivas[65].
El mecanismo de cobro era claro. Las familias indígenas
debían pagar mensualmente una cuota a lo largo de 10 años, de manera ininterrumpida
y continua[66].
Cabe destacar que en el momento en que la parte compradora contraía dicha obligación,
quedaba a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que
gravaban los inmuebles. Así, el Programa Arraigo además de centrarse en el
dominio territorial buscó generar mecanismos de contribución fiscal de las
poblaciones beneficiaras que hasta el momento no estaban registradas.
Entre los documentos que nos acercaron las familias de
“Yape”, analizamos especialmente un cuadernillo que consta de la explicación de
cómo se llevaba adelante el boleto de compra-venta, las obligaciones de pago y
la escrituración de los lotes[67].
Al comienzo del mismo, llama la atención el lugar relevante que poseen las
organizaciones sociales al interior del programa dado ya que son definidas en
las siguientes palabras:
Podríamos decir que la organización
social es el espacio comunitario que, más allá de sus diferentes formas
(cooperativas, juntas vecinales, mutuales, etc.), debe garantizar a través del
tiempo la continuidad de las tareas que se desarrollan para cumplir con los
deseos del conjunto de los vecinos. Asimismo, es el Organismo que representa a
los vecinos ante el Estado Nacional, no solamente para la obtención de las
tierras, sino para llevar adelante las gestiones, ante éste u otros ámbitos,
necesarias para lograr la transformación de la Villa en un Barrio Digno[68].
El párrafo nuevamente es claro respecto a que el programa
tiene como eje la regularización del dominio, y que la infraestructura del
barrio -calles, gas, agua, desagüe, etc.- depende de la organización de los y
las vecinas. Luego, el cuadernillo está compuesto por la explicación de las
siguientes secciones: 1) el boleto de compra venta; 2) la posesión legal de la
tierra – el acta de posesión[69];
3) requisitos para el acta de posesión; 4) responsabilidades del que compra y
del que vende; 5) el pago de las cuotas; 6) el boleto de compra-venta y,
finalmente, 7) la escritura.
Si bien las familias de “Yape” eran socias de la CVCCVI,
otras familias indígenas y no indígenas de la Villa Iapi podían, de igual modo,
acceder a la compra del lote. La diferencia de las segundas respecto de las
primeras radicaba esencialmente en que la cifra de la cuota mensual era mayor.
Otro aspecto relevante, eran las asambleas ordinarias que
la CVCCVI realizaba en local de la calle Pampa y 175bis, a unas cinco cuadras
de la casa de los dirigentes de “Yape”. Si bien no eran escenarios recurrentes,
en dichas reuniones se daba lectura de la Memoria, el Estado de Situación
Patrimonial y de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Informe
del Síndico y el Dictamen del Auditor. Todos procesos administrativos que deben
llevar adelante las asociaciones ante diversas dependencias estatales con el
fin de continuar normalmente con el ejercicio de trámites y demás caminos
burocráticos. Así, desde el año 1992 hasta el año 1995 las asambleas
funcionaron como instancias colectivas de participación vecinal en las cuales
además de la presentación formal de documentos, se elegía la renovación o
cambio de autoridades, el tratamiento de adjudicación y de obligación y
derechos. Pero también en las planillas de las convocatorias a las asambleas
figuran puntos donde los vecinos (socios y no-socios) establecerán los
mecanismos para que ingresen nuevos asociados con sus respectivas cuotas, así
como la baja de aquellos que se mudaban y no se conoce el nuevo paradero. Es
decir que el programa contemplaba las dinámicas de ingreso como egreso de
nuevos habitantes en el espacio barrial, ante la multiplicidad de posibilidades
y avatares que podían surgirle a sus habitantes. Finalmente en el año 1996, se
inician las tareas referidas a la agrimensura de los lotes. Esta etapa es
sumamente necesaria para cuantificar el espacio que cada familia ocupa, y los
fondos para su realización surgieron de una cuota independiente de la chequera
de pago de tierras. Por ejemplo para socios la cifra ascendía a $180 y para
no-socios a $240, ambas a pagar en seis cuotas mensuales fijas. Este proceso indica
el trabajo que implicó para los y las vecinas por cuanto se les solicitaba “su
colaboración para que usted y su familia mantengan limpio el frente y el fondo
del terreno que ocupa, y especialmente los esquineros dejándolos libres de
obstáculos” (Nota CVCCVI destinada a la dirigenta de “Yape”, Bernal Oeste,
10-01-1996).
Aquí nos interesa hacer dos comentarios. En primer lugar
resaltar el entramado de relaciones que surgen a partir de la implementación
del Programa Arraigo en el ámbito local de la Villa Iapi, la CVCCVI y el Estado
Nacional (Ver Gráfico Nº1). En segundo lugar visibilizar la participación
económica y de fuerza de trabajo de la población del barrio en general, y la
indígena en particular, en el trazado de calles, limpieza de terrenos y demás
actividades que -como habitantes- llevaron adelante para mejorar las condiciones
de vida urbana y gestionar así los servicios necesarios.
Gráfico Nº1: Dependencias
del Estado y de vecinos que enseñan el tejido de relaciones entre las políticas
de regularización dominial y las poblaciones indígenas de la Villa Iapi.
Fuente: Elaboración
propia.
