Revista
Andes, Antropología e Historia
Vol.
1, Nº 31, Enero-Junio de 2020
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obra está bajo licencia de Creative Commons Atribución - No Comercial CC
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ISSN Nº 1668-8090
LA AGENCIA INDIGENA EN CONTEXTO. EL PRIMER
PARLAMENTO INDIGENA DE LOS VALLES CALCHAQUÍES (TUCUMÁN) 1973
THE INDIGENOUS AGENCY IN
CONTEXT. NOTES ON THE FIRST INDIGENOUS MEETING OF THE CALCHAQUÍ VALLEYS
(TUCUMÁN) 1973
Sandra Tolosa
Instituto de
Ciencias Antropológicas
Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
Argentina
cahsandra@gmail.com
Ingreso: 15/03/19
Aceptado: 30/03/20
Resumen
En este
trabajo reviso, a partir de documentos y testimonios, la organización indígena
local como un proceso particular, inserto en una coyuntura política y económica
determinada por la “crisis del azúcar” y la expectativa en la tercera
presidencia de Juan Domingo Perón. En este marco, consideraré cómo el
crecimiento político, la concreción del Primer Parlamento de 1973 en Amaicha
del Valle (Tucumán) y la definición de las reivindicaciones se vinculan con un
entramado de relaciones y actores políticos diversos. Especialmente,
ejemplificaré cómo la centralidad del reclamo territorial puede relacionarse
con el estudio de una agencia estructuralmente antagónica a la organización
indígena local, como el Consejo Federal de Inversiones. La complejidad de
vinculaciones y retroalimentaciones presentes en este caso permiten comprender
cómo, a pesar de su especificidad, la acción política indígena no puede
analizarse aisladamente, sin considerar la compleja red en la que se inscribe y
la potencialidad y alcance de su agencia como motor de transformación
histórica.
Palabras
claves: Agencia política,
Parlamento Indígena, Territorio, Crisis, Violencia estatal
Abstract
In this work I review, from documents and testimonies, the local
indigenous organization as a particular process inserted in a political and
economic situation determined both, by the "sugar crisis" and
expectations in the third presidency of Juan Domingo Perón. In this framework,
I will consider how the political growth, the concretion of the First Parliament
of 1973 in Amaicha del Valle (Tucumán) and the definition of the claims are
linked to a network of relations and diverse political actors. I will especially exemplify how the
centrality of the territorial claim may be related to the study of an agency
structurally antagonistic to the local indigenous organization, such as the
Federal Investment Council. The complexity of linkages and feedbacks present in
this case will allow us to understand how, in spite of its specificity,
indigenous political action cannot be analyzed in isolation, without
considering the complex network in which it is registered and the potential and
scope of its agency as a way of historical transformation.
Keywords: Political agency, Indigenous Parliament, Territory, Crisis, State
violence
Introducción
general
En este artículo[1]
abordo la etapa de organización política indígena en el sector tucumano de los
valles Calchaquíes en la década de 1970, que con el tiempo devino en las
actuales comunidades de Amaicha y Quilmes. En 1973, la entonces Federación
Indígena Regional llevó a cabo en la localidad de Amaicha del Valle el Primer
Parlamento Indígena “Juan Calchaquí”, donde se expusieron públicamente una
serie de reivindicaciones y reclamos de derechos, algunos de los cuales se
siguen sosteniendo hasta la actualidad, especialmente los territoriales.
El principio de organización alcanzado en esa
década puede considerarse como un proceso de ejercicio agentivo, en tanto trasformó
aspectos concretos de las relaciones sociales locales. Dicho proceso se vio impulsado
por problemáticas específicas, a la vez que se insertó e interactuó con otras
dimensiones. Entre ellas, una coyuntura provincial de conflicto económico-social
por impacto de la “crisis del azúcar” y un escenario político nacional definido
por el retorno de Juan Domingo Perón a la presidencia. Al mismo tiempo, un
escenario de organización indígena que, gestado a fines de la década de 1960,
buscó en los años subsiguientes confederarse a nivel nacional e internacional,
retomando luchas de generaciones pasadas –especialmente las reivindicaciones
territoriales- pero reformuladas en nuevas retóricas y formatos compatibles con los del
sindicalismo y el cooperativismo; y comenzando a disputar al estado y a la
academia la autoridad de enunciación sobre sus problemáticas[2]. En este
proceso, el diálogo con referentes de otros campos de acción política (popular,
sindical, religioso) así como el intercambio con distintas organizaciones
indígenas[3]
e instituciones, colaboraron con la movilización local y con el armado del
Parlamento Juan Calchaquí, una de las reuniones que tuvieron lugar entonces en
distintos puntos del país[4].
Los procesos de organización y participación de
los colectivos indígenas en distintos países de Latinoamérica en las últimas
décadas del siglo XX han sido referidos con distintos términos. Lázzari[5]
diferencia “emergencia” y “reemergencia”, entendiendo que el primero define al empoderamiento
de pueblos cuya etnicidad y existencia
contemporánea no estaba puesta en duda; mientras que el segundo refiere a aquellos
considerados extintos, mestizados o aculturados. En estos casos, la
constitución del grupo a partir de “restos sociomateriales y discursivos”
dispersos, cuestiona la efectividad del proceso “civilizatorio”. Por su parte,
el concepto de etnogénesis, utilizado por distintos autores[6],
plantearía un marco de historicidad
discontinua en el que se articulan distintos procesos: la configuración de
colectividades, grupos e identidades étnicas como resultado de desplazamientos,
conquistas y fusiones, así como de procesos de resistencia, adaptación y
negociación.
El proceso de “reemergencia” indígena en los
valles Calchaquíes tucumanos tuvo distintas etapas, incluyendo incipientes
formas de organización a mediados del siglo XX que no prosperaron. Por otro
lado, la toma de conciencia, el reconocimiento de una pertenencia étnica en
muchos casos silenciada y su asunción como centro de la discursividad política
y de la formulación de los reclamos, fue el resultado de un trabajo de
reflexión y revisión por parte de los comuneros, coadyuvado por la interacción
con distintos agentes.
En este sentido, me interesa focalizar este
proceso desde la perspectiva de la agencia
como práctica transformadora, en términos de Grossberg[7].
Su enfoque parte de reubicar el problema conceptual de la identidad dentro del
contexto general de las formaciones modernas de poder, problematizando las lógicas
de la diferencia, la individualidad y la temporalidad que la constituyen.[8]
Si la modernidad constituye su propia identidad diferenciándose de otro, sus
estructuras son producciones de diferencia y la identidad misma es un efecto
del poder. A la vez, esa diferencia, construida en una “relación constitutiva
de negatividad”[9], ubica al término subordinado (el
otro subalterno o marginado) como necesario para la existencia del dominante. Frente
a esto, su propuesta de pensar lógicas alternativas de otredad, productividad y
espacialidad supone la articulación de las nociones de subjetividad, “yo” social
y agencia, entendida ésta como posibilidad de acción, intervención en los
procesos y naturaleza del cambio.
Esta rearticulación
de la identidad con la posibilidad de construir agencia histórica permite también
“abandonar las nociones de la resistencia que suponen un sujeto situado
íntegramente al margen de una estructura de poder bien establecida, y contrario
a ella”[10]
superando así modelos de opresión que constriñen a los sujetos. En este
sentido, el caso aquí planteado permite observar la relación entre una
construcción positiva de identidad (resultado de un trabajo de reflexión y reconocimiento) con la
puesta en marcha de acciones políticas concretas, que intervinieron en la
transformación de la realidad, en la reformulación de la propia historicidad y
en el cuestionamiento de las formas tradicionales de ejercicio del poder local
y de las territorializaciones impuestas por el estado desde la época colonial,
basadas en el supuesto de extinción de los grupos nativos. En otras palabras,
la organización indígena no se limitó sólo a denunciar situaciones históricas
de opresión y despojo, sino que proyectó y realizó acciones propositivas de
cara a un cambio de las condiciones de existencia, constituyendo a la vez a sus
miembros en sujetos políticos que “hacen” su historia.
La posibilidad de construir agencia implica
relaciones de participación y acceso, ocupación de sitios de actividad y de
poder, práctica de facultades, modos de pertenencia,
emplazamientos, flujos de movilidad, emplazamientos temporarios. En este
sentido, vale aclarar que la agencia no se fusiona mecánicamente con la
identidad, la subjetividad o el “yo”, sino que se define por “las
articulaciones de las posiciones e identidades subjetivas en lugares y espacios
específicos de actividad, sobre territorios socialmente construidos”[11].
En relación a esto, los documentos y testimonios aquí expuestos permiten observar
distintas formas de esas articulaciones. Entre ellas, cómo la asunción de la
identidad étnica como elemento central no inhibió la ocupación de otras posiciones políticas (como las partidarias o
las sindicales); o cómo la utilización de formatos propios de modalidades
organizativas no indígenas de la época y la articulación con actores de diversa procedencia nutrió a la
construcción política indígena. Por último y siguiendo a Ortner,[12]también
es posible observar cómo los modos en que los sujetos indígenas participan de
la contienda política se vinculan con bases ideológicas puestas en juego y cómo
la participación de diferentes sujetos y grupos las reproducen o las transforman[13].
De este modo, en este trabajo revisaré, a través
de documentos y testimonios, el proceso de reemergencia y organización indígena
en los valles Calchaquíes tucumanos en 1970 y su expresión en el Parlamento,
como el resultado de la agencia colectiva de los sujetos y en interacción con
el contexto histórico macro, las cuestiones exógenas a la dinámica local y el
entramado de relaciones sociales. Sostengo que estos procesos no pueden
analizarse de manera aislada, en tanto los diferentes niveles planteados
aportaron elementos que, reformulados, permitieron modelar formas de acción,
producir discursividad y generar modificaciones en las condiciones de vida. En
particular, me interesa enfatizar en la centralidad de la cuestión territorial,
que además de comenzar a reclamarse de manera pública, invocando como aval la
preexistencia en la zona y documentos históricos a modo de prueba, funcionó
también como núcleo de las relaciones y modalidades organizativas del
momento.
En el primer apartado plantearé la situación de
la zona a comienzos de la década de 1970 y su vinculación con el contexto
provincial, que considero fueron parte del impulso de la organización local[14];
luego sumaré elementos presentes en los testimonios que plantean la toma de
conciencia sobre el origen étnico y la reelaboración de los objetivos de la
Federación, que se expresaron en el Parlamento, en sintonía con discursos
vinculados a la política nacional. Luego focalizaré en la cuestión territorial
planteada, para centrarme especialmente en el documento elaborado en forma
paralela al evento por el Consejo Federal de Inversiones, que demuestra (pese a
la diferencia de objetivos perseguidos por el organismo) una notable
coincidencia entre sus conclusiones y las reivindicaciones territoriales que se
comenzaban a plantear públicamente en el Parlamento. Por último, describo cómo
la instancia política posterior,
definida por la llegada de la dictadura al poder, plantearon una recesión de la
organización, que fue retomada luego de retornada la democracia.
El
contexto
En diciembre de 1973 tuvo lugar en Amaicha del Valle
(Tucumán) el Primer Parlamento Indígena de los Valles “Juan Calchaquí”. El
mismo se inscribió en una coyuntura caracterizada a nivel político por una
incipiente organización nacional de los pueblos indígenas y por la expectativa en
la nueva presidencia de Juan Domingo Perón. A la vez, económicamente Tucumán
sufría las consecuencias de la “crisis del azúcar” que asolaba a la provincia
desde la década anterior.
Desde 1955 el gobierno nacional fue
reduciendo los aportes hacia el sector azucarero. Los pocos subsidios que
prosiguieron se derivaron a los ingenios de Salta y Jujuy, cuyo aumento de
producción comenzó a contrastar con el estancamiento de Tucumán[15].
Entre 1959 y 1962 se produjo una fuerte contracción del cañaveral provincial como
resultado de la superproducción alcanzada en la primera mitad del siglo. Esto,
sumado a la concentración de capitales y la mecanización, produjo el reemplazo
de pequeñas y medianas explotaciones por grandes fincas con mayor tecnología y
una reducida y más calificada mano de obra[16].
Durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966) las dificultades económicas
sumieron a la provincia, provocando intenso movimiento en los sectores obreros.
Durante el gobierno de facto de
Juan Carlos Onganía (1966-1970) la caída de la industria se precipitó,
produciendo un profundo trance social. El Plan de Transformación
del “Gobierno de la Revolución Argentina” pretendió ser estructural y promovió
discursivamente la diversificación de la economía tucumana, fomentando la
concentración de la producción en ingenios y zonas “eficientes”, sin considerar
el impacto social de esas medidas. El objetivo principal -abaratar los costos
del producto para competir en el mercado exterior- se desarrolló sobre el
cierre de ingenios[17],
la “racionalización” de las restantes fábricas, el desempleo de 50.000
trabajadores[18]
y la drástica reducción de la molienda anual[19]
y de la superficie cultivada. A esto siguió la reducción de los adelantos de
pago y la expropiación de cupos a los pequeños cañeros, que eliminó el 50% de
los productores del mercado legal de la caña y creó un mercado negro donde los
productores sin cupo se veían obligados a vender su producto hasta a un tercio
del valor oficial a los ingenios con cupo, que dejaron de cultivar por
resultarles más rentable este tipo de transacción[20].
En paralelo, los ingenios de Jujuy y Salta
ascendieron con fábricas modernas y extensas plantaciones propias, por lo tanto
con menor costo de producción que la industria tucumana, con maquinarias
anticuadas y dependiente de la materia prima de cañeros medios y pequeños[21].
La saturación del mercado interno e internacional tensionó cada vez más la
situación. La brecha se amplió cuando el núcleo Salta-Jujuy y un pequeño sector
tucumano se vincularon a capitales extranjeros y a beneficios estatales
especiales, que determinaron el triunfo de la oligarquía azucarera de
las grandes empresas (Patrón Costa,
Arrieta, Leach, Nougués, Mignetti, Paz) sobre el cañaveral independiente
y los ingenios sin tierra propia, además del crecimiento del monopolio Ledesma
y subsidiarios, en estrecha relación con el Poder Ejecutivo Nacional[22].
Así, la economía tucumana, dependiente del monocultivo y
procesamiento del azúcar desde el siglo XIX, colapsó ante la intervención
estatal. Las fábricas fueron abandonadas, el cañaveral
tucumano se redujo en 130.000 ha y cayeron los ramos asociados a las etapas de
producción, procesamiento, distribución y comercio, afectando a toda la
sociedad tucumana[23].
El sector más golpeado fue el zafrero, donde se
ubicaban las capas más pobres, generándose un alto grado de marginalidad[24].
La solución del estado fue la creación de un sistema de empleo transitorio[25]
en obra pública que alcanzó a 5.000 obreros, muchos de los cuales fueron luego incorporados
a la Administración provincial. Asimismo, la intervención militar a la
Universidad impulsó la unidad del movimiento estudiantil y el obrero en una
oposición activa al cierre de los ingenios. El clima de
conflicto y movilización se manifestó en los “Tucumanazos” de
1970, eventos resultantes de la suma de fuerzas de sectores populares y medios que expusieron resistencia al régimen de facto. A la intensa
conflictividad política popular se sumó la acción de grupos guerrilleros en el
monte tucumano, que fue utilizada para legitimar la represión militar comenzada
en 1975 con el “Operativo Independencia”[26].
Las
características del mercado de trabajo estacional en la zafra tucumana fue
distinta a la de los ingenios del norte (Salta y Jujuy), donde existía en
algunos casos una mayor articulación entre el sistema de fincas y de ingenios y
por lo tanto una obligatoriedad directa de los arrenderos y peones a
movilizarse en las estaciones requeridas[27].
En el caso de Tucumán, el inicio de la industria a fines del siglo XIX se topó
con la dificultad del pasaje de sistemas libres de agricultura al régimen, por
lo cual la cooptación de mano de obra combinó el pago de salario con el uso de
métodos coactivos como leyes de conchabo, peonaje por deudas, vagancia, etc[28].
Al mismo tiempo, zonas vecinas como las provincias de Catamarca y Santiago del
Estero o los mismos valles Calchaquíes se transformaron en proveedoras de mano
de obra “golondrina”, limitando aún más su productividad por el desplazamiento
de la mano de obra. Ésta fuerza de trabajo, sin embargo, fue primero
reducida por la incorporación de
trabajadores bolivianos, luego impactada por la progresiva mecanización y
terminó reduciéndose drásticamente con las críticas condiciones de la industria
posterior a 1966[29],
afectando profundamente a las economías familiares.
En
cuanto al sur de los valles Calchaquíes, aparece como una zona productivamente “marginal”
ya en las fuentes provinciales de fines del siglo XIX[30],
lo que sumado a un sistema desigual de tenencia de la tierra y de acceso a los
recursos, explica por qué fue impactada tempranamente por el mercado laboral de
la zafra. Herrán[31]
indica que la apertura de la ruta a la capital en 1943, sumada a un cambio de
los cultivos tradicionales hacia el tomate para proveer al mercado tucumano y
hacia la producción de pimentón, especialmente en Catamarca, permitió en las
siguientes décadas un relativo crecimiento económico.[32]
Sin embargo, esto no se tradujo “en una circulación de bienes que alcance a los
sectores mayoritarios de la población”[33]
ya que las elites locales centralizaron la comercialización. Estos sectores, a
su vez, habían acaparado en las primeras décadas del siglo XX el reclutamiento
de mano de obra para la zafra, que no sólo era necesitada como complemento
económico, sino que además obligaba a las familias más dependientes a liquidar
su producción para pagar deudas y poder ir a la zafra.
Para
1974, el problema ocupacional en Amaicha era registrado como un abandono
general de las tareas agrícolas tradicionales, vinculado a dos motivos.
Primero, una brusca disminución poblacional a partir de los 15 años, sobre todo
en mujeres “posiblemente por la búsqueda de trabajo en
servicio doméstico”; y en los varones, un “éxodo más
gradual y más acentuado a partir de los 20 años como consecuencia
fundamentalmente de su incorporación al servicio militar, que lo desvincula
definitivamente de sus mayores”[34].
Segundo, un gran porcentaje (40,5%) de personas ocupadas temporariamente,
circunstancia atribuible
a la fuerte desocupación
producida por el cierre de los ingenios azucareros, lo que obligó a organismos
provinciales (Dirección de Vialidad y de Hidráulica) a absorber con carácter
transitorio a los trabajadores, afectados por esta situación, en el “Operativo
Tucumán”. La incorporación como personal permanente de gran parte del personal
que integrara transitoriamente el Operativo Tucumán, cambió radicalmente no
sólo el carácter de la ocupación, sino aun la naturaleza de la misma, dado que,
las características del nuevo empleo que convergía casi exclusivamente sobre el
sector industria y de servicios hizo que se redujeran las inquietudes por
mantener en producción las tierras ocupadas, como lo era antes, puesto que por
entonces la zafra mantenía siempre al poblador dentro de las tareas propias del
sector agropecuario[35].
Según esta lectura, las ocupaciones estatales ofrecidas como paliativo
-más regulares en ingreso- eran “preferidas” por los residentes, impidiéndoles mantener
simultáneamente la explotación de sus tierras. Sin embargo, esto no
problematiza la situación de las explotaciones, que Herrán[36]
describe como de tendencia general a la mediería, transitoria o permanente; ni
la desigualdad estructural entre las unidades de producción, que van desde
pequeñas explotaciones familiares imposibilitadas del acceso a recursos como
fertilizantes, plaguicidas, nivelación de terreno, alambrados y tecnología y
agua (por escasez de agua en la zona y
por el alto costo de las perforaciones) hasta otras que pueden incluso
contratar mano de obra. Este panorama indica que muchos grupos no alcanzan la subsistencia doméstica y debían
emplear parte de su fuerza de trabajo en trabajar para terceros o en
migraciones temporarias. En el marco de la situación crítica provincial, esto obligó
a muchos jóvenes a desplazarse hacia nuevos mercados de trabajo.
Por otro lado, la convivencia en la zona de distintas formas y
extensiones de propiedad resultantes de procesos históricos específicos[37]
plantea distintas situaciones de tenencia y explotación. En este sentido, el
caso de Amaicha es particular porque tuvieron tempranamente posesión de tierras
comunitarias[38]. Distinto era para el contexto
circundante, donde en algunos sectores las relaciones de dominación efectivas continuaban en manos de los patrones. He planteado[39]
que este sistema que los comuneros actuales denominan terratenientismo,
constituye una relación de dominación de recursos y fuerza de trabajo que puede
enmarcarse en lo que primero Mariátegui[40]
y después Quijano[41]
plantearon como un modelo particular de capitalismo americano, continuador de
los procesos expropiatorios iniciados por la colonia y legitimado luego por el estado,
fundamentado en la explotación racial de la población nativa. En la zona
vallista es posible rastrear formas similares hasta fines del siglo XX[42],
lo que demuestra la continuidad de los poderes tradicionales, la falta de
regulación de un derecho común y la legitimación tácita de esta situación de desigualdad por parte
del estado.
Relatos actuales
coinciden en que los patrones compraban las tierras “con
la gente adentro” que desprovista de derechos, debía aceptar pagar
cánones de arriendo de la parcela, derecho de pastura o “yerbaje” para
los animales o para sacar agua y leña; y cumplir con obligaciones de trabajo en
la hacienda, cuyo incumplimiento determinaba la expulsión. Además,
éstos cumplían funciones propias del estado, lo que los
convertían en su expresión a nivel local[43],
limitando a los arrenderos a acceder a una protección neutral. Distintos
testimonios coinciden en señalar que la policía, el juez, la directora y
maestra eran terratenientes (lo que tuvo un fuerte impacto en su separación de
la identidad indígena); y que para las elecciones, la postulación al puesto de
delegado comunal era reservada a los terratenientes, que ejercían coerción
sobre sus arrenderos para que los votaran, bajo amenaza de expulsión. A esto se
suman menciones sobre abusos físicos, sexuales y verbales por parte de los
patrones.
Una
vecina de Santa María, descendiente de una “familia fundadoras” cuestiona el
concepto de riqueza para los terratenientes. Según ella, ésta consistía en una
acumulación de tierras pero no de dinero, que sólo ingresaba al valle
periódicamente por el trabajo en la zafra. Desde su perspectiva, en la vida
cotidiana no existían grandes diferencias entre los sectores sociales, aunque
reconoce la existencia de casos de explotación. Sin embargo, su mención a la
zafra como vía de ingreso de efectivo permite comprender por qué los
terratenientes controlaban las contrataciones y el pago a los peones[44].