Vemos así que este tipo de política si bien supuso
adquirir las tierras legamente a partir de su compra, también implicó una
transferencia de obligaciones municipales en torno a la infraestructura urbana
-enmarcada en derechos- que recayó en una doble explotación hacia las y los
vecinos. O en otras palabras, las familias de “Yape” pagaron las cuotas por la
tierra y la agrimensura, pero también a lo largo de los años trabajaron junto a
vecinos a partir de la realización de tareas como la limpieza y el rellenado de
los terrenos, el trazado y el mejorado de las calles, el cavado de zanjas y
pozos de agua y la conexión eléctrica de luz. Es decir que esta doble
explotación implicó contribuir con recursos económicos y fuerza de trabajo destinados
a mejorar la infraestructura urbana. Por otro lado, ese escenario no invalidó el
proceso de organización etnopolítica que caracterizó a la RMBA a partir de la
década de 1990[70]
ni tampoco limitó la organización indígena en el ámbito local. Si bien no vamos
a ahondar sobre el impacto formal que tuvo la reforma de la Constitución
Nacional del año 1994, nos interesa citar el siguiente testimonio:
26 familias somos. Todos de
Resistencia. Hay familias enteras, todas de acá [Villa Iapi]. En frente hay 3,
al fondo hay un montón. Mi prima por ejemplo tiene 10 hijos que ya se casaron.
Otra prima tiene 11 hijos, casados con hijos. Mi primo tiene 10 también y todo
están en Bernal. Cuando nacen los nuevos se van incorporando a la comunidad (…)
Antes de la reforma [de la Constitución del año 1994] nos reuníamos a comer
como familia. Durante esas reuniones surgía el hablar sobre lo indígena, de vez
en cuando. A muchos les deba vergüenza. A mi no. Juntábamos plata entre todos
para el asadito y así empezamos a hablar de que yo soy de este lugar, y papá
era así, y así empezaron los cuentos. Hasta que un día viene una amiga [guaraní
de Glew] y me dice: vos acá tenes mucha familia. Deberías armarte[71].
La organización etnopolítica no estuvo desligada del
acceso de las familias de “Yape” a los terrenos en la Villa Iapi. La identidad
étnica, así como otros indicadores identitarios como el ser vecinos,
trabajadores, socios de cooperativas, etc. forman parte de la dinámica de
organización de demandas y del reconocimiento como indígenas en el sur de la
RMBA. El trazo que dejó la migración desde Chaco, el instalarse en Isla Maciel
y después en la Villa Iapi -junto al posterior desarrollo del Programa Arraigo-,
son instancias que constituyen la historia y enmarcan la cotidianidad de las
familias indígenas y, al mismo tiempo, fueron el escenario donde se
desarrollaron las primeras experiencias de socialización política de un sector
de dirigentes indígenas que hoy en día habitan la ciudad.
Reflexiones Finales
A lo largo de las siguientes páginas hemos abordado parte
del proceso migratorio, y las experiencias iniciales que marcaron las
trayectorias de las familias indígenas que hoy en día conforman el nucleamiento
toba-qom “Yape” de la localidad de Bernal, partido de Quilmes.
Hemos destacado, de forma
general, la relevancia que posee pensar y analizar, por un lado, las
modalidades de acceso a los terrenos urbanos como dinámicas de cohesión entre
parientes, amigos y vecinos en el ámbito barrial y, por el otro, como ello se
vio afectado por las particularidades que tuvo el proceso de expansión de la
periferia urbana en términos demográficos, económicos y políticos.
Además, sostuvimos que el proceso de adjudicación de
tierras que protagonizaron las familias indígenas de “Yape” (Programa Arraigo),
implicó considerar el marco legal que lo propició. El análisis aquí propuesto -que
caracteriza el conjunto de políticas de regularización dominial de sectores
populares en articulación con demandas étnicas- es clave a la hora de
comprender cuáles han sido, entre otras, las diversas modalidades mediante las
cuales las poblaciones indígenas han accedido a los terrenos urbanos y desde
donde enmarcan los reclamos étnico-territoriales de la RMBA en la actualidad.
En función de este objetivo, es que nos remitimos a lo planteado al inicio del
trabajo. Es decir, la necesidad de abordar las presencias de familias y
nucleamientos indígenas desde una perspectiva que articule las condiciones de
vida y la disputa por el acceso a la propiedad privada en el marco de un
proceso de organización comunitario y etnopolítico de un barrio periférico del
conurbano bonaerense.
La historia migratoria, y los avatares que transitan las
familias y los integrantes de los nucleamientos toba-qom, así como de otros
pueblos indígenas que habitan en la periferia urbana de las grandes ciudades,
tiene que ser el insumo empírico que nos habilite a pensar por fuera de
aquellos principios epistemológicos que legitiman las formas en que se lleva
adelante la antropología tanto escrita como etnográficamente. Se trata de
reparar en las historias de vida de la población indígena, en los contextos económicos
y políticos generales y locales para definir puntos de encuentro más que de
diferencia. La construcción de la Otredad, en términos contrastativos, ha de
ser un objetivo secundario para nuestra labor antropológica, ya que la
contribución radica en trabajar el encuentro intercultural. Por lo tanto las
disputas y la construcción de demandas por el territorio indígena en el
escenario urbano no puede -ni debe- ser subsumido ante argumentos esencialistas
y culturales. Reconocer la historia de lucha de la multiplicidad de familias de
diversos pueblos indígenas en el marco de procesos de organización etnopolítica
de la RMBA, incluye la reposición de la variable de clase en torno a la étnica.
A través de ello no nos resultará extraño dar cuenta en los análisis que la
población indígena urbana, además de resignificar su identidad étnica en la
periferia, disputa la mejora de sus condiciones de vida, el reconocimiento
cultural y la lucha por el territorio a partir de un discurso que aunque
enfatiza lo tradicional es claro respecto a su posición estructural y desigual
de clase vulnerada.