Como adelantamos, Herrán[45]
plantea que los primeros contratistas de los propios ingenios a fines del siglo
XIX, fueron sustituidos rápidamente por las figuras de las elites locales, que no
sólo se vieron beneficiadas en términos económicos sino que utilizaron en
términos políticos las relaciones clientelares que establecían en su nuevo rol
de reclutadores o “enganchadores” de mano de obra para los ingenios, cuyos
dueños constituían el poder provincial.
Para
algunos comuneros actuales, el trabajo en la zafra es recordado como
algo importante para sus economías familiares de subsistencia, pese a que se
menciona que los patrones se apropiaban de una parte del salario por la “gestión”.
Otros, sin embargo, la recuerdan como una
obligación “a látigo” que se sostuvo hasta que la Comunidad Indígena se
organizó. “Cuando venía la zafra los llevaban. Les guste o no
les guste, contrataban y llevaban.” Especialmente a Campo Santo,
Salta[46],
donde los terratenientes tenían vinculaciones: “Campo Santo era el cementerio para muchos. Dicen
que se escapaban y se iban al cerro, se escondían. Pero tenían que ir porque
ellos estaban en las tierras de ellos, tenían que ir sí o sí. Era una
obligación”[47]. Un comunero anciano recuerda haber trabajado
diecisiete años pelando caña en Ledesma, donde se jubiló:
Llevaban familias enteras a trabajar
allá. Allá era como “lotes” le decían pero era como pueblos. Le daban piezas,
le daban todo. Plata no nos daban. No nos daban plata. En la libreta de contrato, ahí iba anotando lo que usted trabajaba en el
mes. Usted quería el pan, le daban un vale que se llamaba, pa´ que vaya a
retirar el pan. Le daba otro vale pa´ que retire la carne,… Y todo era de la
misma empresa, de Ledesma. Y cuando usted trabajaba mensual le iban descontando
y lo que quedaba le iban anotando…Terminaba el contrato y le pagaban el saldo,
lo que quedaba, al que le quedaba, porque algunos no le quedaba nada[48].
Según los relatos,
la modalidad era la firma de una libreta de contrato
donde cada zafrero aceptaba trabajar 4, 5 o 6 meses; luego de esto se
trasladaba a los trabajadores al ingenio en camión. Las condiciones históricas
de trabajo en la zafra eran pésimas: agua sucia, grandes calores, bichos y
enfermedades como el paludismo. Se menciona que “en épocas de Perón” se
introdujeron mejoras: se mejoró la limpieza, se cavaron pozos, dejó de morir
gente “por las pestes” y se redujo la jornada laboral a ocho horas, haciéndola
más soportable. No obstante, la mediación de los terratenientes en el contrato
continuó hasta la década del ´70.
En
relación a esto, Bisio y Forni agregan que la concurrencia a la
zafra luego de 1945 se vuelve optativa y con la firma de un contrato,
especialmente para los trabajadores jóvenes, mientras que Herrán[49]
adjudica al peronismo la modificación
de las condiciones de trabajo. Esto, sumado
a la mayor movilidad individual posibilitada por la apertura de la ruta en
1943, habría permitido modificar también las relaciones de dependencia de los
reclutadores de mano de obra, sistema que fue perdiendo vigencia a partir de
allí; aunque continuó operando en los espacios más alejados hasta 1971, cuando
se retira el principal reclutador del ingenio Ledesma. Por último, estos
cambios permiten que los destinos laborales, que inicialmente eran determinados
por las relaciones personales con los patrones “enganchadores” fueran dando
paso a elecciones basadas en amistad, vecindad o parentesco, y mucho más
fluctuantes.
La organización indígena y
el Parlamento “Juan Calchaquí”
Luego
de un siglo de pervivencia de la estructura económica y de poder en el valle,
la magnitud de la crisis, la ebullición social y la represión en la provincia
permearon la frontera invisible que había permitido sostener una dinámica local
autónoma. Esto no sólo afectó a los sectores más vulnerables sino que también
impactó en las prácticas de los terratenientes, en tanto la percepción de los primeros
sobre su propia situación planteó un escenario novedoso que trastocó las
relaciones tradicionales. La crítica situación provincial fue así un motor que
impulsó el cambio en la relación de fuerzas locales: allí comenzó la negativa
de los campesinos a pagar cánones y obligaciones a los patrones, posiblemente
por una mayor dificultad para afrontarlos. La rebeldía fue central en la
primera plataforma de acción, más vinculada a una problemática campesina, que
junto a los elementos aportados por el contexto provincial y nacional hicieron
que la tensión latente y reprimida, producto de las condiciones históricas de
existencia, finalmente estallara. A partir de allí, la
población no sólo potenciaría una conciencia de clase sino que reconstruiría su
propia identidad étnica, silenciada durante siglos, lo que permitió la generación
de un sujeto político nuevo que,
exponiendo las injusticias desde su propia especificidad, cuestionó
la base misma de la estructura social y su silenciosa reproducción.
En un
proceso que llevó años, los primeros roles organizativos fueron asumidos por la
generación mayor[50],
que encauzó demandas espontáneas a través de las modalidades
políticas que conocían. Posiblemente, el contexto de conflictividad política y
la alta movilización sindical en Tucumán pudo haber servido de referencia para
los reclamos. Pero un factor importante fue que ciertos jóvenes forzados a
migrar hacia mercados metropolitanos de trabajo-especialmente
Buenos Aires- en condiciones muchas veces desfavorables, pudieron formarse
políticamente en su especificidad indígena, al vincularse con organizaciones como
la AIRA, fundada por Eulogio Frites, y con referentes de otros pueblos con
quienes intercambiaron experiencias y trabajaron en el proyecto de una organización
indígena nacional. Este es el caso del histórico cacique de la Comunidad
India Quilmes (CIQ) Francisco Solano Chaile y de Delfín Gerónimo, actual
representante de la Unión de las Naciones del Pueblo Diaguita de Tucumán
(UNPDT).
Como
hemos mencionado, el inicio de la historia de las organizaciones proviene de fin
de la década anterior. Por ejemplo, en 1968 se formó el Centro Indígena de Buenos Aires, que en
1971 se convirtió en la Comisión Coordinadora de Instituciones Indígenas de la
Argentina (CCIIRA), que tuvo un rol importante en el impulso de las
Federaciones Indígenas regionales y los Congresos Nacionales, y que luego se
reestructuró en la Federación Indígena de Buenos Aires hasta su disolución en
1976[51].
Estos núcleos de actividad política e intercambio, llevados adelante por
distintas figuras de la militancia indígena, permitieron la formación de los
jóvenes referentes. En este sentido, la ciudad aparece como
un espacio de contacto social y aprendizaje de la práctica política, que tenía
como causa y destino el territorio de origen, donde al regresar los jóvenes
prosiguieron lo iniciado por sus mayores.
Nosotros no sabíamos nada de
nuestros derechos. Solamente pedíamos dejar de pagarle al patrón porque no
podíamos más, a veces no alcanzaba para comer…Y después vino Santana y él nos
decía “Ustedes no tienen que pedir eso, porque son indígenas y esta tierra es
de sus abuelos, ustedes son los dueños de la tierra”. Y así fue, así nos hizo
ver…pero nosotros no sabíamos que éramos indígenas, nos habían hecho
olvidarnos[52].
El fallecido
dirigente al que se menciona en la cita, Pedro Pablo Santana Campos, es un
ejemplo de cómo las relaciones trazadas durante este periodo atravesaron pertenencias a
diferentes formas de organización política. El mismo fue un actor fundamental tanto en el trabajo de conciencia
que realizaron los pobladores como en la organización indígena de la Federación Indígena Regional, de la que fue elegido presidente durante el Parlamento de 1973 y a la que
representó en encuentros indígenas nacionales e internacionales[53].
Figura controversial en el recuerdo de los comuneros actuales, se señala que
provenía de la dirigencia sindical peronista, pero que su origen era incierto[54].
Sostuvo una intensa militancia local hasta que fue apresado, primero durante el
Operativo Independencia y luego durante el llamado “Proceso de Reorganización
Nacional” (1976-1983) retomando su actividad política en democracia. El clima
de época, las crecientes persecuciones y la
indistinción general respecto de la posición de las personas parecen haber
contribuido a ciertas opiniones contradictorias sobre el dirigente, lo que plantea
una serie de opacidades alrededor de su figura, que se magnifican por el tiempo
transcurrido.
Los elementos invocados en la actualidad a favor y
en contra del dirigente[55]
caracterizan la complejidad de las trayectorias personales y políticas de los
actores que operaron en la coyuntura política indígena del momento, tal como ha
señalado Lenton[56].
Pero más allá de estas contradicciones, es
necesario señalar la centralidad de la interacción con este tipo de actores en
el proceso de refundación de la perspectiva local, que permitió transformar un reclamo
inicial basado en las condiciones de subalternización del trabajo campesino, el
sistema de arriendo y el poder de los patrones, en una reivindicación indígena
por el derecho a su territorio y a sus recursos.
Esto implica un profundo trabajo de reconstrucción por
parte de los sujetos sobre una historicidad clausurada por el discurso de la
“extinción” (manifiesta en la expresión “nos habían hecho olvidarnos” de la
cita anterior); de reconocimiento de la identidad invisibilizada y su
vinculación con el territorio; y de organización política en la prosecución de
una nueva agenda de reivindicaciones específicas, lo que devino -con mayores o
menores éxitos- en cambios concretos en la vida de las personas. Esto se
manifiesta en las memorias actuales, donde es contundente el recuerdo de
cómo el pasaje a “ser indígenas” cambió
las condiciones de vida: “Hemos sido arrenderos de
los terratenientes que nos explotaban y hemos dejado de pagar desde que
somos indígenas. Ahora ellos tienen que respetarnos a nosotros,
reconocernos lo que hemos trabajado y no como antes que nos corrían y se
quedaban con lo que hacíamos”[57].
El resultado más importante de la organización
local fue la realización del Primer Parlamento Indígena “Juan Calchaquí” en
Amaicha del Valle, entre el 15 y el 19 de diciembre de 1973. Como hemos
mencionado en la introducción, el evento se enmarcó en una serie más amplia de
encuentros indígenas con formatos similares en otros puntos del país,
coadyuvados por sindicalistas, militantes y miembros de la iglesia
tercermundista[58],
pertenencias que se interrelacionaron para colaborar con los indígenas en el
clima de movilización política que caracterizó el inicio de la década de 1970.
El
trabajo elaborado por las comisiones del Parlamento se plasmó en una serie de
peticiones sobre necesidades fundamentales para el desarrollo comunitario, como
la grave cuestión sanitaria, con enfermedades pulmonares, Chagas, desnutrición,
falta de agua potable y problemas de parasitosis, falta de medicamentos,
puestos, médicos y enfermeros, proponiéndose la creación de una política que
contemplara la formación de los propios indígenas para las tareas sanitarias.
Respecto de la educación, se denunció que la mayoría de las escuelas no tenían
edificio propio o estaban en condiciones precarias. Se propusieron programas
educativos adecuados a cada región, con respeto a la cultura e historia previa
de las comunidades, que se impartieran “en lengua materna y
castellana”, que priorizaran la formación de maestros indígenas y la
participación de los representantes en el diseño de programas. Es interesante
señalar aquí el rol político que desempeña la inclusión de la cuestión de la lengua materna en el
argumento, teniendo en cuenta que la lengua kakana, propia de esta zona, se
considera perdida hace mucho tiempo y no quedan miembros de la comunidad que
conozcan más que algún vocablo suelto de la misma. No obstante, es destacable
la función propositiva del documento, que supera a la mera denuncia de
carencias.
En
cuanto a la configuración política, la pretendida organización nacional se
estructuraría en Federaciones -provinciales, regionales y nacionales-
destinadas a solicitar personerías jurídicas y llevar a cabo con los
funcionarios una búsqueda de soluciones reales. Este entramado expone la
voluntad de diálogo con el estado, así como la importancia asignada al
fortalecimiento de lazos entre los distintos pueblos y el deseo de
participación, en la arena política y en el proyecto nacional, como actores
indígenas. El sustento simbólico fue un ecléctico panteón que mancomunaba
figuras de diversa procedencia histórica:
El primer Parlamento Regional Indígena “Juan
Calchaquí” hace suyas las palabras de nuestra inmortal abanderada: “A llegado
las horas de los pueblos, la hora en que todos los hombres y mujeres se sienten
responsables del destino común y por ende de la Patria” (Eva Perón). Nuestras
comunidades han echado a andar y no se
detendrán ya, vamos tras las banderas de justicia y liberación que nos
señalan desde siempre nuestros héroes máximos Juan Callchaqui y TupacAmaruc y
que hoy ha levantado nuevamente el General Perón. HERMANOS: EL PATRON NO
COMERÁ YA MÁS DE NUESTRA POBREZA: TUPAC AMARUC. UNION Y ORGANIZACIÓN PARA LA
RECONSTRUCCION NACIONAL[59]
El
texto es elocuente respecto de las influencias que atravesaban la coyuntura
nacional y su impacto en la constitución de una identidad política que
conjugaba elementos de la especificidad indígena local y americana con los de
la lucha obrera (común a ellos como trabajadores agrarios) bajo la bandera
peronista. Esta complejidad atravesaba los propósitos mismos del Parlamento,
que a la vez que denunciaba la explotación indígena, ubicaba las
reivindicaciones dentro del proyecto patriótico:
Bajo el lema “UNION Y ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION
EN LA RECONSTRUCCION NACIONAL”, [este Parlamento] hace oír su voz al país entero: autoridades y hermanos argentinos y
quiera que esa voz sea un grito tan fuerte como para romper los oídos sordos y
como una tacuara lanzada al corazón de los responsables. En momentos en que el
Gral. Perón está en el gobierno. En momentos en que decimos estar en un
gobierno popular, los indígenas decimos basta. No queremos seguir escuchando
decir que no podemos educar a nuestros hijos o tener asistencia médica o que no
podemos recuperar nuestras tierras. La injustica debe acabar en una patria que
quiere ser justa, libre y soberana. LA INJUSTICIA CON LOS INDIGENAS DEBE
TERMINAR, y nosotros estamos dispuestos a terminarla porque sabemos que, como
lo dice nuestro líder “a nuestros derechos no se los mendiga, se los
conquista”. Entendemos que estamos en momentos históricos para nuestro país y
queremos participar en ese momento reconstruyendo lo que tres siglos de
política liberal han tratado de destruir. Porque destruyéndonos a nuestra
cultura, a nuestro ser, destruían mejor las raíces de América y la hacían mejor
colonia de las potencias extranjeras. Anunciamos a la Patria toda, que no
queremos quedar ajenos al proceso, por eso nos hemos reunido en este primer
parlamento regional que se ha dado como objetivos: el de promover la organización
de las comunidades (…) que excluya para siempre la marginación de nuestras
comunidades, como así el paternalismo que se ha impuesto a nuestro pueblo[60].
Distintos
pasajes repudian la colonialidad, el paternalismo y la explotación sobre los
indígenas, invocando a Perón como fuente de cambio y a su presidencia como momento
propicio para gestionar reivindicaciones. La esperanza se
sustentaba, en parte, en el recuerdo de los dos primeros mandatos peronistas
(1946-1955) que habían generado un apoyo
generalizado en el valle, transgrediendo
incluso fronteras de clase.
Algunos
señalan que el peronismo no marcó diferencia para los indígenas, ya que
representaba a otros sectores: “En el año 1900 y algo ¿quién habló de los indios?
Nadie habló. Nadie se acordó. O sea que Perón también estaba con los
terratenientes”[61]. Sin embargo, en general el
sector de trabajadores rurales, beneficiado con el
reordenamiento de las relaciones laborales que logró el Estatuto del Peón Rural[62]
sostuvo una percepción positiva, que llega hasta la actualidad[63].
También se recuerda lo que significó el peronismo para las mujeres. “La mujer no figuraba en el registro. Mi abuela murió en 110 años,
quizás con muchos más (…) Salía el sol por allá y
tenía que trabajar hasta que entraba por el otro lado. Después entra Evita y
hubo otro horario y fue creando leyes a favor de las mujeres”[64].
Respecto
de las políticas indigenistas del primer peronismo[65]
inferimos que pueden no haber sido asumidas en aquella época como propias por
los vallistas, en parte porque aún no reivindicaban su indigenidad política y públicamente.
No obstante, ciertos relatos
refieren que los “viejos” ya se reunían “en los tiempos de Perón y
Evita”, en un inicio de organización truncada por los
terratenientes, quienes se burlaban del alcance de esos intentos
que, si bien no prosperaron, sentaron bases que serían recogidas por las
siguientes generaciones.
La problemática territorial, el
Parlamento y el reconocimiento de los límites históricos
La
toma de conciencia sobre los derechos indígenas sobre
el territorio colocó esta problemática como un núcleo central en el Parlamento.
En las conclusiones, el tema de la tierra aparece vinculado a distintas
cuestiones, por ejemplo el problema del agua y de la productividad, proponiéndose
para esto armar Cooperativas, dependientes de las Federaciones Provinciales,
que actuasen como intermediarias para solicitar al estado la construcción de
pozos, créditos para compra de maquinarias y semillas y asesoramiento
técnico-científico para mejorar la siembra, a fin de “lograr un
auténtico desarrollo y plena participación en el quehacer del país”[66].
Para el problema de la vivienda, también vinculado al de la tierra, se proponía
la creación de planes de construcción pagaderos a largo plazo y bajo interés.
Respecto del problema de la tenencia, se denunciaba el desalojo histórico de comunidades
indígenas y la inseguridad jurídica de quienes las poseían, como “los principales males en que el aborigen quedó sumergido (…) no sólo en
lo económico, sino también en lo cultural”. Se mencionaban casos
puntuales de comunidades despojadas (entre ellas San José, Anfama, La Ciénaga y
Chasquivil) aunque sin especificar si se trataba de hechos históricos o
contemporáneos. Como cierre, se concluyó exigir:
a- Recuperar las tierras perdidas en manos de
intrusos amparados por leyes que han sido creadas por ellos para explotarnos.
b-Lograr títulos de
propiedad definitivos, inembargables e intransferibles, de propiedad de las
tierras que habitan desde siempre las comunidades indígenas, adaptadas a la
modalidad de cada comunidad.
c- Que los organismos de tierras
que corresponden, solucionen en primer término la cuestión de las tierras de
las comunidades indígenas, porque ello es deber de justicia y que participen
los delegados de cada una de las zonas en la determinación de los límites para
las mensuras
d- Que aquellas comunidades
que no posean tierras sean incluidas prioritariamente en los regímenes de
colonización[67].
La
administración y uso de la tierra debían ser determinados por cada comunidad y
éstas los gestionaron a través de formatos modernos de organización,
específicamente las cooperativas. Así, la Cooperativa Agropecuaria Comunidad
Amaicha Ltda.[68],
al contar con personería jurídica, tuvo como fin gestionar la escrituración del
dominio de las tierras que ya poseían los comuneros de Amaicha, adjudicar
títulos (previa expropiación del gobierno) y, junto al Consejo de la Comunidad,
regularizar la situación jurídica de los ocupantes. Pero además, el Parlamento
instaló públicamente el reclamo de cumplimiento general de la Cédula Real que
en 1716 adjudicara tierras al cacique Chapufre y a sus indios del Bañado de
Quilmes, San Francisco, Tio Punco, Encalilla y Amaicha[69],
que si bien había sido reconocida en parte para los amaichas (por lo cual
poseían las tierras mencionadas) no habían alcanzado a otros pueblos
mencionados en el documento.
En
este contexto, un episodio paralelo al Parlamento resulta relevante en dos
aspectos. Por un lado, porque permite comprender que la confianza en el
peronismo como aliciente de la organización comunal no sólo se sustentó en la
memoria, sino que también existieron señales institucionales que colaboraron a
solidificarla. Por el otro, porque permite identificar aspectos que coadyuvaron
a la cimentación del reclamo territorial como epicentro de la política indígena
local. Me refiero a la intervención del Consejo Federal de Inversiones (en
adelante CFI) que convocado por el gobierno provincial para realizar un estudio
diagnóstico sobre títulos comunales en la provincia[70]
en el marco de un programa que se completaría posteriormente, trabajó en
Amaicha entre diciembre de 1973 y enero de 1974 y produjo un informe[71]
que si bien respondía a fines instrumentales orientados por los
objetivos económicos del gobierno, planteó en sus conclusiones coincidencias
profundas con las demandas de reconocimiento de los límites históricos
indígenas que el Parlamento comenzaba a hacer públicos.
El
contexto de este documento se vincula con el proyecto del peronismo de crear un
orden estable que lograra limitar el creciente procesos de radicalización
social[72],
para lo cual procuró plantear un pacto social en un contexto de conflicto, a
través de la firma de distintas Actas y acuerdos entre el gobierno y entidades
representativas como la Confederación
General del Trabajo y la Confederación General Económica.
La política económica quedó
en manos del Ministro de Economía José Ver Gelbard[73],
quien diseñó su Plan Trienal para la Reconstrucción y la
Liberación Nacional durante el breve mandato de Raúl Alberto Lastiri[74],
el cual fue re-presentado por Perón el 21 de diciembre de 1973, luego de su
asunción. Como su nombre indica, el Plan buscaba reconstruir
las estructuras administrativas de planificación del primer peronismo,
destruidas por los gobiernos posteriores. Sus metas estaban centradas en la
promoción y reactivación de las actividades productivas, regionales, la
expansión agropecuaria y forestal, la reorganización de las empresas del
Estado, el desarrollo de la pequeña y
mediana empresa, la organización del comercio de carnes y granos y del capital
extranjero. El desarrollo agropecuario era planteado como un pilar de Plan, en tanto debía abastecer el mercado interno y generar
excedentes para el externo, por lo cual uno de los objetivos era expandir la
frontera agropecuaria con un nuevo “Régimen de la Tierra”:
Los productores se comprometen a
realizar un aprovechamiento pleno y racional de toda la tierra, la que debe
producir con eficiencia para la
comunidad; el Gobierno reafirma por su parte el ejercicio pacifico del derecho
de propiedad privada en función social. Asimismo, se realizarán los mayores
esfuerzos a fin de mejorar la estructura agraria que presenta desequilibrios
profundos en algunas zonas del país [75]
Uno de los intereses enunciados
era que la tenencia de la tierra no fuera un bien de renta sino un instrumento
de trabajo, de modo que el mejoramiento de la estructura se orientaba a
erradicar el latifundio y el minufundio. Además, se proponían leyes específicas,
como una Ley de Colonización para parcelar tierras fiscales en manos de un
Consejo Agrario de productores; una Ley
de Transformación Agraria para promover el acceso a la propiedad de arrendatarios
y aparceros mediante un sistema de créditos y exenciones impositivas; una Ley
de tierras ociosas para integrarlas al sistema productivo; una Ley de Reconcentración
parcelaria para convertir minifundios en unidades económicas; y un régimen
jurídico general para la propiedad rural.
Según Lázzaro[76], ya a comienzos de 1973 se podía
advertir en estos documentos programáticos el objetivo de generar una “reforma agraria integral”, cuyo propósito estaba basado en
la eficiencia, buscaba elevar los niveles de productividad y superar las deficiencias
de la estructura agraria; pero que no apuntaba hacia la ruptura del monopolio
latifundista. Por ello buscaba operar en reformas superficiales, desviando la
presión sobre la gran propiedad a través de operaciones como la colonización en
regiones periféricas, la parcelación marginal de latifundios o los procesos de
mejoramiento de tierras; conservando el statu quo de la
estructura agraria. Sin embargo, al año siguiente, el Plan
Sectorial Agropecuario 1974-1977, elaborado por la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de la Nación a
cargo del Ing. Horacio Giberti, sistematizaría más específicamente los
enunciados presentes en el Plan Trienal y
en otros acuerdos. Posteriormente, a mediados de 1974 y coincidiendo con la
muerte de Perón, se dio a conocer el
anteproyecto de Ley Agraria elaborado por la
Secretaría, que generó una serie de conflictos entre una burguesía agraria que
se sentía “amenazada” y el gobierno, y que también alimentó conflictos entre
los heterogéneos sectores del peronismo[77].
En este contexto, y en
sintonía con la línea política y el plan del gobierno nacional, el gobierno
tucumano de Amado Juri convocó en 1973 al CFI (entidad que articularía con las
provincias para la cumplimentación de los objetivos del Plan Trienal)
para estudiar un problema de índole productiva que, según el
gobierno, motivaba el atraso de la provincia: las tierras de “comunidades” o
“comunidades indivisas”. Éstas superaban los $25.000.000 de valuación fiscal y
las 170.000 ha (7,7 % de la provincia). Gran parte correspondía a cerros,
quebradas y monte (consideradas de poco valor productivo, salvo para alimentar
ganado, por madera y leña) pero el mayor
interés estaba en las propiedades “productivas” (es decir, aptas para la caña)
que constituían un potencial de riqueza si se solucionaran los problemas de
registro y el inadecuado tamaño de las parcelas (minifundios o latifundios, no
siempre cultivados). El objetivo del gobierno era el saneamiento de títulos, el
reparcelamiento y la utilización “racional” de nuevas unidades económicas que
incrementaran la producción. El revalúo luego de este proceso permitiría obtener
mayores ingresos fiscales, en muchos casos adeudados por años.
El
problema abordado por el CFI tenía una larga lista de antecedentes en estudios
institucionales previos, que no habían logrado solucionar el “problema”. La legislatura tucumana debatió diferentes
proyectos entre 1945 y 1966[78],
que buscaban una forma posible de intervención del estado para lograr una
explotación “racional” de esas tierras. En general las soluciones planteadas
implicaban el uso de mecanismos de expropiación que contemplaran a los
ocupantes que justificaran “la posesión tranquila,
treintañal, sin interrupción,” a quienes se les otorgaría
escrituración. Sobre el resto de las tierras, se planteaba, por ejemplo, que
fueran subdivididas en lotes
de 50 hectáreas cada uno y
relatada públicamente en cada lugar, debiendo preferirse en la adjudicación a
los ciudadanos argentinos nativos dedicados a la actividad campesina. (…) En momentos en que se habla de garantizar el techo y el arraigo al
suelo de las poblaciones rurales, el gobierno no puede permanecer indiferente
frente a este problema de fundamental importancia. Le corresponde pues, llevar
tranquilidad a miles de familias argentinas que hasta hoy han vivido en el
olvido de los gobernantes[79].
¿Qué entendía el estado provincial por “comunidades”?
El informe del Senado provincial de 1961 intentaba definir un conjunto de
atributos o cualidades que debían converger para que una propiedad
(generalmente rural) pudiera ser considerada una “comunidad de tierra”, concepto
basado en la propiedad, no necesariamente ligado a la existencia contemporánea
de lazos sociales. Por su parte, el padrón catastral designaba como “comunidades”
a propiedades indivisas de distinta extensión, fraccionadas por sus ocupantes.
Algunas llevaban el nombre de una estancia o lugar, otras el nombre pluralizado
de un apellido (como Los Sosa o Los Morales) que con el tiempo incluso se
transformaron en topónimos. En estos casos, el nombre derivado de un apellido
común permitía inferir la existencia de “un origen unificado y tal
vez un título o derecho ancestral”, mención poco común en la
legislación provincial del siglo XX. Un hecho notorio es que a pesar de las
dificultades de la definición, se coincidía en que, en rigor:
la verdadera y única
comunidad que existe es la de Amaicha, porque allí se conserva una
centralización de administración de la cosa común y aparentemente no existen
mayores conflictos entre los comuneros. Esto mismo impone que a esta comunidad
se le dedique una consideración especial, para determinar si verdaderamente es
conveniente que el Estado tome intervención. Asimismo, debemos señalar que los
atributos comunes y particulares que se fijarán no es necesario que se presenten
en este caso[80].
Respecto
de Amaicha, el estudio sociográfico de Figueroa y Mulet[81] -el antecedente más
importante- indicaba no era discutible su “propiedad privada”,
ya que el estado percibía contribuciones fiscales de sus propietarios y que “la indivisión, está perfectamente reglamentada por la Ley Civil con el
título de condominio, y puede cesar cuando los interesados lo consideren
conveniente”[82]. La propiedad también se demostraba con la donación hecha a
la Iglesia Católica de las catorce manzanas del casco urbano y con otras
transferencias de lotes adquiridos por comerciantes y otras personas
establecidas en la villa, cuyos derechos legítimamente adquiridos resultaban
indiscutibles. Inclusive, “hasta el superior
Gobierno Provincial es sucesor de la comunidad en los derechos de propiedad de
un inmueble adquirido para la construcción del centro comunal, edificio destinado
a las oficinas públicas”[83].
También se destacaba que las “desmembraciones de la
comunidad originaria, formadas por familias que cercando zonas determinadas de
la extensa donación primitiva, han regularizado la situación jurídica de sus
fracciones produciendo las correspondientes informaciones posesorias e
inscribiéndolas”[84]
y que esto podía ser realizado por quienes conservaban derechos sobre el resto
del inmueble. Para los sociógrafos, la falta de inscripción de títulos en el
Registro era una deficiencia menor, subsanable con “información
treintaria.”
Según este reconocimiento de la propiedad en
Amaicha, la expropiación y explotación planeada por el gobierno con la Ley de Creación del Organismo de Fomento de Empresas Mixtas Privado
Estatal no era aplicable. La solución propuesta en ese momento fue
formar una “Sociedad Anónima” para regularizar la “sociedad de hecho
existente”, tramitar la información posesoria y registrar los títulos de
propiedad. Posteriormente, el proyecto de Ley de Eximición de gastos de juicio,
sellado, oficina e impuestos a la Sociedad Comunidad de Amaicha del Valle,
presentado el 30 de septiembre de 1950 por los diputados Zarlenga y González,
eximía a la futura Sociedad de los gastos de trámite. Pero pese a estos antecedentes
y como para 1973 el problema general de las “comunidades de tierra” continuaba
sin resolución, la Subsecretaría de Estado de Obras Públicas
provincial solicitó la cooperación al CFI para lograr el ansiado saneamiento de
títulos, incluyendo a Amaicha entre los objetivos.
El estudio permitió profundizar en la especificación
de los atributos necesarios para definir a las comunidades. Se concluyó que
esta denominación genérica surgida de la tenencia común de
la tierra incluía situaciones de diversa índole y origen (que en muchos casos
no podía determinarse, pudiendo corresponder incluso a mercedes coloniales).
Por lo tanto, fueron catalogadas por su situación jurídica de
tenencia como “comunidades indivisas” y se definió como comuneros a quienes
detentasen algún derecho de propiedad común sobre las mismas. Así se
reconocieron más de veinte comunidades[85]
que ocupaban un total de 168.754 ha[86].
En el departamento de Tafí[87]
se reconocieron tres: Los Morales (una antigua sucesión familiar) con
1.878 ha; Amaicha (comunidad indígena de 157 familias ó 629 personas, según
Censo de 1970) con 52.817 ha valuadas en $ 238.527, es decir el 58% de toda
la superficie comunal de la provincia pero con un valor fiscal de sólo el 6% (Figura 1); y
Aráoz Hermanos (una sociedad anónima con socios de mayor y menor concurrencia)
con 7.430 ha valuadas en $83.593(Figura 2)[88]. Ésta última limitaba con la
propiedad de la familia Chico, que ocupaba las tierras hacia el sudeste,
incluyendo la localidad de Quilmes y hasta los cerros que limitan con Catamarca
y a otros terratenientes, como la familia Cano, que según refiere un comunero tenían “casi la mitad del pueblo” y
juntaban “a la gente humillada, humilde y decían que teníamos que votar por
ellos. Tenían la política, y cada político que entraba, más se hacían dueños”[89]. Otro vecino del lugar relata:
De los Chico hacia el límite con Salta estaba la Comunidad Aráoz
Hermanos. Todo el cerro para arriba, todo, todo, era de la Comunidad. Eran 9
hermanos, un tal Pilar Aráoz creo que era el padre, blanco, español. Yo he
conocido al nieto de él. En El Pichao han cerrado las mejores tierras. Cuando
había ley de gobierno han sabido hacerse de escrituración y así han logrado
hacerse de las mejores estancias, los mejores terrenos con escrituras, todo
completo. Terrenos, los mejores terrenos de El Pichao. Y bueno, después ellos
ordenaban…Y han ido los mismos originarios a comprarle a ellos, porque ¿cómo
decir?…éramos como accionistas de la Comunidad. Y si no eras accionista nos
corrían![90]
La inclusión de pequeños propietarios como “socios”
minoritarios permitió que muchas familias de varias generaciones de arrenderos
pudieran adquirir su lote, aunque algunos relatos indican que la delimitación
de los terrenos -y su modificación- era potestad de los señores. La ampliación del grupo de
accionistas (que llegó a ser de sesenta miembros) es señalada como
una de
las causas por las que nunca se logró frenar los abusos de los Aráoz[91],
ya que se considera que se transformaron en “seguidores” y que confrontaban con
quienes no lo eran. Por otro lado, se menciona que aquellos socios que adscribieron a
la organización indígena sufrieron represalias e incluso desalojos, efectuados
por la policía y el juez. Hasta
la actualidad, vecinos que dicen poseer títulos de propiedad como socios
de Aráoz, tienen una reacción negativa hacia las acciones de recuperación
territorial de las comunidades. Algunos incluso niegan su propia condición
indígena: “yo no soy indio”, “a mí nadie
me está quitando nada” o “yo vivo en mi terreno”,
son algunas de sus expresiones. Un vecino admite haber participado en los ´70
en la
Federación, pero que luego lo reconsideró: “yo no tengo necesidad de
participar porque yo soy propietario aquí, yo he comprado a duras penas, esta
finca es mía, entonces yo la tengo bien escriturada, estoy dando beneficio a la
provincia, estoy pagando impuestos”[92]. Según un referente de esa época, la organización
indígena siempre les fue ajena porque “esa gente no sufrió
discriminación” y que esto determinó su falta de apoyo a proyectos
comunales que podrían haberles resultado beneficiosos.
Figura 1: Comunidad de Amaicha del
Valle según telas Catastrales
Fuente: CFI, 1974, Ob. Cit, Tomo II,
Anexo 14.
Retocado por la autora.
Se observa así un antagonismo entre la propiedad privada y la
adscripción indígena, asociada a la desposesión territorial. Algunos sin
embargo dudan de la legalidad de las propiedades de estos pequeños socios: “Han comprado su terrenito con la boletita esa, pero no han pedido ni
siquiera para escriturar…Con las boletitas del juez han hecho todas las compras”[93]. Según esta comunera, mucha gente no sabe la situación
jurídica de su lote, o no han podido escriturarlo. No obstante, las personas
defienden la idea de que poseen su propiedad privada y (en parte por miedo a
perderla) la exponen como un factor de diferenciación social que determina
además una posición antagónica respecto del reclamo territorial indígena.
Agregaremos aquí que la Comunidad Aráoz está
separada de la Comunidad Indígena de Amaicha por la finca de El Bañado,
propiedad de la familia Chico, sede geográfica del sitio arqueológico de
Quilmes y territorio que los quilmes comenzaron a reclamar en el Parlamento.
Los quilmes tienen percepciones opuestas con cada una de las comunidades, en
relación a sus reclamos territoriales. Mientras Amaicha representa al sector
indígena que logró que se le respetaran las tierras otorgadas por Cédula Real en
1716 (a diferencia de otros grupos que no fueron incluidos aunque estuvieran
enunciados en el escrito, como ellos)[94]
Aráoz representa la persistencia del poder terrateniente en la zona, con
familias de propietarios que conforman su núcleo duro y operan contra los
reclamos indígenas a través de su cercanía con los jueces y la policía local.
Figura 2: Comunidad Araoz Hermanos
según Telas Catastrales
Fuente: CFI, 1974, Ob. Cit., Tomo II,
Anexo 78.
Retocado por la autora
Volviendo al CFI, ya adelantamos que pese a
responder a una demanda eficientista del estado, su análisis sobre los límites
del territorio indígena puede leerse como una confirmación institucional
de lo que la organización indígena, especialmente los comuneros
de “fuera” de Amaicha[95]
comenzaban a reclamar públicamente en el
Parlamento: sus derechos históricos sobre un territorio más
amplio que el reconocido para un grupo de descendientes de los amaichas. El
estudio jurídico se centró en el Testimonio de 6 de mayo de 1753[96]
que ratificaba la Cédula de 1716 y en su protocolización de 1892. Los
facsímiles y transcripciones de éstos y otros documentos constituyeron el
respaldo de esa investigación[97].Aunque
es claro que fueron aportados por los lugareños, debe destacarse que no siempre
se expresa cómo los funcionarios del CFI obtuvieron acceso a los mismos, ni en
base a qué fuentes esa información fue ampliada. A modo de ejemplo, donde
la Cédula decía
reunidos en el paraje de Encalilla para dar la
posesión real al Cacique de los Pueblos del Bañado de Quilmes, San Francisco,
Tio-punco, Encalilla y Amaicha Don Francisco Chapurfe (…) bajo cuyos límites
damos la posesión real temporal y corporal al susodicho cacique para él, su
indiada, sus herederos y sucesores, y ordenamos al Gral. Sánchez que está a
siete leguas del Tucumán abajo deje
venir a los indios que se le encomendaron por el referido tiempo de diez años,
para que instruidos volviesen todos a sus casas, como dueños legítimos de
aquellas tierras para que las posean ellos y sus descendientes[98].
El informe agregaba precisiones respecto del lugar
del que provenían los indios encomendados a Sánchez, además de otros que se
incorporarían a los territorios. Más aún, se clarificaban detalles respecto de
cuáles eran específicamente los indios “extintos” (los quilmes reducidos en
Buenos Aires) y cuáles habían sido repartidos por diferentes lugares:
A esos
indios, que ingresan en las tierras comandados por el cacique Chapurfe, se
incorporan los que estaban encomendados al Gral. Sánchez, “siete leguas más
debajo de Tucumán” (lugar Pala-Pala”, como así se le ordenó a todos los
que tenían la encomienda de indios en Choramajo, Esteco, Santiago del Estero,
etc., que los dejaran en libertad para que pudiesen volver y ocupar estas
tierras en forma pacífica, con excepción de los residentes en el lugar
denominado “La Cruz” (hoy Quilmes, en la Pcia. De Buenos Aires), donde una
peste los exterminó. Esta adjudicación señala el término de las reiteradas
luchas por el sometimiento de estas tribus que se resistían a entregar sus
posesiones, y que sólo en parte se habían logrado dispersar[99].
¿De dónde surgieron los datos que se sumaban a los
documentos? En este caso, el informe no precisa fuentes escritas ni orales, ni
de qué modo accedieron los recopiladores a la información. En otros pasajes,
sin embargo (por ejemplo respecto de lugares mencionados en la Cédula) sí se explicita
haber recibido colaboración de pobladores descendientes de los primeros
ocupantes “que mantienen latente por tradición oral la
historia de sus orígenes”[100],
especialmente en los casos de transferencias de tierras documentadas; incluso
se indica que algunos documentos, transcriptos por los lugareños, tienen el
sello de autoridad de haber sido “vistos” por directivos de la Comunidad, como
los de la ocupación del área “Los Cardones”.
La comparación de la Cedula[101] con
la información de Catastro permitió concluir que los límites originarios (vinculados
a accidentes naturales) diferían de los consignados en el registro catastral,
que delimitaba “una superficie sensiblemente menor a la que
correspondería a la Cédula Real”[102]
según la cual el territorio indígena
por el
sur, el oeste, y presumiblemente también por el norte, lindaba con los actuales
límites territoriales de la provincia de Tucumán, y por el este con el “cordón
que vota las aguas para Tafin hasta llegar a la abra que forma el camino que va
por ese punto y de allí se mira el cerro que esta entre nor-este hasta dar con
el cordón que vota las aguas para el Tucumán”. Esta primera propiedad
incorporaba unas 90.000 ha de superficie que no
puede precisarse con mayor exactitud dado que resulta imprecisa la descripción
del límite norte, en virtud de la referencia a la “línea recta al Poniente, al
Cerro Grande que esta frente a Colalao, quedando este punto y Tolombón por el
tiempo de seis años en poder de Dn. Pedro Dias Doria”. El texto no permite
deducir si estas tierras se excluyen del área de la propiedad total, o
incluidas en ellas, quedaban en explotación por seis años en poder de Dias
Doria[103].
Con el fin expreso de hacer más comprensible la
diferencia de los límites históricos y actuales, fueron expresados gráficamente
(Figura 3) evidenciando la merma del territorio indígena.
Figura 3:
Plano de la superficie de territorio de la Comunidad de Amaicha con las
diferencias entre las tierras consideraras por la Cédula y las que
efectivamente tenía la Comunidad en 1974.
Fuente: CFI, 1974, Ob.
Cit., Tomo II, Anexo 10.
Modificado por la autora
Otra importante conclusión del estudio fue que
tanto las comunidades de Los Morales y Aráoz figuraban en Catastro de la
provincia registrados “dentro de los limites primitivos de Amaicha del
Valle”, destacando así su emplazamiento posterior, en tierras indígenas. Para
el caso de Los Morales la información era escasa, ya que el único antecedente
jurídico era un relevamiento catastral de 1916 -replanteado en 1935- donde
también se encontraron las primeras referencias a la Comunidad Aráoz, “cuyas tierras se extienden por el poniente del Rio Santa María, desde
la localidad de Colalao del Valle hasta lo alto del cerro”[104]. En síntesis, el diagnóstico indicaba que ambas comunidades
eran recientes y se habían fundado dentro del territorio devuelto por la Cédula
a los indígenas. Esto es aplicable también a la finca de El Bañado, confirmando
que esas tierras tomadas por particulares y que pasaron de manos por
transacciones privadas, originariamente pertenecían a los grupos indígenas
consignados en la Cédula, coincidiendo con los estudiosos de principios de
siglo que conocieron el contenido de la Cédula como Lafone Quevedo, quien
indicó tempranamente que las tierras pertenecían a los “Hamaichas”[105]
o Quiroga, quien señalaba:
Por título otorgado en Buenos
Aires, que posee en copia Timoteo Ayala de mayo de 1753; ante escribano de
cabildo, hacienda y guerra, vése que los dominios del cacique Francisco
Chapurfe se extendían mucho, comprendiendo los siguientes pueblos, de los que se
le da posesión: Bañado de Quilmes, San Francisco, Tiopounco, Encalilla y
Amaycha, de acuerdo con la cédula de abril de 1716[106].
Pero lo más importante es que el informe coincidía con los
contemporáneos reclamos territoriales de los sectores indígenas no alcanzados
por el reconocimiento del estado hacia la Cédula, al mismo tiempo que atribuía
un valor de reconocimiento institucional a la misma, validando su centralidad y
reafirmando su importancia documental.
No obstante, se señalaba críticamente la imposibilidad de trazar
completamente los límites indicados en la Cédula por falta de documentos. Se
mencionaba por ejemplo que sólo pudo
reconocerse un deslinde del año 1858 del vértice sudeste en el paraje de Los
Cardones, realizado cuando el Prior Fray Nazario de Jesús Frías del Convento de
Predicadores de Tucumán vendió terrenos de los potreros de Los Cardones y del
Infiernillo a José Gregorio Domínguez[107].
Además, la situación contemporánea de la propiedad para 1974 era
evaluada como una mezcla de situaciones de propiedad y tenencia diversas,
complejizada por litigios históricos, ventas,
la edificación de la Capilla de San Ramón o la donación de 16 ha de la Villa a
la Diócesis de Tucumán, entre otras. Por ello, si bien en la Dirección
de Catastro había empadronadas 52.817 ha de toda la Comunidad de Amaicha, sólo
poseía registros de las parcelas interiores por una superficie de 12.637 ha, de
las cuales 17 correspondían a la Villa. Asimismo, la situación jurídica de la
tierra comunal incluía: a) pocos titulares regularizados por juicio de
prescripción adquisitiva; b) descendientes de antiguos titulares radicados, sin
tramite de sucesión entre generaciones; c) nuevos ocupantes adquirentes de
bienes de explotación agropecuaria y derechos frente al juez de paz; d) simples
ocupantes instalados en el área con anuencia de los residentes pero sin
documento que convalide su ocupación. Esta disimilitud impedía a los comuneros
acceder a créditos bancarios (sólo obtenibles con títulos “saneados”, ya que la
administración y financiación pública no admitían la posesión comunal) y era
“inorgánica” a los intereses del progreso provincial, ya que congelaba los
valores inmobiliarios (problema señalado en
1949 por Figueroa Román y Mulet) impulsando además la migración de jóvenes
en busca de trabajo fijo y no de una economía de subsistencia.
Por
otro lado, al mismo tiempo que estudiaba la situación de tierras, el CFI
informó sobre los acontecimientos políticos que sucedían en Amaicha, considerándolos
piezas claves, como para
pulsar las expectativas vigentes en territorio de la Comunidad. Por un lado la
Comunidad de Amaicha despierta con el llamado a la “Asamblea de Indígenas del
Norte Argentino”. Por intermedio de la Unión Indígena, filial Tucumán, y con el
asesoramiento de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, se realiza en
Amaicha, entre el 15 y el 19 de diciembre, el “Primer Parlamento Regional
Indígena, Juan Calchaquí” (…) Posteriormente, en el mes de enero se produce la
renuncia del Presidente del Consejo de la Comunidad, Sr. Silva, y se intenta
formar una nueva Comisión. (…) El otro organismo, la Cooperativa Agropecuaria
de Amaicha recibe en estos mismos meses a Delegados del Instituto Nacional de
Cooperativas, quienes procuran revitalizar la Cooperativa y disponerla para sus
fines específicos[108]
Respecto del Parlamento, se destacaba el pedido de devolución de tierras
“usurpadas” volcado en las conclusiones
del Parlamento, como una “mención por querer
reivindicar los derechos sobre las áreas que pertenecieron en un principio a
la Comunidad”; volviendo a reconocer este hecho. Al mismo
tiempo, se ponderaban estas acciones políticas en tanto colaboraban con la
superación del aislamiento del “hábitat de montaña” sufrido
por estas comunidades “de ascendencia indígena,
directamente emparentada con los pobladores originarios de las tierras”[109]. No obstante, estos aspectos positivos confrontaban con una
serie de cuestionamientos hacia las formas
de organización contemporáneas, por ejemplo cómo la Cooperativa definía quiénes
eran legítimos adjudicatarios de tierras. El CFI consideraba que definir el
“ser comunero” en base al árbol genealógico trazado en 1947 a partir de la
Cédula de 1716, contradecía al conjunto de ventas, cesiones y títulos
originados hasta allí. Y que ese listado de cuarenta nombres y sus
descendientes consignaba sólo “ascendientes hasta la segunda
o tercera generación de pobladores que en 1947 residían en las tierras, según
recuerdan los que intervinieron en su elaboración”[110].
En otras palabras, este ejercicio de memoria local resultaba poco fiable a los
ojos institucionales. Otro punto polémico consignado en el Art. 9° del Estatuto
de la Comunidad, era que permitía “incorporar como socios a
quienes demostrando su ascendencia indígena no residiera actualmente en las
tierras”, criterio utilizado “para admitir últimamente
como socios a los residentes de áreas vecinas integrando la comisión (el
protesorero y dos vocales son residentes de Quilmes).”[111] Esta apertura se consideraba negativa porque habría
provocado un desmesurado e interesado aumento de miembros de la Cooperativa,
que hasta diciembre contaba sólo con setenta socios, pero que ya en enero,
a raíz
de las expectativas despertadas por el Congreso Indígena respecto a la
posibilidad de obtener las tierras adyacentes (Quilmes, EL Bañado, Los
Chañares, La Cañada, Talampaso, Anjuana, El Paso, etc.) que pertenecieron a la
comunidad, se realizó un reclutamiento masivo de socios, incorporando ahora a
residentes de esas áreas”, ascendiendo el número a 600 socios. Y elegido a Luis
Filemón Mamani, presidentes de la Comunidad entre 1965 y 1967 (…) se programaron
tareas de efectivización de las mensuras, se pidieron presupuestos para planos
fotogramétricos y colaboración a la Universidad de Tucumán para realizar los
trabajos, pero no se obtuvo respuesta y las gestiones no prosperaron”[112]
Se observa así como el organismo osciló entre avalar
los documentos territoriales históricos de los indígenas -sustento de su
reclamo- pero al mismo tiempo cuestionar sus prácticas organizativas
contemporáneas. Del mismo modo, si bien no planteaba diferencias entre los
grupos territoriales históricos, a los cuales reconocía como beneficiarios de
la Cédula, sí lo hacía con los colectivos actuales al cuestionar la
incorporación de los comuneros de localidades “externas” a Amaicha, como los
quilmes. Por último, pero no menos importante, planteaba una mirada negativa
sobre el manejo de dinero por parte de los indígenas[113].
Todo esto tenía como corolario una desvalorización
expresa sobre la eficacia de la organización y la acción política indígena en
la gestión territorial:
Los reiterados fracasos
experimentados por los organismos locales (como es el caso del Consejo de la
Comunidad y la Cooperativa Agropecuaria, en Amaicha), que asumieron la
responsabilidad y el manejo de la situación, obliga a ser cautelosos en la
creación o convalidación de organismos que, como los mencionados, absorben
responsabilidades que están por encima de sus posibilidades y consecuentemente
sufren un desgaste, indisponiendo y disgregando a la población toda[114].
Después del Parlamento
Durante los años subsiguientes al Parlamento –y a
pesar de los augurios del CFI- las gestiones comunales continuaron con
intensidad. Sosteniendo la esperanza en el gobierno, en 1974
y con recursos propios, algunos representantes indígenas[115]
viajaron a Buenos Aires con la intención de reunirse con Perón, pero no fueron
recibidos. Por otro lado, la pretendida titularización en escrituras
individuales para Amaicha fue concretada en 1976,[116]
mediante la ley 4.400, que facultó al Poder Ejecutivo para que (según su derecho de
dominio sobre las tierras fiscales provinciales) transfiriera
el derecho de nuda
propiedad sobre todas aquellas fracciones o lotes de terrenos con ubicación
dentro de los límites de la Comunidad de Amaicha del Valle, departamento de
Tafí de esta Provincia de Tucumán, a favor de los usufructuarios a título de
dueños, en forma pública, pacifica e ininterrumpidamente por quienes la poseen
materialmente y que las recibieron a través de la primitiva posesión real dada
mediante acta formal por los Gobernadores Francisco de Nieva y Gerónimo Luis de
Cabrera a favor del Cacique Chapurfe, hijo y heredero del Cacique de la ciudad
de Quilmes, don Diego Utibaitina, haciéndose extensivo el derecho de posesión
real a favor de sus descendientes o herederos y/o cesionarios para que gocen
como legítimos dueños[117].
Dichas fracciones debían estar mensuradas por
relevamiento topográfico[118]
y complementarse con la información jurídica del registro o con un padrón de
comuneros depurado y actualizado. La operación se extendía al terreno común de
pastoreo, cuya transferencia de propiedad se haría en condominio. Así, la
reglamentación de la ley 4.400[119]
autorizó al PE provincial a solucionar el antiguo problema de esta Comunidad”[120].
En cuanto a los sectores rurales de “fuera” de
Amaicha, la unión entre los comuneros se fue fortaleciendo,
solidificando la lucha en base a una adscripción étnica por sobre
la condición campesina que inicialmente los convocaba. Respecto de las tierras,
aparecen ciertas
inconsistencias en los relatos respecto de bajo qué régimen eran reclamadas, ya
que se indica que hasta que llegó Santana y orientó el reclamo hacia la
descendencia indígena, se acudía a la ley veinteañal, aunque si bien las
ocupaciones en general superaban ampliamente los 20 años de arriendo, la gente
nunca había pagado impuestos ni sabía cómo hacerlo. En un momento se habría
confiado la gestión a unos abogados de la Universidad Nacional de Tucumán, cuyo
discurso era muy convincente, en un contexto de temor a los influyentes
terratenientes. Dichos abogados “iban y llevaban
agrimensores, comían asado y la gente les daba sus pocos pesitos para la
mensura, pero los han estafado. Nunca
inscribieron las agrimensuras en la provincia”[121]. En efecto, nunca se pudo avanzar con los títulos
de Quilmes; en 1978 se creó el Centro Unión y Progreso
de la Zona de Quilmes, con el fin de mensurar parcelas
e iniciar juicios de prescripción adquisitiva para lograr
títulos individuales, siguiendo el modelo de Amaicha. Esto solucionaría el problema
sólo en parte, ya que los campos que concentraban recursos para la subsistencia
(pastos, leña y agua) seguían en manos de los terratenientes. Si
bien el plan de mensura no prosperó, el Centro fue
reconocido como Asociación Civil con su personería jurídica
provincial[122]
y con Delfín Gerónimo como presidente. Una década después, Santana seguía
denunciando:
En Tucumán
las comunidades indígenas, hasta 1974 en que se crea la Federación éramos
55.000 indígenas en los Valles Calchaquíes, empezando por El Mollar, Tafí del
Valle, Los Cuartos, Encaliya, Amaicha, Inquerniyu, las ruinas de Quilmes,
Acuala, El Bañado, Colalao, Las Mojarras, Anjuama, Los Zasos, otras localidades
como el departamento de Pichao, Tafi del Valle como Tafí Viejo; ahora somos un
departamento aparte, aborigen. La población más numerosa está entre Amaicha y
Los Zasos, donde está la comunidad, que celebran actualmente la Pachamama. La
comunidad en sí tiene 98.000 hectáreas que no dejaron. Se pagan todos los
impuestos pero no somos los dueños. En anteriores gobiernos nos dieron
simbólicamente a titulo precario, que éramos dueños, pero legalmente saben que ninguno es dueño, pero sí otra
gente que no es de los valles pero que la usa para la parte turística, son
dueños de los títulos de propiedad. Yo en ese terreno, eso es claro, la parte
jurídica, no entiendo, no la manejo, pero sí entiendo que las leyes no son para
nosotros, en Colalao del Valle, la misma Cedula real dice que todo es nuestro,
pero ahí divide el Rio Santa María por la ruta 40 que agarra Santa María y
termina en Cafayate, divide, ya tiene todo dueño, o sea, que hay patrones. No
nos dan absolutamente ninguna solución y nosotros habíamos dicho que no tenían
ellos realmente los títulos…Cuando se crea la Federación, ahí se crea con el
único fin de recuperarlas. Pero no hemos ido realmente a buscar, no hemos ido
al choque, no hemos ido a quitarles. Hemos hecho las comunidades un
anteproyecto para que paguemos si no nos reconocen la Cedula Real para que les
entreguen las tierras a la gente, en cada lugar. Se hizo el anteproyecto, por
supuesto el golpe militar lo volvió a guardar. Quedó como anteproyecto. Ellos
mismos ahora siguen persiguiendo a la gente[123]
Luego de la etapa de gran movilización social y
política de los primeros años de la década, la tensión fue creciendo, más aun
luego de la muerte de Perón, con el accionar de los grupos armados y la
respuesta represiva del estado. La presencia de los guerrilleros en el valle es
referida en algunos relatos como amenazante por el uso de armas, mientras que
otros no recuerdan hostilidad para con los pobladores: “andaban por
ahí, por ahí paraban un micro, hacían bajar a la gente y le explicaban su
lucha. Andaban armados pero no hacían nada a nadie.”[124]
Para otros incluso su lucha tenía un cierto viso de ejemplo: “La gente tenía problemas, les quitaban los animales, había que pelear,
era como hacen los guerrilleros…”[125].
Distinta es la percepción sobre las fuerzas
represivas, ya que su control fue mermando la capacidad de organización,
transformándose luego en una persecución directa sobre los referentes, que
fueron caracterizados también como “subversivos”. Desde el punto de vista
actual, esto fue una respuesta a “las demandas legítimas de
los trabajadores tucumanos (muchos de ellos zafreros que bajaban de los Valles
Calchaquíes” que respaldaron la estrategia de la guerrilla en la provincia,
dando excusa a los terratenientes de la zona para denunciar como extremistas a
los dirigentes que buscaban soluciones[126].
Instalado el Operativo Independencia, el control
del ejército en la zona se intensificó. El 3 de febrero de 1975, Santana fue
secuestrado por Gendarmería Nacional en una casa familiar en Quilmes y
trasladado a un CCD en El Mollar, donde permaneció aproximadamente un mes. Su
pareja, embarazada de siete meses, fue secuestrada por un camión de Gendarmería
que la trasladó a El Mollar donde fue torturada frente al dirigente. Permaneció
en cautiverio aproximadamente cuatro días y fue puesta en libertad (F.22 y23)[127].
Santana fue llevado al CCD “La Escuelita” en Famaillá durante un mes y medio,
hasta que lo trasladaron al CCD de Jefatura de Policía. Las sucesivas torturas
le provocaron daños renales. Según un informe militar, fue ingresado a
disposición del PEN el 19 de marzo de 1975[128] en la
unidad penitenciaria de Villa Urquiza, desde donde fue liberado.
El camión que se llevó a la pareja de Santana secuestró
también al dirigente Jesús Costilla, quien sufrió el mismo tratamiento
violento. Costilla fue además una víctima del uso
interesado de los mecanismos judiciales en favor del poder terrateniente,
modalidad represiva que se volvería recurrente para criminalizar e inmovilizar
los reclamos territoriales indígenas hasta la actualidad. El
juicio de desalojo que se le inició en 1976 se extendió casi una década
y persiguió una finalidad ejemplificadora para
los arrenderos rebeldes. Según sus palabras,
He
tenido un juicio que ha durado 9 años. El juicio mío ha terminado por el juez
federal, no provincial, federal. La tierra era mía y ellos me querían quitar,
los terratenientes. No pudieron, primero he tenido un buen abogado que a los
cuatro años me ha ganado la posesión y me han seguido persiguiendo por
guerrillero, y me han hecho la querella pero he ganado[129].
El
juicio fue un hito, ya que a pesar de que las opiniones sobre su
resultado estaban divididas, gran parte de la comunidad se negó desde
allí a pagar cánones, amparándose en ese caso. Más allá de
esto, el referente señala a Antonio Bussi (gobernador entre 1976 y1978) como
responsable de su persecución y del contexto violento, que fue aprovechado por
los terratenientes para desarticular la
organización, utilizando sus vinculaciones con el poder. En efecto, con el
golpe de 1976 las cosas empeoraron: “Ya no nos
podíamos reunir en una casa. Nos reuníamos debajo de un árbol y la policía
preguntaba de qué habíamos hablado. (…) aunque con
perfil bajo hemos seguido haciendo cosas”[130]. Costilla relata que se comunicaban a través de un chasqui, un “chango corajudo”
que llevaba los mensajes sin que se enteren los terratenientes, quienes
enviaban policías cada vez que sospechaban de algún encuentro.
El
golpe militar significó un gran retroceso para la organización que venía
creciendo sostenidamente. Algunas personas volvieron a pagar a los patrones por
temor, ya que éstos notificaban inmediatamente al juez o a la policía. Según el
cacique costó que la gente volviera a ganar confianza. Las asambleas continuaron
esporádicamente, con menos gente. La persecución creció, exponiendo la
solidaridad de los comuneros entre sí. Algunas mujeres se
trasladaban al llano pidiendo la liberación de los detenidos. Santana fue
nuevamente encarcelado el 13 de enero de 1977 en Laguna de Robles, Salta y
trasladado a la Jefatura de Policía de Tucumán, donde fue sometido a torturas
hasta que en junio de 1977 fue liberado, figurando en una lista elaborada por
la Policía provincial titulada “Índice de declaraciones de Delincuentes
Subversivos” con el número de orden 267 y al lado, la sigla “Libertad”, decidida
por la “Comunidad Informativa de Inteligencia”[131].
Así,
el Operativo Independencia y el Proceso plantearon la continuidad del terror
militar que, iniciado en el llano, sobrepasó el cordón del Aconquija[132].Las
reuniones locales fueron finalmente suspendidas y las redes nacionales que habían
comenzado a tenderse entre diferentes pueblos indígenas al inicio de
la década fueron cortadas y sus dirigentes perseguidos
en diferentes puntos del país. La actividad sería retomada con renovada fuerza
una vez retornada la democracia.
A modo de cierre
En este trabajo hemos revisado formas específicas
en las que la organización indígena vallista se relacionó con cuestiones
exógenas a las propias dinámicas locales, que nutrieron su desarrollo en
diversas formas. El primer atravesamiento provino de la intervención del
gobierno de facto nacional a la provincia, que aceleró la crisis económica
impactando en todos los sectores por la reducción del empleo, lo que motivó
tanto la migración forzosa hacia otros mercados laborales como el
desplazamiento de las tareas agrícolas por puestos en el sector estatal,
produciendo una reducción de las capas más jóvenes de la población. Asimismo,
la crisis permeó las fronteras invisibles que habían conservado a través del
tiempo las dinámicas de poder local terrateniente, manifestándose en las
primeras negativas de los arrenderos a seguir pagando cánones a los patrones.
Esto fue el inicio de un proceso que devino en el
reconocimiento positivo de la propia identidad étnica y de sus consecuentes
derechos territoriales. Este proceso de indigenización fue coadyuvado por el
intercambio con referentes indígenas y otros de pertenencias diversas, que
permitieron ampliar el aprendizaje y fortalecer la lucha por los derechos, a
través de formas de organización propias de la época, influidas además por el
clima político del momento. En este marco, el discurso indígena reivindicó su lugar
específico en la arena política nacional y propuso apropiarse de la gestión de
sus problemáticas con el fin de resolver sus necesidades estructurales.
La cuestión territorial adquirió rápidamente centralidad,
haciéndose foco en el reclamo de reconocimiento y devolución del extenso
territorio consignado a distintos grupos por Cédula Real en 1716, pero sólo efectivizado
parcialmente para los descendientes de los amaichas. En este punto, hemos establecido
la importancia de la simultaneidad entre la celebración del Parlamento y el Estudio Diagnóstico realizado por el CFI. El intercambio de
información y el estudio exhaustivo sobre los documentos facilitados por la
Comunidad Amaicha permiten no sólo vislumbrar una colaboración entre ésta y el
organismo estatal, sino también preguntarse si la elaboración producida por los
técnicos sobre la situación territorial histórica pudo haberse retroalimentado
y dado mayor peso al reclamo territorial, tanto en el Parlamento como
posteriormente. Asimismo, es posible identificar la concordancia entre la
intensa actividad política local y la gestión del organismo, que aunque
respondía a intereses gubernamentales, planteó resultados que pudieron haberse
percibido como un respaldo institucional hacia el derecho histórico sobre el territorio.
También es posible plantear una articulación entre
el reclamo indígena, su encauzamiento en el Parlamento, las sugerencias
institucionales y las formas de “solución” estatales, como la expropiación o los
títulos de propiedad. Mediando dicha articulación, la Cooperativa aparece como
una forma de organización aceptada por las distintas agencias. Al cumplimentar
el requisito de personería jurídica se inscribía dentro de las prácticas asociativas legitimadas por el estado, aun
cuando su fin era gestionar las propias tierras indígenas[133].
En este sentido, estas formas externas fueron incorporadas, valoradas y reproducidas
por los indígenas como vía de solución, aunque paradójicamente el resultado
contrariara el espíritu del reclamo, ya que su objeto era transformar la
posesión comunitaria en títulos individuales, de acuerdo con el concepto de
propiedad privada y los intereses de ordenamiento del estado.
Desde otro punto de vista, si bien la organización
indígena cuestionó las bases del sistema de arriendo y la paralela intervención
de los gobiernos nacionales sobre la provincia alteraron la autonomía del poder
local, los terratenientes lograron reubicarse en el nuevo panorama, mostrando colaboración
con el gobierno de facto en contra del “enemigo común” de la guerrilla. Mermados
sus ingresos económicos y frente al crecimiento de la rebeldía indígena, esta
alianza les resultó funcional, especialmente al asimilar a los referentes de la
organización indígena a la subversión y controlarlos a partir de su relativo manejo
de las fuerzas policiales, gracias a sus funciones históricas en los cargos
públicos locales. A la vez, comenzaron a utilizar interesadamente el aparato legal
en contra de los comuneros, uso que continúa hasta la actualidad. Finalmente,
el creciente monopolio de la violencia física por parte de las fuerzas armadas terminó
de reprimir cualquier intento de organización indígena, tanto local como
nacional, que fue retomada recién cuando volvió la democracia.
Lo señalado indica la indisociabilidad analítica entre
los procesos particulares de reemergencia y organización indígena y los
contextos históricos en los que se insertan. El entramado de relaciones que
articula estas órbitas modela formas de acción, produce discursos y aporta
elementos que -luego de someterse a un trabajo de reelaboración por parte de
los grupos-retornan al contexto produciendo modificaciones específicas. Al
mismo tiempo, siguiendo a Grossberg (1996), el caso permite considerar las articulaciones
positivas entre identidad y agencia en los procesos de transformación de la
realidad y del ejercicio del poder. Como hemos señalado, si bien las
condiciones históricas de explotación y la crisis propiciaron una inicial resistencia
por parte de los arrenderos, la construcción de la identidad étnica fue un
proceso construido positivamente sobre la base de los derechos, especialmente territoriales.
Por otro lado, la urdimbre de relaciones en las que se insertó el nacimiento de
la organización indígena permite comprender la complejidad de los vectores que
atraviesan la construcción de la agencia política, entendida como una
conjunción de lugares de emplazamiento estratégicos, temporarios y móviles; y
como una articulación ente posiciones subjetivas, alianzas e influencias que
crean posibilidades y actividades definidas contextualmente. Asimismo, las
relaciones interpolíticas, espaciales, temporales y territoriales que hemos
destacado demuestran su importancia constitutiva en el proceso de organización.
A partir del recorte histórico planteado es posible
señalar cómo la acción indígena logró capitalizar a su favor las dificultades
del contexto para transformarlo, planteando un límite a los abusos del sistema terrateniente tradicional y cimentando
sus bases políticas, que sobrevivieron a la dictadura para retomarse una vez
retornada la democracia. Así, los cambios producidos a principios de la década
de 1970demuestran (pese a los retrocesos impuestos por la violencia estatal) el
valor y la eficacia de la agencia indígena en la transformación de su propia historia.